domingo, 5 de mayo de 2013

Testimonio de una detención ilegal: Entre Kafka y Fellini

Fuente: radio.uchile.cl

Las denuncias sobre el abuso policial suman y siguen. Y éstas no solamente se limitan al actuar violento en las manifestaciones sociales como han comprobado distintos organismos de derechos humanos, sino que se pueden encontrar en la labor diaria de Carabineros.
Una detención ilegal y procedimientos “dudosos” es lo que relata a continuación la abogada Paulina Maturana Viviero. A raíz de este hecho, el Instituto de Derechos Humanos patrocinará acciones legales para esclarecer lo ocurrido.


El viernes 26 de abril se cumplían 80 años desde la publicación de la obra “el proceso de Kafka”. Sin imaginarlo, este 26 de abril, comencé mi propio proceso kafkiano que pareció inserto en una absurda y brutal realidad de aquellas plasmadas en los guiones de Fellini. Me encontraba el viernes 26 a partir de las 16:00 en la 47 Notaría de Santiago, de Elías Jarufe ubicada en calle Pedro de Valdivia ( 3317) con Capitán Orella, realizando un trámite personal; cuando una pareja de carabineros usando chaleco reflactante llegó a eso de las 16:30 buscando a un joven que había robado en la tienda Adidas ubicada en la vereda del frente de Pedro de Valdivia.
En la Notaría había unas 20 o 30 personas a la espera de sus documentos. (Esa notaría es pequeña y se encuentra justo en la esquina, por lo que la gente suele esperar afuera de la misma, en la vereda, hasta ser llamados a viva voz por los funcionarios para la entrega de los documentos.) Entre las personas se encontraba un joven de unos 20 años, su señora embarazada y su hijo de unos 6 años. Ellos estaban realizando un trámite de finiquito. Uno de los carabineros ordena al joven identificarse y mostrar la mochila. El joven pregunta por qué y el carabinero insiste con mucha fuerza. El joven abre su mochila frente a todos y la muestra. En ella guardaba sus efectos personales.
Entonces el carabinero dice que se lo tiene que llevar detenido por el robo. Según el carabinero, el joven era el autor del robo reciente en la tienda Adidas. Todos los presentes reaccionaron diciendo a viva voz a los policías que era un error pues el joven se encontraba en la notaría, e incluso le señalaron que habían visto a dos jóvenes correr y doblar en la esquina recientemente. El carabinero intenta esposarlo y unas 10 personas – hombres y mujeres- se oponen tratando de razonar con él. Incluso una señora de ojos azules y cabello rubio se para delante del joven. El carabinero no habla, no se identifica, no mira. Como un robot, aplica fuerza sobre todos e intenta esposar y llevarse detenido a un señor que le explica lo que ocurre. El representante de la empresa que iba a finiquitar al joven, le mostraba los papeles del finiquito y le insistía que en era un error. La señora del joven, visiblemente embarazada, se desespera y gritaba. El niño gritaba y lloraba pidiendo que no se llevaran a su papito que no había hecho nada…

En ese escenario, saco mi carnet de la cartera, me identifico como abogada y se lo muestro al carabinero, intentando explicar que hay un error grave. Le pido que por favor recapacite ya que, según le dicen las personas, los ladrones ya huyeron corriendo. Le pedía una y otra vez que se identificara, que nos diera el nombre, rango. El carabinero sin mirarme, como si yo no existiera, pide refuerzos y tomándolo del cuello, esposa al joven a la reja de la notaría con mucha brutalidad. Entonces llegan en minutos varias patrullas y carros, al menos 5 o 6, se bajan al menos 15 carabineros de uniforme y de civil. El notario trataba de razonar con los carabineros y nadie oía. Al ver a tanto uniformado, yo gritaba que me dijeran quién estaba a cargo del procedimiento, pensando en que se podría razonar con esta persona. El propio Notario Jarufe pedía que le dijeran quién estaba a cargo e intentaba hablar con los carabineros.
En ese minuto, dada la desesperación, llamo desde mi celular al 133 y denuncio que hay un procedimiento en la Notaría con fuerza excesiva, que obedece a un error y solicito que acudan al lugar.



