jueves, 30 de julio de 2009

La madre de todas las violencias, Ibán de Rementería

Columna de Ibán de Rementería en El Mostrador:

"El homicidio en las calles de Providencia hace unos días del joven Sergio Aguayo de 18 años por un adolescente de 15 años, ambos pertenecientes al estrato ABC1, ha desatado una ola de opiniones y debates entre la que destaca la manida responsabilización moral y pecuniaria de los padres.

Este hecho de violencia juvenil no motivado por fines económicos -robo con violencia- que es el evento frecuente cuando los hechores son jóvenes pobres, es una invitación a la reflexión y al debate sobre el empleo por los jóvenes de la violencia para resolver conflictos y expresarse.

La violencia como hecho social y práctica cultural entre sujetos personales o sujetos colectivos consiste en el empleo del dolor, o la amenaza de su uso, para doblegar la voluntad del otro. Se recurre a la violencia cuando las otras modalidades de resolución de conflictos en las comunidades -familia, lugar de trabajo o estudio, barrio, ciudad, país o comunidad internacional- no existen, son insuficientes o alguna de las partes considera pertinente su empleo. El uso discrecional de la violencia causa tales estragos sociales y humanitarios que en los albores de las civilizaciones el Estado surge como institución cuando la comunidad conciente en entregar el monopolio de su empleo a manos de una autoridad con competencia exclusiva en los campos del derecho penal y la defensa nacional, desde allí la violencia sólo la empleará el Estado frente a quienes la usen en contra de las personas o de la comunidad toda para controlarlos y sancionarlos.

La recurrencia a la violencia para resolver conflictos no es solamente un hecho interpersonal, como lo es esa recurrencia soterrada que se denomina violencia intrafamiliar, además hay graves hechos de violencia entre sujetos colectivos como el reciente caso en un barrio de Puerto Montt donde sus habitantes destruyeron las viviendas, automóviles y otros bienes de una comunidad gitana allí asentada suponiéndolos responsables del atropello con muerte de un vecino, hecho en el cual ningún miembro de esa comunidad había participado y cuyo verdadero responsable ha sido formalizado por la justicia. Regularmente acontecen agresiones colectivas con lesiones graves y muerte en contra de quienes son estigmatizados como "macheteros", "drogadictos", "mecheros" o simplemente vagabundos, en especial jóvenes.

El empleo de la violencia para representar y validar intereses en el campo de la resolución de conflictos está contaminando de manara creciente diversos ámbitos de nuestra realidad económica, social cultural y política. Lo cual se manifiesta como violencia laboral de los trabajadores subcontratados para equiparar sus derechos con los trabajadores estables, violencia étnica de los pueblos originarios para recuperar sus derechos ancestrales, la violencia simbólica de los deudores habitacionales, etc. La violencia escolar que se subjetiviza y estigmatiza (etiquetamiento) en el matonismo (bulling), la violencia juvenil que se ejerce contra los adultos con los cuales se compite por los espacios públicos, el uso de los recursos sociales, el acceso a la diversión, etc., pero sobre todo buscando "respeto", también contra otros jóvenes con los cuales también se compite por esos recursos y ante los cuales también se reclama respeto. Quienes usan la violencia para ser respetados lo hacen porque han sido gravemente irrespetados en sus derechos y en su dignidad.

Se puede argumentar qué tiene que ver un hecho delictivo de sangre como el homicidio en referencia, con la violencia social. Pues bien, la violencia social como la violencia intrafamiliar no tan sólo son las escuelas donde se aprende a hacer uso del dolor para doblegar la voluntad del otro, desde el dolor psicológico al físico, además la familia y la sociedad son las instancias de legitimación del empleo de la violencia para resolver los conflictos.

Veamos ahora las mediciones estadísticas de la violencia en Chile concerniente a los niños y adolescentes. Un reciente estudio de UNICEF indica el 75% de los niños han sido víctimas de alguna violencia, la encuesta Percepción de Violencia en los Establecimientos Educacionales del Ministerio del Interior señalan que en el año 2005 el 45,2% de los escolares declaró haber sido agredido en su establecimiento, situación que disminuyó a un 26,3% en 2007, en un 41,8%. Esta notable caída de la violencia escolar hizo plantearse a un equipo de trabajo sobre el tema la pregunta sobre qué evento había acontecido para producir tan notable cambio en tan poco tiempo, dado que no se habían realizado ninguna acción extraordinaria para controlar tal fenómeno, un miembro de ese equipo planteó la plausible hipótesis que el único evento generalizado directamente concernido a los escolares había sido la "revolución de los pingüinos", donde aquellos habían definitivamente puesto en entredicho el actual sistema educativo por la vía de hecho del paro y movilización escolar en las calles, obligando así a la autoridad a considerar propender por su reforma. Este fue un hecho de participación ciudadana, una "toma" de responsabilidad en un asunto público como es la educación, por su principal actor como son los estudiantes.

La primera causa de la violencia en Chile, la madre de todas las violencias, es la inexistencia de instituciones locales y comunales para asumir, procesar y resolver conflictos interpersonales y entre sujetos colectivos, esto es una carencia de la participación ciudadana, la cual, no obstante es teóricamente y discursivamente proclamada como el principal capital social de la postmodernidad. Lo más grave de esta carencia es que las propias comunidades son renuentes a la participación ciudadana debido a que ésta es a lo sumo meramente informativa de lo que las autoridades han decido sobre los asuntos que a ellas conciernen, o son meramente consultivas sin que las decisiones de las comunidades sean vinculantes para las autoridades. Para que la participación ciudadana lo sea y así convoque a las comunidades, ésta debe ser: deliberativa de los asuntos y problemas que la comunidad tiene; además, la participación debe ser resolutiva de las soluciones que la comunidad considera pertinentes y relevantes para sus intereses colectivos y mayoritarios, en respeto de los derechos de las minorías, finalmente, la participación debe ser vinculante para las autoridades responsables de prestar los servicios básicos y sociales a esas comunidades.

