Justicia Penal Adolescente: Un blog sobre el sistema penal juvenil

Corte Suprema de México aprueba Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños

2012-02-13T11:00:00.000-03:00

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de México, presentó la semana pasada el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es garantizar condiciones mínimas que no pueden faltar cuando un menor se encuentra en un proceso de impartición de justicia, ya sea como víctima, testigo o presunto responsable de un hecho delictivo.

El documento se sustenta en que los menores de 18 años son sujetos plenos de derechos, lo que significa un cambio fundamental en la percepción de la infancia, pasando de la idea del menor como objeto de compasión-represión a la de la infancia-adolescencia como sujetos plenos de derechos, indica el documento, el cual presupone que dicho sector de la población tiene en todo momento su capacidad jurídica.De esta manera, la incapacidad jurídica de niños y jóvenes sólo podrá ser acreditada por profesionales especializados y con pruebas objetivas.

El protocolo es importante porque va en contrasentido de varias leyes, como el Código Civil Federal, señala el texto, el cual consigna que la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos coloca los tratados internacionales por encima de las leyes locales.Al dar a conocer el documento, en ceremonia realizada en la sede del máximo tribunal –a la que asistió Susana Sottoli, de la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)–, el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, señaló que este instrumento tiene la intención de auxiliar a los jueces que llevan asuntos relacionados con menores de edad, para que realicen su labor desde una perspectiva apegada a las mejores prácticas internacionales y al marco legal vigente en el país.Advirtió que la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos obliga a revisar la forma en que nos relacionamos con los menores de 18 años que por alguna razón forman parte de un proceso penal. Por ello –dijo–, el protocolo será difundido ampliamente entre los jueces federales y locales para que lo tomen en cuenta en los casos que involucren a menores.
Por su parte, Sottoli señaló que son perfectibles las cifras dadas a conocer por el gobierno mexicano sobre los niños y adolescentes víctimas o involucrados en hechos delictivos. Dijo que espera que en los próximos meses se realice una evaluación del Protocolo de operación en casos de menores de edad involucrados en actos del crimen organizado, firmado hace meses por las autoridades mexicanas y el Unicef, para evaluar sus resultados en relación con los menores víctimas, testigos o presuntos responsables de hechos que tienen que ver con el hampa.

Los conceptos fundamentales contenidos en el protocolo, los cuales se espera sean respetados por los tribunales federales y estatales, son: interés superior del niño; no discriminación, trato con respeto y sensibilidad, protección a la intimidad y a la no publicidad, derecho a no participar (según su edad, madurez y evolución de su capacidad) en determinadas audiencias.También, derecho del menor a ser informado y asistido, que su testimonio no se considere carente de credibilidad, que se le realice una prueba de capacidad para determinar su grado de desarrollo y madurez.Respecto al testimonio del menor, la autoridad judicial deberá tomar medidas para facilitar el testimonio, que el procedimiento de éste sea en un lenguaje sencillo y comprensible, y en caso necesario se cuente con intérprete y en presencia de personal capacitado.
Por otra parte, se plantea que los juzgadores resguarden la identidad del menor y rinda su testimonio en las mejores condiciones posibles, para lo cual podrá hacer que el niño declare detrás de una pantalla opaca, con métodos de alteración de voz, y que antes de la audiencia reciba el interrogatorio mediante grabación en video.Las audiencias deberán durar lo menos posible y el menor no deberá esperar el desahogo de otras diligencias. Además, debe recibir atención especial en la realización de pruebas periciales para evitar su repetición innecesaria, entre otras medidas.

CS México: Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes.-
La opinión de UNICEF México acá.

Campaña de Paternidad amor, presencia y compromiso de padre

2012-02-06T08:41:00.001-03:00

La “Campaña de Paternidad: amor, presencia y compromiso de padre” está dirigida a todos los hombres que son padres y/o que cuidan a niñas y niños: padres biológicos, separados, adoptivos, gays, padrastros, sociales (abuelos, tíos y otras figuras masculinas), etc

Padres presentes, comprometidos y afectivos influyen positivamente en el desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos en diversas áreas como su autoestima, salud mental, habilidades sociales y rendimiento académico.

Esta campaña promueve:
* Que los padres se involucren más en el cuidado diario de sus hijas/os
* Paternidades corresponsables compartiendo equitativamente entre la pareja (estén juntos o no) las tareas de cuidado, crianza y domésticas
* La presencia del padre en los controles prenatales, el parto y controles de salud de su hija/o * El derecho de las/os hijas/os a ser cuidados también por su padre después de una separación* El buen trato y la no violencia doméstica
* Que los padres cuiden su salud mental
* Ampliar de los 5 días actuales a 30 días la licencia postnatal masculina intransferible (Chile)
* Políticas de género, laborales y de salud que promuevan la corresponsabilidad y condiciones adecuadas para el cuidado de hijas e hijos

http://paternidades.blogspot.com
twitter: @paternidades
http://www.facebook.com/Paternidades

Organizan: EME y CulturaSalud

Ilustración: Alberto MonttSerie postales EME II.

Contactos: faguayo [arroba] eme.cl

¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el derecho penal juvenil? Reflexiones tras diez años de aplicación de la Ley Penal del Menor. Por Miguel Ángel Cano Paños

2012-02-03T15:08:00.001-03:00

¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el derecho penal juvenil? Reflexiones tras diez años de aplicación de la Ley Penal del Menor
Miguel Ángel Cano Paños
Investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Granada

"Cumplidos diez años desde que la denominada Ley Penal del Menor iniciara su andadura en España, resulta conveniente analizar la situación en la que actualmente se encuentra el Derecho penal juvenil, sobre todo si tiene en cuenta la catarata de reformas que la legislación penal de menores ha sufrido ya incluso antes de que la misma entrara en vigor.
Para ello, las siguientes reflexiones tienen como objetivo prioritario indagar la vigencia o no de los principios preventivo-especiales que el legislador del año 2000 consideró elementos inherentes a la hora de responder a las infracciones delictivas cometidas por menores de edad.
Teniendo en cuenta la atmósfera represiva que sin duda impregna el Derecho penal de adultos, conviene pues analizar si la misma ha contaminado al sistema de justicia juvenil que, según se afirmó en su momento, debía estar presidido por el denominado «superior interés del menor»"

"(...) el continuo cambio al que se viene sometiendo al Derecho penal de menores contenido en la LORPM no constituye desde luego un fenómeno aislado, sino que se inscribe en las orientaciones político-criminales que se han ido conformando como consecuencia de la globalización económica y las estrategias de seguridad que han venido a caracterizar la nueva sociedad como «sociedad del riesgo».El sistema de justicia juvenil, lejos de sustraerse a la mencionada tendencia, se ha visto muy influido por la misma hasta el punto de que se llegue a plantear si el modelo inicialmente centrado en el superior interés del menor y en una idea de responsabilidad educativa del menor infractor ha evolucionado hacia un nuevo modelo de gestión de los riesgos; hacia un populismo punitivo cargado de simbolismo que se apoya fundamentalmente en el valor de la seguridad y que apuesta por centrar su atención en el interés de la sociedad.En el caso de España, las reformas operadas en la LORPM han conducido a que el tratamiento de los menores reincidentes o de aquellos que han llevado a cabo infracciones graves se haya alejado definitivamente de los principios básicos de la justicia penal de menores, los cuales inspiraron la versión original de la LORPM. De este modo, podría afirmarse que con respecto a este concreto sector delincuencial se ha producido una casi completa supresión del pensamiento educativo que, con mayor o menor énfasis, sigue marcando la respuesta del Derecho penal juvenil español frente a los menores delincuentes"

El profesor Miguel Angel Cano Pañas mantiene un sitio web.
Es Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona y su doctorado en Alemania, en la Universidad Potsdam.

Otros muy interesantes artículos suyos sobre derecho penal juvenil son:

- Justicia penal juvenil en España: una legislación a la altura de los tiempos. Junto a Jesús Barquín Sanz en REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 2ª. .Época, N° 18 (2006), págs. 37-95

- Posibilidades de «diversión» por parte del ministerio fiscal en el derecho penal juvenil alemán
en REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 2.ª Época, n.° 13 (2004), págs. 213-267

- ¿Es conveniente un endurecimiento del derecho penal juvenil? Una toma de posición crítica en Anuario de Derecho Penal y Ciencia Penales

- El futuro del derecho penal juvenil europeo un estudio comparado del derecho penal juvenil en Alemania y España (Libro)

Vergonzosa actuación de jueza de garantía de Arica Sara Pizarro.

2012-01-29T15:22:00.003-03:00

El Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano, presentará ante la Corte de Apelaciones de Arica una recusación contra la jueza de garantía Sara Pizarro Grandón, luego de que la magistrada declarara el abandono de cuatro defensores penales públicos durante sucesivas audiencias de un mismo caso, todas durante la jornada de ayer, en uno de los mayores conflictos que se conozcan en Arica entre un magistrado y los abogados del nuevo sistema procesal penal.“Esta es la audiencia más insólita a la que me ha tocado asistir”, dijo Gálvez al abandonar la sala, luego de que la jueza Pizarro declarara abandonada la defensa que él debía ejercer en una jornada de preparación de juicio oral.
El caso comenzó la mañana del jueves en el Tribunal de Garantía de Arica y tras siete recesos, debería culminar el próximo miércoles 18 de enero.

Lo que parecía un caso corriente de preparación de juicio oral terminó en una controversia, cuando el defensor público Ricardo Sanzana solicitó plazo para conversar con su defendido, a raíz de una sorpresiva oferta de procedimiento abreviado.La jueza no lo concedió y, como Sanzana argumentó la imposibilidad de salvaguardar las garantías del imputado, Pizarro declaró abandonada la defensa y nominó a otro. En la tarde llegó el Defensor Local Jefe de Arica, Raúl Gil, quien retomó los argumentos anteriores y también fue relevado por la magistrada, quien llamó entonces al jefe regional de Estudios, Víctor Providel, quien dijo que “en ejercicio de la defensa de mis representados es que pido el plazo prudente para preparar mi participación”. La dinámica se repitió y entonces vino el turno del Defensor Regional.

RECUSACIÓN

Claudio Gálvez pidió copia de los audios y anunció que recusará a la magistrada, por manifestar prejuicios sobre la actuación de los defensores penales públicos y atribuirles maniobras de complot. Al ser conminado a proseguir con la preparación del juicio oral, Gálvez reiteró la idea de proteger los derechos de los imputados para insistir en una ampliación del plazo para estudiar la carpeta fiscal del caso, pero Sara Pizarro declaró también abandonada su defensa.

La jueza nombró entonces de oficio a un abogado particular en calidad “de turno”, quien a su vez pidió a los defendidos aceptar su patrocinio. Como éstos se lo negaron, solicitó un plazo razonable de cinco días para conocer el expediente, que finalmente quedó fijado en cuatro días.“Se trata de hacer valer el respeto a los derechos básicos de todo imputado, por quienes abogamos en su plena dignidad como personas. Hemos tratado que la magistrado entienda que no se puede defender a nadie con sólo estudiar por media hora o un poco más el expediente de un caso, sin poder entrevistar a los imputados, ponderar las pruebas. Ella se ha empecinado en salvar las formas por sobre los temas de fondo en justicia penal”, explicó el Defensor Regional de Arica y Parinacota.

Fuete: dpp.cl

Añado que es la misma jueza que trató de "llamitos" a unos imputados en su página de facebook

Documento de Foro de UNICEF sobre Nueva institucionalidad para la infancia y la adolescencia en Chile

2012-01-27T13:04:00.000-03:00

UNICEF, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con infancia y adolescencia y expertos académicos, con el objetivo de reflexionar en torno a la conformación de una nueva institucionalidad para la infancia y la adolescencia en Chile, y recomendar una serie de medidas concretas para este fin, impulsó la realización de un ciclo de debates acerca de tres cuestiones claves. Estas son: una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, la creación de un servicio en materia de protección de derechos que reemplace al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la creación de un Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Los organizadores tuvieron la gentileza de invitarme a ser parte del debate y agradezco especialmente a la editora del documento, Fabiola Lathrop, que incorporó varios de los planteamientos que realicé en los encuentros y por escrito posteriormente.

El presente documento, como se señala en su introducción, es el fruto de la sistematización de los citados debates, trabajo que en su elaboración constó de tres etapas. La primera consistió en distinguir las cuestiones más pertinentes de cada uno de los temas que conformaron la trilogía de debates, las que, en forma de preguntas de contexto fueron enviadas previamente a expositores e invitados en general, con el objeto de centrar la discusión en los aspectos que parecieron más oportunos.La segunda etapa fue la realización propiamente dicha del ciclo denominado “Nueva institucionalidad de la infancia en Chile”.

Los tres debates se llevaron a cabo en Santiago, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, y fueron organizados en torno a una mesa de expositores, integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de derechos de la infancia y de la adolescencia en Chile —los que fueron escogidos internamente por sus propias instituciones—y por académicos expertos en el área a debatir; las mesas fueron moderadas por un especialista de UNICEF.
Cada uno de los expositores realizó su presentación en base a las preguntas de contexto, formuladas a priori y participó, al final de todas las intervenciones de cada uno de los debates, en un espacio de discusión que, a su vez, recogió los aportes, interrogantes y opiniones de las personas convocadas a ellos.

UNICEF (2012). Nueva institucionalidad de infancia y adolescencia en Chile(Aportes de la sociedad civil y delmundo académico). Serie reflexiones Infancia y adolescencia Nº 13.

Corte Suprema acoge recurso de nulidad por obtención de pruebas ilegales de la policía

2012-01-25T15:13:00.000-03:00

CS Tercera Sala 2012: Min. Juica, Min. Dolmestch, Min. Kunsemuller, Min. Brito

La Corte Suprema anuló un juicio oral simplificado en contra de un adolescente por la realización una diligencia de allanamiento sin la autorización del Ministerio Público.

En fallo unánime (causa rol 11513-2011), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente), acogieron el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública a favor del adolescente R.F.A.
El menor fue condenado en un procedimiento simplificado por el Juzgado de Garantía de Concepción a la pena de seis meses de libertad asistida por su responsabilidad como autor de tenencia de arma prohibida.

La defensa del adolescente solicitó la anulación del proceso y la condena basada en que la Policía de Investigaciones había encontrado un arma hechiza en el hogar del menor, sin solicitar la autorización al Ministerio Público para la realización de la diligencia, pidiéndole sólo permiso al padre del menor de edad, sin dar cuenta detallada del trámite.

La resolución del máximo tribunal determinó que el actuar policial vulneró el debido proceso: “Ha quedado claro que se ha producido una flagrante vulneración del artículo 84 del Código Procesal Penal, desde que, informados los agentes policiales de un hecho que presentaba caracteres de delito, no dieron cuenta de ello al Ministerio Público, procediendo a realizar diligencias intrusivas, de propia iniciativa, como lo ha sido el ingreso y registro de un lugar cerrado, sin que ello fuera procedente, por no existir antecedentes que demostraran que se encontraban en alguna de las hipótesis de excepción del artículo 83 del Código Procesal Penal, misma que por su carácter particular debe ser considerada restrictivamente”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Como consecuencia de lo anterior, necesario es concluir que el actuar policial se tornó en ilegal, al contravenir el texto claro de la norma vulnerada, afectando todas las diligencias que se practicaron en ese contexto, sin que la autorización del dueño del domicilio y padre del imputado, donde las mismas tuvieron lugar, importen su validación, desde que era ajeno a su voluntad y control el cumplimiento de la normativa procesal transgredida, por lo que dichos antecedentes, no pudieron ser admitidos como elementos de convicción, los que atento lo dispuesto en el artículo 276 inciso segundo parte final, del Código Procesal Penal, debieron ser excluidos precisamente por haber sido obtenidas con inobservancias de garantías fundamentales, en la oportunidad prevista en el artículo 395 bis del mismo texto procesal. En conclusión, se ha acreditado el quebrantamiento del artículo 84 del Código Procesal Penal, precepto que integra un conjunto normativo, sistemático y armónico, que regula la legitimidad de los procedimientos en sede investigativa y judicial, sin que existan razones para considerar que dicha disposición, aisladamente considerada, no es depositaria del principio del debido proceso, idea fuerza que es transversal al ordenamiento jurídico general y particularmente a las normas de procedimiento, en cuanto garantes de los derechos que la Constitución y las leyes aseguran a las personas”.

Razonamientos que llevan a la Sala Penal del máximo tribunal a decretar la nulidad del juicio simplificado y de la sentencia, ordenado su repetición

Fallo completo aquí.

Ponencia: Mucho más que cambiar la ley. Un modelo multidimensional para el proceso de reforma del sistema de atención a la infancia en Chile

2012-01-19T12:00:00.000-03:00

En el III Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, de la que soy miembro, fue seleccionada esta ponencia, que presenté en el día de hoy.

Entre nosotros no es infrecuente, armados de una fe ciega similar a la de Bouvard y Pecuchet, reducir un proceso de reforma o de cambio a la dictación de una nueva ley. Pareciera suponerse que la nueva norma va a generar una modificación de la realidad tan sólo con su aparición en letras de molde en el boletín legislativo o diario oficial. Por cierto, en el acto de promulgación se asperjan un par de frases admonitorias sobre “cambio cultural” y luego el paisaje debiera comenzar a obedecer.
A esto Waissbluth (2010) lo ha denominado la ausencia de vitamina “i”: “solemos diseñar políticas públicas y asignar financiamiento, aunque se dedica escasísima preocupación respecto de qué instituciones deben desarrollar una determinada política.”

La revisión de la literatura comparada, de nuestra historia con sus éxitos y dificultades, permite advertir que también la política pública suele incurrir en el fetichismo normativo que Peña (2002) denunció hace cosa de una década. Crear nuevas leyes es complejo pero lo es más si esas leyes organizan o reorganizan servicios públicos de carácter nacional, si introducen elementos que, a su vez, pueden generar dinámicas novedosas e impredecibles.

Ocho son las dimensiones que, me parece, requieren significativa atención, tanto en la fase de planificación, como en las de ejecución, monitoreo y evaluación del proceso de reforma.
1. Normativa
2. Institucional
3. Infraestructura
4. Presupuestaria
5. Recursos humanos
6. Gestión de nuevos servicios
7. Gestión de circuito
8. Información y Estadística

Estrada 2012 Mucho más que cambiar la ley

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Editorial en El Mercurio: Delincuencia: preocupantes resultados

2012-01-18T18:30:00.000-03:00

Ministro Rodrigo Hinzpeter y Subsecretario Cristóbal Lira

"Un preocupante panorama muestra el índice de victimización del estudio de Fundación Paz Ciudadana y Adimark, correspondiente al segundo semestre de 2011, el que evidencia una relativa estabilización en el porcentaje de victimización por delitos de robo o intento de robo (de 37,9 a 39,3 por ciento), pero que, comparado con la medición de los años 2010 y 2011, sube 6,3 puntos porcentuales (de 33 a 39,3 por ciento), constituyéndose en el índice más alto después de la encuesta de noviembre de 2006.Igualmente inquietante es el hecho de que siga aumentando la revictimización, esto es, los hogares que son víctimas de estos delitos dos o más veces, y que tiende, además, a concentrarse.

En los últimos seis meses, el 27,4 por ciento de los hogares chilenos agrupó nada menos que el 89,5 por ciento. Suben, asimismo, los hogares que han sido más de tres veces víctimas de un delito, del 5 por ciento en junio de 2008 a 10,3 por ciento en diciembre de 2011, una duplicación en tres años. En las mediciones anteriores, se registraron altas concentraciones de revictimización en las zonas urbanas del poniente de Santiago. Hoy, este fenómeno se ha trasladado a la zona norte de la capital, con sensible aumento del delito en las comunas del sector nororiente.

La percepción de "alto" temor también se concentra más en Santiago (de 14,5 por ciento en junio de 2011 a 17,3 por ciento en diciembre de 2011) que en regiones, pero a diferencia de lo que ocurre con la victimización, el temor afecta principalmente a los niveles socioeconómicos más deprimidos. Siguen bajando en la evaluación, por su parte, las autoridades a cargo del combate a la delincuencia: de 4,3 a 3,8 el Gobierno; de 3,8 a 3,4 los fiscales; de 3,4 a 3,0 los jueces, y de 3,3 a 2,9 los parlamentarios. Pese a que las policías mantienen mejor calificación, ha ido disminuyendo el porcentaje de quienes admiten quedar satisfechos con su actuación, de 48,2 en junio de 2011 a 43,1 en diciembre de 2011; lo mismo ocurre con la satisfacción frente a la actuación de los fiscales, que disminuye de 24,6 en junio de 2011 a 19,2 en diciembre de 2011.

Roberto Méndez, ADIMARK y
Javiera Blanco, PAZ CIUDADANA

El Índice Paz Ciudadana Adimark, que registra desde hace 13 años la evolución de este problema, plantea desafíos obvios de una mirada común y una actuación estrechamente coordinada de las instituciones y personas llamadas a liderar un combate exitoso frente a la delincuencia. Lamentablemente, la ciudadanía ha visto todo lo contrario en el último tiempo, y este fenómeno de desentendimiento, lejos de superarse, se mantiene porfiadamente en actos simplemente protocolares o incluso en juntas de trabajo y planificación. Esta urgencia de rebajar los índices de delincuencia, mejorar la percepción ciudadana y cumplir lo prometido, por parte del Gobierno, y con su deber, en el caso de la Justicia y las fiscalías a las que el país entregó tantos recursos nuevos y atribuciones con la reforma procesal penal, es un compromiso que no puede dilatarse.

Se nos dice ahora que las movilizaciones estudiantiles explican una distracción de la fuerza pública en menesteres extraordinarios, lo que ha dejado más abandonada la protección del ciudadano corriente. Pero este aserto debe ser probado, ya que habitualmente se observa en esas manifestaciones violentas una recarga de trabajo de las fuerzas especiales de Carabineros, pero no un desplazamiento general de los contingentes asignados a barrios y poblaciones.

En el fondo, el combate contra la delincuencia no muestra resultados auspiciosos.
Habrá que redoblar esfuerzos y las capacidades y, sobre todo, coordinarse con inteligencia al servicio de los ciudadanos, que se sienten desprotegidos en este bien superior que únicamente puede ser proveído por el Estado: la seguridad."

Desistimiento. El aporte del profesor Fergus MacNeill

2012-01-17T13:02:00.000-03:00

Desde que la criminología fue golpeada por el "nothing works" de Martinson (1974) se movio hacia mediados de los ochenta a lo que hoy se conoce como el "what works".
Junto con esto el enfoque de Prácticas y políticas basadas en evidencia y el modelo de RNR (Riesgo, Necesidad y Receptividad) de Andrews & Bonta han llegado a ser el discurso predominante y la cantidad de artículos publicados en los principales journals (puntuación ISI) sobre criminología así lo demuestra.
En nuestro país, una investigación en curso de un equipo del Depto. de Psicologìa de la UFRO liderado por el psicólogo Ricardo Pérez-Luco ha trabajado los últimos años en la introducción de esta perspectiva ene l trabajo con jóvenes infractores y en la validación de instrumentos en este enfoque.

En los últimos diez años, con creciente fuerza, una nueva palabra ha comenzado a disputar la atención en estos journals, principalmente en el Reino Unido. Desistimiento.

Creo que esta mirada puede resultar complementaria al modelo de riesgo y fortalecer aquellas áreas donde ese modelo exhibe debilidades en su adecuación a nuestra realidad.
Invito a la lectura de sus trabajos que pueden enriquecer nuestras prácticas de intervención con infractores.
Los trabajos más relevantes que he tenido la oportunidad de examinar pertenecen a Shadd Marunna, a Loab & Sampson, a Vicente Garrido y a Bushway y Paternoster.

Varios de ellos se han unido y articulado un sitio web donde es posible profundizar sobre "desistance".
Pueden seguir, también, este sitio desde su página en facebook o en twitter (@desistance).

Hoy quiero relevar el trabajo de uno de sus más destacados exponentes, el profesor Fergus McNeill:

“En esencia, la investigación sobre desistimiento comienza a partir de la observación de que casi todas las personas que han desarrollado carreras persistentes de la delincuencia, sin embargo finalmente desisten del crimen. Los estudios de desistimiento, por lo tanto, se enfocan en examinar los procesos sociales y personales mediante los cuales ellos desisten. lo que esta evidencia busca explicar no es por qué la gente entra en el delito, sino cómo sale de ese mundo y lo que se puede hacer para ayudar en este proceso. A pesar de que esta evidencia no apunta, en particular, a ningún programa o metodología de la práctica, sus consecuencias para la práctica son, sin embargo, de largo alcance.Hay tres principales perspectivas en la investigación sobre desistimiento que se centranrespectivamente, en la edad y la maduración, en las transiciones de la vida y los lazos sociales asociados con ellos, y sobre los cambios en las narrativas personales y socialesde identidad. Cada vez más, los teóricos han recalcado que el proceso de desistimiento se produce en la interacción entre estos tres grupos de factores”

Fergus McNeill es Profesor de Criminología & Trabajo Social en la Universidad de Glasgow.
Antes de desempeñarse como académico, en 1998, Fergus trabajó por varios años en un centro residencial de rehabilitación de drogas y como trabajador social en el sistema de justicia criminal.
Enseña en cursos de pregrado y posgrado sobre criminología, trabajo social y sociología.

Libros (algunos):
McNeill, Fergus & Whyte, Bill (2007). Reducing Reoffending: Social Work and Community Justice in Scotland. Willan Publishing.
McNeill, Fergus & Barry, Monica (2009). Youth Offending and Youth Justice. Jessica Kingsley Publishers.
McNeill, Raynor and Trotter coedit. (2010). Offender Supervision: New Directions in Theory, Research and Practice. Willan/Routledge.En: http://www.routledge.com/books/details/9781843929352/

Artículos (algunos):
McNeill, Fergus (2012). “Counterblast: A Copernican Correction for Community Sentences?” The Howard Journal , Vol. 51, Nº 1. February 2012McNeill, Fergus (2010). Community Payback and the new National Standards for Criminal Justice Social Work. Briefing Paper Nº 02/2010. Criminal Justice Scotland. Disponible en.http://www.sccjr.ac.uk/documents/Briefing_Paper_2010_02_community_payback.pdf
McNeill, F. and Weaver, B. (2010) Changing Lives? Desistance Research and OffenderManagement, Glasgow: Scottish Centre for Crime and Justice Research. Available at:http://eprints.gla.ac.uk/50116/ McNeill, Fergus (2009). Towards Effective Practice in Offender Supervision. Scottish Centre for Crime and Justice Research, University of Glasgow. Disponible en: http://www.sccjr.ac.uk/documents/McNeil_Towards.pdf
McNeill, Fergus (2009). Youth Offending and Youth Justice. Briefing Paper Nº 02/2009. Criminal Justice Scotland. Disponible en: http://www.sccjr.ac.uk/documents/Briefing%202009_02%20Youth%20Offending%20and%20Youth%20Justice.pdf
McNeill, Fergus (2006). A New Paradigm for Social Work with Offenders? Criminal Justice Scotland. Disponible en: http://www.cjscotland.org.uk/pdfs/Desistance.pdf
McNeill, Fergus (2006). “A desistance paradigm for offender management”. Criminology and Criminal Justice, 6(1), pp. 39-62. http://crj.sagepub.com/content/6/1/39.abstract

Karen Tse: Cómo acabar con la tortura

2012-01-15T17:15:00.001-03:00

Ilegales restricciones de libertad se han generalizado en las cárceles de niños durante una década, dice juez Foskett

2012-01-10T13:48:00.000-03:00

Adam Rickwood was found hanging in his room at Hassockfield secure training centre in 2004

La nota en The Guardian es de Alan Travis, editor de home affairs.guardian.co.uk, Thursday 12 January 2012 13.12 GMT

"The unlawful use of restraint was widespread in privately run child jails in Britain for at least a decade, a high court judge has ruled for the first time.

Mr Justice Foskett said statutory agencies had failed to take action to stop the unlawful use of force against the large numbers of children held in the network of secure training centres run by G4S and Serco.

He singles out the youth justice board for its "apparent active promotion" until 2007 of restraint techniques which were subsequently banned.The high court judge stops short of legally ordering the justice secretary, Kenneth Clarke, to inform hundreds, if not thousands, of potential victims of their right to claim compensation.

But he does say that ministers need "to consider whether something ought to be done".In a damning ruling, Mr Justice Foskett, said: "The children and young persons sent to [secure training centres] were sent there because they had acted unlawfully and to learn to obey the law, yet many of them were subject to unlawful actions during their detention. I need, I think, say no more."

The judicial review case was brought by the Children's Rights Alliance for England (CRAE) to challenge Clarke's refusal to contact former detainees dating back to 1998 when the first privately run secure training centre opened in England.The judge said the legal action had shone a light into a corner that might otherwise have remained in the dark and described the decade-long abuse of children in custody as "to say the least, a sorry tale".The legal battle follows a second inquest last year into the death of 14-year-old Adam Rickwood, who was found hanging in his room at Hassockfield secure training centre, where he was on remand, in 2004. The inquest concluded that a serious system failure had given rise to an unlawful regime at the jail.The use of several "distraction'' restraint techniques, which involve inflicting pain with a severe blow to the nose or ribs, or by pulling back a child's thumb, were suspended in 2007 before being banned in 2008. The use of physical restraint to control teenagers in child jails for the purposes of "good order and discipline" was also ruled to be unlawful by the court of appeal in the same year.Mr Justice Foskett said the "fullest explanation" had not yet emerged as to why the widespread unlawful use of restraint went unchecked for so long and why there were apparently so few complaints from the victims.He concluded that it was highly likely that large numbers of children were unlawfully restrained in child jails for at least a decade between 1998 and 2008 and that they would have "simply accepted it as part and parcel of the routine".But he made clear that it would take only one former detainee to secure official confirmation that they were unlawfully restrained to open the door to a personal injury compensation claim. He goes on to caution the youth justice board not to destroy any relevant records.The judge said it was not possible to make a precise estimate of the number of victims, but he noted that at one stage restraints of children were running at 350 a month – of which 20% to 25% were probably unlawful.Carolyne Willow of CRAE said: "We are, of course, deeply disappointed that the judge did not order the government to inform potential victims of unlawful restraint of their right to seek compensation. But the plain truth is that this is the only civilised course of action now open to ministers and the YJB in the face of such a devastating judgment. It would simply be scandalous for them to continue to deny the extent or gravity of rights violations and the failure of the state to protect children when they were at their most vulnerable – locked up and away from their families."John Drew, the YJB chief executive, said they would consider the ruling: "In particular, we want to make sure that we use this judgment to inform our continuous work to improve safety and to protect children and young people in custody," he said."Over the past few years, significant progress has been made to provide increased protection for young people in custody, with closer scrutiny and monitoring of restraint, improved complaints and advocacy procedures for young people, and the increased transparency provided through publication of the restraint data on a regular basis."A Ministry of Justice spokesperson said: "We welcome the judgment which recognises the government has not been obstructing access to justice for those who were formerly detained in secure training centres."She said that children in custody were some of the most vulnerable young people in society and their safety was the highest priority. "Restraint should only ever be used against young people as a last resort where it is absolutely necessary to do so and where no other form of intervention is possible or appropriate. The system has undergone significant change and improvement in recent years, including through the introduction of restraint minimisation strategies, removal of certain techniques and improved monitoring."

Sentencia de Corte Suprema acoge amparo por menor mapuche de 12 años, Felipe M. arbitrariamente arrestado

2012-01-05T17:08:00.001-03:00

Con el lamentable voto en contra de los ministros Bates y Hernández, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Temuco que acogió el amparo interpuesto por el defensor Jaime López, en favor de los niños de la Comunidad mapuche de Temucuicui, en particular por Felipe M.M., de 12 años, arbitrariamente arrestado.

El fallo completo de la Suprema, Temuco y el recurso acá.

Las razones del voto de minoría son bien pobres, en especial cuando en el considerando 5º indican que las acciones recurridas, "los hechos específicos que se atribuyen a la policía uniformada en relación con el menor Felipe M., carecen de la claridad suficiente en cuanto a su origen y desarrollo para dar por establecida alguna infracción concreta a normas de derecho interno como internacional que se conformen con los requisitos exigibles y propios de un recurso de amparo". De seguirse este criterio la acción cautelar perdería su eficacia porque le exige al violentado que ofrezca detalles del violentador a riesgo de desestimarla.

Dentro de lo destacable del fallo de la Corte de Temuco es que afirma claramente que:"lo cierto es que las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temucuicui constituyen hechos públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente, mediante el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este Tribunal respecto de la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar no sólo lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT, particularmente su artículo 3.2"

Presentación en Tercer Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas

2012-01-05T14:43:00.001-03:00

El Tercer Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, de la que soy miembro, se realizará el día Jueves 19 de enero de 2012 en el Edificio Escuela de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (Beauchef 850, Santiago).

Durante los meses de Agosto y Septiembre de 2011 se realizó una convocatoria a presentar trabajos de investigación, la cual tuvo una exitosa acogida entre los distintos actores del mundo académico, estudiantil y profesional. El 3 de octubre de 2011, se recepcionaron 212 resúmenes de trabajos de investigación Estos trabajos fueron evaluados por un Comité Académico quien preseleccionó 67 propuestas para la siguiente etapa de selección. El 12 de diciembre se dió a conocer la nómina definitiva de los trabajos de investigación que se presentarán durante el Encuentro. Los papers con los contenidos de estas presentaciones podrán descargarse directamente desde este sitio web una vez finalizado el proceso.

Dentro de estos, fue seleccionado mi trabajo "Mucho más que la ley. Un modelo multidimensional del proceso de reforma del sistema de atención a la infancia en Chile", que presentaré en el marco de este encuentro el jueves 19 en la Mesa Infancia del segundo bloque de la mañana (11:30 a 12:50).

Inscripción por aquí.
Programa del encuentro aquí.
Más info acá.
Mayor información o consultas, escribir a : encuentro3@sociedadpoliticaspublicas.cl

En Criminología y Justicia: Mi entrevista a Anita Goh, Coordinadora del Grupo Internacional de ONG's por la infancia

2012-01-03T15:09:00.000-03:00

Para Criminología y Justicia:

Anita Goh es la Coordinadora del Grupo de Trabajo de ONG’s por los Derechos de los Niños, que han levantado una campaña internacional para que el sistema internacional de derechos humanos de la infancia cuente con un nuevo mecanismo de denuncia de violaciones de derechos de los niños ante el Comité de Derechos del Niño. Esto se hará a través de un nuevo (el Tercero) Protocolo Facultativo, es decir, un tratado internacional de derechos humanos anexo a la Convención de Derechos del Niño. Hoy sabemos que el Protocolo Facultativo será adoptado el próximo lunes 19 de diciembre en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El texto es el mismo que fue aprobado por resolución del Tercer Comité en noviembre.

FE: ¿Cómo fue el origen de esta campaña?
AG: En el 2006, un grupo de ONG’s internacionales sobre derechos del niño iniciaron la campaña por un nuevo Protocolo Facultativo (PF) a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que pudiera establecer un procedimientos de comunicación de violaciones de derechos del niño ante el Comité. La CDN es el único tratado de derechos humanos con un sistema de informes periódicos que no contiene semejante procedimiento de comunicación.El 2008 la campaña armó un Grupo de Trabajo de las ONG’s. Las ONG fundadoras incluyeron a: CRIN (Child Rights Information Network), Iniciativa Global para el fin de todas las formas de castigo corporal a los niños, Kindernothilfe, Plan International, Save the Children Noruega, Save the Children Suecia, Save the Children Reino Unido, Aldeas Internacionales SOS, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y World Vision International.La meta de las ONG era despertar conciencia y movilizar apoyo para un efectivo procedimiento de comunicaciones. Los miembros del Grupo de Trabajo de las ONG’s primero se reunieron con el Comité de Derechos del Niño para presentarles la campaña y en junio del 2008 el Comité formalmente tomó posición apoyando el procedimiento. Desde ese momento el Grupo de Trabajo de las ONG’s trabajó estrechamente con el Comité y los estados que apoyaban la idea para lanzar la idea a nivel de Naciones Unidas. Más información sobre la historia de la campaña puede ser revisada en la web oficial bajo "History of the campaign".

FE: ¿Por qué un nuevo Protocolo?
AG: A pesar de que los mecanismos internacionales generales de reclamación pueden ser utilizado por los niños (p. ej. ante Comité contra la Tortura), no cubren toda la gama de los derechos consagrados en la CDN de los niños y esos reclamos no son examinados por un cuerpo de expertos en derechos del niño. Este mecanismo permitirá a los individuos y grupos llevar violaciones de los derechos directamente ante el Comité, cuando las soluciones internas existentes sean ineficaces. Y, además, permitirá que el Comité pueda establecer consultas urgentes, cuando se le informe de violaciones graves o sistemáticas de los derechos.

FE: ¿Cómo funciona el procedimiento?
AG: Las comunicaciones podrán ser presentadas por, o en nombre de, personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en: - Convención- PF sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía; - PF sobre participación de niños en conflictos armados El Comité, tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre la cuestión de fondo, podrá en cualquier momento dirigir al Estado parte de que se trate, para que este la estudie con urgencia, la solicitud de que adopte las medidasprovisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima El Comité examinará, en sesión privada, las comunicaciones que reciba en virtud del Protocolo con la mayor celeridad posible y a la luz de toda la documentación que se haya puesto a su disposición, siempre que esa documentación sea transmitida a las partes interesadas. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sin dilación a las partes interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto con sus recomendaciones, silas hubiere.Al examinar una comunicación en que se denuncien violaciones de derechos económicos, sociales o culturales (DESC), el Comité considerará hasta qué punto son razonables las medidas adoptadas por el Estado parte de conformidad con el artículo 4 de la Convención.En caso de comunicación de violaciones graves, el Comité, teniendo en cuenta las observaciones que haya presentado el Estado parte, así como cualquier otra información fidedigna que se haya puesto a su disposición, podrá designar a uno o más de sus miembros para que realicen una investigación confidencial y le presenten un informe con carácter urgente. Cuando se justifique, y previo consentimiento del Estado parte, la investigación podrá incluir una visita al territorio de este.

FE: ¿Dónde estamos ahora?
AG: Esperamos que la Asamblea General de Naciones Unidas formalice el borrador final el próximo lunes 19 de diciembre.Luego, se agendará una fecha para una ceremonia oficial durante la cual el PF quedará abierto a la firma y ratificación de todos los estados. Aún no sabemos la fecha pero esto esto será entre marzo y septiembre del 2012. EL Protocolo necesita ser ratificado por 10 estados para entrar en vigor. En el intertanto, el Comité de Derechos del Niño comenzará a trabajar en sus nuevas reglas de procedimiento para implementar las disposiciones del nuevo PF que les atañen.

FE: Un punto sobre el que no se logró acuerdo y quedó fuera fue el de las comunicaciones colectivas anónimas al Comité ¿Cuál fue el problema con las comunicaciones colectivas?
AG: Desde la perspectiva de algunos de los estados, los principales problemas eran que: 1) las comunicaciones colectivas no existen en ningún mecanismo de quejas del derecho internacional de los derechos humanos. Se intentó incorporar al Protocolo Facultativo de la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y no se logró; 2) afirmaban que serían imposibles de responder apropiadamente porque ellos no conocerían la identidad de las víctimas; 3) si las ONGS’s querían enviar información, ellas disponían del mecanismo de investigación del Protocolo. Para algunos estados se trataba quizá de un temor a la cantidad de comunicaciones que podía levantar ese mecanismo.

Comunicado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos

2011-12-29T15:13:00.000-03:00

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 143er Período ordinario de Sesiones del 19 de octubre al 4 de noviembre de 2011. La CIDH está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro.

El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.Emitió un comunicado y un anexo, en los que, en lo más interesante para nosotros, señala:"La Comisión recibió información relacionada con el uso desproporcionado de la fuerza y presuntas detenciones arbitrarias en contra de estudiantes, muchos menores de edad, por parte de las fuerzas públicas chilenas dentro del contexto de las manifestaciones estudiantiles a lo largo del 2011. La Comisión reitera el deber que tienen los Estados de investigar, procesar y sancionar diligentemente, conforme a la justicia penal ordinaria, a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como el deber de garantizar legalmente los derechos de libertad de expresión y de reunión de niños, niñas y adolescentes conforme a los estándares internacionales."

"En el marco de la audiencia sobre los sistemas de Justicia Penal Juvenil en las Américas, la Comisión recibió información según la cual las condiciones de reclusión en las que se mantiene a los niños y adolescentes privados de libertad sigue siendo muy precaria en varios países de la región. Las organizaciones señalaron como principales deficiencias la falta de servicios sanitarios adecuados, las pocas posibilidades de privacidad durante las visitas, la violencia ejercida por el personal contra los internos, la falta de conocimiento y difusión de los reglamentos que rigen la vida en los establecimientos y la falta de programas de estudio y capacitación."

"Finalmente, la Comisión recibió información sobre derechos humanos y manifestaciones públicas en Chile, incluyendo el Decreto 1086 de 1983, que regula las manifestaciones en el país, e incidentes de violencia que habrían ocurrido en el marco de las protestas estudiantiles del presente año. El Estado informó de los procesos administrativos llevados a cabo con relación a miembros de la fuerza pública acusados de cometer abusos, y reconoció la obligación pendiente de reformar su marco jurídico en materia de la jurisdicción penal militar. La CIDH reitera supreocupación por los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles en Chile, y nuevamente llama al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación, imponiendo solamente aquellas restricciones que resulten estrictamente necesarias y proporcionales y que tomen en cuenta la obligación especial del Estado de garantizar los derechos de los estudiantes secundarios y universitarios."

2011: Mi balance en justicia juvenil

2011-12-27T11:35:00.000-03:00

De lo más relevante de este 2011 me parece que ha sido lo siguiente.

En publicaciones y estudios, destaca el trabajo de Gonzalo Berríos, Jefe de la Unidad de Defensa Penal juvenil de la DPP, y Luis Vial, de UNICEF Chile, quienes entregaron al público, tanto en papel como en digital, su trabajo de análisis estadístico 3 años de vigencia de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Aunque sólo está basado en la información disponible en la base de datos de la Defensoría, ofrece una panorámica bastante consistente con el trabajo efectuado el 2010 por SENAME, y, mejor aún, entrega novedosa información.Reiteran la inconsistencia del sistema judicial que ordena internaciones provisorias en forma absolutamente desmedida. Llaman la atención al alto número de condenas a régimen cerrado obtenidas a través de juicios abreviados, lo que resulta una rareza preocupante. Y reconocen el restrictivo uso de las condenas a privación de libertad, en términos generales, y el valor de la libertad asistida especial que ha permitido una condena a medio libre en el rango penal del art. 23 N°2.
El rigor del trabajo aparejado a su claridad expositiva y al acertado uso de gráficos lo convierten en el trabajo más relevante en el medio nacional.

