Hace unas dos semanas fui invitado por Miguel Cillero, conocido investigador de la Universidad Diego Portales a participar en un Taller de trabajo, “Estudio sobre la derogación de la Ley de Menores y su impacto en las medidas de protección”, que es parte de un estudio adjudicado a fines del 2012 por la Subsecretaría de Desarrollo Social. Estaban presente Francisco Maldonado, también del equipo investigador, Julio Cortés, Hernán Fernández (Proyecto Umbrales, Fundación Tierra de Esperanza), Sergio Henríquez (Puentes Consultores), Consuelo Contreras (Corporación Opción), Felipe Viveros, Erik Loembert (ONG Chasqui), Carolina Díaz (Corporación Opción), Angélica Marín, Magdalena Liou (DEPRODE, SENAME), y otros miembros de ONG's y fundaciones.
Dejo aquí una versión ordenada de mi intervención en ese día.
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domingo, 10 de febrero de 2013
miércoles, 5 de septiembre de 2012
Corte de Apelaciones de Temuco acogió amparo presentado por INDH a favor de niños mapuche de Temucuicui
La Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a favor de tres menores y un adolescente de la comunidad Temucuicui, quienes fueron víctimas de violencia en un operativo policial.
En fallo unánime, los ministros de la Sala de Turno del tribunal de alzada Alejandro Vera, Cecilia Aravena y el abogado integrante Claudio Bravo, acogieron la acción cautelar en contra de carabineros de la Prefectura de Malleco, quienes realizaron un operativo, el 23 de julio de 2012, en la comunidad y el Hospital de Collipulli. La resolución determina el uso excesivo de la fuerza de la institución policial en ambos operativos, estableciendo que “el rigor desplegado por la policía para enfrentar un grupo de personas, debiendo cuidar en su accionar no provocaren mayores males que los necesarios para dar debido cumplimiento de su obligación de controlar grupos de personas, excedió el marco de lo aceptable con lo cual afectó derechos y garantías de los amparados, que aun cuando podrían haber estado dentro de un grupo de personas que provoca desmanes, no podían ser víctimas del excesivo uso de fuerza que le causaron las lesiones que se señalaron anteriormente, y que da cuenta en detalle el escrito de presentación del recurso”.
El fallo ordena a la “la Prefectura de Carabineros de Malleco efectuar los procedimientos policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas que provoquen desórdenes, y en especial cuando dentro de dichos grupos pueda haber niños y niñas”.
Para Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “lo destacable de este fallo es que desarrolla el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza, tantas veces planteado por el Instituto, en el sentido de que los métodos policiales de control del orden en la zona se ajusten a los estándares en derechos humanos y especialmente, en las consideraciones a los hábitos y cultura de los pueblos indígenas, a la que nos obliga el Convenio 169 de la OIT”, señaló.
Recurso de amparo
Los hechos que motivaron la acción legal interpuesta por el INDH, ocurrieron en el contexto del desalojo del Fundo La Romana que realizó un grupo de comuneros/as de Temucuicui, quienes tomaron pacíficamente la propiedad. Producto de lo anterior, Carabineros detuvo a un grupo de los/as comuneros/as y los/as trasladó al Hospital de Collipulli para efectos de constatar lesiones, ante lo cual familiares y amigos/as de los/as detenidos/as concurrieron al recinto con el objeto de verificar el estado de salud de sus cercanos.
Fue en ese momento cuando Carabineros disparó contra ellos y ellas, hiriendo a los niños, niñas y adolescentes.
Amparo Mapuches Indh Temuco
En fallo unánime, los ministros de la Sala de Turno del tribunal de alzada Alejandro Vera, Cecilia Aravena y el abogado integrante Claudio Bravo, acogieron la acción cautelar en contra de carabineros de la Prefectura de Malleco, quienes realizaron un operativo, el 23 de julio de 2012, en la comunidad y el Hospital de Collipulli. La resolución determina el uso excesivo de la fuerza de la institución policial en ambos operativos, estableciendo que “el rigor desplegado por la policía para enfrentar un grupo de personas, debiendo cuidar en su accionar no provocaren mayores males que los necesarios para dar debido cumplimiento de su obligación de controlar grupos de personas, excedió el marco de lo aceptable con lo cual afectó derechos y garantías de los amparados, que aun cuando podrían haber estado dentro de un grupo de personas que provoca desmanes, no podían ser víctimas del excesivo uso de fuerza que le causaron las lesiones que se señalaron anteriormente, y que da cuenta en detalle el escrito de presentación del recurso”.
El fallo ordena a la “la Prefectura de Carabineros de Malleco efectuar los procedimientos policiales con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de las personas amparadas, teniendo una especial consideración en cuanto a los medios de disuasión que se utilicen para controlar a grupos de personas que provoquen desórdenes, y en especial cuando dentro de dichos grupos pueda haber niños y niñas”.
Para Lorena Fries, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, “lo destacable de este fallo es que desarrolla el concepto de proporcionalidad en el uso de la fuerza, tantas veces planteado por el Instituto, en el sentido de que los métodos policiales de control del orden en la zona se ajusten a los estándares en derechos humanos y especialmente, en las consideraciones a los hábitos y cultura de los pueblos indígenas, a la que nos obliga el Convenio 169 de la OIT”, señaló.
Recurso de amparo
Los hechos que motivaron la acción legal interpuesta por el INDH, ocurrieron en el contexto del desalojo del Fundo La Romana que realizó un grupo de comuneros/as de Temucuicui, quienes tomaron pacíficamente la propiedad. Producto de lo anterior, Carabineros detuvo a un grupo de los/as comuneros/as y los/as trasladó al Hospital de Collipulli para efectos de constatar lesiones, ante lo cual familiares y amigos/as de los/as detenidos/as concurrieron al recinto con el objeto de verificar el estado de salud de sus cercanos.
Fue en ese momento cuando Carabineros disparó contra ellos y ellas, hiriendo a los niños, niñas y adolescentes.
Amparo Mapuches Indh Temuco
viernes, 27 de julio de 2012
martes, 24 de julio de 2012
Clase sobre El Informe MUNRO
La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Concepción como coordinador académico del Curso del programa de Perfeccionamiento de la Academia Judicial, sobre Los derechos del niño en la aplicación de medidas de protección, dirigido a juezas y consejeras técnicas de todo el país. Fue un grupo humano muy participativo a quienes les agradezco sus comentarios, preguntas e intervenciones que enriquecieron el proceso de aprendizaje.
Quiero compartir uno de los módulos destinado a analizar el informe MUNRO sobre reforma del sistema de protección de niños en Inglaterra y Gales del año pasado.
Considero ese documento una "biblia" de la protección de niños y, desde mi experiencia, todos, absolutamente todos los errores y dificultades del sistema británico, se encuentran en nuestra realidad y multiplicados por veinte, por lo que su examen -y el de las propuestas de solución- es absolutamente pertinente para quien le interese la mejora del nuestro.
Quiero compartir uno de los módulos destinado a analizar el informe MUNRO sobre reforma del sistema de protección de niños en Inglaterra y Gales del año pasado.
Considero ese documento una "biblia" de la protección de niños y, desde mi experiencia, todos, absolutamente todos los errores y dificultades del sistema británico, se encuentran en nuestra realidad y multiplicados por veinte, por lo que su examen -y el de las propuestas de solución- es absolutamente pertinente para quien le interese la mejora del nuestro.
martes, 26 de junio de 2012
jueves, 26 de abril de 2012
viernes, 27 de enero de 2012
Documento de Foro de UNICEF sobre Nueva institucionalidad para la infancia y la adolescencia en Chile
UNICEF, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil dedicadas al trabajo con infancia y adolescencia y expertos académicos, con el objetivo de reflexionar en torno a la conformación de una nueva institucionalidad para la infancia y la adolescencia en Chile, y recomendar una serie de medidas concretas para este fin, impulsó la realización de un ciclo de debates acerca de tres cuestiones claves. Estas son: una Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia, la creación de un servicio en materia de protección de derechos que reemplace al actual Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la creación de un Defensor de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Los organizadores tuvieron la gentileza de invitarme a ser parte del debate y agradezco especialmente a la editora del documento, Fabiola Lathrop, que incorporó varios de los planteamientos que realicé en los encuentros y por escrito posteriormente.
El presente documento, como se señala en su introducción, es el fruto de la sistematización de los citados debates, trabajo que en su elaboración constó de tres etapas. La primera consistió en distinguir las cuestiones más pertinentes de cada uno de los temas que conformaron la trilogía de debates, las que, en forma de preguntas de contexto fueron enviadas previamente a expositores e invitados en general, con el objeto de centrar la discusión en los aspectos que parecieron más oportunos. La segunda etapa fue la realización propiamente dicha del ciclo denominado “Nueva institucionalidad de la infancia en Chile”.
Los tres debates se llevaron a cabo en Santiago, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, y fueron organizados en torno a una mesa de expositores, integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de derechos de la infancia y de la adolescencia en Chile —los que fueron escogidos internamente por sus propias instituciones—y por académicos expertos en el área a debatir; las mesas fueron moderadas por un especialista de UNICEF.
Cada uno de los expositores realizó su presentación en base a las preguntas de contexto, formuladas a priori y participó, al final de todas las intervenciones de cada uno de los debates, en un espacio de discusión que, a su vez, recogió los aportes, interrogantes y opiniones de las personas convocadas a ellos.
Los organizadores tuvieron la gentileza de invitarme a ser parte del debate y agradezco especialmente a la editora del documento, Fabiola Lathrop, que incorporó varios de los planteamientos que realicé en los encuentros y por escrito posteriormente.
El presente documento, como se señala en su introducción, es el fruto de la sistematización de los citados debates, trabajo que en su elaboración constó de tres etapas. La primera consistió en distinguir las cuestiones más pertinentes de cada uno de los temas que conformaron la trilogía de debates, las que, en forma de preguntas de contexto fueron enviadas previamente a expositores e invitados en general, con el objeto de centrar la discusión en los aspectos que parecieron más oportunos. La segunda etapa fue la realización propiamente dicha del ciclo denominado “Nueva institucionalidad de la infancia en Chile”.
Los tres debates se llevaron a cabo en Santiago, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011, y fueron organizados en torno a una mesa de expositores, integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de derechos de la infancia y de la adolescencia en Chile —los que fueron escogidos internamente por sus propias instituciones—y por académicos expertos en el área a debatir; las mesas fueron moderadas por un especialista de UNICEF.
Cada uno de los expositores realizó su presentación en base a las preguntas de contexto, formuladas a priori y participó, al final de todas las intervenciones de cada uno de los debates, en un espacio de discusión que, a su vez, recogió los aportes, interrogantes y opiniones de las personas convocadas a ellos.
jueves, 5 de enero de 2012
Sentencia de Corte Suprema acoge amparo por menor mapuche de 12 años, Felipe M. arbitrariamente arrestado
Con el lamentable voto en contra de los ministros Bates y Hernández, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Temuco que acogió el amparo interpuesto por el defensor Jaime López, en favor de los niños de la Comunidad mapuche de Temucuicui, en particular por Felipe M.M., de 12 años, arbitrariamente arrestado.
El fallo completo de la Suprema, Temuco y el recurso acá.
Las razones del voto de minoría son bien pobres, en especial cuando en el considerando 5º indican que las acciones recurridas, "los hechos específicos que se atribuyen a la policía uniformada en relación con el menor Felipe M., carecen de la claridad suficiente en cuanto a su origen y desarrollo para dar por establecida alguna infracción concreta a normas de derecho interno como internacional que se conformen con los requisitos exigibles y propios de un recurso de amparo". De seguirse este criterio la acción cautelar perdería su eficacia porque le exige al violentado que ofrezca detalles del violentador a riesgo de desestimarla.
Dentro de lo destacable del fallo de la Corte de Temuco es que afirma claramente que: "lo cierto es que las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temucuicui constituyen hechos públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente, mediante el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este Tribunal respecto de la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar no sólo lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT, particularmente su artículo 3.2"
El fallo completo de la Suprema, Temuco y el recurso acá.
Las razones del voto de minoría son bien pobres, en especial cuando en el considerando 5º indican que las acciones recurridas, "los hechos específicos que se atribuyen a la policía uniformada en relación con el menor Felipe M., carecen de la claridad suficiente en cuanto a su origen y desarrollo para dar por establecida alguna infracción concreta a normas de derecho interno como internacional que se conformen con los requisitos exigibles y propios de un recurso de amparo". De seguirse este criterio la acción cautelar perdería su eficacia porque le exige al violentado que ofrezca detalles del violentador a riesgo de desestimarla.
Dentro de lo destacable del fallo de la Corte de Temuco es que afirma claramente que: "lo cierto es que las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temucuicui constituyen hechos públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente, mediante el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este Tribunal respecto de la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar no sólo lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT, particularmente su artículo 3.2"
martes, 20 de diciembre de 2011
Tiempo para celebrar. Nuevo Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño sobre un procedimiento para comunicaciones
Ayer lunes la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el texto de un nuevo tratado internacional de derechos humanos de la niñez. Dejo el comunicado oficial del grupo de trabajo de ONG's que hizo posible este logro.
"Con este nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a "comunicaciones" o a un procedimiento de quejas, la comunidad internacional ha puesto efectivamente los derechos de los niños en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos y reconoció que los niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho a apelar a un mecanismo internacional, al igual que los adultos.
Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos, tendrán la posibilidad de presentar una queja ante el Comité de Expertos Internacionales, el Comité de Derechos del Niño de la ONU (el Comité), si no han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas violaciones en sus países.
Hoy celebramos el histórico paso adelante que se ha hecho para la protección de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos humanos. Esto no habría sido posible sin el compromiso constante e incansable y la dedicación de todos los actores involucrados. En particular, queremos reconocer y agradecer al Grupo Central de Estados que ha liderado el proceso y el gran número de Estados de todas las regiones, que han apoyado la creación de este nuevo Protocolo.
También queremos agradecer a todos los involucrados por su participación constructiva y felicitar al Presidente del Grupo de Trabajo por su compromiso para hacer de este nuevo instrumento una realidad.
Hacemos un llamado a todos los Estados para iniciar las discusiones y los procesos nacionales en vista de la ratificación del nuevo Protocolo Facultativo tan pronto como sea posible, y les instamos a firmar el nuevo Protocolo Facultativo en la ceremonia oficial de firma que se celebrará en el 2012, para demostrar así su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Invitamos a todas las organizaciones interesadas a unirse a nuestra campaña de ratificación internacional para el nuevo Protocolo Facultativo."
Declaración de Marta Santos
"Con este nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño relativo a "comunicaciones" o a un procedimiento de quejas, la comunidad internacional ha puesto efectivamente los derechos de los niños en igualdad de condiciones con los demás derechos humanos y reconoció que los niños, niñas y adolescentes también tienen el derecho a apelar a un mecanismo internacional, al igual que los adultos.
Ahora los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos humanos, tendrán la posibilidad de presentar una queja ante el Comité de Expertos Internacionales, el Comité de Derechos del Niño de la ONU (el Comité), si no han logrado obtener las respuestas legales necesarias a estas violaciones en sus países.
Hoy celebramos el histórico paso adelante que se ha hecho para la protección de los niños, niñas y adolescentes y sus derechos humanos. Esto no habría sido posible sin el compromiso constante e incansable y la dedicación de todos los actores involucrados. En particular, queremos reconocer y agradecer al Grupo Central de Estados que ha liderado el proceso y el gran número de Estados de todas las regiones, que han apoyado la creación de este nuevo Protocolo.
También queremos agradecer a todos los involucrados por su participación constructiva y felicitar al Presidente del Grupo de Trabajo por su compromiso para hacer de este nuevo instrumento una realidad.
Hacemos un llamado a todos los Estados para iniciar las discusiones y los procesos nacionales en vista de la ratificación del nuevo Protocolo Facultativo tan pronto como sea posible, y les instamos a firmar el nuevo Protocolo Facultativo en la ceremonia oficial de firma que se celebrará en el 2012, para demostrar así su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Invitamos a todas las organizaciones interesadas a unirse a nuestra campaña de ratificación internacional para el nuevo Protocolo Facultativo."
Francisco Estrada presentación sobre proyecto de nuevo pf de cdn sobre procedimiento de comunicaciones
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Declaración de Marta Santos
viernes, 9 de diciembre de 2011
10 Errores del Anteproyecto de Ley que reorganiza el actual Servicio Nacional de Menores
El
ejecutivo discute en estos días un texto de anteproyecto de ley que reorganiza el actual SENAME, creando dos nuevos
servicios de atención a la infancia y adolescencia.
Creo que es necesaria una amplia
discusión de este documento porque me parece un muy mal proyecto con una serie
de errores de diversos tipo, de los que sólo me voy a referir en esta
oportunidad a 10.
Fragmento:
10. Los servicios no se miran dentro de un sistema.
El rol de los servicios estatales, entonces, no es sólo de actores que reproducen una gestión insular ad intra y entre ellos, sino de actores que, por mandato legal, y no ya por la “sensibilidad”, la “benevolencia” o la “buena onda” de sus autoridades comparten información, coordinan prestaciones, supervisan conjuntamente, establecen metas compartidas. ¿Cómo el aparato estatal va a exigir a los colaboradores énfasis en la complementariedad de las intervenciones si el mismo estado no es capaz de hacerlo?
El abuso sexual infantil, los niños en situación de calle, el abandono y maltrato infantil, los graves casos de severas patologías de salud mental infantil no son posibles de resolver por un servicio público en solitario. La reinserción de jóvenes y la interrupción de sus carreras delictivas, el afianzamiento de procesos de desistimiento no son tareas que ningún servicio público pueda enfrentar con un mínimo éxito sin entender que son tareas de un sistema.
Nada en el anteproyecto nos hace pensar que el sistema de protección y el sistema de justicia juvenil van a cambiar con los nuevos servicios que aquí se establecen, del momento que el anteproyecto carece de esta mirada sistémica, en las dos (o tres, agrego yo) áreas en que se dividirá el actual SENAME."
ESTRADA (2011). 10 Errores del Anteproyecto de Ley que reorganiza el actual Servicio Nacional de Menores.
Anteproyecto de ley que reorganiza el actual SENAME, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia.
Nuevo: Acá pueden acceder al Borrador de Anteproyecto de Nueva Institucionalidad trabajado en la administración anterior.
lunes, 5 de diciembre de 2011
El Informe MUNRO: Un sistema centrado en el niño
El sistema inglés de protección de niños, un sistema que ha sido un referente para SENAME desde casi una década, ha vivido lamentables tragedias de muertes, abusos y maltratos, que pudieron y debieron haber sido evitados.
El 10 de junio del 2010, el ministro de Educación (la cartera ministerial de la que depende el sistema de protección de niños) anunció que le había solicitado a la destacada profesora del LSE Eileen Munro que dirigiese una completa revisión del sistema. (La carta con los términos de la solicitud puede ser revisada acá), con el foco puesto en fortalecer la profesión del trabajo social, a fin de ponerles en una mejor posición para que formulen juicio bien informados basados en la evidencia y en los mejores intereses del niño (el interés superior) y libres de burocracias y regulaciones innecesarias.
La profesora Munro entregó reportes interinos a comienzos de año y un Informe final en abril del 2011.
Luego de ese informe, se ha desarrollado un proceso de implementación de las recomendaciones Todo ese trabajo puede revisarse en la web armado a tal efecto.
Creo que es necesario estudiar y difundir estos trabajos ya que muchos de los problemas identificados en el sistema británico están ampliamente presentes en nuestro sistema. Una primera lectura del acucioso informe tiene la sorprendente conclusión de que todos los errores presentes hoy en el sistema inglés están, desde mi experiencia, presentes en nuestro sistema.
Hay, además, alcances a la formación y capacitación permanente de los trabajadores sociales que son de gran relevancia para quienes trabajan en la universidades.
Un eje articulador del trabajo de Munro (y presente en otros ya clásicos estudios que ella ha llevado a cabo) es la revisión crítica del proceso de toma de decisiones y argumentación profesional de los operadores del sistema de protección. Creo que esa área ha sido muy poco abordada entre nosotros pero basta la lectura de cualquier expediente proteccional, o de informes psico-sociales para acreditar que es un área muy muy débil de nuestro sistema. De hecho, tengo la impresión que los esfuerzos de mejora de los últimos años han pasado por alto esta área y se han concentrado en los temas de fondo, por así llamarlos, sin provocar el impacto esperado porque las habilidades y prácticas subyacentes no existen.
Me refiero a diagnósticos rígidos, escasa capacidad de comunicación con las redes, hipótesis iniciales que no se revisan a la luz de nuevos antecedentes, sobreintervención, extravío del control de la situación inicial de riesgo, sesgos y prejuicios respecto de determinadas poblaciones, protocolos de intervención que no se cumplen, entre otros problemas.
Una cuestión no menor es cierta práctica inglesa, desconocida entre nosotros, de reaccionar ante estos fracasos del sistema con estudios y reportes técnicos. Por acá, nuestra práctica ininterrumpida discurre por dos vías: el sumario administrativo, que persigue determinar responsabilidades administrativas y que no suele estar a cargo de un técnico, y la investigación judicial, que persigue responsabilidades penales y, eventualmente, civiles, y que dirige un fiscal y decide un juez, ambos, por cierto, legos en lo técnico.
El trabajo clásico al que aludí supra, (Munro, (1999). Common errors of reasoning in child protection work) examinó 45 de estas investigaciones efectuadas en Inglaterra entre 1973 y 1994.
MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Final Report. A child-centred system.
MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Interim Report: The Child’s Journey.
MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Interim Report: Part one: A systems analysis.
El 10 de junio del 2010, el ministro de Educación (la cartera ministerial de la que depende el sistema de protección de niños) anunció que le había solicitado a la destacada profesora del LSE Eileen Munro que dirigiese una completa revisión del sistema. (La carta con los términos de la solicitud puede ser revisada acá), con el foco puesto en fortalecer la profesión del trabajo social, a fin de ponerles en una mejor posición para que formulen juicio bien informados basados en la evidencia y en los mejores intereses del niño (el interés superior) y libres de burocracias y regulaciones innecesarias.
La profesora Munro entregó reportes interinos a comienzos de año y un Informe final en abril del 2011.
Luego de ese informe, se ha desarrollado un proceso de implementación de las recomendaciones Todo ese trabajo puede revisarse en la web armado a tal efecto.
Creo que es necesario estudiar y difundir estos trabajos ya que muchos de los problemas identificados en el sistema británico están ampliamente presentes en nuestro sistema. Una primera lectura del acucioso informe tiene la sorprendente conclusión de que todos los errores presentes hoy en el sistema inglés están, desde mi experiencia, presentes en nuestro sistema.
Hay, además, alcances a la formación y capacitación permanente de los trabajadores sociales que son de gran relevancia para quienes trabajan en la universidades.
Un eje articulador del trabajo de Munro (y presente en otros ya clásicos estudios que ella ha llevado a cabo) es la revisión crítica del proceso de toma de decisiones y argumentación profesional de los operadores del sistema de protección. Creo que esa área ha sido muy poco abordada entre nosotros pero basta la lectura de cualquier expediente proteccional, o de informes psico-sociales para acreditar que es un área muy muy débil de nuestro sistema. De hecho, tengo la impresión que los esfuerzos de mejora de los últimos años han pasado por alto esta área y se han concentrado en los temas de fondo, por así llamarlos, sin provocar el impacto esperado porque las habilidades y prácticas subyacentes no existen.
Me refiero a diagnósticos rígidos, escasa capacidad de comunicación con las redes, hipótesis iniciales que no se revisan a la luz de nuevos antecedentes, sobreintervención, extravío del control de la situación inicial de riesgo, sesgos y prejuicios respecto de determinadas poblaciones, protocolos de intervención que no se cumplen, entre otros problemas.
Una cuestión no menor es cierta práctica inglesa, desconocida entre nosotros, de reaccionar ante estos fracasos del sistema con estudios y reportes técnicos. Por acá, nuestra práctica ininterrumpida discurre por dos vías: el sumario administrativo, que persigue determinar responsabilidades administrativas y que no suele estar a cargo de un técnico, y la investigación judicial, que persigue responsabilidades penales y, eventualmente, civiles, y que dirige un fiscal y decide un juez, ambos, por cierto, legos en lo técnico.
El trabajo clásico al que aludí supra, (Munro, (1999). Common errors of reasoning in child protection work) examinó 45 de estas investigaciones efectuadas en Inglaterra entre 1973 y 1994.
MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Final Report. A child-centred system.
MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Interim Report: The Child’s Journey.
MUNRO (2011). The Munro Review of Child Protection. Interim Report: Part one: A systems analysis.
jueves, 15 de septiembre de 2011
Argentina. CELS informa de cuatro pibes presos mueren quemados en Catamarca
Cuatro adolescentes de 16 y 17 años acaban de morir quemados en la llamada “Alcaidía de Menores” de Catamarca, un lugar donde nunca deberían haber estado.
Otra vez, como en los casos de la Comisaría 1ra de Quilmes (2004), la Comisaría 20 de Orán, Salta (en 2006 y 2008), y la Comisaría 7ma. De Corrientes (2006), se producen muertes por asfixia y quemaduras graves, en adolescentes que están privados de libertad en lugares absolutamente inadecuados.
Nuestro país ha sido señalado reiteradamente por organismos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Comité contra la Tortura, por detener niños y alojarlos en Comisarías. Sin embargo, esta práctica continúa, y se cobra nuevas vidas adolescentes. La semana que pasó, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto elaborado por 24 organizaciones de derechos humanos de todo el país, por el que se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo objetivo principal es la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004, y que debería de haber implementado desde hace cuatro años, mediante la creación de Mecanismos de Visita a todos los lugares de encierro de jurisdicción federal y provincial: cárceles, comisarías, alcaidías, institutos de menores, centros de atención para adictos, psiquiátricos, etc. Es urgente que el Senado de la Nación apruebe este proyecto, y que se implementen los mecanismos de visita que puedan recorrer todos los lugares donde haya personas privadas de libertad.
Quizá, de este modo, puedan evitarse nuevas muertes como las de Nelson Fernández (17), Franco Nieva (16) Nelson Molas (17), y Franco Sosa (17). Mientras esto suceda, exigimos que estas muertes no queden impunes: El Estado es responsable de garantizar la vida y la integridad física de las personas a las que decida privar de libertad, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 2011
Asamblea Permanente Derechos Humanos, Delegación Mar del Plata Asociación Civil La Cantora, Azucena Racosta Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales Asociación Pensamiento Penal Centro de Estudios en Derechos Humanos, Neuquén (CEDH) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires Coordinadora de Trabajo Carcelario Red de Derechos Humanos de Corrientes Secretaría de DDHH del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora Zainuco, Neuquén Julian Axat Defensor Publico Juvenil La Plata María Fernanda Mestrin Defensora Pública Lomas de Zamora. ADDH
Fuente: CELS
Otra vez, como en los casos de la Comisaría 1ra de Quilmes (2004), la Comisaría 20 de Orán, Salta (en 2006 y 2008), y la Comisaría 7ma. De Corrientes (2006), se producen muertes por asfixia y quemaduras graves, en adolescentes que están privados de libertad en lugares absolutamente inadecuados.
Nuestro país ha sido señalado reiteradamente por organismos como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el Comité contra la Tortura, por detener niños y alojarlos en Comisarías. Sin embargo, esta práctica continúa, y se cobra nuevas vidas adolescentes. La semana que pasó, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto elaborado por 24 organizaciones de derechos humanos de todo el país, por el que se crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo objetivo principal es la implementación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que nuestro país ratificó en noviembre de 2004, y que debería de haber implementado desde hace cuatro años, mediante la creación de Mecanismos de Visita a todos los lugares de encierro de jurisdicción federal y provincial: cárceles, comisarías, alcaidías, institutos de menores, centros de atención para adictos, psiquiátricos, etc. Es urgente que el Senado de la Nación apruebe este proyecto, y que se implementen los mecanismos de visita que puedan recorrer todos los lugares donde haya personas privadas de libertad.
