Amigos y amigas:
Como ha dicho el Ministro, estamos promulgando un
elemento fundamental tanto para la reforma a la justicia, como también como un
elemento importante de la política de seguridad ciudadana.
Y aquí, con esta ley vamos a tener el marco legal
que nos permite enfrentar el delito cuando éste es cometido por adolescentes,
pero también dándole oportunidades efectivas de rehabilitación.
Creo que con estas normas, los adolescentes dejan de
ser un objeto de derecho y se convierten en sujetos de derecho, y como tal, con
derechos y responsabilidades.
Aquí también estamos saldando compromisos
internacionales. En agosto de este año se conmemoraron 15 años desde que Chile
ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y hoy estamos
dando un paso decisivo para implementar lo que son los derechos que ella
reconoce y las obligaciones que en virtud de esa Convención Chile se impuso.
Y como ha dicho el Ministro, ha sido un largo
proceso, en donde el esfuerzo de los parlamentarios fue de particular
relevancia. Allí estuvo el trabajo de los parlamentarios de la comisión mixta,
que al final fue indispensable para poder consensuar las voluntades, y
participaron allí las diputadas Pía Guzmán, Laura Soto, María Antonieta Saa y
los señores Jorge Burgos, Juan Bustos, Guillermo Cerón, Marcelo Forni, Gonzalo
Uriarte. Y también por parte de los senadores, señores Marcos Aburto, Andrés
Chadwick, Sergio Fernández, Alberto Espina, que nos acompaña esta mañana, José
Antonio Viera Gallo y Andrés Zaldívar, que también nos acompaña. Todos ellos
colaboraron efectivamente en la discusión y aprobación de esta ley por amplias
mayorías.
Estamos con esta ley dejando atrás un sistema que a
todos nos parecía ineficaz e injusto. Muchos adolescentes que cometían graves
hechos delictuales, prácticamente no recibían reproche. El sistema antiguo era
insuficiente para regular la sanción y también para juzgar a los menores.
Por otra parte, privaba a estos menores de buena
parte de las garantías procesales que la legislación penal reconoce hoy a los
mayores de edad, estableciendo ahora procedimientos flexibles y sin forma de
juicio, donde los jueces tenían amplias facultades inquisitivas y
discrecionales. Esto implica, entonces, como dijo el ministro, colocar este
nuevo procedimiento a la luz de lo que es el nuevo sistema procesal penal. Ello
se traduce en un uso indiscriminado.
En el antiguo sistema, el tema del discernimiento,
el adolescente no era responsable y tampoco contaba con derechos y garantías
que gozaban los adultos. La condición de sujetos de derecho que ahora los
adolescentes tienen, permite el reconocimiento también de su autonomía. Si es
sujeto de derecho, tiene autonomía. Y como sociedad nos permite exigir, en
consecuencia, que esa autonomía sea ejercida con responsabilidad, respetando
espacios y derechos de quienes nos rodean.
Es por ello, entonces, que el sistema cambió en su
concepción, ahora tenemos un sistema que se basa en la responsabilidad del
adolescente, donde el menor que comete un hecho ilícito recibe un reproche, una
sanción por parte de la sociedad. Aquí estamos terminando un poco con el fraude
de etiquetas, internamos por protección y en verdad estamos aplicando un
castigo penal.
Esta ley reconoce que el joven es responsable en su
medida por las infracciones que comete. Establece un sistema especial de
responsabilidad en una franja, como se ha recordado, que va de los 14 a los 18
años, y regula el procedimiento para el establecimiento a responsabilidad,
estableciendo sanciones pertinentes y la forma de ejecutarla.
La respuesta, entonces, a la delincuencia juvenil es
la construcción de un sistema de justicia juvenil, que es lo que surge con esta
ley, un sistema severo pero justo, que sanciona hechos delictivos cometidos por
adolescentes con apego a las garantías de un debido proceso. Eso es lo nuevo.
La responsabilización significa, entonces, hacerse cargo de las acciones que
transgreden bienes jurídicos, como la vida, la libertad, el daño a terceros, a
la propiedad, pero la sanción forma parte de una intervención socioeducativa
amplia, orientada a la integración social. Este es el elemento fundamental, que
la sanción apunta también a cómo somos capaces de intervenir para que pueda
haber una integración social con posterioridad.
