Ejecutivo conforma comisión que revisará ley penal adolescente

La nota es del inefable Mario Gálvez, de El Mercurio del 7 de febrero 2013.

Es una indudable buena noticia la conformación de una comisión especial y los nombres que la integran poseen innegables credenciales de experticia y acabado conocimiento del sistema. Miguel -el principal académico nacional en la materia- y Alvaro fueron miembros de la comisión de expertos que el Ministerio de Justicia convocó el 2006, Rodrigo fue Director del Instituto Interamericano de Derechos del Niño antes de ser un brillante Defensor Nacional en la época de la tramitación y la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.084. Nicolás ha jugado un rol central en el sistema los últimos años, desde Unicef, ya robusteciendo el trabajo de las comisiones de supervisión de centros, ya apoyando las evaluaciones ya en la conformación de circuitos regionales. Javiera, por su parte, desde Paz Ciudadana ha entregado una lúcida y crítica mirada sobre la reincidencia, a través de un comentado estudio, ha apoyado cada seminario sobre justicia juvenil, y su aporte desde la mirada de construcción de políticas públicas va a enriquecer el trabajo de la comisión. Paz Ciudadana desempeñó un rol protagónico en la discusión de la ley penal juvenil y contribuyó a atenuar el rigor que algunos senadores quisieron plasmar en un momento.

Quizá la única debilidad de la comisión reside en que sólo la integran abogados y aunque se trate de una comisión que debe entregar recomendaciones de modificaciones legislativas, por la materia involucrada -la justicia penal juvenil-  habría sido razonable incluir nombres del mundo de las diversas ciencias sociales que
Es un acierto estratégico incorporar a parlamentarios, aunque la elección de alguno sorprenda por su distancia con el tema (caso de dip. Cristi) habiendo en dicho partido varios diputados más familiarizados con la temática y no siendo ella siquiera abogada.

"Abogados expertos en materia penal juvenil integrarán la comisión que a partir de marzo revisará y propondrá mejoras a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
Se trata de Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales; Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Álvaro Fernández, José Francisco García, de LyD; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional; Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes, y Nicolás Espejo, consultor de la Unicef.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, informó que este grupo se constituirá durante la última semana de marzo, una vez que la comisión interinstitucional, integrada por representantes del Poder Judicial, Sename, Defensoría Penal y Ministerio Público, entre otras, termine la elaboración de un diagnóstico.

Desde comienzos de este mes este grupo de trabajo se encuentra elaborando un informe de las principales falencias y debilidades de la ley, que será entregado a los abogados expertos, quienes trabajarán bajo el mismo sistema que usó la comisión presidencial de perfeccionamiento al sistema procesal penal, que ya se encuentra ingresado al Congreso.
También fueron invitados a participar en la comisión de la RPA los diputados María Angélica Cristi (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Díaz (PS), además de los senadores Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC), Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN)."

Estudio sobre Reincidencia Penitenciaria: Paz Ciudadana y Universidad Adolfo Ibañez

Hoy, invitado por Javiera Blanco, Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, asistí al Consejo Consultivo de esa institución donde se presentó este Estudio sobre reincidencia en el sistema penitenciario chileno.. Dejo abajo la presentación que Javiera efectuó a la espera de que se libere el estudio completo.

Por lo observado, creo que esta investigación logra construir una creíble línea base sobre la que construiremos análisis y futuros trabajos. "Las medidas alternativas a la prisión presentan porcentajes significativamente menores de reincidencia (27,7%), en comparación con las penas de encierro, que muestran una tasa de 50,5%.

Esta es la principal conclusión del estudio “La Reincidencia en el Sistema Penitenciario Chileno”, dada a conocer esta mañana por la Directora Ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, en el marco del Consejo Consultivo de la institución, correspondiente al año 2011. La investigación –realizada por Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez- se basó en el seguimiento por 36 meses a 16.911 condenados egresados de la cárcel durante el año 2007 y a 23.736 condenados a alguna medida alternativa (remisión condicional de la pena, libertad vigilada y reclusión nocturna), durante el mismo año. Para el desarrollo del estudio se utilizaron las bases de datos de Gendarmería de Chile y del Ministerio Público.

Resultados en el Sistema Abierto:
En el sistema abierto, sólo el 27,7% de los sujetos (6.586 personas) que inició una medida alternativa durante el año 2007, ingresó posteriormente al sistema abierto o al sistema cerrado en calidad de condenado. De ese total de reincidentes bajo medida alternativa, el 47% (3.107 personas) reincidió al finalizar el primer año de seguimiento, mientras que el 82% (5.417 personas) lo hizo al segundo año. La Libertad Vigilada presenta el menor porcentaje de reincidencia (19,5%). Por el contrario, la Reclusión Nocturna exhibe la mayor tasa (43,7%). 4 de cada 10 sujetos que iniciaron alguna medida alternativa durante el 2007 presenta un nuevo contacto con el sistema penal (formalización o requerimiento solicitado por el Ministerio Público).