En el ámbito internacional, el Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resulta ser el documento más relevante del 2011. El informe, que contó con la colaboración de Javier Palummo, entre otros, identifica los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil en las Américas.La Comisión señala en el informe su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región.En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad. En el informe, la Comisión exhorta a que los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes y hace recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil en la región.

En cuanto a eventos, seminarios, y conferencias, creo que indiscutiblemente, la actividad más relevante del año fue el Seminario Internacional sobre Justicia Juvenil, organizado por el Depto. de Psicología de la UFRO, liderado por Ricardo Pérez-Luco, realizado entre el 28 de marzo (Temuco y workshop en Pucón) y el 5 de abril (Santiago). La oportunidad de debatir al más salto nivel con expertos de primera línea de Cánada, España, EE.UU., Portugal, Francia, Italia, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, México y Uruguay, ha sido de gran provecho para la comunidad nacional y para el equipo de la UFRO que encabeza la investigación con fondos Fondef sobre mejoras al sistema de intervención con infractores juveniles. Es de destacar que las ponencias quedaron disponible en la muy robusta web del seminario y que ha mantenido presencia en facebook articulando una comunidad virtual en su derredor.

En el ámbito de la jurisprudencia, y aunque quizá no parezca de justicia juvenil, creo que ha sido una gran noticia la posición asumida por la Corte Suprema de Chile, que en todos los casos en que se ha debatido la expulsión de jóvenes a consecuencia de las movilizaciones estudiantiles ha aplicado la Convención de Derechos del Niño y las ha declarado, sin excepción durante el 2011, ilegales y violatorias de reglas mínimas de debido proceso.

Al nivel del trabajo en intervención, creo que lo más valioso son las nuevas orientaciones técnicas para el trabajo en centros cerrados. Creo que a diferencia de normas anteriores, carecen de una retórica que las inscribía en un modelo maximalista y más bien se inscriben en la corriente o enfoque del "qué funciona" (what works), que, con base en evidencia disponible ofrece cursos de acción para el trabajo. Se posicionan en el enfoque RNR, de Riesgo, Necesidad y Receptividad (o capacidad de respuesta), de Andrews y Bonta que pese a críticas marginales de diverso espesor, es la mirada predominante en los sistemas comparados de justicia juvenil. Es preciso adaptar ese enfoque a nuestra realidad y, por cierto, tener una norma técnica es sólo el primer paso de un proceso de mejoramiento. Es necesario difundirlas, homogeneizar vocabulario, proporcionar una formación mínima, modelar prácticas, monitorear los cambios, reforzar lo indispensable de tener reuniones de discusión clínica semanales o quincenales cuando más, y compartir las buenas prácticas. Pero todo eso, sin un diseño sencillo e informado es de curso incierto.
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Tiempo para celebrar. Nuevo Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño sobre un procedimiento para comunicaciones

2011-12-20T13:06:00.000-03:00

Ayer lunes la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el texto de un nuevo tratado internacional de derechos humanos de la niñez. Dejo el comunicado oficial del grupo de trabajo de ONG's que hizo posible este logro.

"Con este nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a "comunicaciones" o a un procedimiento de quejas, la comunidad internacional ha puesto efectivamente los derechos de los niños en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos y reconoció que los niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho a apelar a un mecanismo internacional, al igual que los adultos.

Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos, tendrán la posibilidad de presentar una queja ante el Comité de Expertos Internacionales, el Comité de Derechos del Niño de la ONU (el Comité), si no han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas violaciones en sus países.

Hoy celebramos el histórico paso adelante que se ha hecho para la protección de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos humanos. Esto no habría sido posible sin el compromiso constante e incansable y la dedicación de todos los actores involucrados.En particular, queremos reconocer y agradecer al Grupo Central de Estados que ha liderado el proceso y el gran número de Estados de todas las regiones, que han apoyado la creación de este nuevo Protocolo.

También queremos agradecer a todos los involucrados por su participación constructiva y felicitar al Presidente del Grupo de Trabajo por su compromiso para hacer de este nuevo instrumento una realidad.

Hacemos un llamado a todos los Estados para iniciar las discusiones y los procesos nacionales en vista de la ratificación del nuevo Protocolo Facultativo tan pronto como sea posible, y les instamos a firmar el nuevo Protocolo Facultativo en la ceremonia oficial de firma que se celebrará en el 2012, para demostrar así su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Invitamos a todas las organizaciones interesadas a unirse a nuestra campaña de ratificación internacional para el nuevo Protocolo Facultativo."

Francisco Estrada presentación sobre proyecto de nuevo pf de cdn sobre procedimiento de comunicaciones

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Declaración de Marta Santos

Facultad de Derecho UC premió a ganadores del Concurso Revista Chilena de Derecho 2011. Artículo sobre La sustitución de la pena juvenil, de mi autoría, ganó en categoría Derecho Penal.

2011-12-16T13:27:00.000-03:00

El 13 de diciembre, en el salón Aquiles Portaluppi de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se realizó la premiación del Concurso Revista Chilena de Derecho 2011, iniciativa que busca fomentar la publicación y el desarrollo de investigaciones de conocimiento científico-jurídico poco tratadas por el medio nacional.
El concurso premió a tres investigaciones jurídicas en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Internacional – Público y Privado- y Derecho Comercial y Análisis Económico del Derecho.Luego de meses de análisis y selección por parte del jurado del concurso, compuesto por los docentes de Derecho UC Hernán Salinas, Raúl Novoa y Alex Van Weezel, el galardón al reconocimiento a la investigación jurídica especializada en Derecho Comercial recayó en el abogado Fernando Fernández, con su estudio “El Requisito de la No Obviedad en el Derecho de Patentes Chileno: Una Valorización Crítica”.

El reconocimiento a la investigación jurídica especializada en Derecho Penal recayó en el abogado Francisco J. Estrada, con su publicación “La Sustitución de Pena en el Derecho Penal Juvenil Chileno”.

Finalmente, el premio a la investigación jurídica especializada en Derecho Internacional recayó en la abogada Ana María Muore, con su artículo titulado “La Figura del Defensor del Pueblo en el Marco de la Unión Europea”.

Durante la ceremonia de premiación, encabezada por el Decano de la Facultad de Derecho UC, Roberto Guerrero, y la Directora de la publicación, Ángela Vivanco, se hizo entrega a los ganadores de un galardón, junto con la asignación en dinero correspondiente al premio. El Concurso Revista Chilena de Derecho 2011 se enmarca dentro del proyecto CONICYT FP10014 “Revista Chilena de Derecho: modernización, expansión e incentivo al desarrollo del conocimiento científico-jurídico”.

Agradezco al decano, Roberto Guerrero, a la directora de la revista, la profesora Angela Vivanco, y a su joven y talentoso equipo esta distinción.

10 Errores del Anteproyecto de Ley que reorganiza el actual Servicio Nacional de Menores

2011-12-09T16:03:00.001-03:00

Elejecutivo discute en estos días un texto de anteproyecto de ley que reorganiza el actual SENAME, creando dos nuevosservicios de atención a la infancia y adolescencia.

Creo que es necesaria una ampliadiscusión de este documento porque me parece un muy mal proyecto con una seriede errores de diversos tipo, de los que sólo me voy a referir en estaoportunidad a 10.

Fragmento:

10. Los servicios no se miran dentro de un sistema.

De la lectura del anteproyecto y pese a menciones de coordinación interinstitucional, no se concibe que tanto la protección e derechos de niños gravemente vulnerados, como la justicia juvenil con vistas a la responsabilización y reinserción, son dos sistemas.La mirada sistémica es imprescindible para que se produzcan cambios efectivos en los niños, niñas y adolescentes.

El rol de los servicios estatales, entonces, no es sólo de actores que reproducen una gestión insular ad intra y entre ellos, sino de actores que, por mandato legal, y no ya por la “sensibilidad”, la “benevolencia” o la “buena onda” de sus autoridades comparten información, coordinan prestaciones, supervisan conjuntamente, establecen metas compartidas.¿Cómo el aparato estatal va a exigir a los colaboradores énfasis en la complementariedad de las intervenciones si el mismo estado no es capaz de hacerlo?

El abuso sexual infantil, los niños en situación de calle, el abandono y maltrato infantil, los graves casos de severas patologías de salud mental infantil no son posibles de resolver por un servicio público en solitario. La reinserción de jóvenes y la interrupción de sus carreras delictivas, el afianzamiento de procesos de desistimiento no son tareas que ningún servicio público pueda enfrentar con un mínimo éxito sin entender que son tareas de un sistema.
Nada en el anteproyecto nos hace pensar que el sistema de protección y el sistema de justicia juvenil van a cambiar con los nuevos servicios que aquí se establecen, del momento que el anteproyecto carece de esta mirada sistémica, en las dos (o tres, agrego yo) áreas en que se dividirá el actual SENAME."

ESTRADA (2011). 10 Errores del Anteproyecto de Ley que reorganiza el actual Servicio Nacional de Menores.

Anteproyecto de ley que reorganiza el actual SENAME, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia.

Nuevo: Acá pueden acceder al Borrador de Anteproyecto de Nueva Institucionalidad trabajado en la administración anterior.

El Informe MUNRO: Un sistema centrado en el niño

2011-12-05T20:21:00.001-03:00

El sistema inglés de protección de niños, un sistema que ha sido un referente para SENAME desde casi una década, ha vivido lamentables tragedias de muertes, abusos y maltratos, que pudieron y debieron haber sido evitados.

El 10 de junio del 2010, el ministro de Educación (la cartera ministerial de la que depende el sistema de protección de niños) anunció que le había solicitado a la destacada profesora del LSE Eileen Munro que dirigiese una completa revisión del sistema. (La carta con los términos de la solicitud puede ser revisada acá), con el foco puesto en fortalecer la profesión del trabajo social, a fin de ponerles en una mejor posición para que formulen juicio bien informados basados en la evidencia y en los mejores intereses del niño (el interés superior) y libres de burocracias y regulaciones innecesarias.

La profesora Munro entregó reportes interinos a comienzos de año y un Informe final en abril del 2011.
Luego de ese informe, se ha desarrollado un proceso de implementación de las recomendacionesTodo ese trabajo puede revisarse en la web armado a tal efecto.

Creo que es necesario estudiar y difundir estos trabajos ya que muchos de los problemas identificados en el sistema británico están ampliamente presentes en nuestro sistema. Una primera lectura del acucioso informe tiene la sorprendente conclusión de que todos los errores presentes hoy en el sistema inglés están, desde mi experiencia, presentes en nuestro sistema.
Hay, además, alcances a la formación y capacitación permanente de los trabajadores sociales que son de gran relevancia para quienes trabajan en la universidades.

Un eje articulador del trabajo de Munro (y presente en otros ya clásicos estudios que ella ha llevado a cabo) es la revisión crítica del proceso de toma de decisiones y argumentación profesional de los operadores del sistema de protección. Creo que esa área ha sido muy poco abordada entre nosotros pero basta la lectura de cualquier expediente proteccional, o de informes psico-sociales para acreditar que es un área muy muy débil de nuestro sistema. De hecho, tengo la impresión que los esfuerzos de mejora de los últimos años han pasado por alto esta área y se han concentrado en los temas de fondo, por así llamarlos, sin provocar el impacto esperado porque las habilidades y prácticas subyacentes no existen.
Me refiero a diagnósticos rígidos, escasa capacidad de comunicación con las redes, hipótesis iniciales que no se revisan a la luz de nuevos antecedentes, sobreintervención, extravío del control de la situación inicial de riesgo, sesgos y prejuicios respecto de determinadas poblaciones, protocolos de intervención que no se cumplen, entre otros problemas.

Una cuestión no menor es cierta práctica inglesa, desconocida entre nosotros, de reaccionar ante estos fracasos del sistema con estudios y reportes técnicos. Por acá, nuestra práctica ininterrumpida discurre por dos vías: el sumario administrativo, que persigue determinar responsabilidades administrativas y que no suele estar a cargo de un técnico, y la investigación judicial, que persigue responsabilidades penales y, eventualmente, civiles, y que dirige un fiscal y decide un juez, ambos, por cierto, legos en lo técnico.
El trabajo clásico al que aludí supra, (Munro, (1999). Common errors of reasoning in child protection work) examinó 45 de estas investigaciones efectuadas en Inglaterra entre 1973 y 1994.

MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Final Report. A child-centred system.

MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Interim Report: The Child’s Journey.

MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Interim Report: Part one: A systems analysis.

Cursos para Jueces adjudicados por la Academia Judicial

2011-12-02T16:24:00.000-03:00

La Academia Judicial ha entregado los resultados del proceso de concurso del Programa de Perfeccionamiento para sus jueces y consejeras(os) técnicas(os).

Como en los años 2008, 2009 y 2010, la Academia me ha adjudicado los cursos 2012 de:
- Medidas de proteccióny derechos del niño, en Concepción.
- Derecho de Alimentos, en Santiago; y
- Los Consejos de Familia, en Santiago

Postulé a nombre propio coordinando académicamente equipos compuestos por abogados y expertos nacionales en los distintos temas. Agradezco al Consejo de la Academia Judicial su confianza en confirme esta oportunidad de reflexión y formación a jueces, juezas y consejeras y consejeros técnicos del país.

Presentación en Seminario de ACJ Valparaíso: Desafíos de la Justicia Juvenil. 30 de noviembre del 2011

2011-12-01T21:49:00.001-03:00

El pasado miércoles fui invitado a exponer por mi viejo amigo Augusto Fernández, director de programas de medio libre para jóvenes infractores de ACJ Valparaíso, a un seminario sobre los desafíos de la Justicia Juvenil, que se realizó en la imponente sede de INACAP frente a Caleta Portales.

Agradezco la oportunidad de compartir mi perspectiva sobre los 12 desafíos de nuestra justicia juvenil en aspectos normativos, de política pública y de intervención.

Dejo acá la presentación que expuse y abajo quedan las referencias citadas en el ppt.

Estrada Seminario ACJ Valparaíso Desafíos de la justicia juvenil en Chile

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Referencias de ppt
FERNÁNDEZ, Marco (2006). Prisión común, Imaginario social e identidad 1870-1920, DIBAM, Ed. A. Bello.
BERRÍOS, Gonzalo y VIAL, Luis (2011). 3 años de funcionamiento de la ley de responsabilidad penal adolescente. Unidad de Defensa penal Juvenil, de la Defensoría Penal Pública y UNICEF, Santiago.
In re E.T.C., juvenile, 141 VT. 375 (1982), Supreme Court of Vermont
Fare v. Michael C., 442 U.S. 707 (1979).
ESTRADA, Francisco (2006), “La Renuncia al Derecho a Guardar Silencio por un Adolescente en Nuestro Ordenamiento y en el Estadounidense”, en Revista de Derechos del Niño, Nº 3 y 4, Universidad Diego Portales
Innocence Project. False Confessions. Understanding the causes.
BEYER, Marty (2000). Immaturity, Culpability, & Competency in Juveniles: A Study of 17 Cases, Criminal Justice Nº 15.
GRISSO, Thomas (1980). “Juveniles” Capacities to Waive Miranda Rights: An Empirical Analysis, 68 Cal. L. Rev..
STEINBERG, GRISSO, WOOLARD, CAUFFMAN, SCOTT, GRAHAM, LEXCEN, REPPUCCI, AND ROBERT SCHWARTZ (2003). Juveniles’ Competence to Stand Trial as Adults.

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REEVES, Matías (2010). Liderazgo directivo en escuelas de alto nivel de vulnerabilidad social. Tesis para optar al grado de magíster en gestión y políticas públicas, Departamento de Ingeniería industrial, Universidad de Chile.
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BAKER, Kerry (2005). Assessment in youth justice: professional discretion and the use of Asset. Youth Justice, 5(2), 106-122.

Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público.

2011-10-04T17:17:00.000-03:00

Boletín 7975-25

Una pocas palabras sobre este proyecto, muy publicitado y anunciado antes de presentarse y que exhibe discordancias entre los objetivos que sus anunciantes y defensores afirmaban y lo que un análisis del texto propuesto permite afirmar que en verdad contiene.

Varios sostenían que era necesario poner orden, terminar con la impunidad y, era que no, con la "puerta giratoria".
La primera idea es que las figuras que se contemplan resultan redundantes y, como señalaron varios jueces, no vienen a llenar ningún vacío legal sino, más bien, a reordenar ciertos ilícitos y configurar vagamente algún otro.

En cuanto al riesgo de que se pueda encarcelar a estudiantes menores de edad, en virtud de este proyecto, ese riesgo no existe. En efecto, como el artículo 32 de la Ley Nº 20.084 exige que para que proceda la internación provisoria (la prisión preventiva de los adolescentes) que se impute la comisión de un delito que, cometido por un adulto sería crimen (un delito con pena igual o superior a 5 años y 1 día), y ya que ninguna de estas figuras penales tiene esa calidad, lo concreto es que estos tipos penales no permitirán la privación de libertad de un menor de edad, que, en palabras de algunos de los anunciantes, era uno de los propósitos.
Dicho de otro modo: si lo que querían era que los estudiantes en toma se fueran presos, no lo hicieron bien, porque eso no ocurrirá.

Tampoco, probablemente, se aplicará, al final del juicio, una pena privativa de libertad. El sistema de determinación de pena de la Ley 20.084 lleva a que, sin que medien atenuantes o agravantes, y sólo con la rebaja en 1 grado del art. 21, la pena queda en el cuarto segmento (art. 23) de penas donde es posible aplicar :
- Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.
- Libertad asistida en cualquiera de sus formas.
- Prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
- Reparación del daño causado.
Los tribunales han sido bastante consistentes en hacer un uso excepcional de las penas privativas de libertad, en especial, en los rangos más bajos del art. 23, por lo que muy probablemente, tampoco será esta la vía que prive de libertad a jóvenes.

Con lo anterior no pretendo sostener que es un buen proyecto, sino, por el contrario, mostrar las discordancias entre la voluntad de sus autores y publicistas y el producto que lograron. Una política criminal racional, necesaria y legítima, no requiere estos engendros.

Finalmente, por aplicación del principio penal que prohíbe la retroactividad de la aplicación de las leyes penales, bastaría que las actuales movilizaciones se mantengan para que la nueva normativa no se les pueda aplicar. Es decir, visto desde esta perspectiva, el proyecto anunciado es un incentivo a la mantención de las actuales tomas ya que aunque el proyecto se tramitase ágilmente, su principio de ejecución ya quedo fijado en un momento donde esas conductas no eran punibles y esa condición prevalece. Hay abundante jurisprudencia sobre esta materia.

Por otro lado, castigar penalmente la "invasión y ocupación" de establecimientos educacionales en un país con un tribunal constitucional que se tomase en serio el derecho internacional de los derechos humanos, sería imposible porque esa pretensión punitiva arriesga dejar en letra muerta el derecho a expresión de los adolescentes que, como recientemente ha recordado explícitamente el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, es parte del derecho a ser oído consagrado en el art. 12 de la Convención.
"El respeto del derecho del niño a ser escuchado en la educación es fundamental para la realización del derecho a la educación. El Comité observa con preocupación el autoritarismo, la discriminación, la falta de respeto y la violencia continuadas que caracterizan la realidad de muchas escuelas y aulas. Esos entornos no propician que se expresen las opiniones del niño ni que se tengan debidamente en cuenta esas opiniones "
Es un derecho no sólo individual, sino, como ha sostenido el Comité, un derecho también de colectivos. Es más, el Estado debe generar espacios de participación reales, no cosméticos.
La preocupación, razonable, por la legitimidad de las tomas, no pasa por la herramienta punitiva sino, me atrevo a sostener, por una reforma de la LGE que reconozca con más vigor, el rol que desempeñan los centros de alumnos y federaciones estudiantiles en la comunidad educativa y, por cierto, que regule entonces, los procesos de tomas de decisiones difíciles y excepcionales como paralización de actividades y tomas. De hecho, como una triste curiosidad, la LGE, que surgió de las movilizaciones estudiantiles del 2006, no incorpora en su artículo 10, donde se refiere a los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, a los centros de alumnos en un gesto de mezquino ninguneo.

Destaco el artículo que se refiere a tomas y saqueos. La configuración exhibe problemas de técnica legislativa ya que en las primeras líneas equipara tres situaciones de diversa índole: "desórdenes", "cualquier otro acto de fuerza" y cualquier otro acto de "violencia".

Por cierto, la figura final agravada de los responsables de convocar a estos actos va a ser letra muerta dado el requisito de previsión que incorpora. ¿Cómo alguien podría prever el futuro? ¿Cuál va ser la prueba de que se previó el vandalismo? La constante práctica de nuestros juzgados de garantía de ser muy rigurosos frente a expresiones así de vagas no me cabe duda que va imposibilitar que se castigue la convocatoria a marchas.