Quizá, de este modo, puedan evitarse nuevas muertes como las de Nelson Fernández (17), Franco Nieva (16) Nelson Molas (17), y Franco Sosa (17). Mientras esto suceda, exigimos que estas muertes no queden impunes: El Estado es responsable de garantizar la vida y la integridad física de las personas a las que decida privar de libertad, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 2011
Asamblea Permanente Derechos Humanos, Delegación Mar del Plata Asociación Civil La Cantora, Azucena Racosta Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales Asociación Pensamiento Penal Centro de Estudios en Derechos Humanos, Neuquén (CEDH) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires Coordinadora de Trabajo Carcelario Red de Derechos Humanos de Corrientes Secretaría de DDHH del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora Zainuco, Neuquén Julian Axat Defensor Publico Juvenil La Plata María Fernanda Mestrin Defensora Pública Lomas de Zamora. ADDH
Fuente: CELS
jueves, 8 de septiembre de 2011
Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado hoy el Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, el cual identifica los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil en las Américas.
La Comisión señala en el informe su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región.
En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad. En el informe, la Comisión exhorta a que los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes y hace recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil en la región.
Para la realización de este informe se llevaron a cabo visitas a diversos países de la región, se consultaron fuentes gubernamentales, no gubernamentales y académicas, se organizaron consultas regionales y se elaboró un cuestionario que fue respondido por Gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos. La CIDH agradece a los Estados miembros y a los miembros de la sociedad civil su colaboración para la realización de este informe, cuya elaboración fue posible a través de la firma de un memorándum de entendimiento entre la CIDH, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, se recibió el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organización Save the Children-Suecia y Luxemburgo. La Comisión también desea reconocer la cooperación de la oficina de la Representante Especial de la ONU sobre la Violencia contra los Niños.
Agradezco a uno de los colaboradores del informe, el gran Javier Palummo, del Uruguay, el aviso y envío del documento, que será, con toda seguridad, referente para todos quienes trabajamos en América en justicia juvenil.
La Comisión señala en el informe su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región.
En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad. En el informe, la Comisión exhorta a que los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes y hace recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil en la región.
Para la realización de este informe se llevaron a cabo visitas a diversos países de la región, se consultaron fuentes gubernamentales, no gubernamentales y académicas, se organizaron consultas regionales y se elaboró un cuestionario que fue respondido por Gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos. La CIDH agradece a los Estados miembros y a los miembros de la sociedad civil su colaboración para la realización de este informe, cuya elaboración fue posible a través de la firma de un memorándum de entendimiento entre la CIDH, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, se recibió el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organización Save the Children-Suecia y Luxemburgo. La Comisión también desea reconocer la cooperación de la oficina de la Representante Especial de la ONU sobre la Violencia contra los Niños.
Agradezco a uno de los colaboradores del informe, el gran Javier Palummo, del Uruguay, el aviso y envío del documento, que será, con toda seguridad, referente para todos quienes trabajamos en América en justicia juvenil.
martes, 23 de agosto de 2011
Corte Interamericana de Derechos Humanos Primera sesión Caso Atala Riffo e Hijas v. Estado de Chile
frontalstudio on livestream.com. Broadcast Live Free
Un rotundo testimonio el de Karen Atala, seguido de brillantes peritos, Juan Carlos Marín y el gran Emilio García Méndez
A los alumnos del Postítulo de la U, de Chile desde ya les aviso que este video será material obligatorio.
viernes, 19 de agosto de 2011
España: Ejecutivo anuncia Anteproyecto de ley de actualización de la legislación de protección a la infancia
Recientemente, el ejecutivo español ha anunciado y hecho público su anteproyecto para reformar la Ley de Protección integral del menor.
Dejo abajo un fragmento del comunicado oficial de La Moncloa, pero quiero destacar, en sintonía con mi presentación del sábado recién pasado en el Foro del PRO, como un novedoso recurso y una intuición compartida, la necesidad de precisar el proceso de búsqueda del interés superior, y, para esto, seguir la experiencia inglesa de la Children Act. No sólo soy yo entonces, quien considera que este es el camino para introducir en nuestro sistema jurídico una herramienta de utilidad sino que el largo trabajo de dos años del ejecutivo español coincide en esa misma dirección. Nada como que otros coincidan con uno.
• Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
• Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares. El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia. Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.
Interés superior del menor
Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado. Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar. Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído. También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera. ESPAÑA ANTEPROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
Dejo abajo un fragmento del comunicado oficial de La Moncloa, pero quiero destacar, en sintonía con mi presentación del sábado recién pasado en el Foro del PRO, como un novedoso recurso y una intuición compartida, la necesidad de precisar el proceso de búsqueda del interés superior, y, para esto, seguir la experiencia inglesa de la Children Act. No sólo soy yo entonces, quien considera que este es el camino para introducir en nuestro sistema jurídico una herramienta de utilidad sino que el largo trabajo de dos años del ejecutivo español coincide en esa misma dirección. Nada como que otros coincidan con uno.
• Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
• Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
• Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
• Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares. El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia. Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.
Interés superior del menor
Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado. Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar. Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído. También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera. ESPAÑA ANTEPROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
lunes, 15 de agosto de 2011
Foro PRO Derechos de los niños y niñas: Por una Ley de Protección de Derechos del Niño
Fue un acierto la oportunidad de compartir panel con David Ordenes, de La Caleta, quien lleva muchos años en el trabajo de base con niñez, y que en los últimos años se ha comprometido en el desafiante trabajo de la participación infantil. David lidera la Campaña Movilizándonos, por una Ley de derechos del Niño. Agradezco a la organizadora del encuentro Madeleine Kohnenkampf y a la moderadora del panel, Alejandra Bottinelli. Fue también muy emocionante conocer la experiencia de trabajo de reparación a través del teatro que realiza ONG Raíces y que presentó Iria Retuerto junto a la actriz Claudia Pérez.
Lo he dicho otras veces públicamente. el trabajo de Raíces es pionero en nuestro país y está a la vanguardia en América Latina.
Como es costumbre dejo aquí la presentación que expuse el sábado.
Francisco Estrada ideas centrales para un proyecto de proteccion de derechos niño
Video aquí
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viernes, 5 de agosto de 2011
La tragedia y la comedia de nuestra policía. Mi columna de hoy en El Post
Mi columna de hoy en El Post:
Este 4 de agosto, Carabineros de Chile, en un inmenso esfuerzo por contradecir a Marx en su idea de que la historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como comedia, nos ofreció en un mismo día (¡toma Carlitos!) el espectáculo en toda su extensión.
A las 11:00 de la mañana el despliegue de fuerzas especiales, bastante ordinarias por cierto, era abrumador, desproporcionado y evidentemente afectó el funcionamiento de la ciudad más que lo que la peor de las protestas pudo lograr.
Mientras tanto, en otra esquina de la ciudad -específicamente en El Bosque-, un ex uniformado de apellido Ripetti, se refugiaba semidesnudo en su camioneta ante la exasperante delicadeza de sus ex compañeros de oficio que lo rodeaban para gritarle. El propio jefe de la Prefectura Sur de Carabineros, coronel Marcelo Valdebenito, tuvo que presentarse para poner "paños fríos", dijo la prensa. “El oficial dialogó con Ripetti, aceptó que se vistiera (su esposa le llevó ropa), y que siguiera su viaje. Al final, sólo fue multado por no respetar la luz roja.” No es The Clinic sino El Mercurio el que relata el episodio.