jueves, 2 de mayo de 2013

Gobierno ingresó el martes 30/4 Proyecto de Ley de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes

Con el ingreso del Boletín 8911-18, el Ejecutivo procura responder a las peticiones de las ONG's y de parlamentarios en medio de la discusión del proyecto que suprime SENAME y crea dos nuevos servicios.

En las palabras del Ejecutivo en el Mensaje, "se debe tener presente que aun precisamos de una ley que otorgue los lineamientos y criterios esenciales a ser considerados para prevenir vulneraciones y promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en aras a crear un sistema claro, eficiente y eficaz que proteja los derechos que se han reconocido.
Desde el punto de vista de los compromisos internacionales que Chile posee en la actualidad, debemos recordar que nuestro país ha ido respondiendo, progresivamente, a las observaciones y recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha hecho a nuestro país, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño. Desde el año 2002, una de las principales recomendaciones que el Comité ha realizado a nuestro país ha sido la recomendación de la creación de una ley de protección de derechos del niño."

Primeras observaciones:
Luego de la primera lectura del proyecto es posible decir que no constituye un documento a la altura de las necesidades de los niños y niñas del Chile de hoy o el venidero, y no se toma en serio los derechos de los niños. Hay una retórica de derechos pero ninguna señal concreta de que se esté construyendo un nuevo sistema con enfoque de derechos.

1. No se deroga la Ley de Menores.
En una inextricable decisión no se hace lo que el Comité de Derechos del Niño viene pidiendo en sus tres informes, ni lo que el mismo mensaje indica como su leitmotiv, la adecuación de la normativa nacional a la Convención de Derechos del Niño.

2. No se señalan recursos adicionales para nada. 
Un tema crítico hoy en nuestro sistema de protección de derechos es el área de infraestructura. Hoy SENAME en su área de protección, alberga, en un día, a cerca de mil niños y niñas en sus centros. Ninguno de estos centros cuenta con la infraestructura idónea para acoger e intervenir los dolorosos casos que le toca recibir: explotación sexual infantil, abandono, grave maltrato, niños en situación de calle, violaciones y
abusos. Sus funcionarios hacen lo indecible en entornos inapropiados, donde algunos centros ni siquiera cuentan con espacios idóneos para realizar conversaciones uno a uno. Así como la ley penal juvenil
desnudó que la infraestructura no era la adecuada, otro tanto ocurrirá con cualquier ley de protección. Es inadmisible mantener en el olvido a estos centros. No hacer nada y escandalizarse porque niños abandonen
estos centros es fariseísmo puro.


3. El texto carece de una mirada sistémica
De la lectura del anteproyecto y pese a menciones de coordinación interinstitucional, no se concibe que tanto la protección e derechos de niños gravemente vulnerados, como la justicia juvenil con vistas a la
responsabilización y reinserción, son dos sistemas.

4. El anteproyecto no innova en mejorar derechos de los niños.
Dicho de otro modo, de aprobarse la ley, ningún niños vulnerado del país podría experimentar una mejora en su condición a propósito de este cuerpo legal.
Especialmente grave -aun cuando no es saludable restringir la protección de derechos a esta dimensión- es la carencia absoluta de algún recurso o mecanismo jurídico que permita proteger o resguardar derechos de los niños, en sentido fuerte.



jueves, 14 de marzo de 2013

Ejecutados en Arabia Saudí los siete jóvenes condenados por un atraco

Dos de los condenados, de pie, rezan durante su última noche
El País

De nada han servido los llamamientos de clemencia de familiares, amigos y activistas de los derechos humanos. Poco después de las nueve de la mañana (dos horas menos en la España peninsular), los siete jóvenes condenados por un atraco cometido cuando varios de ellos eran menores han sido ejecutados en Arabia Saudí por un pelotón de fusilamiento.
Finalmente, las autoridades no han llevado a cabo la anunciada crucifixión del supuesto cabecilla del grupo, Sarhan al Mashayekh, “para no empeorar su imagen internacional”, según el opositor Ali al Ahmed. El caso ha despertado las críticas de Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) que han denunciado la falta de garantías procesales durante el juicio. 

Las familias de los ejecutados se han sentido traicionadas por las autoridades saudíes que hace tan solo una semana les dieron a entender que iba a revisarse la sentencia. Sin embargo, desde ayer por la tarde, cuando vieron levantar los siete montículos de arena en la plaza del mercado de Abha, supieron que el ajusticiamiento era inminente. Abha es la capital de la provincia de Asir, en el suroeste de Arabia Saudí, de donde eran originarios los siete reos y una de las zonas más pobres del país.

“He estado tratando de hablar con ellos toda la noche, pero la han pasado rezando”, relata Al Ahmed, visiblemente afectado. “Finalmente, Saeed [al Shahrani] me llamó momentos antes de que le quitaran el teléfono para agradecerme lo que hemos hecho. Le pedí que me perdonara por no haber podido hacer más”, añade. Al Ahmed, director del Institute for Gulf Affairs en Washington, fue uno de los activistas que hace diez días sacó a la luz el caso de los siete jóvenes. Entonces, la movilización internacional y el hecho de que la ejecución coincidiera inicialmente con la visita del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, a Riad, hizo que el príncipe Miteb, hijo del rey Abdalá, diera a entender a las familias de los condenados que iba a revisarse la sentencia.

Tanto AI como HRW han subrayado numerosas irregularidades cometidas durante el juicio que apenas duró tres horas y en el que los acusados no contaron con un abogado defensor. Los jóvenes denunciaron también que habían sido torturados para que confesaran el delito, una serie de robos a joyerías de Abha cometidos en 2005, meses antes de su detención, cuando varios de ellos aún eran menores de edad.

martes, 26 de febrero de 2013

Editorial de El Mercurio: Ahora la justicia juvenil

Dado el buen logro de la mesa de expertos que asesoró al Gobierno en el proyecto de ajustes al sistema procesal penal, la ministra de Justicia ha anunciado que durante 2013 convocará a otra mesa de similar composición para estudiar modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, integrada por entidades que actúan en esa área, académicos y parlamentarios. Cabe recordar que la implementación de la Ley N° 20.084, de 2005, recibió duras críticas de centros de estudios, universidades y organismos de esa área, principalmente en cuanto a insuficiente especialización de la judicatura (básicamente, la misma a cargo de las causas de adultos) y a la falta de una infraestructura adecuada de los centros de Sename para el cumplimiento de condenas en el sistema cerrado y semicerrado. Al entrar en aplicación, no se crearon nuevos centros cerrados, sino que los ya existentes sufrieron adaptaciones menores, no condicentes con los niveles esperados. Los espacios y el personal para implementar la nueva ley fueron los mismos existentes antes de ella, lo que abrió dudas sobre sus resultados, dado que la meta de esa reforma era procurar la reintegración de los adolescentes infractores de ley.

Ante eso, el gobierno de esa época se comprometió a crear 10 centros cerrados de alto estándar, uno de los cuales (Tiltil) ya contaba con edificio, pero no estaba en marcha, por retraso en el llamado a licitación para su operación. El nuevo modelo de funcionamiento de los centros se basaba en un estudio realizado para el gobierno de entonces por la Fundación Paz Ciudadana, que tras recoger la experiencia internacional propuso cambios profundos en la forma de intervenir a los adolescentes infractores.

Transcurridos ya 5 años desde su implementación, conviene evaluar su funcionamiento e introducir los ajustes necesarios. Desde luego, será determinante el proyecto de ley que divide el Sename en dos servicios especializados (uno para protección de la infancia y la adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y otro centrado en la responsabilidad penal adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia), algo largamente requerido por todos los expertos, pero resistido por los funcionarios. Junto a dicha reforma, la ministra de Justicia anticipa mejoramientos a la Ley N° 20.084, que regulará el Servicio de Infractores Juveniles.

Esto es necesario, pues persisten problemas ya identificados al iniciarse la implementación del nuevo sistema. Es el caso de la especialización de la judicatura, a cuyo respecto todo aconseja crear un cuerpo con competencias exclusivas en estas materias. Con excepción del trabajo de especialización desarrollado por la Defensoría Penal Pública con un escaso presupuesto, todos los demás actores no están especializados, y tramitan por igual causas de adultos y adolescentes, dejando de lado materias como el control de la ejecución de las sanciones previsto por la ley.

También son insuficientes los avances en infraestructura, pues hasta ahora de los 10 nuevos centros solo el de Tiltil está en funcionamiento, pero hay serios retrasos en el diseño y construcción de los restantes. Además, a juicio de los expertos, los centros para el cumplimiento de sanciones en régimen semicerrado no han cumplido con lo esperado, al transformarse en "centros de reclusión nocturna" similares a los existentes para adultos, con una precaria oferta de reinserción.

Todo lo anterior justifica que el sistema sea integralmente revisado en lo legislativo y en su infraestructura, para así abordar los problemas de la delincuencia juvenil de modo eficaz y acorde con los estándares internacionales. Así lo reconfirman los informes de las comisiones visitadoras del propio Ministerio de Justicia, que en el segundo semestre de 2012 inspeccionaron centros y residencias de protección de menores de la Región Metropolitana.

domingo, 10 de febrero de 2013

Comunicación en Taller de trabajo en UDP “Estudio sobre la derogación de la Ley de Menores"

Hace unas dos semanas fui invitado por Miguel Cillero, conocido investigador de la Universidad Diego Portales a participar en un Taller de trabajo, “Estudio sobre la derogación de la Ley de Menores y su impacto en las medidas de protección”, que es parte de un estudio adjudicado a fines del 2012 por la Subsecretaría de Desarrollo Social. Estaban presente Francisco Maldonado, también del equipo investigador, Julio Cortés, Hernán Fernández (Proyecto Umbrales, Fundación Tierra de Esperanza), Sergio Henríquez (Puentes Consultores), Consuelo Contreras (Corporación Opción), Felipe Viveros, Erik Loembert (ONG Chasqui), Carolina Díaz  (Corporación Opción), Angélica Marín, Magdalena Liou (DEPRODE, SENAME), y otros miembros de ONG's y fundaciones.





Dejo aquí una versión ordenada de mi intervención en ese día.

viernes, 8 de febrero de 2013

Ejecutivo conforma comisión que revisará ley penal adolescente


La nota es del inefable Mario Gálvez, de El Mercurio del 7 de febrero 2013.

Es una indudable buena noticia la conformación de una comisión especial y los nombres que la integran poseen innegables credenciales de experticia y acabado conocimiento del sistema. Miguel -el principal académico nacional en la materia- y Alvaro fueron miembros de la comisión de expertos que el Ministerio de Justicia convocó el 2006, Rodrigo fue Director del Instituto Interamericano de Derechos del Niño antes de ser un brillante Defensor Nacional en la época de la tramitación y la entrada en vigencia de la Ley Nº 20.084. Nicolás ha jugado un rol central en el sistema los últimos años, desde Unicef, ya robusteciendo el trabajo de las comisiones de supervisión de centros, ya apoyando las evaluaciones ya en la conformación de circuitos regionales. Javiera, por su parte, desde Paz Ciudadana ha entregado una lúcida y crítica mirada sobre la reincidencia, a través de un comentado estudio, ha apoyado cada seminario sobre justicia juvenil, y su aporte desde la mirada de construcción de políticas públicas va a enriquecer el trabajo de la comisión. Paz Ciudadana desempeñó un rol protagónico en la discusión de la ley penal juvenil y contribuyó a atenuar el rigor que algunos senadores quisieron plasmar en un momento.