“Artículo 269. Serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los siguientes hechos:
1.- Paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte;
2.- Invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales;
3.- Impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes;
4.- Atentar en contra de la autoridad o sus agentes en los términos de los artículos 261 o 262 o de alguna de las formas previstas en los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 del Código de Justicia Militar o en los artículos 17, 17 bis, 17 ter y 17 quáter del Decreto Ley N° 2.460 de 1979, o en los artículos 15 A, 15 B, 15 C y 15 D del Decreto Ley N° 2.859 de 1979, según corresponda;
5.- Emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; ó,
6.- Causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular. La pena establecida en el inciso precedente se impondrá sin perjuicio de la que, en su caso, corresponda aplicar además a los responsables por su intervención en los daños, incendio, atentados, robo, infracciones a la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas y, en general, otros delitos que cometan con motivo o con ocasión de los desórdenes o de los actos de fuerza o violencia.

Se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio a quienes hubieren incitado, promovido o fomentado los desórdenes u otro acto de fuerza o violencia que importen la realización de alguno de los hechos señalados en el inciso primero, siempre que la ocurrencia de los mismos haya sido prevista por aquéllos.”.

Luego de revisar el proyecto de ley del ejecutivo, sugiero leer el artículo de Domingo Lovera,"Penalizar las tomas: es más seguro si nadie protesta".

MENSAJE 196 359 de 27 de Septiembre Del 2011

Hoy: Derecho UDP: Lanzamiento Informe Anual de Derecho Humanos

2011-10-03T11:16:00.003-03:00

Estudio sobre Reincidencia Penitenciaria: Paz Ciudadana y Universidad Adolfo Ibañez

2011-09-30T17:19:00.000-03:00

Hoy, invitado por Javiera Blanco, Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, asistí al Consejo Consultivo de esa institución donde se presentó este Estudio sobre reincidencia en el sistema penitenciario chileno.. Dejo abajo la presentación que Javiera efectuó a la espera de que se libere el estudio completo.

Por lo observado, creo que esta investigación logra construir una creíble línea base sobre la que construiremos análisis y futuros trabajos. "Las medidas alternativas a la prisión presentan porcentajes significativamente menores de reincidencia (27,7%), en comparación con las penas de encierro, que muestran una tasa de 50,5%.

Esta es la principal conclusión del estudio “La Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno”, dada a conocer esta mañana por la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, en el marco del Consejo Consultivo de la institución, correspondiente al año 2011.La investigación –realizada por Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez- se basó en el seguimiento por 36 meses a 16.911 condenados egresados de la cárcel durante el año 2007 y a 23.736 condenados a alguna medida alternativa (remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna), durante el mismo año. Para el desarrollo del estudio se utilizaron las bases de datos de Gendarmería de Chile y del Ministerio Público.

Resultados en el Sistema Abierto:
En el sistema abierto, sólo el 27,7% de los sujetos (6.586 personas) que inició una medida alternativa durante el año 2007, ingresó posteriormente al sistema abierto o al sistema cerrado en calidad de condenado. De ese total de reincidentes bajo medida alternativa, el 47% (3.107 personas) reincidió al finalizar el primer año de seguimiento, mientras que el 82% (5.417 personas) lo hizo al segundo año. La Libertad Vigilada presenta el menor porcentaje de reincidencia (19,5%). Por el contrario, la Reclusión Nocturna exhibe la mayor tasa (43,7%). 4 de cada 10 sujetos que iniciaron alguna medida alternativa durante el 2007 presenta un nuevo contacto con el sistema penal (formalización o requerimiento solicitado por el Ministerio Público).

Resultados en el Sistema Cerrado:
En el sistema cerrado (condenados egresados de la cárcel durante el año 2007), el 50,5% de los egresados (8.537 personas) durante el año 2007 ingresó posteriormente a la cárcel en calidad de condenado (por una nueva condena). El 61% de éstos (5.244 personas) reincidió el primer año, mientras que el 86% (7.338 personas) fue el segundo año. Las condenas inferiores a un año presentan mayores porcentajes de reincidencia. Lo anterior podría ser indiciario del efecto desocializador y del alto contagio criminógeno de las penas de corta duración. Los delitos contra la propiedad (hurtos (67,8%) y robos no violentos (61,3%) y contra la libertad e intimidad (amenazas, 53,5%) son los que presentan las mayores tasas de reincidencia, mientras que los delitos sexuales, de la ley de tránsito y los homicidios observan los menores porcentajes de reincidencia. 71,2% de los egresados durante el año 2007 registra un nuevo contacto con el sistema penal (formalizaciones o requerimientos solicitados por el Ministerio Público)."

Programa Jóvenes en Paz, o la intervención NO basada en evidencia

2011-09-26T10:50:00.000-03:00

Diagnosticar, intervenir con niños y jóvenes hasta 17 años 11 meses, y con sus familias, SIN orden judicial y generando sobreintervención es un síntoma de políticas NO basadas en la evidencia sino en indudables buenas intenciones y en ideología. Esta vez el programa se llama "Jóvenes en paz" y cuenta con financiamiento del Ministerio del interior, que incrementa así su registro a la ejecución de programas, lo que, decían sus autoridades, no iba a ocurrir porque sólo iba a diseñar políticas públicas.

Un joven que registra detenciones policiales es un joven que ya está en el sistema de justicia y de atención de SENAME municipal. Lo que hay que hacer es preocuparse por la atención que recibe, la efectividad de los programas, la capacitación de sus operadores, la coordinación del circuito, ofrecer tratamiento de salud mental residencial y ambulatorio, construir indicadores de resultado pero nunca, bajo ninguna consideración, sumarle nuevos programas, nuevos profesionales tocando la puerta de la casa para conversar lo que otra decena de personas ya lo ha hecho o lo está haciendo. Esa es una intervención por definición, iatrogénica, dañosa La idea de que sea necesario diagnosticar tiene la ingenua ignorancia de que sobre esa población existen kardex enteros de diagnósticos que se repiten una y ora vez, sin que los operadores del circuito sean capaces de compartirlos, utilizarlos, protocolizarlos, integrarlos en la intevención, etc.

El perfil dice que intervendrán con adolescentes que han sido detenidos por la policía y que no han sido sancionados por la Ley N° 20.084.
Primero, es posible entonces, que intervengan (sobreintervengan) con aquellos que están en programas o medidas que no son sanciones, como los de medidas cautelares y los de salidas alternativas.
Segundo, dicen que se puede ingresar por demanda espontanea, lo que significa que la restricción de no ser condenados puede no ser tal..
Tercero, si hay una política pública como el Programa Vida Nueva, que está bajo el Min. del Interior en coordinación con Sename, y monitoreada por un equipos de la DIPRES, ¿por qué inventar una nueva política pública antes de saber cómo funciona la otra?

"Joven en paz", una nueva muestra de nuestra vieja forma de hacer las cosas mal.

Seminario Taller: Monitoreo de los derechos de los niños

2011-09-22T09:59:00.001-03:00

Entre los días 14 y 16 de septiembre, en el Instituto Alonso de Ercilla de Santiago se llevó a cabo el Seminario Taller “Sistema de Monitoreo Basado en Datos” para fortalecer nuestro servicio en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes e incorporar metodologías de calidad que aporten a la preparación del próximo Informe Alternativo de Chile ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este tipo de mecanismos ha cobrado relevancia en el Instituto Marista con la presencia en Ginebra de la Fundación Marista de Solidaridad Internacional - FMSI.
El Equipo de Solidaridad Marista, el Diplomado de Niñez y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y la Asociación Chilena pro Naciones Unidas – ACHNU, en alianza con la Red de ONG’s de Infancia y Juventud, aunaron esfuerzos para llevar a cabo este evento destinado a unos cuarenta profesionales de nuestras instituciones. En el caso de los maristas, participaron diez laicos y hermanos de distintos colegios y equipos de animación.

El objetivo del seminario fue entregar herramientas técnico – conceptuales para elaborar un plan de trabajo que dé inicio a un proyecto tipo “Infancia Cuenta” en Chile. En EEUU, Canadá, México y otros países se han implementado durante largo tiempo estos sistemas de indicadores sobre bienestar y derechos de la infancia, a partir del modelo Kids Count de la Fundación Annie E. Casey. En varias ocasiones esta información se ha utilizado para elaborar los informes alternativos, demostrando ser de gran utilidad y, al mismo tiempo, un efectiva estrategia para incidir en beneficio de los niños y jóvenes.

La relatoría del seminario estuvo a cargo del Sr. Gerardo Sauri, experto mexicano que implementó este sistema en su país y que ha promovido el modelo en distintos lugares. Las provincias maristas de Brasil Centro Norte y Brasil Centro Sur facilitaron la participación de Claudia Laureth, Milda Moraes y Jimena Grignani, quienes nos compartieron experiencias similares que lideran en Curitiba y Brasilia. También participó del seminario el Sr. Fernando Larrambebere, responsable de la Dirección Provincial de Solidaridad de la Provincia Cruz del Sur (Argentina).

Aprovechando la presencia de Claudia Laureth, Gerente Social de la provincia marista de Brasil Centro Norte, se realizó el Coloquio: “Intervenciones socioeducativas con jóvenes privados de libertad”. A través suyo pudimos conocer el servicio que se presta a jóvenes en conflicto con la ley en la Casa Marista de Semi libertad de Vila Velha. También fueron invitados a exponer profesionales de instituciones chilenas que ejecutan programas similares y representantes del Servicio Nacional de Menores (SENAME) para conocer las alternativas que se ofrecen a estos jóvenes y los muchos desafíos a los que urge responder.

Argentina: "Retroceso en la Justicia penal para jóvenes" por Emilio García Méndez

2011-09-16T12:42:00.000-03:00

Luego del informe publicado el año pasado sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de publicar un informe oficial titulado “Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”. Como difícilmente podría ser de otra forma (conviene recordar que – objetivamente- la Argentina es el país más atrasado y brutal en la materia ya que es el único, que en forma inédita en América latina, ha condenado a 12 menores de edad a reclusión perpetua y el único que no posee una ley de responsabilidad penal juvenil), la Argentina ocupa un triste lugar de destaque.

Varias son las menciones explícitas al tema de las perpetuas a menores de edad a lo largo de dicho informe que justifican la desgraciada notoriedad a la que aquí se hace mención.Sin embargo, existe otro tema tan preocupante como el anterior que no sólo tiene como protagonista a la Argentina sino más precisamente a la supuesta ala progresista del Poder Judicial.En la propia introducción del informe de la CIDH, puede leerse textualmente: “Otra preocupación de la Comisión es que en algunos casos los niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima para infringir las leyes penales son privados de su libertad en el marco de procesos de ‘protección’, dando lugar a untratamiento punitivo de esas situaciones sin que exista, en muchas ocasiones, un estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso ”.

Esta preocupación, que se repite reiteradamente durante el informe, menciona explícitamente a la Argentina y se refiere muy especialmente a un lamentable fallo de la Corte Suprema argentina del 2.12.2008 (Fallo CSJN 331:2691 García Méndez-Musa, L.), que, legitimando el decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980 (Régimen Penal de la Minoridad vigente), permite el uso de la privación de libertad en cárceles de menores justamente para aquellos que el propio decreto de la dictadura designa no sólo como inimputables sino también como no punibles . Este fallo, cuyo autor ha dado lugar a la llamada “Doctrina Zaffaroni” en la materia, confirma una peligrosísima tendencia que aflora en la región pero cuyo epicentro ideológico y geográfico es sin duda la Argentina.

En términos generales asistimos en esta materia a un proceso de involución autoritaria desde fines de la década de los 90. Un proceso que desde sus orígenes hasta mediados de la década pasada se manifiesta en su forma clásica a través de un doble slogan: aumento de las penas y baja de edad de la imputabilidad . Sin embargo, desde hace ya varios años, y el fallo Zaffaroni es la representación viviente de este cambio , asistimos a la tendencia más insidiosa aún de utilizar la privación de libertad no como respuesta seria y legítima del Estado a los delitos graves que cometen los menores de edad, sino como forma de “política social reforzada” para enfrentar el gran problema social del siglo XXI: los adolescentes pobres de las periferias urbanas .

El informe no sólo es claro sino que además es contundente y nos recuerda de alguna forma aquel viejo refrán español que dice: “Líbrame, Señor, de las aguas mansas que de las otras me libro yo solo”.

Publicada hoy en Clarín,
EMILIO GARCÍA MÉNDEZ EXPERTO EN DERECHO PENAL JUVENIL, PRESIDENTE DE LA FUNDACION SUR ARGENTINA

CEP Chile: Video: Camila Vallejo y Francisco Figueroa en el CEP

2011-09-15T13:22:00.000-03:00

Video editado de la conversación en CEP Chile que Camila Vallejo, Presidenta de la FECH y Francisco Figueroa, Vicepresidente de la FECH, sostuvieron con Sylvia Eyzaguirre, Investigadora del CEP y Arturo Fontaine, Director del CEP.
Esta actividad se realizó el 12 de septiembre de 2011.Arturo Fontaine T. , Camilla Vallejo, Francisco Figueroa y Sylvia Eyzaguirre

Coloquio: “Intervenciones socioeducativas con jóvenes privados de libertad: actualidad y desafíos. La experiencia brasilera de una Casa de Semi Libertad

2011-09-13T12:26:00.003-03:00

Con el objetivo de compartir experiencias nacionales e internacionales de medidas socioeducativas destinadas a la atención y reinserción de jóvenes en conflicto con la ley, se realizará hoy el Coloquio: “Intervenciones socioeducativas con jóvenes privados de libertad: actualidad y desafíos”, panel que se me ha pedido moderar.

Contaremos con la presencia de la Srta. Claudia Laureth, Gerente Social de la Provincia Marista Brasil Centro Norte, quien presentará la experiencia de la Casa Marista de Semi libertad de Vila Velha - Estado de Espírito Santo, Brasil.

Asimismo, se presentarán distintas iniciativas implementadas en Chile en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y de la oferta programática del Servicio Nacional de Menores. Fecha: 13 de septiembre, 15:00 hrs. Lugar: Salón Rojo del Instituto Alonso de Ercilla Santo Domingo 2145 (Metro Cumming)
Invita: Equipo de Solidaridad Marista - Chile

Corte de Apelaciones de Temuco resuelve correctamente cuestión de registro de huella genética de adolescentes infractores

2011-09-12T11:41:00.001-03:00

La Corte de Apelaciones de Temuco determinó que no se puede incorporar la huella genética de un menor de edad al registro de ADN para delitos violentos por considerar que esta medida atenta contra la reinserción social del infractor de ley.
En fallo unánime (rol 728-2011) los ministros del tribunal de alzada Fernando Carreño, Leopoldo Llanos y el abogado integrante (y ex compañero y compadre) Luis Iván Díaz acogieron el recurso de nulidad presentado por la defensa de un menor condenado a 3 años y un día de internación en régimen semicerrado por el delito de robo en lugar habitado.

La resolución determina que la incorporación de la huella genética del menor al registro respectivo atenta contra uno de los principios fundamentales del sistema de juzgamiento para adolescentes, que es la reinserción del infractor por lo que no corresponde adoptar dicha sanción de manera adicional a la pena corporal.

“Que el sistema de justicia penal para adolescentes cuenta con principios y reglas propias, cuya inspiración y marco jurídico está dado, desde el punto de vista del Derecho internacional, por la Convención sobre los Derechos del Niño, la que ha sido ratificada por Chile y se encuentra vigente, por lo que forma parte del Derecho chileno (…) Entre tales principios debe destacarse especialmente el de reinserción del menor de edad. Al respecto se dispone en el artículo 40.1 de la mencionada Convención que el menor que ha infringido leyes penales debe ser tratado de manera que se promueva la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”, dice el fallo.

Agrega que: “La incorporación de la huella genética del menor en el registro ya individualizado atenta contra el principio de reinserción mencionado en el considerando anterior, el que, según se ha dicho, forma parte del ordenamiento jurídico chileno (…) En ese mismo sentido se ha pronunciado de manera reiterada esta Corte, al sostener lo siguiente: ‘Que esta Corte ha resuelto en la causa Rol Nº 494-2009 que la aplicación de la ley 19.970 a los menores infractores de ley vulnera los principios básicos sobre los cuales se ha fundamentado el sistema de responsabilidad penal adolescente, es decir, la reintegración y resocialización del menor infractor, por lo que al haberse ordenado la inclusión en el Registro de Condenados de la huella genética del sentenciado Toledo Toledo, al tenor de lo previsto en el artículo 17 de aquel cuerpo legal, esa orden judicial conlleva la imposición de una pena más gravosa de aquella que correspondía al delito porque fue acusado y esa pena no está contemplada como sanción en la ley 20.084’ (considerando 5° de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 9 de mayo de 2011, recaída en la causa rol 404-2011 RPP, sobre recurso de nulidad penal)”.
Además se asegura que: “De lo expresado en los considerandos anteriores, la aplicación de la sanción consistente en la incorporación de la huella genética del menor en el registro establecido por la ley 19.970 importa que el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, la del artículo 40.1 de la Convención de Derechos del Niño, pese a que resulta realmente pertinente su aplicación (…) La aplicación de esta norma de Derecho internacional que forma parte del Derecho chileno conduce a rechazar la incorporación de la huella genética del menor en el registro más arriba indicado”.

Fallo completo aquí.-

Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

2011-09-08T11:27:00.000-03:00

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado hoy el Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, el cual identifica los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil en las Américas.
La Comisión señala en el informe su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región.
En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad. En el informe, la Comisión exhorta a que los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes y hace recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil en la región.
Para la realización de este informe se llevaron a cabo visitas a diversos países de la región, se consultaron fuentes gubernamentales, no gubernamentales y académicas, se organizaron consultas regionales y se elaboró un cuestionario que fue respondido por Gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos. La CIDH agradece a los Estados miembros y a los miembros de la sociedad civil su colaboración para la realización de este informe, cuya elaboración fue posible a través de la firma de un memorándum de entendimiento entre la CIDH, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, se recibió el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organización Save the Children-Suecia y Luxemburgo. La Comisión también desea reconocer la cooperación de la oficina de la Representante Especial de la ONU sobre la Violencia contra los Niños.

Agradezco a uno de los colaboradores del informe, el gran Javier Palummo, del Uruguay, el aviso y envío del documento, que será, con toda seguridad, referente para todos quienes trabajamos en América en justicia juvenil.

Jeffrey Butts en Resolution, Reinvestment, and Realignment: Three Strategies for Changing Juvenile Justice

2011-09-06T16:17:00.001-03:00

Algunos documentos sobre derecho a una educación de calidad

2011-09-02T11:14:00.000-03:00

Si bien no se refieren precisamente a la consagración de un derecho a una educación de calidad, sí creo que estos documentos son material indispensable para una debate informado acerca de qué puede hacer el derecho, y qué no puede hacer, por mejorar la calidad de la educación.

Thomas Humphrey Marshall. Ciudadanía y clase social
El texto de Marshall (que ya tiene unos cincuenta años) tiene el doble mérito de una argumentación muy bien construida unida a una escritura muy elegante que incluso traducida mantiene ese estilo británico de quien va pensando delante de otros en diálogo con el lector o la audiencia. En medio de la Comisión Meller, de Equidad, resurgió el debate que el texto plantea. Creo que además es un texto útil para el debate sobre el proyecto de protección de derechos, en lo concerniente a los mecanismos para asegurar un mejoramiento de las condiciones de satisfacción de derechos del ámbito social.

El texto del profesor Atria, por otra parte, va a contra corriente del tradicional discurso sobre los DESC con sólidos fundamentos y comparte con el anterior ser referentes para el tema de por qué y en qué forma, consagrar o no derechos sociales.

Fernando Atria Lemaitre. ¿Existen los derechos sociales?
en Discusiones, DOXA, N° 4, Alicante..

CONACE Informe Evaluación Técnica Convenio Conace-Fonasa-Minsal-Sename

2011-08-29T17:47:00.001-03:00

El presente informe contiene los resultados y análisis del proceso de desarrollo de los programas de tratamiento y de la atención en los centros en convenio a lo largo del país,durante el año 2010.La información contenida en este informe, se ha obtenido de las fuentes e instrumentos diseñados para el registro de las acciones administrativas y técnicas destinadas al monitoreo de la gestión del convenio y corresponden a los reportes del Sistema de Información y Gestión SISTRAT, que incluye los datos de las personas atendidas y de los indicadores del proceso terapéutico.

El propósito de este informe es el dar a conocer los resultados y aspectos más relevantes involucrados en el desarrollo del programa de tratamiento en el período comprendido entre enero y diciembre de 2010, con el objeto de evaluar y analizar el cumplimiento de los estándares de la Norma Técnica n° 85 y Orientaciones Técnicas del Programa deTratamiento para Adolescentes con infracción de ley y consumo problemático de alcohol, drogas y otros trastornos de salud mental, con el objetivo de orientar las modificaciones, si corresponde, para el mejoramiento de la calidad de la atención otorgada a los y las adolescentes y la eficacia de la intervenciones en los programas.