Entonces, lo que importa aquí es rescatar a los
jóvenes de la carrera delictiva, y este nuevo sistema busca reinsertar a los
adolescentes a través de programas especiales. Aquí se incorporan todas las
ventajas de las salidas alternativas al procedimiento, potenciando las vías que
permiten una mejor solución al conflicto para la víctima y también para el
victimario. Además, se contempla un amplio catálogo de medidas para hacer
efectiva la responsabilidad al joven infractor.
Entonces, aquí la ley regula también las
características de los centros de privación de libertad, estableciendo normas
especiales sobre las condiciones básicas de estos centros, normas de orden
interno y normas de seguridad y normas sobre normas disciplinarias, valga la
redundancia.
Los lugares donde van los adolescentes, esperamos,
entonces, que no sean como hoy las escuelas del delito, ni sufran tampoco un
contagio criminógeno con delincuentes mayores o más avezados. Digámoslo
francamente, muchas veces la primera estadía en la cárcel es el doctorado en
delitos.
Aquí, como dijo el Ministro muy bien, dictamos la
ley, se termina una etapa. Y como ocurre siempre, comienza otra más compleja,
más difícil. Porque disponemos de un período de 6 meses para poner nuestras
instituciones a tono con este nuevo diseño.
Y la ley contempla una exigencia de capacitación,
tanto para los jueces del nuevo proceso penal, como para las policías. Hay que
completar la infraestructura de los centros de reclusión juvenil, que
próximamente estarán funcionando tanto en Coyhaique como en Punta Arenas, y de
esta forma va a haber centros de reclusión juvenil, uno por región.
En este marco, como lo ha dicho el ministro, el
Ministerio de Justicia va a coordinar una mesa de implementación de la nueva
justicia adolescente, integrada por todos los actores relevantes en esta
materia. Va a ser una instancia para poder establecer coordinaciones que
potencien la implementación y puedan resolver las dificultades que se
presenten.
En suma, en esta reforma lo que estamos haciendo es
replicar los principios establecidos en la reforma procesal penal. Estamos
replicando la oralidad, la transparencia y la rapidez en la resolución de los
conflictos, a través de un procedimiento acusatorio claro.
Para tener una reforma a la justicia penal
adolescente necesitábamos haber implementado el nuevo proceso penal con todo lo
que ello implicó, contar con un Ministerio Público y con una defensoría; tener
en vigencia los tribunales de familia y la demanda que existía por esta
justicia, lo que hemos podido constatar en estos días, en donde según algunos
medios, hay una gran demanda por esta justicia a partir de los tribunales de
familia.
También fue necesario tener una ley que cambiara el
sistema de subvenciones a las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional
de Menores, lo que significa una mayor inversión en la infancia. Son más de 9
mil millones que se transfieren a Organizaciones No Gubernamentales, a
fundaciones, iglesias, corporaciones y otras entidades, todos organismos
debidamente acreditados para que ejecuten más de 1.100 proyectos y programas en
beneficio de más de 65 mil niños.
También, para llegar a este momento fue necesario
hacer un tremendo esfuerzo presupuestario. Tener un Centro de Reclusión Juvenil
por región implica una inversión superior a los 41 mil millones de pesos. Por
otra parte, los actores del nuevo sistema del Ministerio Público, tribunales y
defensoría requirieron un financiamiento del orden de los 3 mil millones.
Es decir, con esta ley estamos adicionando un
conjunto de recursos de elementos jurídicos que vienen a potenciar lo que hemos
hecho en este ámbito en estos años.
He dicho en más de una ocasión, que la magnitud de
los recursos para poder dar cuenta de estas reformas, no tienen parangón en la
historia judicial chilena. Y con esta ley estamos dando, yo creo, un paso más
en favor de la justicia y del combate a la delincuencia.
Tenemos ahora un sistema de justicia especializado
para adolescentes que han infringido la ley penal. Todo esto para mejorar tanto
la persecución del delito, como a dar una efectiva protección a las víctimas y,
al mismo tiempo, garantizar un debido proceso. Y todo ello, tras una meta de
lograr y hacer posible la rehabilitación de estos jóvenes.
Creo que éstas son buenas noticias para Chile, y por
ello me parece tan importante seguir trabajando en esta dirección. Hemos
culminado una etapa, tenemos que dar inicio a otra. Y estamos ciertos que esta
nueva justicia, para aquellos adolescentes que infringen la legislación penal,
va a dar los frutos y vamos a poder tener una buena sanción, pero, más
importante, una mejor inserción de estos jóvenes en el futuro de Chile.
Muchas gracias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario