Hace unas dos semanas fui invitado por Miguel Cillero, conocido investigador de la Universidad Diego Portales a participar en un Taller de trabajo, “Estudio sobre la derogación de la Ley de Menores y su impacto en las medidas de protección”, que es parte de un estudio adjudicado a fines del 2012 por la Subsecretaría de Desarrollo Social. Estaban presente Francisco Maldonado, también del equipo investigador, Julio Cortés, Hernán Fernández (Proyecto Umbrales, Fundación Tierra de Esperanza), Sergio Henríquez (Puentes Consultores), Consuelo Contreras (Corporación Opción), Felipe Viveros, Erik Loembert (ONG Chasqui), Carolina Díaz (Corporación Opción), Angélica Marín, Magdalena Liou (DEPRODE, SENAME), y otros miembros de ONG's y fundaciones.
Dejo aquí una versión ordenada de mi intervención en ese día.
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domingo, 10 de febrero de 2013
viernes, 8 de febrero de 2013
Ejecutivo conforma comisión que revisará ley penal adolescente
La nota es del inefable Mario Gálvez, de El Mercurio del 7 de febrero 2013.
Es una indudable buena noticia la conformación de una comisión especial y los nombres que la integran poseen innegables credenciales de experticia y acabado conocimiento del sistema. Miguel -el principal académico nacional en la materia- y Alvaro fueron miembros de la comisión de expertos que el Ministerio de Justicia convocó el 2006, Rodrigo fue Director del Instituto Interamericano de Derechos del Niño antes de ser un brillante Defensor Nacional en la época de la tramitación y la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.084. Nicolás ha jugado un rol central en el sistema los últimos años, desde Unicef, ya robusteciendo el trabajo de las comisiones de supervisión de centros, ya apoyando las evaluaciones ya en la conformación de circuitos regionales. Javiera, por su parte, desde Paz Ciudadana ha entregado una lúcida y crítica mirada sobre la reincidencia, a través de un comentado estudio, ha apoyado cada seminario sobre justicia juvenil, y su aporte desde la mirada de construcción de políticas públicas va a enriquecer el trabajo de la comisión. Paz Ciudadana desempeñó un rol protagónico en la discusión de la ley penal juvenil y contribuyó a atenuar el rigor que algunos senadores quisieron plasmar en un momento.
Quizá la única debilidad de la comisión reside en que sólo la integran abogados y aunque se trate de una comisión que debe entregar recomendaciones de modificaciones legislativas, por la materia involucrada -la justicia penal juvenil- habría sido razonable incluir nombres del mundo de las diversas ciencias sociales que
Es un acierto estratégico incorporar a parlamentarios, aunque la elección de alguno sorprenda por su distancia con el tema (caso de dip. Cristi) habiendo en dicho partido varios diputados más familiarizados con la temática y no siendo ella siquiera abogada.
"Abogados expertos en materia penal juvenil integrarán la comisión que a partir de marzo revisará y propondrá mejoras a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
Se trata de Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales; Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Álvaro Fernández, José Francisco García, de LyD; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional; Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes, y Nicolás Espejo, consultor de la Unicef.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, informó que este grupo se constituirá durante la última semana de marzo, una vez que la comisión interinstitucional, integrada por representantes del Poder Judicial, Sename, Defensoría Penal y Ministerio Público, entre otras, termine la elaboración de un diagnóstico.
Desde comienzos de este mes este grupo de trabajo se encuentra elaborando un informe de las principales falencias y debilidades de la ley, que será entregado a los abogados expertos, quienes trabajarán bajo el mismo sistema que usó la comisión presidencial de perfeccionamiento al sistema procesal penal, que ya se encuentra ingresado al Congreso.