Resultados en el Sistema Cerrado:
En el sistema cerrado (condenados egresados de la cárcel durante el año 2007), el 50,5% de los egresados (8.537 personas) durante el año 2007 ingresó posteriormente a la cárcel en calidad de condenado (por una nueva condena). El 61% de éstos (5.244 personas) reincidió el primer año, mientras que el 86% (7.338 personas) fue el segundo año. Las condenas inferiores a un año presentan mayores porcentajes de reincidencia. Lo anterior podría ser indiciario del efecto desocializador y del alto contagio criminógeno de las penas de corta duración. Los delitos contra la propiedad (hurtos (67,8%) y robos no violentos (61,3%) y contra la libertad e intimidad (amenazas, 53,5%) son los que presentan las mayores tasas de reincidencia, mientras que los delitos sexuales, de la ley de tránsito y los homicidios observan los menores porcentajes de reincidencia. 71,2% de los egresados durante el año 2007 registra un nuevo contacto con el sistema penal (formalizaciones o requerimientos solicitados por el Ministerio Público)."

Culpando al mensajero

Me consta personalmente que la Subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, en numerosas oportunidades ha respondido reclamos de ONG's, de un centro semicerrado, o ciudadanos, principalmente referidos a maltrato policial.
Lo que ha hace es muy simple. Traslada el reclamo a Carabineros para que ellos investiguen y respondan.

Legalmente, ella hace lo que corresponde en un funcionario público, del grado que sea. LO que procede no es que haga juicio de mérito sobre la denuncia o reclamo que recibe sino que lo comunique a la autoridad encargada de solucionarlo en el respectivo Ministerio, Institución o sector.
Lo que hizo la Subsecretaria de Carabineros fue operar conforme a derecho. Y no debiese mezclarse con los problemas de quien hace el reclamo.

Eso es culpar al mensajero, ya no del mensaje, sino del que se lo entregó.

Subsecretaria Javiera Blanco y RPA

La Subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco hace unas muy lúcidas observaciones en punto mujer (emol.com) sobre la reacción del estado frente a los temas que inciden en los delitos, y menciona entre ellos, el trabajo que efectuarán los programas de rehabilitación en drogas que CONACE ha preparado para trabajar al alero de la ley de responsabilidad penala dolescente:

"La delincuencia se mantiene, desde hace años, en el primer lugar de las preocupaciones de la ciudadanía y el último índice de victimización ascendió a un 42%, lo que quiebra la tendencia a la estabilización que se venía dando.

Las autoridades comprometidas con la seguridad ciudadana aseguran que las acciones emprendidas están dando resultados. No sólo mencionan que se ha hecho una fuerte inversión en lo que se refiere a enjuiciamiento criminal con una reforma procesal penal que está en marcha en todo el país, sino que se ha puesto en marcha un plan de modernización carcelaria que permitirá contar con 10 nuevos centros y se ha invertido en el aumento de dotación de las policías y Plan Cuadrante.

La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, no obstante, señala que la labor en seguridad ciudadana no se queda ahí y hoy está muy presente la necesidad de hacer prevención social, teniendo en cuenta que la persona que delinque, en algún momento de su vida, se llegó a interesar por el delito y lo cometió.

-La demanda mayor de la gente es más policías, ¿es un error asumir que ello le dará más seguridad?
“El Plan Cuadrante trae asociado una mayor cantidad de dotación policial y en las zonas que ha llegado ha tenido una incidencia en bajar los índices de criminalidad. Ahora es necesario (tener más policías), pero no es lo que va a definir que un país, en un momento determinado, vaya a tener tasas sostenidas a la baja de la delincuencia. Sólo hacer copamiento policial, ¡no!; éste es sólo un elemento más dentro de una estrategia integral.
“O sea, podríamos llenar los barrios de carabineros, pero de partida, en costo-beneficio no resulta rentable porque es un recursos bastante caro que hay que saber focalizar. No es única y exclusivamente de responsabilidad policial bajar los índices de criminalidad porque hay otra serie de factores que tienen incidencia”.

-Como la drogadicción, la falta de oportunidad de los jóvenes, la rehabilitación?
“Sí, el tema de la rehabilitación es otro de los importantes. A la gente le cuesta entender que la solución no es encerrarlos a todos. Las personas dicen los aprehenden y los sueltan, detrás de eso no siempre es que hay un mal manejo judicial y la persona quedó en libertad; la razón de muchos de esos casos es que no todos ameritan llegar a la cárcel”.

-¿Cuánto se ha avanzado en atender las causas como la drogadicción?
“Creo que se ha hecho mucho; lo que ha reflejado la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que es una baja en los índices de criminalidad, no es una casualidad. Llevamos varios años de analizarlo y hoy tenemos herramientas concretas; cuando hablamos que se está pensando en incrementar en 3.500 los cupos para todo lo que es drogo dependiente infractores, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente es un paso adelante. Cuando el Conace trabaja en las cortes de droga, que es una manera innovadora de enfrentar el procedimiento judicial (cambiar la pena de cárcel por rehabilitación), se está avanzando.
“Se está apuntando a las causas y ese es un pensar de una sociedad moderna, o sea, ya no somos una máquina moledora de carne, sino que comenzamos a diferenciar que hay infractores de ley en donde mientras no se ataquen las causas que los hacen delinquir vamos a seguir en el círculo”.

-¿Pero cuánto estamos abarcando?
“Hemos tenido una gran inversión en tema rehabilitación los últimos años, y en este período se le ha dado especial atención, precisamente porque hoy se sabe que si no se habla de prevención, control y rehabilitación no se puede pensar en disminuir sostenidamente la delincuencia.
“Se está pensando en entregar fondos a las cortes de droga, en cupos de tratamiento, porque hoy, el fenómeno más presente en lo delictual es la droga”.

La subsecretaria explica que un estudio realizado hace algunos años estableció que son aproximadamente 150 mil personas las que delinquen, pero muchos lo hacen una sola vez y salen del circuito. Asimismo, se determinó que el 10% de los infractores menores de edad son responsables del 40% de las infracciones y si se atiende ese 10% (unos 150 niños por comuna) se logra disminuir la criminalidad en un poco menos del 50%. “Es una cifra bastante abordable, porque no todos los 150 mil requieren el mismo nivel de intervención; yo creo que los cupos para rehabilitación están, el desafío va a estar en que a esos cupos lleguen el 10% que es el núcleo más duro”, sostiene.

-¿Qué impacto ha tenido en la disminución de la delincuencia la entrada en vigencia de la reforma procesal penal?
“La reforma procesal penal parte del concepto de economía procesal y, en ese marco, hace una distinción. Hoy hay una serie de delitos menores que no ameritan poner en marcha un sistema caro y llegar a la instancia de juicio oral, lo que le ha dado mayor racionalidad la proceso y ha posibilitado que las causas más graves se solucionen en un menor tiempo porque el sistema está más desatochado. Antiguamente todos tenían igual importancia y todos llegaban a proceso aún cuando no tenían ninguna viabilidad como el robo de la radio del auto sin huellas y sin testigos. Ese caso estaba destinado a morir, pero hacia espacio y horas hombres; hoy el sistema se volvió más racional.
“Esa racionalidad impacta en que hoy los hechos criminales tienen una respuesta, en promedio, dentro de 6 meses y obviamente, la probabilidad de condena es un elemento más a considerar en el fenómeno delictivo. Cuando se habla de disminuir la delincuencia se aborda la probabilidad de captura, de condena y de cumplimiento de condena; la de condena aumentó. Ahora hay más probabilidades de que me condenen si cometo un delito”.

-¿Y la gente ha visto esa diferencia?
“De pronto, se mal entiende lo que es la reforma y hay gente que no tiene una visión positiva, pero los números dicen otra cosa. Hoy el flujo de gente a la cárcel, o sea, de condenas es tan alto como en el antiguo sistema. Es decir, la visión de la gente que esta reforma deja más libre a la gente que antes no es tal.
“Sí creo que es un desafío país dar la respuesta alternativa. Es decir, si sabemos que un menor de edad involucrado en un hecho delictual, que puede ser menor como un robo de una gargantilla, en ningún caso lo vamos a mandar a la cárcel para que se pudra porque no corresponde. A ese niño, dado que se está iniciando en el proceso delictivo, lo vamos a intervenir, pero fuera de la cárcel donde haya un delegado que se encargue de él, de insertarlo en el sistema educacional. En eso se está trabajando con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que entra en vigencia el 8 de junio. El gran desafío es demostrarle a la gente que la respuesta alternativa es igual de eficiente que mandar a la cárcel, porque el grueso de los infractores no son homicidas, no son violadores; la mayor cantidad de delitos en Chile son contra la propiedad y cuanto uno ve de que se tratan, los hurtos y robos con fuerza son la gran mayoría, no los robo con violencia”.