Todos vimos en televisión la elegante gentileza y el tiempo que le dedicó un coronel -en un día de no poco trabajo- a un asunto muy, pero muy menor, pero que afectaba a un ex uniformado. Me impresionó el trato diplomático con que dialogaban, sin atreverse siquiera a forzar el vehículo de un sujeto que los forzó a un operativo en que se involucró a numerosos efectivos. Por momento pensé que era una perfomance en homenaje al fallecido Hightower (Buba Smith) de “Locademia de Policía”.
En cambio, no todos vimos en televisión los manoseos humillantes, la prepotencia y la violencia con que tomaban las mochilas de cualquier escolar para revisarlo, gritonearlo y empujarlo. No hablo del fragor del combate -uno para el que deberían estar preparados y actuar con la frialdad de un profesional- sino del que observé en Providencia, con escolares que miraban, y -quizá, quién sabe- esperaban para entrar a la acción, pero que en ese momento no hacían nada que la ley contemple como supuesto para el control policial. No todos vimos el disparo de lacrimógenas por doquier, el uso de caballos como armas, el sinsentido de la fuerza absolutamente disociada de cualquier análisis estratégico. Algunos canales transmitieron, desde una cómoda distancia, las borrosas sombras de una tragedia.
Estos paréntesis de legalidad los hemos vivido en el pasado y, como tantos, imaginaba que sólo los volveríamos a ver en las series de televisión que los recuerdan y no en los noticiarios o en las calles. La policía no se manda sola –por lo menos, no debiera- y hay un indudable error de manejo político detrás de lo que pasó ayer. Y ese error se agrava cuando la policía actúa de forma abusiva... después de tantos años presenciando esto, nunca me queda claro si hay un propósito o es simplemente infinita torpeza.
Lo de Rippeti rodeado por el diplomático coronel, me hace temer que, tras la tragedia del inmenso abuso policial con los estudiantes, hay una comedia de errores, de formación, selección y dirección en nuestra policía uniformada.
Este 4 de agosto, Carabineros de Chile, en un inmenso esfuerzo por contradecir a Marx en su idea de que la historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como comedia, nos ofreció en un mismo día (¡toma Carlitos!) el espectáculo en toda su extensión.
A las 11:00 de la mañana el despliegue de fuerzas especiales, bastante ordinarias por cierto, era abrumador, desproporcionado y evidentemente afectó el funcionamiento de la ciudad más que lo que la peor de las protestas pudo lograr.
Mientras tanto, en otra esquina de la ciudad -específicamente en El Bosque-, un ex uniformado de apellido Ripetti, se refugiaba semidesnudo en su camioneta ante la exasperante delicadeza de sus ex compañeros de oficio que lo rodeaban para gritarle. El propio jefe de la Prefectura Sur de Carabineros, coronel Marcelo Valdebenito, tuvo que presentarse para poner "paños fríos", dijo la prensa. “El oficial dialogó con Ripetti, aceptó que se vistiera (su esposa le llevó ropa), y que siguiera su viaje. Al final, sólo fue multado por no respetar la luz roja.” No es The Clinic sino El Mercurio el que relata el episodio.
Todos vimos en televisión la elegante gentileza y el tiempo que le dedicó un coronel -en un día de no poco trabajo- a un asunto muy, pero muy menor, pero que afectaba a un ex uniformado. Me impresionó el trato diplomático con que dialogaban, sin atreverse siquiera a forzar el vehículo de un sujeto que los forzó a un operativo en que se involucró a numerosos efectivos. Por momento pensé que era una perfomance en homenaje al fallecido Hightower (Buba Smith) de “Locademia de Policía”.
En cambio, no todos vimos en televisión los manoseos humillantes, la prepotencia y la violencia con que tomaban las mochilas de cualquier escolar para revisarlo, gritonearlo y empujarlo. No hablo del fragor del combate -uno para el que deberían estar preparados y actuar con la frialdad de un profesional- sino del que observé en Providencia, con escolares que miraban, y -quizá, quién sabe- esperaban para entrar a la acción, pero que en ese momento no hacían nada que la ley contemple como supuesto para el control policial. No todos vimos el disparo de lacrimógenas por doquier, el uso de caballos como armas, el sinsentido de la fuerza absolutamente disociada de cualquier análisis estratégico. Algunos canales transmitieron, desde una cómoda distancia, las borrosas sombras de una tragedia.
Estos paréntesis de legalidad los hemos vivido en el pasado y, como tantos, imaginaba que sólo los volveríamos a ver en las series de televisión que los recuerdan y no en los noticiarios o en las calles. La policía no se manda sola –por lo menos, no debiera- y hay un indudable error de manejo político detrás de lo que pasó ayer. Y ese error se agrava cuando la policía actúa de forma abusiva... después de tantos años presenciando esto, nunca me queda claro si hay un propósito o es simplemente infinita torpeza.
Lo de Rippeti rodeado por el diplomático coronel, me hace temer que, tras la tragedia del inmenso abuso policial con los estudiantes, hay una comedia de errores, de formación, selección y dirección en nuestra policía uniformada.
martes, 28 de junio de 2011
Avanza nuevo Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño sobre Mecanismo de quejas individuales
El Consejo de Derechos Humanos ha adoptado el proyecto final de protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones para las violaciones a los derechos del niño elaborado por un grupo de trabajo intergubernamental durante diez días en diciembre de 2010 y febrero de 2011.
Esto significa que, muy probablemente, a fin de año, existirá un nuevo protocolo facultativo, y deberemos iniciar campañas para que los estados firmen y ratifiquen el Protocolo.
El nuevo protocolo permitirá que el Comité sobre los Derechos del Niño pueda examinar comunicaciones de los niños y sus representantes, alegando violaciones de sus derechos.
"Sólo podemos aplaudir esta decisión", dijo Anita Goh, responsable de abogacía del grupo de ONG para la CDN, coordinadora de la campaña internacional por el nuevo mecanismo, "a pesar de algunas lamentables omisiones en el texto final, como la supresión del procedimiento de comunicación colectiva , esta es una oportunidad única para traducir en derecho internacional los compromisos de los Estados para proteger y respetar los derechos de los niños. "
El Consejo de Derechos Humanos pidió al Grupo intergubernamental en Junio de 2009 "explorar la posibilidad" de la redacción de este nuevo Protocolo Facultativo. En Marzo de 2010, el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo para un máximo de diez días para elaborar un protocolo facultativo.
"El nuevo Protocolo envía una señal fuerte de parte de la comunidad internacional de que los niños también son titulares de derechos y que tienen derecho a quejarse a nivel internacional cuando no hay recursos efectivos disponibles para ellos en su país", dijo la señorita Goh, "Vamos a continuar nuestro trabajo para asegurar que el texto final sea adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas este otoño, y esperamos el comienzo de una nueva campaña para la ratificación ".
El proyecto final de protocolo facultativo será transmitido a la Asamblea General de la ONU para su aprobación definitiva en diciembre de 2011.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el único tratado internacional de derechos humanos que no tiene un procedimiento de comunicaciones.
Una coalición de más de 80 ONGs, internacionales y nacionales, con el apoyo de más de 600 organizaciones en todas las regiones, ha estado presionando para la creación de este nuevo mecanismo desde el año 2006. La coalición está encabezada por Sara Austin (Visión Mundial) y Peter Newell (Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal Hacia los Niños) y coordinado por Anita Goh (Grupo de ONG para la CDN).