También fueron invitados a participar en la comisión de la RPA los diputados María Angélica Cristi (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Díaz (PS), además de los senadores Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC), Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN)."
lunes, 10 de septiembre de 2012
Miguel Cillero en CIDH en caso Mendoza v. Argentina
Intervención del profesor Miguel Cillero, como perito experto, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mendoza y otros v. Argentina
Audiencia Pública. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Parte 2 from CorteIDH on Vimeo.
Audiencia Pública. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Parte 2 from CorteIDH on Vimeo.
viernes, 31 de agosto de 2012
Piden a la CorteIDH una condena contra Argentina por la prisión perpetua a menores
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició ayer y prosigue hoy, en su sede en Costa Rica, la audiencia oral por el caso "Mendoza contra Argentina", relacionado con la imposición de prisión y reclusión perpetua a cinco jóvenes cuando aún eran menores de edad entre 1999 y 2002.
Se solicita a la Corte "que ordene medidas de no repetición" y "modificaciones legislativas" para eliminar la prisión perpetua a menores y garantizarles un recurso de revisión, expresó ante los jueces Rosa María Ortiz, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente que eleva los casos a la Corte. Ortiz dijo que los cinco jóvenes relacionados con la demanda no contaron con la posibilidad de una "revisión integral" de su sentencia y que en la actualidad el marco normativo argentino "sigue igual". Afirmó que en Argentina la cadena perpetua no puede ser revisada hasta que el condenado haya cumplido 20 años de prisión y denunció que los jóvenes fueron castigados como adultos y con la mayor pena existente.
Las supuestas víctimas de este caso son César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández, condenados entre 1999 y 2002 por robos, asaltos y homicidios. Ortiz afirmó que Lucas Mendoza sufría un padecimiento en sus ojos y por falta de tratamiento y atención médica en prisión perdió completamente la vista, mientras Videla falleció en la cárcel en 2005, según las autoridades, ahorcado.
En la audiencia, celebrada en la sede de la CorteIDH en Costa Rica, los jueces escucharon el testimonio de Estela Maris Fernández, madre de Videla, así como del perito chileno Miguel Cillero, experto en derecho juvenil. La mujer declaró en la audiencia que a su hijo lo colocaron en un pabellón de adultos y que fue golpeado y amenazado por la policía, y que además no cree que él se haya suicidado, como se le informó oficialmente.
La audiencia se extendió durante seis horas, en dos etapas. En la primera parte, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron el caso ante la Corte IDH. A continuación, brindó su testimonio Stella Maris Fernández, madre de Ricardo David Videla Fernández, la víctima que murió en prisión en el año 2005. Fernández relató las inhumanas condiciones de detención que padeció su hijo en la penitenciaría de Mendoza y sostuvo que no creía en la versión oficial según la cual Ricardo se ahorcó en su celda.
“Me dijeron que se había ahorcado y yo dije que no podía ser porque él amaba la vida y su esperanza era salir”, remarcó.
Luego del testimonio de Fernández se presentaron los peritos: el jurista chileno Miguel Cillero Bruñol –experto en legislación penal juvenil- y la argentina Sofía Tiscornia –antropóloga que tuvo a su cargo las entrevistas con las víctimas y sus familiares-.
Por su parte, Cillero aseguró que Argentina es el único país latinoamericano cuya legislación establece la posibilidad de la cadena perpetua para menores de edad entre los 16 y 18 años, lo que a su juicio contraviene tratados y convenciones internacionales firmados por esa nación. Cillero afirmó que en Argentina no existe un sistema penal juvenil especial ni penas especiales para los menores de edad como lo ordenan diversos convenios internacionales, por lo que en ese país a los jóvenes "se les juzga como adultos". Según el experto, la prisión perpetua es una sanción "desproporcionada" que solo debe ser aplicada en adultos y que "afecta la dignidad humana". "También puede ser categorizada como un tratamiento cruel e inhumano", expresó Cillero. El experto resaltó que pese a que la Corte Suprema argentina ha declaró como inconstitucionales algunas sentencias a perpetuidad contra menores, la pena se mantiene vigente e incluso los fiscales la siguen solicitando a los jueces. Cillero manifestó que lo ideal es que la CorteIDH ordene a Argentina modificar sus leyes para adecuarlas a estándares internacionales con la creación de un marco legal especial para adolescentes que incluya enjuiciamientos y sanciones igualmente especiales. La CorteIDH terminará hoy la audiencia con los alegatos orales finales de los agentes del Estado y los representantes de las presuntas víctimas.
Por su parte, Sofía Tiscornia sostuvo que “los chicos condenados a perpetua son destinatarios de todos los castigos corporales y psíquicos porque para el personal penitenciario ya no tienen más destino que el castigo, por eso se les negó el derecho a la salud, a la educación y al trabajo intramuros”.“Estos chicos se transformaron en apenas cuerpos que, si pueden, resisten. Su único sostén es la familia, que también sufre vejaciones sistemáticas en el momento de las requisas”, enfatizó.
Informe de la Comisión Interamericana acá.
Audiencia Pública. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina from CorteIDH on Vimeo.
Se solicita a la Corte "que ordene medidas de no repetición" y "modificaciones legislativas" para eliminar la prisión perpetua a menores y garantizarles un recurso de revisión, expresó ante los jueces Rosa María Ortiz, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente que eleva los casos a la Corte. Ortiz dijo que los cinco jóvenes relacionados con la demanda no contaron con la posibilidad de una "revisión integral" de su sentencia y que en la actualidad el marco normativo argentino "sigue igual". Afirmó que en Argentina la cadena perpetua no puede ser revisada hasta que el condenado haya cumplido 20 años de prisión y denunció que los jóvenes fueron castigados como adultos y con la mayor pena existente.
Las supuestas víctimas de este caso son César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández, condenados entre 1999 y 2002 por robos, asaltos y homicidios. Ortiz afirmó que Lucas Mendoza sufría un padecimiento en sus ojos y por falta de tratamiento y atención médica en prisión perdió completamente la vista, mientras Videla falleció en la cárcel en 2005, según las autoridades, ahorcado.
En la audiencia, celebrada en la sede de la CorteIDH en Costa Rica, los jueces escucharon el testimonio de Estela Maris Fernández, madre de Videla, así como del perito chileno Miguel Cillero, experto en derecho juvenil. La mujer declaró en la audiencia que a su hijo lo colocaron en un pabellón de adultos y que fue golpeado y amenazado por la policía, y que además no cree que él se haya suicidado, como se le informó oficialmente.
La audiencia se extendió durante seis horas, en dos etapas. En la primera parte, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron el caso ante la Corte IDH. A continuación, brindó su testimonio Stella Maris Fernández, madre de Ricardo David Videla Fernández, la víctima que murió en prisión en el año 2005. Fernández relató las inhumanas condiciones de detención que padeció su hijo en la penitenciaría de Mendoza y sostuvo que no creía en la versión oficial según la cual Ricardo se ahorcó en su celda.
“Me dijeron que se había ahorcado y yo dije que no podía ser porque él amaba la vida y su esperanza era salir”, remarcó.
Luego del testimonio de Fernández se presentaron los peritos: el jurista chileno Miguel Cillero Bruñol –experto en legislación penal juvenil- y la argentina Sofía Tiscornia –antropóloga que tuvo a su cargo las entrevistas con las víctimas y sus familiares-.