Las variables consideradas en este informe se refieren a características de los y las adolescentes atendidos y a los resultados del proceso terapéutico. Se incluye además información relativa a los prestadores en convenio durante el año 2010Conace Informe Evaluacion Tecnica Convenio Conace Fonasa Minsal Sename

Taller con Jean Zermatten, Presidente del Comité de Derechos del Niño de NU, en Derecho UDP

2011-08-25T14:21:00.001-03:00

Miguel Cillero, Director del Programa Justicia de Infancia y Adolescencia, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Diego Portales, organizó un taller con el Presidente del Comité de Derechos del Niño de NU, profesor Jean Zermatten.
Entre los asistentes de Latinoamérica estuvieron Emilio García Méndez -que voló desde Colombia donde fue perito en el Caso Atala-, Egidio Crotti, gran promotor de los derechos del niño en Chile cuando fue el Representante de UNICEF acá y que ahora cumple ese rol en UNICEF Uruguay, Gary Stahl, el actual Representante de UNICEF, el maestro Joao Costa de Saraiva, juez brasileño de adolescencia y niñez de Porto Alegre, Eduardo Rezende, Juez de Adolescencia y Niñez de Sao Paulo, Ricardo Pérez Manrique, magistrado y destacado académico del Uruguay, y presidente de la Asociación Internacional MERCOSUR de Jueces de la Infancia y Juventud, Javier Palummo, abogado uruguayo, consultor internacional en infancia y justicia juvenil, coordinador del Observatorio del Sistema Judicial, Susana Falca, también uruguaya abogada, consultora de UNICEF, y una de quienes ha escrito sobre el tema de la ejecución de la pena juvenil, Dorina López, oficial de UNICEF en República Dominicana, quien apoya también el trabajo en Haití (que por lo que me contó sigue siendo la más dolorosa realidad del continente), Diego Tipán, del Ministerio de Justicia del Ecuador, John Orlando, de Terre des Hommes -Lausanne.

Entre quienes fuimos invitados nacionales estaba la coorganizadora, Marta Maurás, el Jefe de División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, Sebastián Valezuela y la Jefa del Departamento de Menores, Macarena Cortés, el Director Nacional del SENAME, Rolando Melo, y la jefa del Departamento de Justicia Juvenil, Catherine Ríos, Gonzalo Berríos y Alejandro Gómez, por la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría, Eva Curia, de la Unidad especializada del Ministerio Público, Osvaldo Vázquez, psicólogo de Opción, Alejandra mera, investigadora de la UDP, el equipo de Paz Ciudadana, Javiera Blanco, Ana Maria Morales, Javiera Cárcamo y Jorge Varela, y Nicolás Espejo e Ignacio de Ferari, por UNICEF.

Entre las preocupaciones que surgieron en el debate que siguió a la presentación del profesor Zermatten destaco la de Emilio García Méndez, quien planteó la urgencia de la información sobre la cantidad de jóvenes presos en nuestro continente. Carecemos de cifras creíbles. Acogiendo el diagnóstico crítico que expuso Nicolás Espejo sobre la necesidad de guarismos consolidados entre todas las instituciones, "Chile es un lujo", decía, si lo comparamos con la región. En Argentina, para no ir más lejos, no sabemos cuántos niños presos hay. Y ni hablar de claridad sobre la privación de libertad no penal, las internaciones de niños que siguen siendo abundantes en toda la región. Se sostuvo la necesidad de que el Comité pueda avanzar en esa línea de trabajo y que pueda, para esos efectos, contar con el apoyo de la Comisión Interamericana que acaba de hacer un estudio, donde Javier Palummo trabajo, y que se hará público en noviembre de este año.
Asimismo, en lo concerniente al debate entre criterios objetivos o criterios subjetivos para la determinación de sanciones, parafraseando a Churchill sostuvo que "el criterio de proporcionalidad es el peor criterio para determinar sanciones juveniles, con excepción de todos los demás". Enfatizo la estrecha identidad entre los subjetivo y lo meramente discrecional.
Sostuvo la relevancia de la defensa penal afirmando la paradoja que sólo cuando hay buena defensa penal pública nos enteramos que hay mala defensa pública, ejemplificando con el gran trabajo que ha hecho Gonzalo Berríos y la Defensoría chilena. Los esfuerzos, dijo Emilio, que los particulares hemos hecho en materia de defensa, ha buscado estratégicamente aspectos que es el aparato público el encargado de satisfacer con eficiencia el derecho de defensa, no reemplazar al estado. Y una defensa eficiente es una que no tiene "crisis de identidad".
Para finalizar, se explayo sobre la necesidad de trasladar la cultura del debido proceso, con las adecuaciones necesarias al mundo de las medidas de protección.

Agradezco la invitación de Miguel Cillero a esta nutritivo encuentro.

Corte Interamericana de Derechos Humanos: audiencia sobre Caso de la Unidad de Internación Socioeducativa del Estado de Santo Espíritu

2011-08-25T13:51:00.001-03:00

Hoy en la tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá audiencia sobre las medidas provisionales del Asunto de la Unidad de Internación Socioeducativa del Estado de Santo Espíritu.
Esto, debido a la información en cuanto a que se habrían producido diversos hechos de violencia, tales como motines y amenazas de motines, agresiones a adolescentes internados en dicha Unidad, y a lo señalado en informes elaborados por órganos estatales durante el año 2010, los cuales describían “la falta de control de la administración en relación al complejo [como] flagrante [y] la situación de constante estado de rebelión entre los jóvenes” , el 25 de febrero de 2011 la Corte decidió adoptar las presentes medidas provisionales “a fin de evitar hechos de violencia en la Unidad de Internación Socioeducativa, así como los daños a la integridad física, psíquica y moral de los niños y adolescentes allí privados de libertad y de otras personas que se encuentren en dicho establecimiento” .

Como en el caso Atala, es posible seguir la audiencia vía streaming en la página de la Corte

Corte Interamericana de Derechos Humanos Primera sesión Caso Atala Riffo e Hijas v. Estado de Chile

2011-08-23T19:51:00.001-03:00

frontalstudio on livestream.com. Broadcast Live Free

Un rotundo testimonio el de Karen Atala, seguido de brillantes peritos, Juan Carlos Marín y el gran Emilio García MéndezA los alumnos del Postítulo de la U, de Chile desde ya les aviso que este video será material obligatorio.

España: Ejecutivo anuncia Anteproyecto de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia

2011-08-19T11:39:00.000-04:00

Recientemente, el ejecutivo español ha anunciado y hecho público su anteproyecto para reformar la Ley de Protección integral del menor.
Dejo abajo un fragmento del comunicado oficial de La Moncloa, pero quiero destacar, en sintonía con mi presentación del sábado recién pasado en el Foro del PRO, como un novedoso recurso y una intuición compartida, la necesidad de precisar el proceso de búsqueda del interés superior, y, para esto, seguir la experiencia inglesa de la Children Act. No sólo soy yo entonces, quien considera que este es el camino para introducir en nuestro sistema jurídico una herramienta de utilidad sino que el largo trabajo de dos años del ejecutivo español coincide en esa misma dirección. Nada como que otros coincidan con uno.

• Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
• Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares.El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia.Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.

Interés superior del menor
Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar.Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera.ESPAÑA ANTEPROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Foro PRO Derechos de los niños y niñas: Por una Ley de Protección de Derechos del Niño

2011-08-15T18:01:00.024-04:00

El Foro del sábado organizado por el Partido Progresista PRO, fue una muy buena experiencia de diálogo con actores de un partido político en gestación y que están construyendo su posición en diversos temas, uno de ellos, el de los derechos del niño.
Fue un acierto la oportunidad de compartir panel con David Ordenes, de La Caleta, quien lleva muchos años en el trabajo de base con niñez, y que en los últimos años se ha comprometido en el desafiante trabajo de la participación infantil. David lidera la Campaña Movilizándonos, por una Ley de derechos del Niño. Agradezco a la organizadora del encuentro Madeleine Kohnenkampf y a la moderadora del panel, Alejandra Bottinelli. Fue también muy emocionante conocer la experiencia de trabajo de reparación a través del teatro que realiza ONG Raíces y que presentó Iria Retuerto junto a la actriz Claudia Pérez.
Lo he dicho otras veces públicamente. el trabajo de Raíces es pionero en nuestro país y está a la vanguardia en América Latina.

Como es costumbre dejo aquí la presentación que expuse el sábado.

Francisco Estrada ideas centrales para un proyecto de proteccion de derechos niño

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Video aquí

Foro del PRO sobre Los derechos de los niños y niñas

2011-08-10T19:21:00.003-04:00

El Partido Progresista ha organizado un Foro para este sábado sobre Políticas de Infancia, y ha tenido la gentileza de invitado como panelista.
El Foro se llevará a cabo el 13 de agosto de 10.00 a 13.00 hrs. en la sede del Partido ubicada en Avda. Salvador #1029, comuna de Providencia.

PROGRAMA:
10.00 Acreditación
10.20 Video y Presentación: Madeleine Kohnenkampf
10.30 Panel: “PRO derechos de niños y niñas. Otra política de Infancia”
Francisco Estrada (ex director Sename)
Kathy Muñoz (psicóloga, Directora Centro Infant Juvenil El Trampolin, Maipú).
David Órdenes (Movilizándonos. Por una cultura integral de derechos)
Alejandro Hernández (Coordinador Agrupación de Ayuda Voluntaria- ADAVCHILE)
Modera: Alejandra Bottinelli
12.30: La experiencia del Teatro reparatorio. Claudia Pérez e Iria Retuerto
13.30. Café y cierre

Inscripciones Aquí

Curso Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile: Actualización en intervención con adolescentes infractores de ley penal.. Profesores D. Mettifogo y F. Estrada

2011-08-08T14:42:00.000-04:00

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile ofrece el siguiente Curso de Postítulo en que soy docente y al que los invito a incorporarse:

Es del 20 de Agosto al 10 de Diciembre de 2011, los sábados de 09:30 hrs a 13:30 hrs

Está dirigido a Jueces, Abogados, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Sociólogos, Antropólogos, profesores, y en general a profesionales interesados en la intervención con adolescentes infractores de ley penal

Tiene como objetivo entregar elementos actualizados y sistemáticos sobre los principales avances en la experiencia comparada de estrategias consideradas como exitosas, en la intervención con adolescentes infractores de ley penal.

Inscripciones en FACSO, Universidad de Chile, descargando esta Ficha

Curso Intervencion Adolescentes Infractores ESTRADA METTIFOGO

La tragedia y la comedia de nuestra policía. Mi columna de hoy en El Post

2011-08-05T15:54:00.002-04:00

Mi columna de hoy en El Post:

Este 4 de agosto, Carabineros de Chile, en un inmenso esfuerzo por contradecir a Marx en su idea de que la historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como comedia, nos ofreció en un mismo día (¡toma Carlitos!) el espectáculo en toda su extensión.

A las 11:00 de la mañana el despliegue de fuerzas especiales, bastante ordinarias por cierto, era abrumador, desproporcionado y evidentemente afectó el funcionamiento de la ciudad más que lo que la peor de las protestas pudo lograr.

Mientras tanto, en otra esquina de la ciudad -específicamente en El Bosque-, un ex uniformado de apellido Ripetti, se refugiaba semidesnudo en su camioneta ante la exasperante delicadeza de sus ex compañeros de oficio que lo rodeaban para gritarle. El propio jefe de la Prefectura Sur de Carabineros, coronel Marcelo Valdebenito, tuvo que presentarse para poner "paños fríos", dijo la prensa. “El oficial dialogó con Ripetti, aceptó que se vistiera (su esposa le llevó ropa), y que siguiera su viaje. Al final, sólo fue multado por no respetar la luz roja.” No es The Clinic sino El Mercurio el que relata el episodio.

Todos vimos en televisión la elegante gentileza y el tiempo que le dedicó un coronel -en un día de no poco trabajo- a un asunto muy, pero muy menor, pero que afectaba a un ex uniformado. Me impresionó el trato diplomático con que dialogaban, sin atreverse siquiera a forzar el vehículo de un sujeto que los forzó a un operativo en que se involucró a numerosos efectivos. Por momento pensé que era una perfomance en homenaje al fallecido Hightower (Buba Smith) de “Locademia de Policía”.

En cambio, no todos vimos en televisión los manoseos humillantes, la prepotencia y la violencia con que tomaban las mochilas de cualquier escolar para revisarlo, gritonearlo y empujarlo. No hablo del fragor del combate -uno para el que deberían estar preparados y actuar con la frialdad de un profesional- sino del que observé en Providencia, con escolares que miraban, y -quizá, quién sabe- esperaban para entrar a la acción, pero que en ese momento no hacían nada que la ley contemple como supuesto para el control policial. No todos vimos el disparo de lacrimógenas por doquier, el uso de caballos como armas, el sinsentido de la fuerza absolutamente disociada de cualquier análisis estratégico. Algunos canales transmitieron, desde una cómoda distancia, las borrosas sombras de una tragedia.

Estos paréntesis de legalidad los hemos vivido en el pasado y, como tantos, imaginaba que sólo los volveríamos a ver en las series de televisión que los recuerdan y no en los noticiarios o en las calles. La policía no se manda sola –por lo menos, no debiera- y hay un indudable error de manejo político detrás de lo que pasó ayer. Y ese error se agrava cuando la policía actúa de forma abusiva... después de tantos años presenciando esto, nunca me queda claro si hay un propósito o es simplemente infinita torpeza.

Lo de Rippeti rodeado por el diplomático coronel, me hace temer que, tras la tragedia del inmenso abuso policial con los estudiantes, hay una comedia de errores, de formación, selección y dirección en nuestra policía uniformada.

Gonzalo Berríos: “La Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”, en Revista Política Criminal

2011-08-02T18:39:00.007-04:00

Gonzalo Berríos ha publicado en el último número de la prestigiosa revista electrónica Política Criminal, un interesantísimo artículo en que a partir de la experiencia de estos cuatro años, el autor analiza la aplicación de la Ley de responsabilidad penal del adolescente en relación con los objetivos que ésta debe alcanzar en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. El paper identifica y define dichos objetivos, p. ej., la diferenciación de la justicia juvenil frente a la de adultos, el privilegio de la desjudicialización y el carácter excepcional de la privación de libertad, los que posteriormente son contrastados con la información producida a su respecto.
Para ello, el trabajo realiza una amplia revisión y sistematización de diversos informes, estudios y estadísticas, entregando una mirada global acerca del funcionamiento real del sistema de justicia penal para adolescentes.

Gonzalo Berríos Díaz es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales. Es profesor de derecho penal juvenil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, colaborador permanente del Centro de Estudios de la Justicia de dicha Facultad y, además, profesor del Magíster en Derecho Penal de la Universidad Central. Fue Jefe del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia y participó activamente en la tramitación legislativa de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente e integró la Comisión de Expertos para el seguimiento y evaluación de la puesta en marcha de la misma. Actualmente es director de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la DPP.

Ha publicado otros trabajos y columnas y sus artículos son parte de la bibliografía latinoamericana indispensable sobre justicia juvenil. Entre estas publicaciones destacan:
- “El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes”
- "Derechos de los adolescentes y actividad persecutoria previa al control judicial de la detención"

BERRIOS Gonzalo La Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente como sistema de justicia: análisis y propue...

Joan Petersilia. entrevistada en "Atreverse a fracasar"

2011-07-27T11:32:00.012-04:00

"Joan Petersilia es profesora de Derecho en Stanford (uno de sus cursos es Justicia juvenil y justicia penal), ex presidenta de la Sociedad Americana de Criminología, codirectora del Centro de Justicia Criminal de Stanford y autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la justicia criminal. Sus intereses de investigación incluyen incluyen el diseño y reproducción de experimentos aleatorios, principalmente en establecimientos penitenciarios, y fomentar el uso del conocimiento científico en ambientes políticos.

Ud. ha estado involucrada en esfuerzos de reforma de la justicia criminal en los últimos treinta años, ¿Estos esfuerzos han sido un éxito o un fracaso?
He visto de ambos en distintos momentos. Creo que la pregunta que nos hemos estado haciendo en los últimos treinta años permanece siendo la misma: ¿es posible crear sanciones y programas en medio libre (“community-based sanctions”) que compitan filosófica y operativamente con las instituciones carcelarias.
Estuve involucrada con el movimiento de sanciones intermedias de los años 70’s y 80’s, donde estábamos muy entusiasmados con el potencial de las sanciones en medio libre como alternativas a la prisión. Pero en cierto modo, hemos perdido ese argumento en la medida que la población carcelaria se ha disparado. Ahora, como nación, nos hemos movido a mirar lo que pasa cuando alguien sale de la cárcel, el movimiento de reingreso, de reinserción de presos. Para mí, siguen siendo básicamente los mismos problemas prácticos y filosóficos, involucrando los mismos argumentos y casi exactamente las mismas personas. Vistos estos 30 años a la distancia, no creo que hayamos fallado, porque la energía y el impulso de todo el movimiento de reinserción de presos, procede en parte de nuestro moderado éxito en cambiar la conversación acerca de las cárceles en la década de 1980. Por otro lado, creo que es razonable preguntarse qué tanto hemos tenido éxito en reducir la dependencia de Estados Unidos del encarcelamiento, a pesar de nuestras buenas intenciones.

¿Por qué los esfuerzos de reforma de la justicia penal tienden a seguir un círculo donde el optimismo inicial es seguido por la desilusión y, luego, el abandono de los esfuerzos de cambio?
Hay una larga historia de promesas de más y de entregar menos de lo esperado que ha contribuido a que el péndulo oscile constantemente en las prácticas de castigo.
No hay nada en nuestra historia de más de 100 años de la reforma que diga que sabemos cómo reducir la reincidencia en más de un 15 o un 20 por ciento. Y para lograr esos resultados más bien modestos, usted tiene que hacer todo bien: tener el personal idóneo, cumplir con el programa diseñado, en el momento adecuado en la vida del infractor, y en un ambiente comunitario de apoyo. Debemos ser más honestos acerca de eso, y mi sensación es que no se ha sido más abierto acerca de eso, porque hemos asumido que no podríamos ganar el apoyo del público con resultados más bien modestos.
Yo fui algo ingenua acerca del impacto que las sanciones intermedias podrían tener sobre la confianza en la cárcel, y he llegado a ser mucho más realista acerca del éxito que podemos tener, y de cuál será el costo financiero. No es que no podamos ofrecer programas efectivos, sino que, por lo general, no hacen las bases de ejecución ni de fondos suficientemente. El campo está ensuciado de promesas incumplidas en este sentido, y estoy tratando de no cometer el mismo error en torno a programas de reinserción. En California, me he hecho el hábito de decirles a los funcionarios electos y los equipos profesionales de las cárceles que, en el corto plazo, no es posible ofrecer buenos programas y ahorrar dinero al mismo tiempo. Siento que he sido capaz de vender expectativas más modestas en California, pero no estoy seguro si funciona en otros estados. Se necesita mucha educación y de un trabajo en estrecha colaboración con los tomadores de decisiones, pero vale la pena.

¿Cuál estima Ud. el legado de la famosa declaración de Martinson del ’74 de que “nada funciona” para rehabilitar delincuentes?
Desde una perspectiva política, fue negativa, porque le quitó piso a todos los que querían ofrecer programas de rehabilitación a infractores. Pero desde una perspectiva científica, fue increíblemente positiva, porque hizo que la gente se enfocará en la evaluación y la medida del desempeño, en recopilar y analizar más rigurosamente información y en implementar experimentos aleatorios.
No creo que la ciencia de la criminología y la evaluación de la justicia criminal estarían dónde hoy están sin la negativa evaluación de Martinson sobre los programas de rehabilitación. La información ahora apoya el mantra de que “algunas cosas funcionan, para algunas personas, durante un tiempo y en algunos lugares”. No es tan pegajoso como el “nada funciona” o “todo funciona” pero es un entendimiento más cierto y más matizado de la rehabilitación y quizá se lo debemos a Martinson.
Martinson también era muy bueno en promover su trabajo. ¿Hay también allí una lección para los investigadores?
Si. Martinson era un tipo interesante. Era sólo un asistente de investigación en el proyecto original de Nueva York, pero él era un actor frustrado, tenía una personalidad muy atractiva, y eventualmente se convirtió en el rostro público del estudio, apareció en el programa “60 minutos” y realizó presentaciones en todo el país. Creo que él es la razón de que la "historia tuviera piernas" (se difundiera). Soy una firme creyente de que ninguna buena investigación puede quedarse pegada en los estantes, y que tenemos que pasar mucho tiempo traduciendo los resultados de la investigación y presentando sus implicaciones políticas ante los tomadores de decisiones. Paso mucho de mi tiempo haciendo eso y es probablemente la parte más gratificante de mi carrera.

Hablando de Martinson, ¿cual fue su reacción al estudio del 2005 del Urban Institute titulado “¿Funciona la libertad condicional?” que se respondía la pregunta de modo general negativamente?
La reacción en el terreno al estudio fue defensiva, pero comprensiblemente ya que para todos los operadores que, estado tras estado, hacen un buen trabajo, tuvieron que parar para defender los que estaba haciendo después que el estudio saliera. Sin embargo, creo que los investigadores del Urban Institute hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron para trabajar. Ellos utilizaron información nacional de la Oficina de Estadísticas de Justicia, lo que hacía realmente difícil de contestar la pregunta de si la libertad condicional funciona en un estado, en particular. Pero es la información que existe actualmente y es absolutamente la pregunta correcta a hacerse. Al igual que con Martinson, el estudio del Urban Institute y la publicidad que lo ha rodeado, ha obligado al campo a producir mejor información para contrarrestar los resultados negativos. Por ejemplo, acabo de recibir un artículo que revisa más específicamente los resultados de la libertad condicional en Nueva Jersey. Yo apoyé el estudio del Urban Institute, ya que hizo lo mejor con los datos que estaban ahí y terminó llevando la conversación en una dirección positiva.