A los jóvenes que emplean la violencia para conseguir ser respetados, tener acceso al sustento que satisface sus necesidades y gratifica sus deseos, hay que ofrecerles oportunidades y alternativas reales y creíbles, no simplemente educación formal y buenos consejos o capacitaciones que carecen de mercado laboral o de utilidad para el emprendimiento económico. El padre Nicolás Vial, con 30 años de experiencia en la atención solidaria de personas privadas de libertad y su entorno familiar como Presidente de la Fundación Paternitas, comenta que en los centros de menores del SENAME: "les enseñan ha hacer gorritos de lana, tejidos...¿Qué niño podría vivir con ello?". Además, los jóvenes reclaman sobre todo respeto por su derecho a decidir sobre ellos, a no ser infantilizados -aconsejados, guiados, protegidos- o sometidos a la potestad de sus padres, sobre sus formas de expresión cultural y maneras de resolver sus relaciones y conflictos, sobre su afectividad y sexualidad, sobre su rol en la sociedad actual, etc. Los jóvenes son el otro recurso con que contamos para asumir procesar y resolver los conflictos que con ellos tenemos, ¿Cuáles son los recursos que nosotros estamos dispuestos a aportar para aquel proceso?

*Ibán de Rementería, Corporación Ciudadanía y Justicia.

martes, 28 de julio de 2009

Hoy Efecto Dominó tocará el tema edad de imputabilidad penal

Por twitter, Daniel Matamala me cuenta que hoy en el programa Efecto Dominó, de Canal 13, van a tratar el tema de la edad mínima de imputabilidad en distintos países europeos, donde han llegado hasta los 8 años.

Este programa suele tener una óptica de abordaje más técnico de los problemas así que vale la pena invitarlos a ver el programa.

lunes, 27 de julio de 2009

Jueces para la Democracia denuncia en España la rebaja de la edad penal a los doce años

La prestigiosa Asociación Jueces para la Democracia, ha denunciado hoy, en España,a la pretensión de rebajar la edad de responsabilidad penal, supone un alejamiento de los principios educativos que deberían primar en la intervención con menores, según el comunicado que dejo íntegro para ustedes:


"Las violaciones de dos niñas menores ocurridas en las provincias de Córdoba y Huelva y cometidas supuestamente por menores de edad han vuelto a abrir el debate sobre la necesidad de reformar (endurecer) la ley del menor. Jueces para la Democracia quiere fijar su criterio ante la opinión pública sobre este tema de gran trascendencia:

1º- Entendemos que la ley del menor no debe ser reformada en un momento en el que se han producido hechos de especial gravedad y de fuerte repercusión mediática. La valoración y crítica de la ley debe hacerse desde una reflexión serena y profunda que obviamente no se puede dar en momentos de lógica conmoción social como el actual. Al igual que expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias también debemos manifestar que hechos de esta gravedad no deben utilizarse para iniciar procesos de reformas legislativas que no tienen trascendencia en cuanto a la prevención de hechos similares con el objetivo de obtener beneficios partidistas a corto plazo.

La ley actual se aprobó en enero del año 2000 con un amplio consenso social y político para recoger los principios contenidos en la Convención de Derechos del Niño y la tradición de la justicia de menores basada en principios y objetivos educativos diferentes del derecho penal de adultos. Ha sufrido tres reformas posteriores cuyo objetivo ha sido introducir parámetros propios del derecho penal, que han endurecido de forma importante el sistema de justicia de menores y que, sin embargo, no han tenido trascendencia en la prevención de delitos posteriores. El incremento del castigo en un fenómeno tan complejo como el de la delincuencia de menores, en el que influyen tantos factores, no tiene porque conseguir un efecto de reducción del delito. Mayor sanción no lleva aparejada “mayor eficacia” en los índices de criminalidad de menores y si podría dificultar procesos de reinserción social de menores con el riesgo de incrementar las tasas de delincuencia.

2º- Sacar a los menores del ámbito del derecho penal ha sido una conquista histórica de la civilización. Evitar que la sanción penal se instale en personas que están en un periodo muy temprano de su desarrollo evolutivo es la razón de ser de la justicia de menores. Por eso las medidas que se pueden imponer por la jurisdicción de menores deben centrarse en prevenir futuros comportamientos delictivos del menor desde el convencimiento de que la reeducación es un factor que puede contribuir a que hechos delictivos no se repitan. El endurecimiento de las leyes puede tener un efecto simbólico en momentos de conmoción social pero no tiene relación con una disminución de los delitos. De hecho desde la publicación de la ley todas las reformas, sin excepción, han ido introduciendo en la justicia de menores parámetros del derecho penal de adultos mientras que las estadísticas sobre delitos cometidos por menores permanecen sin variación significativa. Desgraciadamente en el análisis de la delincuencia de menores no siempre prima el rigor basado en datos empíricos para dar respuesta a problemas reales sino que existe una tendencia a legislar simbólicamente, con el objetivo de sacar réditos políticos. Es lo que se denomina el populismo punitivo.