Por su parte, Cillero aseguró que Argentina es el único país latinoamericano cuya legislación establece la posibilidad de la cadena perpetua para menores de edad entre los 16 y 18 años, lo que a su juicio contraviene tratados y convenciones internacionales firmados por esa nación. Cillero afirmó que en Argentina no existe un sistema penal juvenil especial ni penas especiales para los menores de edad como lo ordenan diversos convenios internacionales, por lo que en ese país a los jóvenes "se les juzga como adultos". Según el experto, la prisión perpetua es una sanción "desproporcionada" que solo debe ser aplicada en adultos y que "afecta la dignidad humana". "También puede ser categorizada como un tratamiento cruel e inhumano", expresó Cillero. El experto resaltó que pese a que la Corte Suprema argentina ha declaró como inconstitucionales algunas sentencias a perpetuidad contra menores, la pena se mantiene vigente e incluso los fiscales la siguen solicitando a los jueces. Cillero manifestó que lo ideal es que la CorteIDH ordene a Argentina modificar sus leyes para adecuarlas a estándares internacionales con la creación de un marco legal especial para adolescentes que incluya enjuiciamientos y sanciones igualmente especiales. La CorteIDH terminará hoy la audiencia con los alegatos orales finales de los agentes del Estado y los representantes de las presuntas víctimas.
Por su parte, Sofía Tiscornia sostuvo que “los chicos condenados a perpetua son destinatarios de todos los castigos corporales y psíquicos porque para el personal penitenciario ya no tienen más destino que el castigo, por eso se les negó el derecho a la salud, a la educación y al trabajo intramuros”.“Estos chicos se transformaron en apenas cuerpos que, si pueden, resisten. Su único sostén es la familia, que también sufre vejaciones sistemáticas en el momento de las requisas”, enfatizó.
Informe de la Comisión Interamericana acá.
Audiencia Pública. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina from CorteIDH on Vimeo.
viernes, 8 de junio de 2012
Miguel Cillero en Asamblea Nacional del Ecuador
El profesor Miguel Cillero aparece en este video en el Diálogo Nacional sobre la Inimputabilidad Adolescente efectuado en la Asamblea Nacional del Ecuador, el 7 de diciembre del 2011. Miguel está aportando en el debate que se efectúa en ese país en torno a una ley penal del menor. Esperamos tenga ese
proyecto el mejor de los éxitos.
proyecto el mejor de los éxitos.
miércoles, 29 de diciembre de 2010
Derechos fundamentales de los privados de libertad. Guía práctica con los estándares internacionales en la materia
"Desde hace años el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales ha llamado la atención sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad. Mediante estudios especializados, o bien como parte de los Informes anuales sobre derechos humanos que publicamos desde 2003, el Centro ha querido llamar la atención sobre algunos de los problemas más serios y que suponen violaciones graves a los derechos humanos en este ámbito.Así, se ha levantado la voz ante la práctica de apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos, degradantes y ante la tortura que se practica en las cárceles de nuestro país y que, en general, como sociedad, no queremos ver.
Se han sacado a la luz los problemas de hacinamiento y sobrepoblación, que ponen en riesgo el derecho que asiste a una persona condenada de rehabilitarse para luego reinsertarse en la sociedad. Se ha advertido acerca de la situación de grupos especialmente vulnerables dentro de las cárceles, los que deben agregar una segunda condición de desventaja además de la privación de libertad: la pertenencia a colectivos que sufren discriminación, no necesariamente relacionada con su situación penitenciaria.
El presente trabajo agrupa estas intervenciones de manera cuidadosa y sistemática, con el fin de poner a disposición de actores relevantes los principales estándares que se han configurado en la materia, y con ello auxiliar en la delicada labor de custodiar a internos y diseñar políticas de reinserción y rehabilitación."
(Jorge Contesse, Prólogo del libro)
Bajo la mano editora de Andrea Palet, y el sello Ediciones Universidad Diego Portales, los destacados profesores de Derecho de la Universidad Diego Portales, Jorge Mera, Miguel Cillero y Alvaro Castro, entregan un trabajo que se perfila como un }o de esos textos indispensables en el trabajo práctico, dogmático, y analítico respecto de los derechos de aquellos privados de libertad.
martes, 29 de diciembre de 2009
20 años de Convención en el OIJJ: Entrevista a Miguel Cillero

El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, dirigido por Cédric Foussard, armó un especial sobre los 20 años de la Convención y le preguntó a once expertos internacionales, cuál había sido su balance de estos 20 años, cuál su principal logro.