¿Cómo ve el movimiento por la reinserción en la siguiente década más o menos?
Las condiciones sobre el terreno están cambiando. El movimiento por la reinserción se afianzó en un período con tasas de criminalidad declinando y una economía en alza. Ahora encaramos una situación distinta. Puedo imaginar que el público será menos generoso con el financiamiento, lo que trae malos presagios para la expansión de servicios de reinserción.
Por otro lado, los problemas presupuestarios que los estados están pasando pueden proporcionar un importante impulso para el cambio. Si California no hubiera enfrentado un déficit presupuestario de $ 15 mil millones, no habría modo de que hubiera sido capaz de introducir algunas de las reformas recientemente hemos considerado. Por último, me siento optimista sobre cómo el movimiento de reinserción se ha enmarcado. La atención se centra no sólo en la rehabilitación, lo cual es importante. Sino que el movimiento por la reinserción no sólo prioriza las necesidades del infractor por los servicios, sino que también da prioridad a la seguridad pública. Como tal, tiene un componente mucho más amplio política y comunitariamente. En última instancia, sin embargo, no tengo una bola de cristal. Podríamos tener otra década de mejora de los programas y políticas carcelarias, o podríamos ver el movimiento pendular de regreso a políticas más restrictivas de prisión y de libertad condicional"

Esta entrevista es parte del estupendo libro Atreverse a fracasar (Daring to fail), del Center for Court Innovation. La traducción es de mi responsabilidad y los derechos le pertenecen.al CCI

La Vicaría de la Solidaridad: los que no salen en la foto

2011-07-21T10:23:00.007-04:00

Como pide Andrea Palet, hija del gran Enrique Palet (secretario ejecutivo por muchos años de la Vicaría), cuando hoy nos emocionemos con la serie "Los archivos del Cardenal", pensemos, recordemos no a los abogados sino a los juniors, las secretarias, los gallos de la puerta, que arriesgaron su vida por años y nunca salen en la foto.
Una vez saque la cuenta la de abogados que aseguran haber sido de la Vicaría y era como los que estuvieron en el Maracanazo. No hay abogado hoy en día, salvas las excepciones imaginables, que no asegure haber tenido alguna causa de derechos humanos.
Esos años son, sin ninguna duda, el punto alto en la historia de la Iglesia chilena.
El sitio memoricachilena.cl, de la DIBAM, digitalizó documentos y abrió un archivo con mucha documentación dela Vicaría en www.archivovicaria.cl

Todos quienes trabajamos hoy en algún ámbito de los derecho humanos miramos con orgullo a quienes nos antecedieron en el momento más difícil de nuestra historia y tratamos en la medida de nuestras posibilidades, de estar a la altura, de esos hombre y mujeres que en distintos puestos y ciudades, con distintos credos y militancias, acogieron el llamado de l Iglesia a hacer carne, realidad la parábola del buen samaritano..

VS0000091

Gonzalez Vicaria Solid Arid Ad El Depart Amen To Juridico

VII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia 2011

2011-07-20T09:52:00.000-04:00

Se invita a investigadores y académicos nacionales y extranjeros a presentar trabajos inéditos de investigación en el:
VII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia que se realizará los días 13 y 14 de septiembre de 2011, en Santiago, Chile.

Los objetivos del encuentro son fomentar la creación y difundir el conocimiento empírico sobre la violencia y la delincuencia tanto a nivel nacional como internacional y enriquecer el acervo de información existente sobre el cual basar políticas públicas eficaces en la reducción de estos problemas. Las áreas de contenido incluyen cualquier tema relacionado con la violencia y la delincuencia, su prevención o su control, y que contenga información empírica.

Una selección de los trabajos será publicada en las actas del congreso.

La fecha de cierre para el envío de los resúmenes es el jueves 4 de agosto de 2011.

Más información en páginas web de las instituciones convocantes o en el teléfono 3633800.

Consultas a: Jorge Varela, investigador de Fundación Paz Ciudadana, email: jvarela@pazciudadana.cl

Bases y ficha de inscripción al final de la página.

Organizan:

• Fundación Paz Ciudadana

• Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile

• Universidad Alberto Hurtado

• Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

• Centro de Análisis y Modelamiento de la Seguridad (CEAMOS)

• Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile

• Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo

• Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales

Presentación: "Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal

2011-07-15T10:00:00.000-04:00

Presentación de Javiera Cárcamo y Hermann Schwaderer, investigadores de Paz Ciudadana, en el Taller: “Prevención, Riesgo y Evidencia Empírica en la Justicia Penal Adolescente” organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales con el patrocinio de UNICEF, CEJA y Fundación Paz Ciudadana y realizado en Santiago el 13 de junio de 2011.

A cuatro años de la entrada en vigencia de la ley Nº20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, participó esta tarde en el taller de trabajo sobre “Prevención, Riesgo y Evidencia Empírica en la Justicia Penal Adolescente”, organizado por el Programa de Justicia de Infancia y Adolescencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

La actividad –patrocinada por Fundación Paz Ciudadana, UNICEF y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)- tuvo por objeto debatir sobre los alcances teóricos y prácticos de los modelos de riesgo, necesidades y capacidad de respuesta en la justicia penal de adolescentes en Chile.
En el taller participaron académicos e investigadores especialistas que deliberaron sobre las investigaciones desarrolladas en Chile sobre el tema.

Presidió la instancia, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Juan Enrique Vargas, y el Director del Programa de Justicia de Infancia y Adolescencia de esa casa de estudios, Miguel Cillero.
En la oportunidad, Fundación Paz Ciudadana presentó el estudio “Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal”. La directora del área Justicia y Reinserción de la Fundación, Ana María Morales, junto a la investigadora y socióloga, Javiera Cárcamo, aclararon consultas de los expertos.
Asimismo, Ricardo Pérez Luco, del Departamento de Psicología de la Universidad de La Frontera, expuso “Evaluación de riesgo de reincidencia en adolescentes: antecedentes teóricos y evidencia acumulada”.

BLANCO Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal

COSTA SARAIVA, JOAO El Perfil Del Juez en El Nuevo Derecho de La Infancia y Adolescencia

2011-07-13T11:02:00.006-04:00

Joao Batista Costa Saraiva, Juez del Tribunal de Infancia y Juventud de Santo Angelo, en Rio Grande do Sul. Licenciado por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Se desempeñó como Juez del Tribunal de Ejecución de medidas educativas en Porto Alegre entre 1991 y 1994. En el Poder Judicial desde 1984, fue Fiscal de Distrito. Es una de las voces más reconocidas en Latinoamérica en relación al rol del juez y el nuevo derecho de infancia y la justicia juvenil.
Siempre es bueno releer uno de sus textos clásicos y revisar una presentación del destacado juez, que les que dejo aquí.
Actualización: He añadido también tres ejemplares de una notable revista que saca desde el tribunal juvenil de Rio Grande do Sol.
Les invito a seguir su blog linkeando aquí.

COSTA SARAIVA, JOAO El Perfil Del Juez en El Nuevo Derecho de La Infancia y Adolescencia

Responsabilidade penal-do-adolescente

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Juizado da Infância e Juventude Rio Grande do Sul 2011

Juizado da Infância e Juventude Rio Grande do Sol 2010 Junio

Juizado da Infância e Juventude Rio Grande Do Sol 2009 Dic

Instructivo RADDE Recomendaciones a los estudiantes movilizados

2011-07-11T14:50:00.002-04:00

Instructivo RADDE Recomendaciones a los estudiantes movilizados

Dossier de Estudios sobre Reincidencia

2011-07-08T15:41:00.004-04:00

Dejo aquí un dossier de los trabajos más relevantes en el área del estudio de la reincidencia juvenil:

Reincidencia delictiva en Menores Infractores de la Comunidad de Madrid: evaluación, características delict...

BRAVO, SIERRA y DEL VALLE Evaluación de resultados de la ley de responsabilidad penal de menores.

CAPDEVILA, FERRER Y LUQUE La reincidencia en el delito en just de menores Cataluña 2005

San Juan Ocariz y de La Cuesta Evaluación de las medidas en medio abierto del Plan de Justicia Juvenil de l...

PAZ CIUDADANA Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal

RECHEA y FERNANDEZ (2000) Impacto de La Nueva Ley Penal Juvenil en Castilla La Mancha

MARTINSON What Works Questions and Answers About Prison Reform

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

SOLOMON, KACHNOWSKI & BHATI Does Parole Work Analyzing the Impact of Post Prison Supervision on Rearres...

State of Recidivism the Revolving Door of America's Prisons

Rodríguez y Becedoniz Comp El menor infractor. Posicionamiento y realidades

Lovera y Contesse: Protestas y derecho

2011-06-29T16:49:00.000-04:00

"Los profesores Corral y Silva, preocupados por los excesos cometidos durante las últimas protestas, señalaron en este espacio que es hora de respaldar con firmeza el reguardo del orden público, haciendo recaer parcialmente en los convocantes de las marchas la responsabilidad por los daños y que éstos tomen medidas para que sus actos no devengan en barbarie.

Ellos están en lo correcto cuando citan el derecho a expresarse como fundamento jurídico de las manifestaciones que por estos días se ven en las calles, pero sus conclusiones parecen olvidar la premisa. Protestar es una forma constitucionalmente protegida de expresión. Y como tal, los estándares para su regulación son muy elevados. Desde luego no es un derecho absoluto -ni el derecho a la vida lo es-, aunque es probable que ni Corral ni Silva objetarían lo "costoso" que resulta muchas veces el ejercicio del derecho a la vida como un argumento para limitarlo.

En el derecho comparado e internacional, las restricciones al derecho a protestar deben estar establecidas por ley -en Chile lo están por un decreto emanado de la dictadura militar la cual tenía severa aversión a las manifestaciones públicas-. Además deben ser razonables, encaminadas a lograr el objetivo y, en caso de afectar derechos constitucionales, como ocurre con el derecho a manifestarse, deben ser necesarias. Es decir, de todas las medidas que el Estado implemente, deben evaluarse como constitucionales aquellas que, limitando el derecho en cuestión, lo hagan en la menor medida posible.

Si bien es evidente que la agresión física a policías o particulares no está amparada por este derecho, no es claro, como lo piensan Corral y Silva, que la libre circulación sea un derecho que derrote a todo evento el derecho a protestar. No debe olvidarse que quienes se manifiestan buscan llamar la atención de la autoridad y los demás ciudadanos precisamente porque han sido relegados. Es molesto que a uno le interrumpan el tránsito, pero también lo es que una demanda social sea persistentemente desatendida.

¿Puede atribuirse el resguardo del orden público a los organizadores? No. Si el Estado reclama la seguridad pública como un interés legítimo de ser satisfecho, ¿por qué habría de endosar dicha responsabilidad a los convocantes? Y si así fuera, ¿qué herramientas tendrían estos a su favor? Cuando Carabineros hostiga a manifestantes gatillando los desórdenes -esto no es una hipótesis-, ¿podrían los organizadores actuar para impedir que las mismas fuerzas policiales quebranten la seguridad?

Los autores reclaman razones y, sin embargo, parecen escribir desde las emociones. La prohibición de la protesta requiere de un examen delicado de constitucionalidad para permitir la intervención del Estado y no, como afirman, porque "podrían generarse actos más violentos".
Más que mirar la forma en que sancionan los desmanes lo que ellos llaman "países civilizados", cabría preguntarse qué hace que entre nosotros exista tal nivel de desafección social."

por Jorge Contesse y Domingo Lovera, investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Diego Portales

Avanza nuevo Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño sobre Mecanismo de quejas individuales

2011-06-28T17:18:00.004-04:00

El Consejo de Derechos Humanos ha adoptado el proyecto final de protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones para las violaciones a los derechos del niño elaborado por un grupo de trabajo intergubernamental durante diez días en diciembre de 2010 y febrero de 2011.

Esto significa que, muy probablemente, a fin de año, existirá un nuevo protocolo facultativo, y deberemos iniciar campañas para que los estados firmen y ratifiquen el Protocolo.

El nuevo protocolo permitirá que el Comité sobre los Derechos del Niño pueda examinar comunicaciones de los niños y sus representantes, alegando violaciones de sus derechos.

"Sólo podemos aplaudir esta decisión", dijo Anita Goh, responsable de abogacía del grupo de ONG para la CDN, coordinadora de la campaña internacional por el nuevo mecanismo, "a pesar de algunas lamentables omisiones en el texto final, como la supresión del procedimiento de comunicación colectiva , esta es una oportunidad única para traducir en derecho internacional los compromisos de los Estados para proteger y respetar los derechos de los niños. "

El Consejo de Derechos Humanos pidió al Grupo intergubernamental en Junio de 2009 "explorar la posibilidad" de la redacción de este nuevo Protocolo Facultativo. En Marzo de 2010, el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo para un máximo de diez días para elaborar un protocolo facultativo.

"El nuevo Protocolo envía una señal fuerte de parte de la comunidad internacional de que los niños también son titulares de derechos y que tienen derecho a quejarse a nivel internacional cuando no hay recursos efectivos disponibles para ellos en su país", dijo la señorita Goh, "Vamos a continuar nuestro trabajo para asegurar que el texto final sea adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas este otoño, y esperamos el comienzo de una nueva campaña para la ratificación ".

El proyecto final de protocolo facultativo será transmitido a la Asamblea General de la ONU para su aprobación definitiva en diciembre de 2011.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el único tratado internacional de derechos humanos que no tiene un procedimiento de comunicaciones.
Una coalición de más de 80 ONGs, internacionales y nacionales, con el apoyo de más de 600 organizaciones en todas las regiones, ha estado presionando para la creación de este nuevo mecanismo desde el año 2006. La coalición está encabezada por Sara Austin (Visión Mundial) y Peter Newell (Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal Hacia los Niños) y coordinado por Anita Goh (Grupo de ONG para la CDN).
Un procedimiento de quejas o de "comunicaciones" permite que los individuos, grupos o sus representantes, alegando que sus derechos han sido violados por un Estado que es parte de la Convención, presenten una comunicación ante el Comité competente de la ONU, siempre que el Estado haya aceptado el procedimiento.

Proyecto de Protocolo Facultativo de La CDN Para Establecer Un Procedimiento de Comunicaciones

Criminología y Justicia: nuevos artículos de interés

2011-06-24T10:41:00.000-04:00

Mentiras y verdades sobre los menores delincuentes
por Tomás Montero

El presente y futuro de la Victimología: ciencia, Filosofía y prevención
por Wael Hikal

Inflitrados
por José Manuel Servera

La investigación psicológica del delito: introducción
por Juan Enrique Soto Castro

1,1 millones de niños privados de libertad en el mundo

2011-06-21T16:41:00.002-04:00

"UNICEF realizó una estimación mundial del número de niños internados en el bienio 2007-2008 y calculó que, en cualquier momento, había más de 1,1 millones de niños recluidos en los sistemas judiciales a nivel mundial, aunque probablemente se trataba de una subestimación grosera, dadas las dificultades para obtener datos acerca de los muchos casos no declarados de niños internados"

en Los niños, los jóvenes y la delincuencia, Informe para el 12° Congreso Mundial de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal

Los niños, los jóvenes y la delincuencia

Taller de Breakdance en SERPAJ Chile

2011-06-21T14:25:00.003-04:00

Magister en Derecho, Universidad Diego Portales

2011-06-20T11:29:00.003-04:00

Creo que los Magister en Derecho en la U. Diego Portales, entre varios de sus méritos, destacan por poner en contacto al alumno con profesores que están embarcados en investigaciones de primer nivel.
Jaime Couso, Mauricio Duce, Carlos Pizarro, Iñigo de la Maza, Domingo Lovera, por hablar de los trabajos que conozco más cercanamente, están llevando adelante investigaciones de relevancia, singulares y con altos estándares, en distintas materias de derecho.
Ser parte de esa comunidad representa acceder un nivel de crítica jurídica que, lamentablemente, nuestra comunidad desconoce, por regla general. Tuve la oportunidad de cursar el Magister de Derecho de Infancia y Familia y fue un gran ocasión de revisar temas de un amplio espectro, desde constitucionales hasta educacionales, desde psicología hasta derecho penal adolescente. La corrección de trabajos y tesis fue un momento de diálogo académico muy intenso y las clases evidenciaban una aproximación al derecho como un fenómeno vivo, con valores y principios que informaban las letras que conformaban las normas jurídicas que estudiábamos. Y, por cierto, la cercanía en el trato con los profesores permitía un amplio debate en las clases.
Recomiendo ampliamente a los lectores de este blog tomar uno de estos magister.

Excelente Carta de mi ex jefe, don Luis Bates: Lenguaje jurídico ciudadano

2011-06-17T16:59:00.001-04:00

"Viernes 17 de Junio de 2011

Señor Director:

El lenguaje jurídico claro y comprensible para todos -es decir, ciudadano- es un desafío político relacionado con las necesidades de las personas y, finalmente, con la calidad de la democracia. Comprende múltiples aspectos, como el lenguaje con que se escriben las leyes, las sentencias judiciales, las comunicaciones de los órganos públicos con los usuarios de sus servicios y el que se usa en ciertos contratos en el ámbito privado, incomprensible en todos ellos para gran parte de la ciudadanía. Tiene alcances en el bienestar material de las personas y en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, como sujetos y no objetos de derecho.

Casos como el de La Polar en Chile y el de Enron en EE.UU. revistenn entre sus múltiples causas, un componente poco percibido: la falta de claridad y transparencia del lenguaje con que se expresa la documentación que respalda los productos financieros y crediticios que se ofrecen al mercado bajo el cual se desarrollan abusos, corruptelas, ocultamiento de verdades y manipulación de ganancias.

El lenguaje con que se escriben las leyes, por ejemplo, es ajeno a quienes deben obedecerlas, en circunstancias de que la ley prohíbe alegar su ignorancia y lo ordenado por ella debe cumplirse incluso forzadamente. Desde otro punto de vista, el proverbial lenguaje técnico legal de los procedimientos y las sentencias judiciales, especialmente aquellas asociadas a los derechos fundamentales de la persona humana, pueden afectar el principio de seguridad jurídica, infringir normas constitucionales como el debido proceso y hacer perder para la ciudadanía sus contenidos educativos y, con ello, la posibilidad de vivir y compartir los valores que sustentan la Constitución y las leyes. Otro tanto ocurre con el lenguaje que se usa en las comunicaciones de los funcionarios de la Administración del Estado para con los usuarios de sus servicios a quienes por mandato constitucional deben servir en el contexto de legalidad a que están sometidos los ciudadanos y los poderes públicos particularmente a partir de la ley de acceso a la información pública.

En el ámbito privado, el lenguaje con que se escriben, por ejemplo, los contratos de salud, seguros, fondos de inversión, consumos y otros de la industria financiera y bancaria son igualmente de difícil comprensión para el ciudadano común.
La necesidad de humanizar el lenguaje técnico-jurídico para que se acerque "traducido" a las necesidades de la vida cotidiana de las personas exige integración de conocimientos de diversas disciplinas y la contribución de órganos públicos y privados. Se trata de un tema de indudable dimensión política, porque tiene que ver con la manera como funcionarios, jueces y gobernantes conciben su misión de representar a los ciudadanos y la función que en sus vidas y en el interés general del país desempeña el derecho.

Luis Bates
Director Centro de Educación Ciudadana Universidad San Sebastián"

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

2011-06-16T16:47:00.003-04:00

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

2011-06-15T16:48:00.001-04:00

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

Ronald P. Corbett sobre el fracaso en la justicia criminal

2011-06-10T15:46:00.003-04:00

"¿Es la admisión de fracaso un problema particular en materia de justicia penal?

Sí, y mucho. Hasta hace poco, no existía ni un vocabulario para discutir el éxito o el fracaso. Recuerdo cuando, hace más de una década, pedí, en una habitación llena de administradores de programas de libertad condicional, que levantaran la mano los que supieran sus tasas de reincidencia . No muchas manos se levantaron. Entonces pregunté si sabían el número de horas de servicio comunitario realizado efectivamente el año anterior. Muchos administradores podría decir el número de horas que se le habían asignado, pero no el número que se había completado en realidad. El éxito en ese momento se definía como no salir en las noticias y no ser una vergüenza para sus jefes"

¿Qué lecciones ha aprendido del fracaso?
Creo que la lección más importante que he aprendido es que subestimamos la dificultad de cambiar el statu quo. Estuve involucrado en un programa de supervisión intensiva de libertad condicional en 1980 donde subestimamos completamente el problema de fidelidad al programa. Uno de los colaboradores en la investigación más tarde escribió un artículo que tituló "Doblando el granito."
Se necesita mucho más que planificación para crear las condiciones adecuadas en el terreno para un nuevo programa."

"Daring to fail", Center for Court Innovation

Ronald P. Corbett es Director Ejecutivo de la Corte Suprema de Massachusetts, donde
coordina la administración del día a día de los Tribunales de Justicia. El Dr. Corbett Anteriormente se desempeñó como Segundo Comisionado Adjunto del Departamento de Libertad Condicional del estado de Massachusetts. Es graduado por la Universidad de Harvard (B.A.) y por la Universidad de Northeastern.