Quizá la única debilidad de la comisión reside en que sólo la integran abogados y aunque se trate de una comisión que debe entregar recomendaciones de modificaciones legislativas, por la materia involucrada -la justicia penal juvenil-  habría sido razonable incluir nombres del mundo de las diversas ciencias sociales que
Es un acierto estratégico incorporar a parlamentarios, aunque la elección de alguno sorprenda por su distancia con el tema (caso de dip. Cristi) habiendo en dicho partido varios diputados más familiarizados con la temática y no siendo ella siquiera abogada.

"Abogados expertos en materia penal juvenil integrarán la comisión que a partir de marzo revisará y propondrá mejoras a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
Se trata de Miguel Cillero, académico de la Universidad Diego Portales; Javiera Blanco, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Álvaro Fernández, José Francisco García, de LyD; Rodrigo Quintana, ex defensor nacional; Orlando Poblete, rector de la Universidad de los Andes, y Nicolás Espejo, consultor de la Unicef.
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, informó que este grupo se constituirá durante la última semana de marzo, una vez que la comisión interinstitucional, integrada por representantes del Poder Judicial, Sename, Defensoría Penal y Ministerio Público, entre otras, termine la elaboración de un diagnóstico.

Desde comienzos de este mes este grupo de trabajo se encuentra elaborando un informe de las principales falencias y debilidades de la ley, que será entregado a los abogados expertos, quienes trabajarán bajo el mismo sistema que usó la comisión presidencial de perfeccionamiento al sistema procesal penal, que ya se encuentra ingresado al Congreso.
También fueron invitados a participar en la comisión de la RPA los diputados María Angélica Cristi (UDI), Cristián Monckeberg (RN), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Díaz (PS), además de los senadores Jaime Quintana (PPD), Patricio Walker (DC), Hernán Larraín (UDI) y Lily Pérez (RN)."

viernes, 25 de enero de 2013

Estudio del Informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEUU) apoya el enfoque de desarrollo evolutivo para la justicia juvenil




Los recientes avances en la comprensión científica del desarrollo del cerebro adolescente deben ser más plenamente incorporados a las políticas y  prácticas del sistema de justicia juvenil, según un informe publicado en noviembre por el Consejo Nacional de las Academias Nacionales de Investigación (National Research Council). El informe es el resultado de un estudio independiente de 2-años del sistema de justicia juvenil encargado por la OJJDP

                          

jueves, 24 de enero de 2013

Presentación de hoy en Seminario en Universidad de Chile sobre Implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente



El Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y organismos públicos organizaron un seminario donde se reflexionó acerca de las falencias, logros y desafíos de esta norma, a cinco años de su entrada en vigencia.
Cerca de 110 asistentes, entre los que se encontraban abogados, psicólogos, asistentes sociales y antropólogos, concurrieron al seminario "Una mirada a la implementación de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Avances y desafíos", que se efectuó este jueves 24 de enero en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
El encuentro fue organizado por el Diplomado en Intervenciones Actualizadas con Adolescentes Infractores de la Ley Penal, del Departamento de Psicología, y tuvo como objetivo generar un espacio de discusión sobre la implementación de esa norma, así como dar cuenta de la experiencia desarrollada en Peñalolén sobre un programa de acompañamiento post sanción penal dirigido a los infractores de ley.
Al respecto, los expertos coincidieron que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es la falta de especialización de los profesionales que trabajen en la materia y de los organismos involucrados en los procesos.
"Este es el problema más grave porque cuando hay diseños normativos deficitarios, con vacíos -como en este caso-, lo que ocurre es que el sistema judicial y la jurisprudencia van llenando esos vacíos. Hay situaciones que necesitan una mirada especial pero en la actualidad no tenemos (quiénes hagan esa mirada especial) y, por tanto, no tendremos una jurisprudencia ni una práctica que vaya salvando esos déficits", explicó el abogado,  ex Director de la Unidad especializada en Justicia Penal Adolescente del Ministerio Público, y actual Coordinador de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, profesor Iván Fuenzalida.
En forma coincidente, el abogado y Defensor Penal Juvenil, Rodrigo Catrifil, sostuvo que esta falta de especialización se hace más notoria pues debido que el sistema es complejo e incluso contradictorio, se hace difícil de entender para los intervinientes y para los destinatarios, lo que induce a confusiones y errores.