Destaco las palabras de Miguel Cillero, amigo y profesor, quien se refiere a la creación de los equipos jurídicos para la defensa de infractores, a comienzos de los noventa, en uno de los cuales (Hogar de Cristo) tuve el honor de participar por más de diez años, como aquel que él personalmente releva.
Miguel Cillero, Profesor Universidad Diego Portales, consultor de UNICEF:
"...a nivel personal, la mayor satisfacción fue contribuir en la creación – a comienzo de la década de los noventa – del primer sistema de defensa jurídica universal y gratuita para adolescentes infractores, que fue dotado de fondos públicos y ejecutada por organismos no gubernamentales. Esta fue la semilla desde la cual se fundó la Defensa Penal Pública de Adolescentes actualmente vigente en Chile.
La efectiva aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito de la Justicia Penal Adolescente, constituye un importante desafío para los sistemas jurídicos nacionales. Muchos de los Estados Parte han comprendido que para cumplir con los estándares de la Convención ha sido necesario reformar la legislación, las instituciones del sistema judicial y desarrollar una nueva doctrina jurídica que tenga como eje central respetar y garantizar los derechos de los adolescentes infractores.
Además de la dificultad de esta tarea, que ha debido remover enormes obstáculos institucionales, la implementación de la Convención en el ámbito de Justicia Penal Adolescente ha debido enfrentarse con la profundización en muchos países de una política criminal fuertemente punitiva que contradice los derechos humanos de lo niños, particularmente en cuanto permite su enjuiciamiento y sanción como adultos, rebajar la edad de inicio de la responsabilidad penal juvenil hasta menos de los doce años y no reconoce que la privación de libertad de los adolescentes debe ser utilizada como último recurso y por el menor tiempo que proceda.
Finalmente, aunque esas limitaciones se superen, la puesta en funcionamiento de Sistemas Penales de Adolescentes respetuosos de los derechos de los niños, exige desarrollar importantes esfuerzos de entrenamiento de los profesionales del sistema de justicia, metodologías de trabajo para dar efectividad a las sanciones no privativas de libertad, y reformar integralmente los sistemas de privación de libertad, tarea que en grandes zonas de América del Sur se encuentra pendiente.
Para avanzar en el cumplimiento de la Convención, me parece fundamental involucrar a los organismos públicos, a las ONGs y a la comunidad en general, en sistemas de defensa de los derechos de los adolescentes en juicio y de vigilancia de las condiciones de privación de libertad. Especialmente sobre la vigilancia de las condiciones de privación de libertad, se han desarrollado en América del sur diversas experiencias exitosas con participación de la sociedad civil, la academia y los organismos públicos.
Trabajar en la defensa de los derechos humanos de los adolescentes infractores de la ley penal es siempre una tarea compleja, pero gratificante. El horizonte de trabajo es el mediano plazo, pese a que los problemas siempre poseen un grado de urgencia. Por ello, los momentos de satisfacción tienen que ver con aquellas situaciones en que se pudo atender a la urgencia, promoviendo mecanismos perdurables en el tiempo. Probablemente, a nivel personal, la mayor satisfacción fue contribuir en la creación – a comienzo de la década de los noventa – del primer sistema de defensa jurídica universal y gratuita para adolescentes infractores, que fue dotado de fondos públicos y ejecutada por organismos no gubernamentales. Esta fue la semilla desde la cual se fundó la Defensa Penal Pública de Adolescentes actualmente vigente en Chile."
lunes, 29 de septiembre de 2008
Revista Justicia y Derechos del Niño N° 10, de UNICEF
UNICEF realiza todos los años un Curso, dirigido a jueces, fiscales, abogados y defensores, sobre Protección Jurisdiccional de Derechos del Niño, al cual fui invitado en su versión del 2002, en Buenos Aires. Este año se realizará en Colombia, durante el mes de octubre. Como herramienta de apoyo docente, con motivo de este curso, edita la Revista JUSTICIA Y DERECHOS DEL NIÑO cuyo volumen 10 en versión digital (pdf) ya está disponible en el sitio web de UNICEF Chile.