Un procedimiento de quejas o de "comunicaciones" permite que los individuos, grupos o sus representantes, alegando que sus derechos han sido violados por un Estado que es parte de la Convención, presenten una comunicación ante el Comité competente de la ONU, siempre que el Estado haya aceptado el procedimiento.
Proyecto de Protocolo Facultativo de La CDN Para Establecer Un Procedimiento de Comunicaciones
Esto significa que, muy probablemente, a fin de año, existirá un nuevo protocolo facultativo, y deberemos iniciar campañas para que los estados firmen y ratifiquen el Protocolo.
El nuevo protocolo permitirá que el Comité sobre los Derechos del Niño pueda examinar comunicaciones de los niños y sus representantes, alegando violaciones de sus derechos.
"Sólo podemos aplaudir esta decisión", dijo Anita Goh, responsable de abogacía del grupo de ONG para la CDN, coordinadora de la campaña internacional por el nuevo mecanismo, "a pesar de algunas lamentables omisiones en el texto final, como la supresión del procedimiento de comunicación colectiva , esta es una oportunidad única para traducir en derecho internacional los compromisos de los Estados para proteger y respetar los derechos de los niños. "
El Consejo de Derechos Humanos pidió al Grupo intergubernamental en Junio de 2009 "explorar la posibilidad" de la redacción de este nuevo Protocolo Facultativo. En Marzo de 2010, el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo para un máximo de diez días para elaborar un protocolo facultativo.
"El nuevo Protocolo envía una señal fuerte de parte de la comunidad internacional de que los niños también son titulares de derechos y que tienen derecho a quejarse a nivel internacional cuando no hay recursos efectivos disponibles para ellos en su país", dijo la señorita Goh, "Vamos a continuar nuestro trabajo para asegurar que el texto final sea adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas este otoño, y esperamos el comienzo de una nueva campaña para la ratificación ".
El proyecto final de protocolo facultativo será transmitido a la Asamblea General de la ONU para su aprobación definitiva en diciembre de 2011.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el único tratado internacional de derechos humanos que no tiene un procedimiento de comunicaciones.
Una coalición de más de 80 ONGs, internacionales y nacionales, con el apoyo de más de 600 organizaciones en todas las regiones, ha estado presionando para la creación de este nuevo mecanismo desde el año 2006. La coalición está encabezada por Sara Austin (Visión Mundial) y Peter Newell (Iniciativa Global para Acabar con Todo Castigo Corporal Hacia los Niños) y coordinado por Anita Goh (Grupo de ONG para la CDN).
Un procedimiento de quejas o de "comunicaciones" permite que los individuos, grupos o sus representantes, alegando que sus derechos han sido violados por un Estado que es parte de la Convención, presenten una comunicación ante el Comité competente de la ONU, siempre que el Estado haya aceptado el procedimiento.
Proyecto de Protocolo Facultativo de La CDN Para Establecer Un Procedimiento de Comunicaciones
martes, 21 de junio de 2011
1,1 millones de niños privados de libertad en el mundo
"UNICEF realizó una estimación mundial del número de niños internados en el bienio 2007-2008 y calculó que, en cualquier momento, había más de 1,1 millones de niños recluidos en los sistemas judiciales a nivel mundial, aunque probablemente se trataba de una subestimación grosera, dadas las dificultades para obtener datos acerca de los muchos casos no declarados de niños internados"
en Los niños, los jóvenes y la delincuencia, Informe para el 12° Congreso Mundial de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Los niños, los jóvenes y la delincuencia
en Los niños, los jóvenes y la delincuencia, Informe para el 12° Congreso Mundial de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal
Los niños, los jóvenes y la delincuencia
lunes, 6 de junio de 2011
Entrevistado por Tomás Montero para medio español: "“Sin el compromiso de su equipo directivo, no es posible emprender transformaciones en los procesos de intervención"
Tomás Montero, jurista español y amigo, me entrevistó para el diario criminológico español Criminología y Justicia. Tomás es generoso en sus palabras y le agradezco la posibilidad de dialogar.
"Francisco Estrada es una de las personalidades de mayor prestigio en Chile en el mundo de la justicia penal adolescente, a la que ha dedicado gran parte de su carrera profesional. Conocido, respetado y apreciado, ha sabido siempre anteponer el desempeño profesional a las ideologías políticas, sin necesidad de esconder sus ideales, lo que hizo que el vigente gobierno le nombrara Director del Sename, puesto en el que permaneció durante ocho meses.
Pregunta. Francisco, ocho meses no dan para mucho, pero supongo que algunos proyectos se pondrían en marcha. ¿Cuál de todos fue el que más le hubiera gustado concluir?
Lo que aprendimos de los casos que gestionamos es que estos casos críticos requieren el compromiso directo y diario de toda la institución. Yo recibía dos reportes diarios de los encargados de casos en los centros, con copia al jefe técnico y director de centro, al supervisor y director regional, a los responsables en el nivel nacional de los centros y a mi gabinete. Con base a estos mails se armaban conversaciones diarias en las que intervenían unas 20 personas. No todas hablando pero todas enteradas al mismo tiempo de en qué iban esos casos críticos y qué se requería de apoyo. Y el apoyo iba desde cuestiones logísticas (más recursos humanos, apurar trámites de suplencias, vehículos, etc.) hasta segundas miradas en el proceso de intervención. Sin ese apoyo pluriestamental, estoy seguro que el peso que se echa encima de los educadores y encargados de caso es inmenso. Todos los actores responsables de decisiones en un servicio como Sename, debemos compartir ese peso en nuestros hombros.
Los casos críticos requieren, a veces, recursos adicionales, pero sobre todo, requieren hacer sentir con hechos, al equipo interventor, que estamos con ellos en sus avances y retrocesos diarios. Que estamos dispuestos a compartir el peso de decisiones difíciles y no los vamos a crucificar por ellas.
En un Estado como el chileno, donde hay una inercia muy fuerte en el aparato administrativo, sin el compromiso de su equipo directivo, no es posible emprender transformaciones en los procesos de intervención que es el principal giro de un servicio como Sename.
P. Hablar de la administración cuando se ha abandonado recientemente puede no ser lo más oportuno y no quiero ponerle en una situación que tal vez no pueda serle cómoda, pero hay un tema que ya el Director actual nos apuntó en una reciente entrevista y es la posible reestructuración del Sename, separando protección y reforma. ¿Usted es partidario de este cambio o cree que todo lo relativo a la infancia debería mantenerse bajo el mismo paraguas?
R. La idea de separar Sename se encuentra desde el retorno a la democracia en las primeras discusiones en grupos de expertos. Cuando se diseña el proceso de reforma normativa e institucional en el 2000 también se le estudia, pero ante los múltiples procesos de reforma en que estaba embarcado el Ministerio de Justicia (un nuevo sistema de justicia procesal penal, un nuevo sistema de justicia de familia, la ley de responsabilidad penal adolescente) se le posterga.
Creo que la articulación de dos servicios diferentes es una respuesta absolutamente indispensable para seguir avanzando en el proceso de una institucionalidad que atienda más eficazmente los derechos vulnerados de los niños.