3º- La violencia de los menores es reflejo de las relaciones de violencia que se dan en sus ámbitos personales y sociales. Una sociedad violenta puede propiciar este tipo de hechos. Debemos de preguntarnos que estamos haciendo para que hechos de tal gravedad sucedan en nuestras sociedades. El endurecimiento de las leyes no tiene relación directa con la reducción de este tipo de delitos.

4º- Rebajar la edad de la responsabilidad penal de los menores a los 12 años supone insistir en el endurecimiento de la sanción penal como forma de intervención con los menores en conflicto social y se aleja aun más de los principios educativos que deben primar en la intervención con menores. No se puede modificar una ley por un supuesto concreto cuando los informes de especialistas (entre ellos los encargados por el CGPJ) evidencian que la delincuencia violenta de los menores de 14 años es muy escasa y no es significativa. Además tampoco es cierto que la ley impida la intervención cuando el autor de un delito es un menor de 13 años. Para estos supuestos se prevé que los menores sean puestos a disposición de los servicios de protección de menores.

No se niega que con los menores (incluso los de menos de 14 años) que cometan un delito haya que intervenir. Lo que debe debatirse es si esa intervención debe ser exclusivamente penal o si ha de ser fundamentalmente educativa y social.

En momentos como este no se debe desencadenar una especie de puja sobre quien es más punitivo que puede llevarnos a una pendiente incompatible con la confianza en el normal funcionamiento del Estado de Derecho. Finalmente creemos que un debate que también debe abrirse es si la falta de medios públicos que las Comunidades Autónomas disponen para la ejecución de las medidas impuestas a menores está contribuyendo a impedir auténticos procesos de educación y socialización de menores.

24 de julio de 2009."

viernes, 24 de julio de 2009

Niñas imputadas por robo en internación provisoria nuevamente

Informe Comisión del Senado sobre proÿecto de ley que permite ingreso de Genchi a centros del SENAME

Informe de la comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, Boletín Nº 5.458-07.

Informe Comision Constitucion Senado Proyecto Modifica RPA

Debate sobre proyecto de ley que permite el ingreso de Genchi a los centros el SENAME

"El Presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, señor Juan Marechal, indicó que Gendarmería no está en condiciones técnicas y profesionales de asumir la responsabilidad que este proyecto le encomienda. En estos momentos, expresó, Gendarmería de Chile tiene importantes falencias internas, que es necesario superar antes de poder aportar para suplir las deficiencias de otros servicios.

El dirigente gremial anotó que el concepto de guardia interna no armada es una contradicción de términos, porque toda guardia de Gendarmería porta armas, como bastones, sables y disuasivos químicos, que aunque no sean de fuego permiten reimplantar el orden y la seguridad frente a una crisis."

El Honorable Senador señor Chadwick subrayó que el sistema penitenciario chileno está colapsado, y que las diversas iniciativas presentadas en los últimos años por el Gobierno para solucionar tal problema no han dado resultados. Indicó que no está dispuesto a aprobar esta iniciativa mientras no tenga una explicación acabada de cómo se integrará esta guardia y que formación técnica y profesional tendrán sus integrantes.

El Honorable Senador señor Muñoz Aburto destacó que hay expertos que están en contra de la presencia continua de Gendarmería en el interior de los centros de cumplimiento de condena de los adolescentes. Indicó que en los centros hay problemas serios de disciplina y orden, e incluso hay denuncias de delitos cometidos por los internos contra otros internos y contra funcionarios del SENAME que no han sido esclarecidas.

Expresó que los procedimientos internos seguidos por el SENAME no cumplen con los objetivos de rehabilitación que impone la ley Nº 20.084 y que el problema no es la presencia continua o no de funcionarios de Gendarmería al interior de ellos, circunstancia que incluso puede ser considerada como una excusa para que el SENAME no cumpla con su deber. Agregó que si las cosas siguen igual y se establece esta guardia interna permanente se van a empezar a repetir situaciones de indisciplina, que van a terminar con gendarmes agredidos y menores lesionados, las que terminarán muy posiblemente en recursos de amparo contra el SENAME y Gendarmería, lo que erosionará aún más el sistema.

Su Señoría puntualizó que una solución, que debe explorarse, es terminar con la dualidad de funcionarios civiles y gendarmes al interior de los centros, y pensar en la posibilidad de crear, dentro de Gendarmería de Chile, un escalafón propio que se aboque exclusivamente al tratamiento de menores infractores de ley."

Fuente: Informe de la comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal, Boletín Nº 5.458-07

Sename entrega cifras sobre RPA: Fuerte deserción escolar y alto consumo de drogas se repite entre menores delincuentes

"De los 11.662 menores infractores de la ley vigente que actualmente están en la red del Servicio Nacional de Menores (Sename), el 70% tiene atraso escolar y el 50% cursó sus estudios básicos incompletos.

La cifra corresponde al número de casos que son enviados por los tribunales a todos los centros y proyectos del Sename a lo largo del país. El 91% de estos menores corresponde a hombres y el 8% son mujeres.

Además, el catastro señala que el 60% de estos infractores tiene entre 16 y 17 años; un 18% tiene 18 y más años, y un 21% tiene 14 y 15 años de edad.
Los mismos números indican también que el 60% de estos jóvenes infractores presenta consumo problemático de drogas al momento de ingresar, lo que requiere intervención inmediata.

Robo con violencia lidera los delitos

Las estadísticas del Sename dejan en evidencia que los delitos más frecuentes perpetrados por estos menores son robo con intimidación (25,6%), robo con violencia (15%) y robo en lugar habitado (14,8%).
Le siguen el robo con sorpresa (9,4%), robo en lugar no habitado (7,3%) y homicidio (1,6%).