Larry Sherman: Cómo la criminología puede salvar a los estados de la bancarrota

2011-06-08T14:21:00.000-04:00

Larry Sherman How Criminology Can Save the States from Bankruptcy

View more presentations from Francisco Estrada

Entrevistado por Tomás Montero para medio español: "“Sin el compromiso de su equipo directivo, no es posible emprender transformaciones en los procesos de intervención"

2011-06-06T14:08:00.007-04:00

Tomás Montero, jurista español y amigo, me entrevistó para el diario criminológico español Criminología y Justicia. Tomás es generoso en sus palabras y le agradezco la posibilidad de dialogar.

"Francisco Estrada es una de las personalidades de mayor prestigio en Chile en el mundo de la justicia penal adolescente, a la que ha dedicado gran parte de su carrera profesional. Conocido, respetado y apreciado, ha sabido siempre anteponer el desempeño profesional a las ideologías políticas, sin necesidad de esconder sus ideales, lo que hizo que el vigente gobierno le nombrara Director del Sename, puesto en el que permaneció durante ocho meses.

Pregunta. Francisco, ocho meses no dan para mucho, pero supongo que algunos proyectos se pondrían en marcha. ¿Cuál de todos fue el que más le hubiera gustado concluir?

Respuesta. Un sistema de gestión de los procesos de intervención en los casos más críticos en el país. Comenzamos en el área de protección y no alcanzamos a llegar a incorporar casos del área de justicia juvenil sino sólo monitorear casos en términos de seguridad.

Lo que aprendimos de los casos que gestionamos es que estos casos críticos requieren el compromiso directo y diario de toda la institución. Yo recibía dos reportes diarios de los encargados de casos en los centros, con copia al jefe técnico y director de centro, al supervisor y director regional, a los responsables en el nivel nacional de los centros y a mi gabinete. Con base a estos mails se armaban conversaciones diarias en las que intervenían unas 20 personas. No todas hablando pero todas enteradas al mismo tiempo de en qué iban esos casos críticos y qué se requería de apoyo. Y el apoyo iba desde cuestiones logísticas (más recursos humanos, apurar trámites de suplencias, vehículos, etc.) hasta segundas miradas en el proceso de intervención. Sin ese apoyo pluriestamental, estoy seguro que el peso que se echa encima de los educadores y encargados de caso es inmenso. Todos los actores responsables de decisiones en un servicio como Sename, debemos compartir ese peso en nuestros hombros.

Los casos críticos requieren, a veces, recursos adicionales, pero sobre todo, requieren hacer sentir con hechos, al equipo interventor, que estamos con ellos en sus avances y retrocesos diarios. Que estamos dispuestos a compartir el peso de decisiones difíciles y no los vamos a crucificar por ellas.

En un Estado como el chileno, donde hay una inercia muy fuerte en el aparato administrativo, sin el compromiso de su equipo directivo, no es posible emprender transformaciones en los procesos de intervención que es el principal giro de un servicio como Sename.

P. Hablar de la administración cuando se ha abandonado recientemente puede no ser lo más oportuno y no quiero ponerle en una situación que tal vez no pueda serle cómoda, pero hay un tema que ya el Director actual nos apuntó en una reciente entrevista y es la posible reestructuración del Sename, separando protección y reforma. ¿Usted es partidario de este cambio o cree que todo lo relativo a la infancia debería mantenerse bajo el mismo paraguas?

R. La idea de separar Sename se encuentra desde el retorno a la democracia en las primeras discusiones en grupos de expertos. Cuando se diseña el proceso de reforma normativa e institucional en el 2000 también se le estudia, pero ante los múltiples procesos de reforma en que estaba embarcado el Ministerio de Justicia (un nuevo sistema de justicia procesal penal, un nuevo sistema de justicia de familia, la ley de responsabilidad penal adolescente) se le posterga.

Creo que la articulación de dos servicios diferentes es una respuesta absolutamente indispensable para seguir avanzando en el proceso de una institucionalidad que atienda más eficazmente los derechos vulnerados de los niños.

Creo que es preciso poner el acento en los temas de gestión del nuevo sistema, de modo de no repetir viejos errores. Pienso en elección de directivos por sistema de Alta Dirección Pública, estabilidad y carrera laboral (se requiere pasar un porcentaje importante de quienes hoy están a contrata a calidad de planta), delimitación de áreas de protección administrativa y protección jurisdiccional, gestión de casos que supere la mirada insular en que hoy se pierden los procesos según dónde está el niño, aumento de la subvención entregada al sistema de hogares y residencias e incremento de la oferta de programas de diagnóstico y reparación de maltrato y abusos sexual.

Asimismo, los nuevos servicios deben estar dotados de una arquitectura informática que les permita dialogar en tiempo real con el sistema educacional, el de salud, el de justicia y el de protección. Dos subproductos de esto son que cada unidad de intervención (centro o programa) cuente con abundante información de calidad sobre el niño y dos, que se entregue mensualmente por la administración información estadística de calidad a la comunidad.

P. Dejando por el momento de lado la justicia penal adolescente, cuáles son los aspectos tradicionalmente más deficitarios en la atención a la infancia en Chile y cuáles son los temas que más urgentemente habría que acometer.

R. Creo que el sistema de protección de derechos de niños vulnerados está en una crisis que, curiosamente, no provoca la alarma que ha suscitado el sistema penal juvenil.

Chile no cuenta con ningún centro idóneo en el área de protección para aquellos dolorosos casos que le toca recibir: explotación sexual infantil, abandono, grave maltrato, niños en situación de calle, violaciones y abusos. Diariamente en estos diez centros, cerca de mil niños y niñas son atendidos, con base al esfuerzo y creatividad de equipos que no cuentan con los recursos mínimos para intervenir exitosamente.

Tuve la oportunidad de firmar un proyecto que llevaba años de preparación, que es la construcción de la Nueva Casa Nacional del Niño, que recibirá a los bebes abandonados. Es el primer centro que se construirá que estará diseñado para el trabajo que allí se realiza.

Tenemos un grave déficit como país en salud mental. Pese a distintos esfuerzos, carecemos de una política estatal en materia de salud mental infantil. Buena parte de los casos más problemáticos del sistema de protección de derechos presentan requerimientos importantes en salud mental, los que no tienen quien los satisfaga.

Existe hoy una demanda de atención de salud mental de alta complejidad y especificidad que no puede ni necesita esperar una ley para su abordaje. MINSAL debería partir creando una Unidad de Salud Mental Infantil y presentar una propuesta de trabajo en el siguiente presupuesto exploratorio, que asuma como propia esta tarea y deje de esperar que otros (Sename, privados como Cottolengo, tribunales de familia, gendarmería, etc) se hagan cargo.

P. Usted es un profesional del derecho, experto conocedor de los textos de Naciones Unidas en materia de infancia. En Chile los gobernantes están haciendo grandes esfuerzos para que la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño no sea papel mojado. ¿Cuentan los operadores jurídicos y sociales con la formación suficiente para llevar a cabo este cambio de paradigma y adaptarse a los nuevos estándares?

R. Estamos en un proceso de transición.

Creo que, por poner un ejemplo paradigmático, hay fallos de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que han realizado lecturas muy razonables de normas de la Convención de Derechos del Niño. Creo que aún falta mucho por hacer, por cierto, pero hay un camino que creo es, sin retorno, en pro de mayor conocimiento.

Quizá los fiscales del Ministerio Público son los actores del sistema de justicia con más bajos niveles de formación inicial y capacitación permanente en esta materia y eso se resiente en el uso desproporcionado que realizan de la internación provisoria, que en algunas regiones como la Araucanía, resulta francamente vergonzoso.

P. Usted además de un jurista de prestigio es un brillante comunicador que participa de forma asidua en foros científicos y en medios de comunicación social, difundiendo sus conocimientos y pronunciándose en todos los debates. Recientemente ha participado en un seminario y en un taller organizado por la Universidad de La Frontera. ¿Qué sensaciones le han quedado de estos acontecimientos que han conseguido dinamizar a muchos colectivos sociales?

R. Una muy positiva sensación. Me siento parte de una comunidad nacional, en la que distintos actores, distintas instituciones, están comprometidos con introducir mejoras en el trabajo con adolescentes infractores. Yo llevo veinte años en esto y durante mucho tiempo, yo y el equipo en el que trabajaba, la Unidad Jurídica del Hogar de Cristo, sentíamos una sensación de soledad muy grande. Este tema parecía no importarle a nadie. Hoy eso ha cambiado y es una buena noticia para la justicia juvenil.

Por otro lado, tanto en el seminario de de la OIJJ en Roma, como en el de la UFRO en Temuco, uno puede constatar cuán similares son algunos de los problemas que se presentan. Nuestras sociedades occidentales tienen grandes problemas para reaccionar frente a los delitos cometidos por jóvenes. Los estados tienden a reaccionar fragmentariamente. Las opiniones públicas oscilan entre los ángeles y los demonios para conceptualizar a los jóvenes infractores. Hay muchos parecidos en nuestros países.

P. Volviendo a la justicia juvenil, es vital el papel de la universidad, no sólo como herramienta de conocimiento, sino también como formadora, investigadora y evaluadora. ¿Están las universidades en Chile preparadas para asumir un rol de liderazgo en la implementación de la Ley 20.084 de responsabilidad penal de los adolescentes?

R. Creo que el desafío del mundo académico nacional es doble. En primer lugar, incorporar en el pregrado, en la formación básica en ciencias sociales, módulos o cursos de formación en intervención con jóvenes infractores y con niños vulnerados, al igual que en el ámbito jurídico, el derecho penal adolescente debiera poseer mayor presencia y densidad curricular.

Por otro lado, el segundo desafío es pasar de la unidimensionalidad al abordaje multidisciplinario. Ni el derecho, ni la psicología, ni la antropología, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni el trabajo social pueden, por sí solos, ofrecer herramientas útiles para los desafíos que cada caso presenta. Cualquier operador del mundo de la justicia juvenil, sea juez, defensor, responsable de caso, se da cuenta que en cada caso confluyen diversas miradas disciplinarias, de las que es preciso manejar nociones básicas, al menos.

P. Conocido es el compromiso del actual gobierno con el cambio, pero ¿existe en Chile un compromiso social por la reeducación y reinserción social de los menores infractores?

R. Creo que es indudable que existe un compromiso pero que éste requiere materializarse en mayor preocupación a través de un incremento de recursos para el área proteccional, en una nueva institucionalidad y en un nuevo proyecto de protección de derechos acode las necesidades actuales y los estándares de la Convención de Derechos del Niño.

P. Ahora que ha abandonado la administración, ¿cuál es su vinculación con la justicia penal adolescente?

R. Hago un curso de postitulo en la Universidad de Chile sobre intervención con jóvenes infractores y soy investigador asociado del proyecto de investigación de la Escuela de Psicología, Universidad de La Frontera, con financiamiento FONDEF, “Estrategia ecosistémica especializada de intervención diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley”."

Si quieres leer más artículos de Tomás Montero entra en http://cj-worldnews.com/spain/

Corte Suprema acoge parcialmente recursos de nulidad de comuneros mapuches

2011-06-03T15:36:00.002-04:00

La información de este post tiene como fuente el sitio del poder judicial que en esta oportunidad, mejorando su servicio, incluye video de la lectura de la sentencia, lo que es poco usual en nuestro sistema pero ciertamente un avance en transparencia y publicidad.

"La Corte Suprema dictó sentencia en el recurso de nulidad en el juicio en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez, acusados de los delitos robo con intimidación, homicidio frustrado (en contra fiscal del Ministerio Público Mario Elgueta), y lesiones graves contra funcionarios de la PDI.

En fallo unánime (en causa rol 2921-2011), los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Benito Mauriz, acogieron parcialmente los recursos de nulidad planteados por las defensas y los querellantes de la causa en contra del fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete del 22 de marzo pasado.

Respecto del denominado “Hecho A 1” -delito de robo con intimidación cometido, el 15 de octubre de 2008, en Tirúa- se rechazaron los recursos y se mantuvieron las condenas que se detallan:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 10 años y un día de presidio;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 5 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 5 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 5 años y un día.

En tanto, en el denominado “Hecho A.2” -el delito de homicidio frustrado del fiscal adjunto del Ministerio Público Mario Elgueta, y de lesiones graves a personal de la PDI, ocurrido el 16 de octubre de 2008- se determinó acoger los recursos de nulidad y dictar sentencia de reemplazo en los siguientes términos:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 4 años y un día;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 3 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 3 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 3 años y un día."

Fallo CS en Causa Rit 35-2010

Informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas

2011-06-02T14:44:00.001-04:00

El propósito de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas es llevar al nivel internacional una discusión informada, basada en evidencia científica acerca de las formas más humanas y eficaces de reducir el daño causado por las drogas a las personas y las sociedades.
La Comisión Mundial sobre las Políticas de Drogas se basa en la exitosa experiencia de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia convocada por los ex presidentes Cardoso, de Brasil, Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México. Convencidos de que la asociación entre el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción era una amenaza a la democracia en América Latina, la Comisión examinó la actual política de "guerra contra las drogas " y abrió un debate público sobre un tema que tiende a estar rodeado por el miedo y la desinformación.

Entre miembros están Mario Vargas Llosa, Koofi Annan, Javier Solana, Carlos Fuentes, Louise Arbour, George P. Shultz, Paul Volcker.

Recomiendo revisar los documentos de respaldo del informe, en especial el de Moisé Naim, que también dejo acá.

"Terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de las personas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros.

Desafiar los conceptos erróneos comunes acerca de los mercados de drogas, el uso de drogas y la dependencia de drogas en lugar de reforzarlos.

Alentar a los gobiernos a que experimenten con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Esta recomendación se aplica especialmente al cannabis, pero también alentamos otros ensayos de descriminalización y regulación legal que puedan conseguir estos objetivos y proveer modelos para otros.

Ofrecer servicios de salud y tratamiento a los que los necesiten. Asegurar que esté disponible una variedad de modalidades de tratamiento, incluyendo no sólo los tratamientos con metadona y buprenor!na, sino también programas de tratamiento asistido con heroína que han probado ser exitosos en muchos países europeos y en Canadá. Implementar programas de intercambio de jeringas y otras medidas de reducción de daños que han probado su efectividad en reducir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sanguínea, así como las muertes por sobredosis.

Respetar los derechos humanos de las personas que usan drogas. Abolir las prácticas abusivas llevadas a cabo en nombre del tratamiento –tales como la internación forzada, los trabajos forzados, y los abusos físicos o psicológicos- que contravienen los principios y normas de derechos humanos o que eliminan el derecho a la autodeterminación

Aplicar en gran medida los mismos principios y políticas antes expuestos a las personas involucradas en los segmentos inferiores de los mercados ilegales de drogas, tales como campesinos, correos, y pequeños vendedores. Muchos de ellos han sido víctimas de violencia e intimidación o son dependientes de drogas. Arrestar y encarcelar decenas de millones de estas personas en las recientes décadas ha llenado las prisiones y destruido vidas y familias, sin por ello reducir la disponibilidad de drogas ilegales o el poder de las organizaciones criminales. Pareciera no haber límite al número de personas que se vinculan con esas actividades para mejorar sus vidas, proveer a sus familias, o para escapar de la pobreza.

Focalizar las acciones represivas en las organizaciones criminales violentas, pero hacerlo de manera de socavar su poder y su alcance, mientras se da prioridad a la reducción de la violencia y la intimidación. Los esfuerzos para imponer el cumplimiento de la ley no debieran focalizarse en reducir los mercados de drogas per se, sino más bien en reducir sus daños en los individuos, las comunidades y en la seguridad nacional. Invertir en actividades que puedan prevenir en primer lugar que las personas jóvenes usen drogas y a la vez prevenir que los que las usan desarrollen problemas más serios.

Evitar mensajes simplistas al estilo de “sólo di que no” y políticas de “tolerancia cero”, y alentar los esfuerzos educativos asentados en información creíble y en programas preventivos que focalicen en las habilidades sociales y la influencia de los pares. Los esfuerzos preventivos más exitosos son aquellos dirigidos a grupos específicos en riesgo.

Comenzar con la transformación del régimen mundial de prohibición de drogas. Reemplazar las políticas y las estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos – y adoptar criterios apropiados para su evaluación. Revisar la clasificación de drogas que ha resultado en obvias anomalías como la defectuosa categorización del cannabis, la hoja de coca y el MDMA (éxtasis). Asegurar que las convenciones internacionales sean interpretadas y/o revisadas para adaptarlas a una sólida experimentación con la reducción de daños, la descriminalización y las políticas de regulación legal.

Romper el tabú acerca del debate y la reforma. Ahora es el tiempo de actuar."
Global Commission Report Spanish

Global Com Moises Naim

Arturo Muñoz: La influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales. En InDRet

2011-06-01T09:30:00.003-04:00

La prestigiosa Revista electrónica española online InDret ha sacado una edición en que aborda varios temas que relacionan el derecho y la ciencia.
Hay interesantísimos trabajos sobre derecho penal y neurociencia (uno en que Hassemer desborda enojo, uno de Feijoo completísimo y, como es habitual en él, cargado de erudición en un lenguaje llano).
Dejo aquí este excelente trabajo que relaciona psicología de las decisiones y derecho y que trata sobre los sesgos cognitivos al decidir jurisdiccionalmente.

Arturo Muñoz es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Abogacía por el Instituto de Estudios Superiores San Pablo CEU (1997-1998). Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1999. Tiene amplia experiencia en todas las ramas de la litigación, estando especializado en la litigación contencioso-administrativa y constitucional (recurso de amparo). Colabora, como profesor de derecho procesal, en el Master en Derecho Privado del Colegio de Abogados de Madrid, y es el Responsable del Área de Litigación Civil, Administrativa y Constitucional de Ramón Pelayo Abogados, reconocido bufete madrileño
Tiene un estilo muy grato de seguir, está preocupado por aportar con ejemplos que ilustren su explicación y pasa revista a una amplia literatura especializada.

Como punta el autor, "sería arduo explicar por qué razón en la cultura jurídica anglosajona y, especialmente, en la norteamericana, esta cuestión ha suscitado tanto interés, mientras que, en países como el nuestro, cuestiones tan trascendentes han pasado prácticamente inadvertidos para casi toda la comunidad jurídica." Y cita a Eco, ante la tradicional oposición histórica entre el pensamiento platónico-escolástico – partidario de las esencias y de los conceptos universales – y el empirismo de raíz anglosajona, más sensible a la complejidad de la realidad y al carácter convencional e imperfecto de nuestros conceptos.

Este trabajo revisa la literatura jurídica norteamericana sobre la existencia e influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales, analiza numerosa jurisprudencia española y ofrece rutas de mejoramiento de la situación.

Los actores de nuestro sistema de justicia, en especial, jueces y ministros de corte, harían ben en revisar a la luz de este trabajo, su desempeño jurisdiccional.

MUÑOZ La influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales

CNN Chile: Entrevista a Jesús Pérez en el Centenario de los Maristas en Chile

2011-05-30T20:22:00.002-04:00

Uno de mis formadores es el hno. Jesús Pérez, delegado provincial de los Hermanos Maristas en Chile, quien es entrevistado en CNN Chile a propósito de los 100 años de los maristas en Chile.

La Congregación Marista hace ya unos 25 años ha abierto nuevos colegios en El Castillo, en La Pintana, en Alto Hospicio y en Las Compañías, en la Serena. La Corporación Educacional Marista, de la que soy parte, busca apoyar el trabajo que se realiza en estos colegios.

Uruguay 2011 (Latas) - Chile 1995 (Containres)

2011-05-26T16:26:00.004-04:00

"Si no se tratara de un tema tan serio se podría tomar con sorna. Lo que queda claro es que en este gobierno cada quién hace lo que quiere y, por lo menos en materia de seguridad, no existe una política coherente y, mucho menos, coordinada. El Inau habilitará contenedores como centros de reclusión transitoria. El mismo día que el penal de Libertad clausuró sus "latas", la institución decidió habilitar las propias como medida urgente ante el desborde de los hogares. El sindicato pidió más funcionarios. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) habilitará los contenedores como centros provisorios para disminuir el hacinamiento en los hogares para menores infractores. La situación de desborde de la Colonia Berro dilucidó la situación de emergencia que viven otros centros debido a la baja de fugas que se registraron en el último mes. El presidente de Inau, Javier Salsamendi, declaró a Ultimas Noticias que las principales opciones manejadas desde el directorio son la habilitación de las "latas" y la "relocalización interna de menores en centros de la institución para utilizar mejor los espacios que tenemos". En cuanto a la utilización de los contenedores, dijo que "se están previendo las instalaciones necesarias para acondicionarlos" y advirtió que serán utilizados como "centros de reclusión de corto plazo en el que los menores no permanecerán más de 24 horas". La intención es que allí permanezcan quienes esperan recibir una sentencia del juez. El jerarca señaló que con esa medida se liberarán plazas en centros de reclusión a largo plazo y se avanzará en impedir su saturación.
La aplicación de esta nueva medida permitiría habilitar cuarenta nuevas plazas. Se estudia ubicar los contenedores en el predio que el Inau posee en el cruce de General Flores y Luis Alberto de Herrera, donde funcionan tres centros más. A su vez, también se planea colocar otras en el predio de la Colonia Berro.