Creo que es preciso poner el acento en los temas de gestión del nuevo sistema, de modo de no repetir viejos errores. Pienso en elección de directivos por sistema de Alta Dirección Pública, estabilidad y carrera laboral (se requiere pasar un porcentaje importante de quienes hoy están a contrata a calidad de planta), delimitación de áreas de protección administrativa y protección jurisdiccional, gestión de casos que supere la mirada insular en que hoy se pierden los procesos según dónde está el niño, aumento de la subvención entregada al sistema de hogares y residencias e incremento de la oferta de programas de diagnóstico y reparación de maltrato y abusos sexual.
Asimismo, los nuevos servicios deben estar dotados de una arquitectura informática que les permita dialogar en tiempo real con el sistema educacional, el de salud, el de justicia y el de protección. Dos subproductos de esto son que cada unidad de intervención (centro o programa) cuente con abundante información de calidad sobre el niño y dos, que se entregue mensualmente por la administración información estadística de calidad a la comunidad.
P. Dejando por el momento de lado la justicia penal adolescente, cuáles son los aspectos tradicionalmente más deficitarios en la atención a la infancia en Chile y cuáles son los temas que más urgentemente habría que acometer.
R. Creo que el sistema de protección de derechos de niños vulnerados está en una crisis que, curiosamente, no provoca la alarma que ha suscitado el sistema penal juvenil.
Chile no cuenta con ningún centro idóneo en el área de protección para aquellos dolorosos casos que le toca recibir: explotación sexual infantil, abandono, grave maltrato, niños en situación de calle, violaciones y abusos. Diariamente en estos diez centros, cerca de mil niños y niñas son atendidos, con base al esfuerzo y creatividad de equipos que no cuentan con los recursos mínimos para intervenir exitosamente.
Tuve la oportunidad de firmar un proyecto que llevaba años de preparación, que es la construcción de la Nueva Casa Nacional del Niño, que recibirá a los bebes abandonados. Es el primer centro que se construirá que estará diseñado para el trabajo que allí se realiza.
Tenemos un grave déficit como país en salud mental. Pese a distintos esfuerzos, carecemos de una política estatal en materia de salud mental infantil. Buena parte de los casos más problemáticos del sistema de protección de derechos presentan requerimientos importantes en salud mental, los que no tienen quien los satisfaga.
Existe hoy una demanda de atención de salud mental de alta complejidad y especificidad que no puede ni necesita esperar una ley para su abordaje. MINSAL debería partir creando una Unidad de Salud Mental Infantil y presentar una propuesta de trabajo en el siguiente presupuesto exploratorio, que asuma como propia esta tarea y deje de esperar que otros (Sename, privados como Cottolengo, tribunales de familia, gendarmería, etc) se hagan cargo.
P. Usted es un profesional del derecho, experto conocedor de los textos de Naciones Unidas en materia de infancia. En Chile los gobernantes están haciendo grandes esfuerzos para que la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño no sea papel mojado. ¿Cuentan los operadores jurídicos y sociales con la formación suficiente para llevar a cabo este cambio de paradigma y adaptarse a los nuevos estándares?
R. Estamos en un proceso de transición.
Creo que, por poner un ejemplo paradigmático, hay fallos de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que han realizado lecturas muy razonables de normas de la Convención de Derechos del Niño. Creo que aún falta mucho por hacer, por cierto, pero hay un camino que creo es, sin retorno, en pro de mayor conocimiento.
Quizá los fiscales del Ministerio Público son los actores del sistema de justicia con más bajos niveles de formación inicial y capacitación permanente en esta materia y eso se resiente en el uso desproporcionado que realizan de la internación provisoria, que en algunas regiones como la Araucanía, resulta francamente vergonzoso.
P. Usted además de un jurista de prestigio es un brillante comunicador que participa de forma asidua en foros científicos y en medios de comunicación social, difundiendo sus conocimientos y pronunciándose en todos los debates. Recientemente ha participado en un seminario y en un taller organizado por la Universidad de La Frontera. ¿Qué sensaciones le han quedado de estos acontecimientos que han conseguido dinamizar a muchos colectivos sociales?
R. Una muy positiva sensación. Me siento parte de una comunidad nacional, en la que distintos actores, distintas instituciones, están comprometidos con introducir mejoras en el trabajo con adolescentes infractores. Yo llevo veinte años en esto y durante mucho tiempo, yo y el equipo en el que trabajaba, la Unidad Jurídica del Hogar de Cristo, sentíamos una sensación de soledad muy grande. Este tema parecía no importarle a nadie. Hoy eso ha cambiado y es una buena noticia para la justicia juvenil.
Por otro lado, tanto en el seminario de de la OIJJ en Roma, como en el de la UFRO en Temuco, uno puede constatar cuán similares son algunos de los problemas que se presentan. Nuestras sociedades occidentales tienen grandes problemas para reaccionar frente a los delitos cometidos por jóvenes. Los estados tienden a reaccionar fragmentariamente. Las opiniones públicas oscilan entre los ángeles y los demonios para conceptualizar a los jóvenes infractores. Hay muchos parecidos en nuestros países.
P. Volviendo a la justicia juvenil, es vital el papel de la universidad, no sólo como herramienta de conocimiento, sino también como formadora, investigadora y evaluadora. ¿Están las universidades en Chile preparadas para asumir un rol de liderazgo en la implementación de la Ley 20.084 de responsabilidad penal de los adolescentes?
R. Creo que el desafío del mundo académico nacional es doble. En primer lugar, incorporar en el pregrado, en la formación básica en ciencias sociales, módulos o cursos de formación en intervención con jóvenes infractores y con niños vulnerados, al igual que en el ámbito jurídico, el derecho penal adolescente debiera poseer mayor presencia y densidad curricular.
Por otro lado, el segundo desafío es pasar de la unidimensionalidad al abordaje multidisciplinario. Ni el derecho, ni la psicología, ni la antropología, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni el trabajo social pueden, por sí solos, ofrecer herramientas útiles para los desafíos que cada caso presenta. Cualquier operador del mundo de la justicia juvenil, sea juez, defensor, responsable de caso, se da cuenta que en cada caso confluyen diversas miradas disciplinarias, de las que es preciso manejar nociones básicas, al menos.
P. Conocido es el compromiso del actual gobierno con el cambio, pero ¿existe en Chile un compromiso social por la reeducación y reinserción social de los menores infractores?
R. Creo que es indudable que existe un compromiso pero que éste requiere materializarse en mayor preocupación a través de un incremento de recursos para el área proteccional, en una nueva institucionalidad y en un nuevo proyecto de protección de derechos acode las necesidades actuales y los estándares de la Convención de Derechos del Niño.
P. Ahora que ha abandonado la administración, ¿cuál es su vinculación con la justicia penal adolescente?
R. Hago un curso de postitulo en la Universidad de Chile sobre intervención con jóvenes infractores y soy investigador asociado del proyecto de investigación de la Escuela de Psicología, Universidad de La Frontera, con financiamiento FONDEF, “Estrategia ecosistémica especializada de intervención diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley”."
Si quieres leer más artículos de Tomás Montero entra en http://cj-worldnews.com/spain/
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