Cabe señalar que en este último caso, los condenados llegan a 152, de los cuales sólo 41 está cumpliendo sentencia en el sistema cerrado.

Internación provisoria

El resumen de ocupación de plazas por RPA del Sename también indica que 1.300 menores permanecen cumpliendo condena en centros cerrados.
De éstos, 773 están en internación provisoria y 527 están cumpliendo condena.
Sobre esta última cifra, expertos en la RPA advirtieron las consecuencias sobre el alto número de jóvenes sin condena que está privado de su libertad, lo que atribuyen a una de las graves falencias que tiene la nueva ley, que cumplió dos años de vigencia. (Ver nota relacionada).

Hace algunos días, la defensora nacional, Paula Vial, en entrevista con "El Mercurio", advirtió que "sobre el 80% de los jóvenes que son condenados a penas no privativas de libertad han estado en internación provisoria".
Y señaló que con aquellos menores que se encuentran en internación provisoria "no se puede hacer un trabajo intencionado de reinserción o de rehabilitación porque todavía no están condenados".

En cuanto a los adolescentes infractores que cumplen condena en centros semicerrados, éstos llegan a 385.
Respecto de otras medidas decididas por los jueces que ven estas causas, 8.043 menores se encuentran en medio libre, tales como medida cautelar ambulatoria (1.726), libertad asistida (1.751), libertad asistida especial (3.299) o en servicio de beneficio a la comunidad (1.267).
Con salidas alternativas hay 1.934 casos vigentes, según informó el Sename.

70% de los menores que ingresan al Sename presentan deserción escolar.
25% de los adolescentes infractores cometió robo con intimidación.
1.300 menores permanecen actualmente en un recinto cerrado del Sename.
1.934 jóvenes gozan de salidas alternativas decretadas por el juez.
8.043 infractores de ley cumplen sentencia en un medio libre.
60% de los menores sentenciados por la RPA tienen 16 o 17 años de edad.


"Las Arañitas" cumplían condena por robo bajo el régimen de libertad asistida especial


La Corporación para la Orientación, Protección y Rehabilitación del Menor (Promesi) estaba a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la condena por robo en libertad asistida especial que cumplían las hermanas María E. (17) y Edith C.C.G. (14), conocidas como "Las Arañitas".

El miércoles, ambas fueron detenidas por cometer el mismo delito en el edificio Comunidad Jorge Washington, en la calle del mismo nombre de Ñuñoa.

Ayer, las dos fueron formalizadas y enviadas con 40 días de internación provisoria a un recinto del Sename. María E. había sido condenada el 14 de diciembre de 2007 a 3 años de libertad asistida especial por robo, mientras que Edith fue sentenciada a la misma pena por delitos similares, el 26 de mayo de 2009. Según el Sename, ambas cumplen con la mayoría de las características del perfil que presentan los menores reincidentes.

Los estudios de los expertos de la institución han determinado que hay factores comunes que se encuentran entre los adolescentes que vuelven a cometer hechos punibles. Éstos son: un comienzo precoz en el delito, falta de soporte familiar, un entorno de abandono, haber sido víctimas de abusos, deserción escolar, alto consumo de droga y haber asumido el delito como forma de vida.

La visión del fiscal nacional

El fiscal nacional Sabas Chahuán señaló que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es perfectible en algunos de sus espacios, pero dijo que el fenómeno de lo que llamó "irresponsabilidad adolescente" ha excedido el control que puede proporcionar el sistema judicial y el de persecución criminal, donde el Ministerio Público se mueve en el marco que le fija la legislación.

Chahuán apuntó que "antes de que el sistema penal actúe, hay una serie de controles que se radican en la familia, en los colegios, en el entorno más próximo del adolescente".
Añadió que hay una tarea de la sociedad que debe preocuparse de situaciones como "cierta libertad al acceso al alcohol, al acceso a la droga, que la fiscalía solamente puede observar y no tiene herramientas para remediar".

Sabas Chahuán planteó que como fiscalía usan no sólo las condenas, sino también las salidas alternativas para que en los casos que sea pertinente, se propenda a la rehabilitación del joven. "Es lo que éticamente corresponde", dijo.
Respecto de la iniciativa de un proyecto de ley para hacer efectiva la responsabilidad civil de los padres, dijo que "debe estudiarse con calma porque implica alterar la estructura del procedimiento penal, en el cual los terceros civilmente responsables no existen, a diferencia del antiguo procedimiento"

Fuente: La Tercera

jueves, 23 de julio de 2009

Reformar lo importante: Columna de Directora de Paz Ciudadana

"La gravedad del delito cometido por el menor de iniciales J.T.N. en el caso del joven Sergio Aguayo y las circunstancias que rodearon el hecho provocan que la sociedad reclame indignada por la situación de la delincuencia juvenil en nuestro país. Los homicidios siempre son gravísimos, pero mayor impresión causan cuando quienes los cometen son personas que recién están comenzando sus vidas.

No resulta raro que resurjan voces que reclaman por la situación del sistema de justicia juvenil. Un grupo de parlamentarios enviará al Congreso una propuesta que modificaría las normas del Código Civil respecto de la responsabilidad civil que les cabe a los padres cuando los hijos que están a su cuidado cometen un delito.