Estas medidas se tomarán como solución inmediata, ya que los tiempos burocráticos impiden otras soluciones de urgencia. En tanto, Salsamendi dijo que esto "evitará la saturación".
Como informó este medio el lunes, en la Colonia Berro hay jóvenes que duermen en el piso y la situación resulta difícil para los funcionarios pues son demasiados menores. Por este motivo se deben reducir las actividades al aire libre ya que los jóvenes pueden aprovechar la oportunidad para fugarse. La resolución fue adoptada el mismo día que el Ministerio del Interior vació los contenedores que funcionaban como celdas en el Penal de Libertad, celdario que le costó al gobierno una observación por parte del relator de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Manfred Nowak.
Salsamendi reconoció que sobre la habilitación de las nuevas latas "nos pesa un recurso de amparo". En abril pasado, el fiscal Enrique Viana denunció que la utilización de esos contenedores atenta contra los derechos humanos de los menores por no tener las condiciones necesarias para alojarlos. Argumentó que debido a que son de chapa, se exponen a temperaturas extremas de frío o calor según la estación del año, no tienen ventilación y la iluminación no es la adecuada.

Por este hecho ya prestaron declaraciones los gerentes del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción (Semeji) actual y anterior, Rolando Arbesún y Jorge Jouroff.
Por otra parte, desde el Sindicato de Funcionarios de Inau (Suinau) se consideró que el desborde debido a la baja de las fugas era previsible. Joselo López, presidente del sindicato, dijo que se trata de "un problema que afecta a todos los servicios".
"Se están viniendo situaciones complicadas. Es una gotita de agua que cada vez viene desbordando más el vaso", agregó. A su entender, la situación más grave se registra en el Hogar Puertas. Este centro utiliza un contenedor hace un año, el cual "está habilitado para tener diez jóvenes. Se ha llegado a tener veinte y ese número generalmente se mantiene".
Esta situación preocupa al sindicato pues hay pocos funcionarios y se considera necesaria la incorporación de más personal. Salsamendi comentó al respecto que el Inau abrió un llamado para sesenta educadores sociales que cubrirán la apertura de las nuevas plazas y las relocalizaciones.
En tanto, el secretario general de Suinau, Carlos Salaberry, dijo a este medio que la situación "empeora las condiciones de trabajo, si uno tiene que mantener convivencia y manejo de grupos se complica mucho más. También complica la escasa proporción entre funcionarios y menores". Aseguró que los funcionarios "somos conscientes que aumenta la tensión en el sistema, y empeora las condiciones de trabajo".
Para aclarar estos temas, las autoridades del Inau concurrirán hoy a la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados. La convocatoria fue realizada por el diputado Gustavo Borsari (UNA), por la "grave situación que atraviesa el país y sobre todo Montevideo en materia de delincuencia juvenil".

Acuerdo para crear Instituto de Rehabilitación

Oposición y oficialismo acordaron presentar tres proyectos sobre minoridad infractora, tras las diferencias en el mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores una vez cumplida la mayoría de edad. Hubo unanimidad en la urgente creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y se decidió presentar por separado el proyecto que hace referencia a los antecedentes.

En los últimos días se realizaron intensas gestiones entre el Partido Nacional y el Frente Amplio (FA) para acelerar la aprobación de las leyes sobre minoridad acordadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Ayer los diputados Jorge Gandini (AN) y Julio Bango (PS) se reunieron para intentar conciliar posiciones. En ese sentido, Gandini explicó al matutino que se presentarán tres proyectos, "el primero sobre la creación del Instituto de Rehabilitación, el segundo sobre la extensión de los plazos de 60 a 90 días que tienen los jueces de menores para dictar sentencia y la penalización de la tentativa y la complicidad de hurto, y el tercer proyecto sobre los antecedentes".
Manifestó que para este último tema se presentarán dos informes. "El FA quiere que los antecedentes se mantengan por dos años para algunos delitos gravísimos y que el juez de Menores decida si los anexa. Nosotros planteamos mantenerlos por cinco años en todos los casos gravísimos y, si existe una reincidencia, que no se tenga acceso a una pena alternativa", explicó. Abogó para que el Senado actúe con rapidez.

Funcionaria al Juzgado

La funcionaria de Inau que difundió fotos sobre "las latas", Mariela Alvariza, concurrirá hoy a declarar ante el Juzgado de Familia de 23º Turno. En el marco de una investigación por el recurso de amparo presentado por el fiscal Enrique Viana, Alvariza fue citada por ser quien tomó las fotografías de los contenedores y las difundió por internet.

Las fotografías despertaron la atención tanto de los medios como de varios parlamentarios por lo que tomó estado público. Por este caso también comparecerá ante el Juzgado el presidente de Inau, Javier Salsamendi. En tanto ya prestaron declaraciones funcionarios del instituto, del Ministerio de Desarrollo Social y del Comité por los Derechos del Niño.

Cuestionan a los jueces

El diputado Gustavo Borsari (UNA) señaló que los jueces disponen la no internación de menores en el Inau porque"ya no cabe un adolescente".
Fuentes consultadas por Ultimas Noticias aseguraron que es "un disparate" que se trabaje para evitar las fugas y "no se tenga dónde alojar a los menores". Agregaron que "el gobierno sigue sin entender el daño que hizo con el tema Caducidad, que dejó en suspenso leyes tan importantes como las relacionadas a la minoridad infractora". En tanto, el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) aseguró que el Poder Ejecutivo tiene todo para solucionar este tema. "Al gobierno le falta imaginación y le sobran los recursos; si quiere, puede", dijo.

http://causaabierta.com.uy/index.php/2011052524444/Seguridad/un-uruguay-desnaturalizado-cierran-qlatasq-para-reclusos-y-abren-qlatasq-para-menores-infractores.html

Comparen la imagen de arriba con esta, San Bernardo 1995, foto de revista Qué Pasa.

Canal regional de Araucanía: Problemas en Victoria con terreno que iba a entregarse para cárcel juvenil

2011-05-25T10:04:00.004-04:00

¿Por qué arrancó el dr. Hopp?

2011-05-24T15:35:00.003-04:00

Tres sentencias dictó la Corte de Apelaciones de Talca en enero de este año, contra la cúpula de dirigentes de la ex Colonia Dignidad. cúpula que mantiene plenamente activos sus poderes, como la reciente huída del dr. Hopp deja entrever.

Hay recursos pendientes ante la Corte Suprema y una lectura calmada de ellos y de estos fallos que dejo aquí, permite ver con claridad la razón de la huída del dr. Hopp.
Por primera vez, la cárcel aparecía como la más probable condena contra el grupo de secuaces que colaboró estrechamente con los crímenes de Schaeffer.
El voto disidente de la ministra de Talca, Olga Morales, que en todos los casos favorece gruesamente a Hopp y demás condenados, es muy débil y resulta bastante probable que el fallo de la Suprema sea muy contundente y más duro incluso.

Creo que ese antecedente llevo a Hopp a darse a la fuga ante un horizonte que se veía gris y enrejado.

Mérito para los querellantes, Sename, el Consejo de Defensa del estado y el infatigable Hernán Fernández.

Fallos 2011 de Corte de Talca Contra Jerarcas de Colonia Dignidad

Una entrevista mía en CNN sobre lo que los querellantes esperábamos de este fallo.

Jurisprudencia Penal Juvenil de Costa Rica

2011-05-24T12:30:00.001-04:00

Costa Rica cuenta con una Ley Penal Juvenil, de 1996 y una Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, del 2005.
Pese a diferencias en el sistema de determinación de penas, hay numerosas instituciones que guardan similitud por lo que el estudio de su jurisprudencia puede resultar de utilidad para nuestros jueces en aquellos casos que les parecen únicos y difíciles. Muy probablemente, los colegas centroamericanos ya se han enfrentado a esos desafíos y conviene ver su trabajo jurisprudencial.

Dejo acá, entonces, un inmenso volumen que recopila fallos de los primeros diez años de funcionamiento del sistema.

Agradezco al buen amigo y mejor fiscal juvenil, Edgar Barquero (en la foto a mi lado), la disponibilidad para facilitarme el último Boletín Jurisprudencial que dejo aquí.

En ambos trabajos ha jugado un rol protagónico la muy talentosa Fiscal General Juvenil, Lic. Mayra Campos, quien nos atendió muy cordialmente cuando, junto a jueces y actores del sistema nacional, visitamos el 2007 la experiencia costarricense.

Boletín Jurisprudencial en materia penal juvenil año 2010

10 años de jurisprudencia penal juvenil en Costa Rica 1996-2006

La posición del Mideplan sobre el Nuevo Servicio de Infancia

2011-05-20T19:31:00.004-04:00

Propuesta Servicio Mds Sename

Infancia y Justicia Al Aire, Episodio 2: ¿Qué debe contener un proyecto de ley de protección de derechos del niño?

2011-05-19T17:21:00.002-04:00

Ya está disponible el capítulo 2 del podcast "Infancia y Justicia al aire", donde reviso qué debiera contener un proyecto de ley de protección de derechos del niño. Espero sus comentarios

Día internacional contra la homofobia: Educación para la tolerancia (vía MOVILH)

2011-05-17T17:58:00.002-04:00

Nota de 24 Horas: Menores que cumplen condena en centro del Sename (Coronel) rescataron a pasajeros de bus accidentado

2011-05-16T11:11:00.003-04:00

Seminario Familia y Políticas Públicas

2011-05-05T17:53:00.001-03:00

Las presentaciones pueden descargarse en el sitio del Centro de Políticas Públicas UC

Infancia y Justicia Al Aire: En Podcaster

2011-05-03T12:39:00.001-03:00

Entrevista en Radio Biobio, La Radio, de Julio Cesar Rodriguez a Francisco Estrada sobre el Nuevo Protocolo de la Iglesia por denuncias de abuso a menores

Mis críticas al Protocolo de la Iglesia Católica en Terra.cl: Ex director del Sename por protocolo de obispos: “Tiene sombras”

2011-04-28T12:59:00.002-03:00

La periodista Cynthia Rosales del medio electrónico Terra.cl tuvo la gentileza de pedir mi opinión sobre el Protocolo de la Iglesia a propósito de algunos dichos míos en twitter. Aprovecho de adjuntar infra, un documento que he citado (también en Radio BioBìo donde fui entrevistado) como el parámetro con el cual comparar el esfuerzo de los obispos nacionales: El Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes de los Obispos Católicos de EE.UU.

"El ex director del Servicio Nacional de Menores, Francisco Estrada, criticó el protocolo entregado por la Iglesia Católica chilena para evitar los abusos de menores cometidos por clérigos. En visión de abogado, el documento contiene elementos innovadores como la posibilidad que un laico investigue las denuncias, sin embargo, aclara que “no eleva el estándar” en cuanto al manejo con la justicia.

“Tiene algunas sombras. Me parece muy dudoso que mantengan o resguarden la amenaza de una sanción a quien hace una denuncia falsa. Me parece un error establecer que cuando un sacerdote admita responsabilidad, eso excluya la investigación previa e inmediatamente se tienen que enviar los antecedentes al Vaticano. Cuando hay un sacerdote que admite responsabilidad en un acto, hay que investigar, justamente porque lo que la vivencia internacional muestra, es que estos casos se repiten en el tiempo” señaló el jurista a TERRA.cl

En su preocupación por este protocolo, Estrada cuestiona que la Iglesia no obligue a sus sacerdotes a entregar los antecedentes a la justicia. Según explica, el artículo 37 del protocolo, “en caso alguno, un tribunal perteneciente al Poder Judicial, ni un miembro del Ministerio Público pueden intervenir en los asuntos sometidos a la jurisdicción eclesiástica”.
Este martes la integrante del Consejo Nacional de la Conferencia Episcopal para la Prevención de Abusos Sexuales, Ana María Celis, recalcó que no le corresponde a la autoridad eclesiástica denunciar, sino al afectado. “Lo más grave que me parece a mí, es que se atengan a la letra del Código Procesal Penal y no eleven el estándar de actuación en cuanto a denuncias”, explica el jurista.

“Sin protección, no hay reparación posible a las víctimas, de ahí la importancia que siempre se activen, lo más pronto posible, los mecanismos de protección a las víctimas (que) son competencia de la autoridad civil, el juzgado de familia o la fiscalía, no de la Iglesia. La Iglesia no tiene facultades para proteger a las víctimas”, aseveró Estrada.
“Uno de los temas que agrava la cuestión del abuso por sacerdotes religiosos tiene que ver con la relación de confianza, el temor y respeto que genera una red que inhibe de denunciar. Si la iglesia es consciente de ese efecto, que está documentado ampliamente en la experiencia comparada, debiera ella misma asumir que es preciso cooperar desde el primer minuto en la denuncia con la justicia civil”, precisó.

En su opinión, tras la denuncia existe un proceso fundamental en el cual se debe resguardar a la eventual víctima. “Hay una fase muy importante por el vínculo que se ha generado con el agresor. Hay una relación de cierto sometimiento por parte de este sujeto que goza de un especial lugar en la sociedad, que le ha sido entregado por la Iglesia, y ese lugar le permite ejercer ese rol. Romper esa relación es también un deber de la Iglesia”.
No obstante, advierte que “hay que hacer mucha resistencia para denunciar. Es responsabilidad de quienes tienen los más altos estándares morales apoyar la obligación de denunciar”.

“NO HAY OBSTÁCULOS CANÓNICOS”

También asegura que la Iglesia argumenta impedimentos canónicos para no obligar a sus clérigos a acudir a la justicia en caso de conocer algún tipo de abuso a menores. Sin embargo, afirma que se trata de un “gran error”.
“Yo no veo cómo el código canónico va a ser un obstáculo si los obispos de Estados Unidos lo pudieron hacer. Yo creo que los obispos nacionales no hicieron lo que uno habría esperado”, argumentó.
Añadió que “es una contradicción que hagan una declaración de preocupación por las víctimas y no adopten la primera medida que en todos los manuales se recomienda, que es iniciar una denuncia ante la autoridad civil”.

Francisco Estrada formó parte del grupo de expertos que trabajó en una guía clínica para abordar el abuso infantil en el Ministerio de Salud. Actualmente ejerce como abogado, realizando consultorías sobre infancia y familia. Trabaja también como académico en la Universidad de Chile y participa en una investigación de la Universidad de La Frontera sobre la integración psicosocial de los jóvenes que han cometido delitos. Además, administra un blog especializado en justicia penal adolescente."

Estatuto para la Protección de Niños y Jóvenes

Delegadas de Libertad Asistida

2011-04-22T15:29:00.000-03:00

La nota de Tele13 fue un gran trabajo de la periodista Anita Córdoba. Salió al aire en agosto del 2010

Ed Hilterman Implementación de la valoración estructurada del riesgo de reincidencia en jóvenes infractores

2011-04-20T18:38:00.003-03:00

Ed Hilterman es sociólogo, especializado en la valoración y gestión del riesgo de reincidencia. Tiene mucha experiencia en la investigación aplicada. Ha trabajado en el Ministerio de Justicia de Holanda y, como jefe del departamento de investigación y diagnóstico, en el Instituto de Psiquiatría Forense de Rooyse Wissel en Holanda. Desde 2005 es consultor y director técnico del proyecto de Gestión de riesgo en jóvenes infractores, un proyecto del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Dirección General de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña.
En 2008 Ed Hilterman ha constituido Justa Mesura, Consultoría; Investigación Aplicada. Justa Mesura impulsa el desarrollo, ejecución y evaluación de proyectos dirigidos a la prevención de reincidencia. Ed es director de proyectos y se ocupa de la investigación aplicada.
Entre sus trabajos destaca "Dirección técnica y consultoría del proyecto de Gestión del Riesgo con jóvenes infractores". El proyecto se desarrolla junto a la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia.

Ed destacó por su simpatía, buen humor y afabilidad para responder consultas.

Ed Hilterman Implementación de la valoración estructurada del riesgo de reincidencia en jóvenes infractores

Rezende y Estevão - Caracterización, tendencias de la delincuencia juvenil y programas socioeducativos en el Estado de São Paulo Brasil

2011-04-20T18:28:00.000-03:00

Ruth Estevão es professora doutora do departamento de psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Brasil.

Marina Rezende Bazon es Mestre m Sciencie / Psycho-education, PhD em Psicologia.
Profesora Titular de Psicología de departamento de psicologia e educação da Faculdade e Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto-Universidade de São Paulo (docente : ensino/pesquisa e extensão universitária).

Rezende y Estevão - Caracterización, tendencias de la delincuencia juvenil y programas socioeducativos en e...

Justicia Penal Adolescente: Un blog sobre el sistema penal juvenil

Corte Suprema de México aprueba Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños

Campaña de Paternidad amor, presencia y compromiso de padre

¿Supresión, mantenimiento o reformulación del pensamiento educativo en el derecho penal juvenil? Reflexiones tras diez años de aplicación de la Ley Penal del Menor. Por Miguel Ángel Cano Paños

Vergonzosa actuación de jueza de garantía de Arica Sara Pizarro.

Documento de Foro de UNICEF sobre Nueva institucionalidad para la infancia y la adolescencia en Chile

Corte Suprema acoge recurso de nulidad por obtención de pruebas ilegales de la policía

Ponencia: Mucho más que cambiar la ley. Un modelo multidimensional para el proceso de reforma del sistema de atención a la infancia en Chile

Editorial en El Mercurio: Delincuencia: preocupantes resultados

Desistimiento. El aporte del profesor Fergus MacNeill

Karen Tse: Cómo acabar con la tortura

Ilegales restricciones de libertad se han generalizado en las cárceles de niños durante una década, dice juez Foskett

Sentencia de Corte Suprema acoge amparo por menor mapuche de 12 años, Felipe M. arbitrariamente arrestado

Presentación en Tercer Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas

En Criminología y Justicia: Mi entrevista a Anita Goh, Coordinadora del Grupo Internacional de ONG's por la infancia

Comunicado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos

2011: Mi balance en justicia juvenil

Tiempo para celebrar. Nuevo Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño sobre un procedimiento para comunicaciones

Facultad de Derecho UC premió a ganadores del Concurso Revista Chilena de Derecho 2011. Artículo sobre La sustitución de la pena juvenil, de mi autoría, ganó en categoría Derecho Penal.

10 Errores del Anteproyecto de Ley que reorganiza el actual Servicio Nacional de Menores

El Informe MUNRO: Un sistema centrado en el niño

Cursos para Jueces adjudicados por la Academia Judicial

Presentación en Seminario de ACJ Valparaíso: Desafíos de la Justicia Juvenil. 30 de noviembre del 2011

Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público.

Hoy: Derecho UDP: Lanzamiento Informe Anual de Derecho Humanos

Estudio sobre Reincidencia Penitenciaria: Paz Ciudadana y Universidad Adolfo Ibañez

Programa Jóvenes en Paz, o la intervención NO basada en evidencia

Seminario Taller: Monitoreo de los derechos de los niños

Argentina: "Retroceso en la Justicia penal para jóvenes" por Emilio García Méndez

CEP Chile: Video: Camila Vallejo y Francisco Figueroa en el CEP

Coloquio: “Intervenciones socioeducativas con jóvenes privados de libertad: actualidad y desafíos. La experiencia brasilera de una Casa de Semi Libertad

Corte de Apelaciones de Temuco resuelve correctamente cuestión de registro de huella genética de adolescentes infractores

Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Jeffrey Butts en Resolution, Reinvestment, and Realignment: Three Strategies for Changing Juvenile Justice

Algunos documentos sobre derecho a una educación de calidad

CONACE Informe Evaluación Técnica Convenio Conace-Fonasa-Minsal-Sename

Taller con Jean Zermatten, Presidente del Comité de Derechos del Niño de NU, en Derecho UDP

Corte Interamericana de Derechos Humanos: audiencia sobre Caso de la Unidad de Internación Socioeducativa del Estado de Santo Espíritu

Corte Interamericana de Derechos Humanos Primera sesión Caso Atala Riffo e Hijas v. Estado de Chile

España: Ejecutivo anuncia Anteproyecto de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia

Foro PRO Derechos de los niños y niñas: Por una Ley de Protección de Derechos del Niño

Foro del PRO sobre Los derechos de los niños y niñas

Curso Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile: Actualización en intervención con adolescentes infractores de ley penal.. Profesores D. Mettifogo y F. Estrada

La tragedia y la comedia de nuestra policía. Mi columna de hoy en El Post

Gonzalo Berríos: “La Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”, en Revista Política Criminal

Joan Petersilia. entrevistada en "Atreverse a fracasar"

La Vicaría de la Solidaridad: los que no salen en la foto

VII Congreso Nacional de Investigación sobre Violencia y Delincuencia 2011

Presentación: "Construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes infractores de la ley penal

COSTA SARAIVA, JOAO El Perfil Del Juez en El Nuevo Derecho de La Infancia y Adolescencia

Instructivo RADDE Recomendaciones a los estudiantes movilizados

Dossier de Estudios sobre Reincidencia

Lovera y Contesse: Protestas y derecho

Avanza nuevo Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño sobre Mecanismo de quejas individuales

Criminología y Justicia: nuevos artículos de interés

1,1 millones de niños privados de libertad en el mundo

Taller de Breakdance en SERPAJ Chile

Magister en Derecho, Universidad Diego Portales

Excelente Carta de mi ex jefe, don Luis Bates: Lenguaje jurídico ciudadano

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

Ronald P. Corbett sobre el fracaso en la justicia criminal

Larry Sherman: Cómo la criminología puede salvar a los estados de la bancarrota

Entrevistado por Tomás Montero para medio español: "“Sin el compromiso de su equipo directivo, no es posible emprender transformaciones en los procesos de intervención"

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Arturo Muñoz: La influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales. En InDRet

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