Este volumen contiene los siguientes trabajos:
Sección Artículos
- Quince años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Argentina, de Mary Bellof.
- Razonamiento judicial y Derechos del Niño: de ventrílocuos a marionetas, de Domingo Lovera.
- El futuro de la justicia juvenil: perspectivas europeas, de Frieder Dünkel.
Notas para un estudio sobre la especialidad en el Derecho Penal y Procesal Penal de Adolescentes: el caso de la ley chilena, de Jaime Couso.
- Desafíos duraderos en la lesiglación brasileña de responsabilidade menores de edad: un estudio crítico a la luz de los 18 años de vigencia y del modelo español, de Karyna Sposato.
- Décimo tercer aniversario de la Ley Penal Juvenil de El Salvador y diez años de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica, de Carlos Tiffer.
- ¿Cómo entender la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes dentro de las transformaciones históricas globales del control social punitivo? Algunas reflexiones críticas y propuestas de acción, de Julio Cortés.
El siguiente texto trata de analizar los cambios que implican la aprobación y entrada en aplicación de la Ley 20.084, desde el punto de vista de las transformaciones históricas que a largo plazo han experimentado en Chile las distintas formas de control social punitivo de la infancia y adolescencia. Estos cambios se refieren tanto a la manera en que se administra el sector del sistema penal aplicable a los adolescentes (dimensión operativa/instrumental) como a las representaciones sociales dominantes sobre la delincuencia y la adolescencia (dimensión discursiva/simbólica). Dentro de este análisis se incluyen algunas propuestas mínimas de discusión y acción que, más allá del indispensable momento crítico, apuntan a aprovechar el escenario actual para potenciar la aplicación de un genuino sistema de derecho penal juvenil, superando la tendencia a seguir aplicando a los adolescentes una versión actualizada del complejo tutelar/penal de adultos. En la segunda parte, la idea es salir del contexto nacional para tener una mirada más amplia desde una cierta distancia espacial y temporal, que nos ayude a entender cómo este proceso de cambios se inserta en el contexto de las transformaciones del control social en el sistema-mundo moderno.
En la tercera parte se señalan algunas orientaciones para empezar a construir una “teoría crítica de la infancia” que nos suministre el mejor marco posible de análisis con vistas a la transformación positiva y emancipatoria de la realidad social.
- Supervisión de centros privativos de libertad para adolescentes: el modelo chileno a la luz del modelo inglés, de Sebastián Briceño.
- El rol del juez en la Justicia Penal de Adolescentes, de Ricardo Pérez Manrique.
Sección Jurisprudencia
- La libertad y algo más en la encrucijada: el hábeas corpus colectivo interpuesto por la Fundación Sur-Argentina, a favor de menores de 16 años de edad, inimputables y no punibles, por Emilio García Méndez.
- El derecho del niño a ser oído. Una aproximación desde el caso Pupino, por Ignacio De Ferari.
- Derechos de los Adolescentes Privados de Libertad en Chile: en busca de la tutela judicial efectiva, por Miguel Cillero y Nicolás Espejo.
Sección Documentos
- La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación. Estudio de reglamentos escolares, de Lidia Casas, Claudia Ahumada, Liliana Ramos y Alejandro Guajardo.
- Adolescentes infractores: De delincuentes juveniles a víctimas del sistema. La influencia de los hechos en la prensa chilena, de Claudia Lagos, Laureano Checa y Cristian Cabalin.
- Enfoque conjunto de las agencias de naciones unidas sobre la justicia en favor de la infancia.
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