Hace 40 años, un 15 de mayo, el hombre de la foto, el Juez de la Corte Suprema de los EE.UU., Abe Fortas, anunció la opinión mayoritaria (8-1), redactada por él, en el emblemático caso In Re Gault.
Un chico de 15 años, Gerry Gault, de Arizona, fue acusado en el verano de 1964, de hacer unas llamadas indecentes a una vecina y producto de una investigación en la que no se le informó de ningún derecho, sus padres no fueron avisados por la policía (el sheriff del Gila County) de su detencion y otras prácticas similares, propias del derecho tutelar, se ordenó su internación en un establecimiento correccional (la Escuela Industrial del Estado) hasta los 21 años). Un adulto condenado por el mismo hecho, podría haber sido condenado a una multa de U$50 o a dos meses de prisión.
Fortas escribió: "Under our Constitution, the condition of being a boy does not justify a kangaroo court." Se dijo: “El derecho del Estado, como parens patriae, a negar al niño derechos procesales disponibles para sus mayores fue elaborado desde la afirmación de que un niño, a diferencia de un adulto, tiene el derecho “no a la libertad sino a la custodia”. Él puede ser obligado a retornar con sus padres, a ir a la escuela, etc. Si sus padres fallan en realizar de forma efectiva sus funciones custodiales –esto es, si el niño es ‘delincuente’– el Estado puede intervenir. Al hacerlo, no priva al niño de ninguno de sus derechos porque él no tiene ninguno. Simplemente, le proporciona la ‘custodia’ de la que el niño es titular.
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no ‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca privar a una persona de su libertad.
Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier otro contexto comparable. La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la práctica … los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuan benevolentemente motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. ” (traducción propia).
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no ‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca privar a una persona de su libertad.
Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier otro contexto comparable. La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la práctica … los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuan benevolentemente motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. ” (traducción propia).
Y estableció que todo niño imputado de delito tiene los mismo derechos que la Décimocuarta enmienda reconocía a los adultos, a un debido proceso, a guardar silencio, derecho a defensa y el derecho a apelar de las resoluciones judiciales.
La comunidad del mundo de la justicia juvenil norteamericana armó una serie de eventos para recordar este caso que sentó un precedente histórico y ha sido citado numerosas veces como se observa en este dossier. Se armó un sitio especial, Gault at 40. Hasta el senado estadounidense aprobó una declaración al respecto.
Acá pueden escuchar los alegatos ante la Corte Suprema (Norman Dorsen, profesor de la Leyes en la NYU, por los apelantes). Un ejercicio de representación de esta audiencia, con la escrituración de estos alegatos, está aquí. El mismísimo Gerry Gault, es entrevistado acá (se requiere Flash Video Player para verla). Wikipedia también informa sobre este caso.
Para la paradoja, EE.UU. sin haber ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha generado sin embargo este fallo, hito jurídico que nuestra comunidad latinoamericana (incluida nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos) aún no iguala. De hecho ni siquiera existe una traducción completa al español.
Para la trivia, ante la Corte Suprema también alegó Merritt W. Green, por la Asociación de Jueces de Menores de Ohio -como amicus curiae-, pidiendo se mantuviese la decisión.
Amelia Lewis, fue la defensora juvenil de Gerry (era voluntaria de la sección Arizona de la UCLA, Unión de Libertades Civiles de América) y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por esta tarea, entre ellos, el Livingston Hall Award.
El Juez Potter Stewart fue el único disidente. Argumentó que el propósito del tribunal de menores no era el castigo, sino la corrección.
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