De acuerdo con la legislación penal vigente en Chile, toda sentencia condenatoria en materia criminal conlleva la obligación de pagar costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices y encubridores, o por quienes son responsables legalmente de ellos. Es decir, además de la acción penal, existe la acción civil, que les permite a las víctimas o sus familiares demandar una indemnización pecuniaria por los daños causados. En el caso de los menores de entre 14 y 17 años, son los padres quienes deben responder por las indemnizaciones.

La propuesta de reforma establecería un sistema distinto al vigente. Básicamente, fijaría cuantías determinadas según diferentes tipos de delitos, evitando así la discrecionalidad del juez civil de fijar el monto de la indemnización. El proyecto ha sido criticado fuertemente por distintos juristas nacionales, quienes argumentan que una indemnización debe considerar múltiples factores, como la gravedad del hecho, la culpabilidad y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad.

La intención de lograr una mayor responsabilización de los padres sería acertada si implicara, en alguna medida, que por el hecho de pagar un monto de dinero los padres van a participar con mayor ahínco y compromiso en el proceso de reinserción y rehabilitación de sus hijos. La experiencia comparada muestra que, aunque en la mayoría de los casos también se incluye el pago de indemnizaciones y multas, se potencia además el rol de los padres y las familias dentro del proceso judicial y por medio de un trabajo directo, que implique que los padres se hagan parte del proceso que viven sus hijos.

En Canadá, por ejemplo, los padres son parte activa del proceso penal, debiendo ser notificados de los motivos de la detención y de cada resolución que se tome en relación a su hijo. Pueden opinar respecto del plan de trabajo que se acuerde, así como recibir orientación respecto de las decisiones judiciales que se tomen. La participación de la familia y su fortalecimiento como factor protector es otra más de las muchas falencias que existen en nuestro sistema de justicia juvenil.

Para lograr un verdadero cambio de parte de un joven y una participación de la familia, hay que hacer mucho más que cobrar una multa a sus padres. El sistema de responsabilidad penal adolescente chileno tiene carencias más importantes que el sistema vigente para cobrar indemnizaciones por perjuicios. Los problemas más agudos se presentan en áreas como la insuficiente especialización de los defensores, jueces y fiscales, precaria infraestructura, calidad y cobertura de la oferta programática, además de los obstáculos normativos que el texto legal presenta.

Comenzar a discutir una modificación del sistema respecto de las indemnizaciones que deberían pagar los padres parece no sólo inoficioso, sino también inadecuado."

Gonzalo Berríos: "Esta ley cuenta con insuficiencias de recursos. Chile gasta en justicia juvenil 25 veces menos que Inglaterra "

Con el asesinato de Sergio Aguayo, perpetrado por el menor de 14 años, de iniciales J.T.N.V., la ley penal juvenil saltó a la palestra, por lo cual el niño arriesga hasta cinco años de presidio.

En diálogo con ADN Radio Chile, Gonzalo Berríos, Jefe de la Unidad de Defensa PenalJuvenil, aseveró que faltan recursos para que el sistema funcione de forma completa, con penas que no sean necesariamente de presidio, como libertad vigilada.

"Esta ley cuenta con insuficiencias de recursos. Chile gasta en justicia juvenil 25 veces menos que Inglaterra y con respecto a países con el mismo producto interno bruto, gastamos sólo la mitad. Partimos con condiciones mínimas hace dos años con la Reforma Procesal Penal y hay que avanzar", indicó.

El abogado aseveró que se deben corregir aspectos legales de la normativa, aunque dijo que las condenas son duras y no debieran cambiarse.

"Hay que poner más recursos, fiscales, jueces, defensores especializados y funcionarios del Sename. Yo creo que habrá que invertir más recursos en profesionales para que se cumplan las condenas y para la rehabilitación", agregó.

Además, descartó la iniciativa de algunos parlamentarios de crear una ley que responsabilice a los padres por los delitos que puedan cometer sus hijos, porque "para que tenemos entonces una ley de responsabilidad adolescente" sentenció


miércoles, 22 de julio de 2009

Jaime Gazmuri en la discusión del proyecto de Gendarmería al interior de los centros del Sename

"Hace dos Presupuestos, me correspondió dirigir la Subcomisión que analizó los recursos para el SENAME. El diagnóstico sobre el particular estaba totalmente realizado. Pero la verdad es que no hemos tenido, ni en infraestructura ni en personal, la inversión indispensable para que la reclusión permanente termine, en la mayoría de los casos, con procesos exitosos de rehabilitación y reinserción en la sociedad. Eso no está ocurriendo.

Mi diferencia con este proyecto reside en que, siendo real el problema, no concuerdo con la solución. Y esto lo conversamos en su momento con el Subsecretario de Justicia; pero, desgraciadamente, no ha habido respuesta.

Porque, en mi concepto, debería haberse desarrollado en el SENAME un servicio especializado para mantener el orden en recintos donde existe reclusión de menores. Gendarmería, no, porque es un cuerpo especializado en la administración de cárceles para adultos.
Pienso, entonces, que se requieren capacidades distintas.

No es lo mismo establecer el orden en recintos penitenciarios para delincuentes comunes, a veces de alta peligrosidad, donde los gendarmes, por cierto, portan armas, que hacerlo en centros para la reclusión de jóvenes, en que ellas no se llevan.

En consecuencia -insisto-, creo que la solución debería haber consistido en generar un servicio de orden dentro de la estructura encargada del control y la rehabilitación de los muchachos.

