Ejecutivo conforma comisión que revisará ley penal adolescente

La nota es del inefable Mario Gálvez, de El Mercurio del 7 de febrero 2013.

Es una indudable buena noticia la conformación de una comisión especial y los nombres que la integran poseen innegables credenciales de experticia y acabado conocimiento del sistema. Miguel -el principal académico nacional en la materia- y Alvaro fueron miembros de la comisión de expertos que el Ministerio de Justicia convocó el 2006, Rodrigo fue Director del Instituto Interamericano de Derechos del Niño antes de ser un brillante Defensor Nacional en la época de la tramitación y la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.084. Nicolás ha jugado un rol central en el sistema los últimos años, desde Unicef, ya robusteciendo el trabajo de las comisiones de supervisión de centros, ya apoyando las evaluaciones ya en la conformación de circuitos regionales. Javiera, por su parte, desde Paz Ciudadana ha entregado una lúcida y crítica mirada sobre la reincidencia, a través de un comentado estudio, ha apoyado cada seminario sobre justicia juvenil, y su aporte desde la mirada de construcción de políticas públicas va a enriquecer el trabajo de la comisión. Paz Ciudadana desempeñó un rol protagónico en la discusión de la ley penal juvenil y contribuyó a atenuar el rigor que algunos senadores quisieron plasmar en un momento.

Quizá la única debilidad de la comisión reside en que sólo la integran abogados y aunque se trate de una comisión que debe entregar recomendaciones de modificaciones legislativas, por la materia involucrada -la justicia penal juvenil-  habría sido razonable incluir nombres del mundo de las diversas ciencias sociales que
Es un acierto estratégico incorporar a parlamentarios, aunque la elección de alguno sorprenda por su distancia con el tema (caso de dip. Cristi) habiendo en dicho partido varios diputados más familiarizados con la temática y no siendo ella siquiera abogada.

"Abogados expertos en materia penal juvenil integrarán la comisión que a partir de marzo revisará y propondrá mejoras a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
Se trata de Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales; Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Álvaro Fernández, José Francisco García, de LyD; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional; Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes, y Nicolás Espejo, consultor de la Unicef.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, informó que este grupo se constituirá durante la última semana de marzo, una vez que la comisión interinstitucional, integrada por representantes del Poder Judicial, Sename, Defensoría Penal y Ministerio Público, entre otras, termine la elaboración de un diagnóstico.

Desde comienzos de este mes este grupo de trabajo se encuentra elaborando un informe de las principales falencias y debilidades de la ley, que será entregado a los abogados expertos, quienes trabajarán bajo el mismo sistema que usó la comisión presidencial de perfeccionamiento al sistema procesal penal, que ya se encuentra ingresado al Congreso.
También fueron invitados a participar en la comisión de la RPA los diputados María Angélica Cristi (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Díaz (PS), además de los senadores Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC), Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN)."

Sistema penal adolescente y transparencia activa: un gran paso

por Nicolás Espejo, Doctor en Derecho, Profesor Universidad Central y Adolfo Ibáñez, Consultor de UNICEF y Socio Fundador de: www.ipublico.cl


"El lunes 30 de agosto, el portal del Ministerio de Justicia incorporó un banner especial sobre infancia y adolescencia, en el que se publica información relevante sobre esta materia. En particular, el Ministerio de Justicia publica, por primera vez desde su implementación en el año 2008, los informes de las Comisiones Interinstitucionales de Supervigilancia de Centros Privativos de Libertad (CISC).
Las CISC fueron establecidas en el Reglamento de la Ley Penal Adolescente 20.084, que entró en vigencia el 7 de junio de 2007 y que constituyen un modelo único en Latinoamérica, de supervisión interinstitucional del Estado de satisfacción de los derechos de los adolescentes infractores y privados de libertad.

Esta publicación de los informes de las CISC constituye un hito histórico en el avance tanto de la transparencia activa del Ministerio de Justicia, como parte del comienzo de un proceso de mejoras al sistema penal adolescente en Chile y que enfrenta enormes desafíos.

Como es bien sabido, a más de tres años de la implementación del nuevo Sistema Penal Adolescente en Chile, resulta claro que existe una serie de graves déficit que deben ser enfrentados a la brevedad. La apresurada implementación de la Ley 20.084 (que crea un sistema penal adolescente) en junio de 2007 dio como resultado un sistema que contiene sólo algunos elementos de especialización, principalmente a nivel de la Defensoría Penal Pública. No existen en Chile jueces penales adolescentes ni fiscales especializados a nivel nacional, siendo también altamente incipiente los niveles de especialización de los administradores de tribunales y equipos técnicos del SENAME.

Los desafíos para mejorar el sistema penal adolescente en Chile son muchos y de diversa complejidad. Por ello es que resulta una buena noticia el que se comiencen a adoptar medidas concretas en el sector justicia por reformular dicho sistema.
El sistema penal adolescente carece de un sistema informático integrado (Poder Judicial, SENAME, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, MINJU) que permita el manejo de información simple y básica sobre aspectos central del funcionamiento del sistema penal adolescente. A marzo de 2010, el sistema penal adolescente carecía de metas y plazos de corto, mediano y largo aliento que orienten el trabajo de los actores del sistema penal adolescente y que orienten la reforma a la nueva institucionalidad de infancia en Chile.

Sin metas ni plazos claros, el sistema penal adolescente en Chile ha sido acompañado de la ausencia de indicadores estructurales, de proceso y resultado en áreas tan vitales como salud, oferta socio-educativa y reintegración social efectiva de adolescentes infractores de ley. Paralelamente, y como ha documentado la Defensoría Penal Pública, el sistema penal adolescente exhibe un alto nivel de uso de internación provisoria de adolescentes que, en su mayoría, luego no son sometidos a una sanción privativa de libertad.

A esta preocupante situación ha de sumarse un aumento progresivo de sanciones definitivas que importan privación de libertad, una medida que, como establece la Convención Sobre los Derechos del Niño, debe constituir una medida de último recurso. Adicionalmente, el sistema penal adolescente vigente en Chile permite que jóvenes que han sido condenados bajo un sistema penal especial, terminan cumpliendo sus sanciones en cárceles de adultos, bajo el sistema de secciones penales juveniles administradas por Gendarmería de Chile.

Finalmente, a pesar de la creación de los Consejos Regionales Interinstitucionales del Sistema Penal Adolescente, el trabajo regional y orientado hacia la consolidación de un sistema de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, de Salud y de Educación ha sido insuficiente, afectando la debida complementación de las funciones de estos servicios del Estado.

Como se puede advertir, los desafíos para mejorar el sistema penal adolescente en Chile son muchos y de diversa complejidad. Por ello es que resulta una buena noticia el que se comiencen a adoptar medidas concretas en el sector justicia por reformular dicho sistema y adecuarlo a las obligaciones mínimas que el Estado de Chile debe seguir en esta materia.

La publicación de los informes de las CISC es un paso audaz y serio de parte del Ministerio de Justicia, orientado a discutir y superar los déficits de nuestro sistema penal adolescente.
Audaz porque sincera las enormes dificultades que enfrenta el Estado para el desarrollo de una política integral de protección en materia penal adolescente.
Serio, porque la decisión del Ministerio de Justicia en orden a hacer públicos los informes de las CISC ha ido acompañada de un intenso trabajo por sistematizar la información disponible sobre el sistema privativo de libertad, crear indicadores técnicos, fijar metas y plazos concretos orientados a mejorar el sistema, profundizar la coordinación institucional regional, desarrollar planes orientados a la prevención del delito y evitar que la privación de libertad se convierta en la panacea de la lucha contra la delincuencia adolescente.

Se trata, sin lugar a dudas, de una buena noticia para Chile, a 20 años de promulgación de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño como Ley de la República.