En tal sentido, el Gobierno optó por el camino más directo, más fácil. Tanto es así que se habla de que será necesaria una formación específica de los gendarmes destinados a la función de que se trata, cuestión que ya hace al argumento -he conversado, al menos en mi Región, con la gente encargada de los establecimientos respectivos, y todos lo plantean- de que es indispensable garantizar el orden en los centros juveniles de privación de libertad, lo que resulta complicado, más aún cuando los reclusos disponen de muchas horas de ocio, pues eso genera conductas complejas en adolescentes que muchas veces tienen grave daño social, psicológico, etcétera.

La verdad, señor Presidente, es que la fórmula propuesta no logra satisfacerme.
Por consiguiente, me abstengo en la votación general."

Senador Jaime Gazmuri, 7 de julio 2009, Debate en Sala del Senado del proyecto boletin 5458-07

lunes, 20 de julio de 2009

Crisis de los defensores juveniles

Los defensores juveniles dicen estar en crisis y piden ser contratados ante plan de Justicia para licitar sus causas

"El martes pasado, uno de los edificios del Centro de Justicia, donde funciona la Defensoría Penal Pública, tenía sendos carteles en su frontis. Leyendas como "Se vende defensa juvenil" y "No a la privatización de la defensa juvenil" llamaron la atención de la gente. Se trata de un nuevo conflicto que afronta el Ministerio de Justicia en el marco de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA): los abogados a cargo de la defensoría penal juvenil están molestos con su situación contractual.

Los defensores Daniel Aimone y Cristián Sleman explican que su actividad está en crisis tras casi cuatro años prestando servicios al Estado a honorarios.

Acusan a Justicia de querer licitar en 2010 cerca de 33 mil causas de menores infractores en lugar de contratar a los defensores actuales, que desde 2006 fueron capacitados por el propio Estado para actuar en el sistema.

Y advierten que la RPA enfrentará un conflicto de proporciones, porque hoy no existen abogados capacitados en RPA disponibles ni ofertas académicas en las universidades. Y además, porque la alta rotación de abogados en el sistema licitado, por las bajas remuneraciones, atentará contra la especialización y el seguimiento de causas.

Daniel Aimone dice que el Estado perderá la alta inversión que significó preparar a profesionales dedicados a la delincuencia juvenil, que en 2008 representó el 10,3% de los 296.146 casos que atendió la Defensoría.

Según el jefe de la unidad de Defensoría Penal Juvenil, Gonzalo Berríos, la defensora nacional Paula Vial pidió al Ministerio que institucionalice a los 50 defensores, 11 asistentes sociales y 22 administrativos que trabajan a honorarios, para rescatar su experiencia. Agrega que aún están en conversaciones con Justicia, en el contexto de las discusiones previas al presupuesto de 2010, pero que son partidarios de que esa gente pase a la planta, porque, según sus estimaciones, "sale más económico contratarlos que licitarlos".

Otras fuentes aseguraron que Justicia ya habría decidido licitar estas causas para el año 2010. Consultada la cartera sobre este tema, no hubo respuesta a este diario."

Fuente: El Mercurio, 20 de julio

viernes, 17 de julio de 2009

Cuenta Pública 2009: Defensora Nacional insta a la consolidación de una defensa especializada para jóvenes infractores de ley

"La autoridad insistió en la necesidad de la autonomía plena de la Defensoría. “Sólo como órgano autónomo estará en condiciones de contrarrestar o equilibrar la persecución penal”, dijo.

La consolidación de una defensa especializada para jóvenes infractores; disminuir el número de personas que están en prisión preventiva mientras dura su investigación, para ser finalmente absueltas; e insistir en la autonomía plena de la institución, son algunos de los desafíos planteados por la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, en la rendición de su primera Cuenta Pública desde que asumiera el cargo, el 4 de julio de 2008.

La Defensora Nacional, quien es la primera autoridad institucional en ser elegida por el sistema de alta dirección pública, señaló que al asumir se fijó una carta de navegación cuyo principal eje de gestión es asegurar la cobertura y calidad de la prestación de defensa.

Para el cumplimiento de esta prioridad, Paula Vial detalló las líneas de acción en las que se está trabajando y que guardan relación con el perfeccionamiento del actual sistema de licitaciones; la capacitación continua de defensores, tanto institucionales como licitados; la especialización de la defensa de adolescentes, mujeres e indígenas; la recuperación de la mística entre los defensores y el reposicionamiento de la Defensoría como un actor relevante en el actual sistema de justicia.

En este marco se constituyeron distintas comisiones de trabajo, entre ellas la de Calidad encargada del diseño de un ciclo transversal de calidad en la prestación de defensa; otra a cargo de la elaboración de un código deontológico para abogados, que aspira a transformarse en una herramienta que incentive las buenas prácticas que se generan en el trabajo cotidiano; y una tercera encargada de perfeccionar el actual sistema de licitaciones, que –entre otras modificaciones- propone la introducción de un sistema de incentivos que se orienten a mejorar la calidad y el desempeño de los prestadores.

Estadísticas

Durante el año 2008, la Defensoría Penal Pública atendió a 296.146 imputados, lo que representa un crecimiento del 18% respecto a las personas atendidas en 2007. De este total, un 14,9% corresponde a mujeres y un 10,3% a jóvenes de entre 14 y 18 años.

Del total de delitos atendidos el año pasado, un 18,3% correspondió al de lesiones. Le siguieron el hurto con un 12,5% y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con un 11,5%.

De las sentencias, es en el juicio oral donde se observó el mayor porcentaje de absoluciones las que alcanzan al 20,7% del total. Dentro del procedimiento ordinario, en más del 62,2% de las condenas se impusieron penas menores a las solicitadas por el Ministerio Público.

Respecto de las medidas cautelares, la prisión preventiva se aplicó en un 16,6% del total de causas atendidas por la institución.

En este sentido, cabe destacar que durante 2008 ascendió de 19 a 23,4% el porcentaje de personas que debieron estar en prisión preventiva mientras duró su investigación y que finalmente fueron absueltas.

Cabe recordar que desde 2001 a la fecha, un total de 1.690 personas han estado en esta situación, y que sólo en 2008 se dictaron cerca de 600 sentencias absolutorias en las que los imputados debieron estar privados de libertad.

“En la mayoría de los casos, los factores de error pueden ser identificables. Errores en la identificación de testigos oculares, limitaciones de la ciencia que impiden una investigación adecuada, confesiones falsas, malas prácticas de funcionarios, presiones ilegítimas, informantes, testigos anónimos y por qué no, inadecuada prestación de la defensa o debilidad en la proactividad de la misma”, dijo Paula Vial.

Especialización

Otra de las preocupaciones de la Defensora Nacional guarda relación con asegurar la prestación de defensa especializada a los jóvenes infractores de ley.

Durante 2008 se proporcionó defensa penal juvenil a 30.800 imputados de entre 14 y 18 años, de los cuáles 8.070 eran menores de 14 y 15 años y 22.730 eran imputados de 16 y 17 años.

Actualmente la Defensoría Penal Pública cuenta con 50 defensores juveniles especializados y durante 2008, éstos atendieron al 62% de los adolescentes que ingresaron al sistema.

La Defensora Nacional recordó que en el último Consejo de la Fundación Paz Ciudadana, la especialización fue definida como un imprescindible en la actual Ley Adolescente. “Nuestra contribución a esa agenda de futuro es una propuesta de consolidación de lo que hoy tenemos, constituyendo al actual equipo de defensa juvenil en la columna vertebral nuestros servicios para adolescentes”, agregó.

En este mismo ámbito, y a la luz de las conclusiones del Informe de la Defensoría relativo al primer año de funcionamiento de la Ley Penal Adolescente, Paula Vial señaló que durante este período 2.495 jóvenes fueron sometidos a internación provisoria, lo que representa un alza respecto a años anteriores. Agregó que el promedio de días en que estuvieron privados de libertad alcanzó a 74, mientras que en el sistema anterior era de sólo 60.

“Más grave aún es que el 89% de quienes estuvieron presos, durante el primer año de funcionamiento de la ley, no fueron finalmente condenados a una pena de internación en régimen cerrado”, puntualizó.

Autonomía

Junto con destacar que la Defensoría Penal Pública es una institución que defiende los derechos y garantías de todas las personas, “y no de delincuentes”, la máxima autoridad institucional abogó por la autonomía plena para garantizar el debido equilibrio en el proceso penal.

“Sólo como órgano autónomo (la Defensoría) estará en condiciones de contrarrestar o equilibrar la persecución penal”, dijo y precisó que la necesidad de autonomía se enlaza con la efectiva protección de los derechos fundamentales y con el cumplimiento de la obligación estatal, cuyo correlativo es un derecho de carácter fundamental como lo es el derecho a defensa."

Fuente: www.dpp.cl

Ex imputados adolescentes se rehabilitan y diploman en Y.M.C.A

"Cerrados y repetidos aplausos se escucharon en el salón de la Asociación Cristiana de Jóvenes –universalmente conocida por su sigla en inglés YMCA- a medida que treinta jóvenes fueron pasando adelante para recibir sus certificados del Instituto Profesional de Chile.

Todos fueron infractores de ley y como tales fueron defendidos por defensores penales públicos juveniles, quienes al término del acto compartieron emocionados con Egna Belmar y Noelia Morales, asistente social y asistente administrativa respectivamente de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría regional Metropolitana Norte.
Más emocionadas aún estaban las madres de los galardonados, que durante mucho tiempo sufrieron las consecuencias de la conducta de sus hijos.

El secretario ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Social de la YMCA, Jaime Vilches –precursor en los años 70 de los primeros programas de libertad vigilada- ha sido el artífice de los nuevos planes de rehabilitación que la institución ha diseñado de acuerdo a la realidad actual definida por la reforma procesal penal y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Explicó que tal como en el primer programa que capacitó a jóvenes como árbitros de fútbol –y hoy ganan entre 15 mil y 20 mil pesos por cada fin de semana-, a estos muchachos los delegados que la YMCA tiene en todas las comunas, les harán un seguimiento para ayudarlos a obtener trabajo. Precisó que después de conversar con agrupaciones empresariales acerca de oficios que pueden tener mayor oferta de puestos de trabajo, es que se diseñaron estos planes de asistente mecánico, asistente para conducción de grúas horquilla y conducción de camiones. Concluyó que en el futuro espera profundizar la coordinación con la Defensoría Penal Pública."

Fuente: Defensoría Penal Pública

miércoles, 8 de julio de 2009

A dos años de vigencia, Unicef mantiene severas críticas a la ley de responsabilidad adolescente


Consultor Miguel Cillero pide reforma a fondo del Sename.


La nota viene hoy en El Mercurio y es de Mario Gálvez:

"El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido por su sigla en inglés Unicef, mantiene una postura crítica respecto de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA), puesta en vigencia en 2007.

El consultor del organismo, Miguel Cillero, deja en evidencia los problemas que tiene, como también plantea la necesidad de que la reestructuración del Servicio Nacional de Menores debe ser con mayor profundidad a lo planeado.

-¿Qué piensa la Unicef respecto de la RPA a dos años de su puesta en marcha?

"Hay problemas bastante serios. Primero, en el organismo administrativo que se hizo cargo de una gestión de una política criminal en el área adolescente infractores de una ley penal, como es el Sename. No fue creado para estos fines y no se ha podido reformar de acuerdo a sus nuevas funciones".

-Pero, hay anuncios de una reestructuración del Sename, ¿están de acuerdo con separar las áreas de injerencia?

"Nuestra visión es que debe ser un servicio nuevo, con capacidad de formular una política en esta área, capaz de gestionarla con metas, plazos y objetivos concretos".

-¿Pero la idea de separarlo en un área de protección y otra área de adolescentes infractores es correcta?

"Creo que es insuficiente. Es una solución temporal y transitoria y debemos avanzar hacia un servicio especializado".

-Se habla también de un rediseño de los programas de rehabilitación?

"Yo creo que hay que partir desde el principio. Podría decir varias cosas, pero lo central acá es definir quién es la autoridad responsable, quién se coordina con el Parlamento, con el Ministerio Público, con la Defensoría, con el Poder Judicial. Actualmente, es imposible que un servicio con el ámbito de competencia que tiene el Sename y su historia de arrastre institucional, pueda reconvertirse. Estamos convencidos de que acá se requiere de una reforma constitucional fuerte y partir con un organismo especializado".

-Hay opiniones de que uno de estos servicios debería depender de la nueva subsecretaría que se creará en el Ministerio del Interior, ¿está de acuerdo?

"No me cabe ninguna duda que la justicia penal juvenil debe seguir radicada en el Ministerio de Justicia".

-¿Es oportuno plantear este tema en momentos en que la campaña presidencial y parlamentaria está lanzada?

"Esto no es materia de discusión electoral. No forma parte del ?botín electoral', por decirlo de alguna manera. Es obvio que requiere de una discusión respecto de la visión de país, pero no para sacar pequeñas ventajas. Requiere de acuerdos políticos amplios".

-¿Es recomendable bajar la edad de imputabilidad?

"La idea es que los sujetos tengan la capacidad de entender y motivarse por la norma penal. Los niños muy menores no son capaces de participar en juicios".

-¿Qué se hace con un menor inimputable?, en los últimos delitos conocidos en Santiago han participado niños de 10, 11 o 13 años?

"Hay que buscar otro tipo de respuestas en ámbitos de protección, de salud, de educación, dependiendo de los casos. También prevenir a través de mecanismos que son penales pero de otro tipo, como que estos niños sean utilizados por adultos o por otros adolescentes mayores"

Miguel salio hace poco entrevistado en Argentina sobre la justicia juvenil trasandina en Página12 y en El Argentino.

miércoles, 1 de julio de 2009

El Mercurio: Gobierno prepara cambios para afrontar delito juvenil

Junto con la reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename), el Gobierno trabaja en un cambio profundo al sistema de intervención y rehabilitación de menores delincuentes.

La idea es recoger experiencias aplicadas por España, Inglaterra y Australia, respecto de niños y adolescentes infractores para fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y bajar la tasa delictual, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.

El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, reconoció el impacto que tiene para la sociedad la imagen de niños cometiendo delitos violentos, "por eso es tan importante la reformulación completa del Sename como institución".

Las innovaciones apuntarían a cambiar el trabajo de este organismo con jóvenes. Este consistiría en instaurar una evaluación de riesgo y necesidad para definir un plan de intervención personalizado de acuerdo a las características de cada menor infractor.

Lo segundo apuntaría a reformar los programas cognitivo-conductuales, para establecer rutinas diarias relacionadas con temas educativos, laboral, formación valórica, entre otros, que no les permita tener muchas horas libres a quienes son sometidos a esta rehabilitación conductual.

Hace algunos días, el director del servicio, Eugenio San Martín, informó que uno de los ejes de la reestructuración del Sename es crear dos servicios diferenciados: uno, encargado del área de protección de derechos de la infancia, y otro que asuma la responsabilidad sobre los infractores.

Ayer se confirmó que ya trabaja un equipo de cuatro profesionales encabezados por el abogado Mauricio Decap, quien también estuvo tras la reforma procesal penal.

Respecto de la ley, entre julio de 2007, fecha en que se puso en marcha la ley, y marzo de 2009, ingresaron un total de 33.221 casos al sistema del Sename. Actualmente, hay 1.268 adolescentes en centros privativos de libertad, 382 en recintos semicerrados y 7.620 en programas de medio libre.

El experto en esta legislación de la Universidad Diego Portales (UDP), Jaime Couso, cree que la ley va en la dirección correcta. "Siempre es complejo implementar una ley, porque el problema es complejo, pero es necesario aplicarla en su totalidad para evaluar su efecto", según explicó.

La experiencia sancionadora que aplica Europa
La experiencia europea para afrontar la delincuencia juvenil converge en un régimen sancionador, donde prevalecen varios elementos comunes, según el profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (Uned), Carlos Vásquez González.

Entre ellas destacan la instauración de un catálogo amplio de alternativas a las penas privativas de libertad. "La prisión como una pena aplicable a los menores de edad, aunque por razones de prevención general no se puede suprimir, se pretende que se imponga principalmente por delitos graves, especialmente violentos y como medida sustitutiva cuando hayan fracasado otras medidas alternativas", según explica en su trabajo "La responsabilidad penal de los menores en Europa".

También destaca la amplia utilización de sanciones educativas, como la reparación o conciliación con la víctima y la prestación de tareas en beneficio de la comunidad. Lo que prima en este régimen, dice, es el interés superior del menor.