Por su parte, el abogado y Director de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Francisco Estrada, valoró algunos aspectos del sistema, como la modificación al reglamento de la Ley 20.084 con fines de explicitar la salida con fines de reinserción, la realización de algunos estudios sobre reincidencia y la entrada en funcionamiento del CPL de Til Til. Entre los déficits, comentó la falta de fondos públicos para realizar más estudios sobre el tema, la débil coordinación a nivel local de los involucrados y la carencia de estadísticas. Respecto a la intervención con los jóvenes, criticó la falta de liderazgo de los directivos de centros de reclusión y la duración de las entrevistas que se aplican a los jóvenes.

Articulación y estrategia global
Iván Fuenzalida apuntó, además, que para su adecuado funcionamiento, el sistema requiere una Ley de Protección Integral de la Infancia y, como ésta no existe, "el SRPA empieza a ser presionado para solucionar problemas que corresponden a una etapa distinta y en ambientes que debieran estar radicados fuera del área penal. En la práctica hay un híbrido y esto pasa porque no hay una estrategia global consensuada", comentó.

El profesor del Departamento de Psicología, coordinador del Diplomado en Intervenciones Actualizadas con Adolescentes Infractores de la Ley Penal y del Proyecto FNSP12-ESP-17, Decio Mettifogo, valoró las transformaciones y los avances que, en esta materia, está realizando el país. Ello, no solo por la creación e implementación de esta ley, sino también por la respuesta de algunas organizaciones para adaptarse a ella. "Estamos viendo respuestas institucionales, programáticas, normativas y de gestión. Hace falta aún articular propuestas de relación entre los distintos actores del sistema en función de esta temática que apunte a los objetivos de la ley. En el aspecto programático, por ejemplo, tenemos un espacio de discusión acerca de cómo se debe intervenir. Es ilusorio pensar que una persona que ha tenido una historiografía de grandes dificultades en sus procesos de desarrollo va a tener un cambio profundo en su vida solo por recibir una sanción penal, en un centro determinado", apuntó.

En la segunda parte del seminario fueron presentadas algunas experiencias en la aplicación de un Modelo de Acompañamiento Post-sanción Penal dirigido a adolescentes infractores de ley, que un grupo de jóvenes profesionales -con el patrocinio del profesor Decio Mettifogo-, está aplicando en la Municipalidad de Peñalolén, con financiamiento del Fondo Nacional de Seguridad Pública, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
De este modo, la Licenciada en Psicología, Francisca Gómez, se refirió al contexto del desarrollo de la propuesta en el marco del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP), su descripción general y los componentes del modelo de intervención. Por su parte, la Licenciada en Psicología, Camila Arévalo, se refirió al trabajo en Red y Comunidad, mientras que la licenciada en Antropología, Sofía Montedónico, expuso sobre los Proyectos de Vida y Acompañamiento individualizado. Por último, el licenciado en Antropología, Luis Silva, explicó las tensiones y desafíos en la implementación de la mencionada propuesta.
"Este es un área de déficit en la ley y la experiencia internacional muestra que es un aspecto crucial para evitar la reincidencia y la carrera delictiva de los jóvenes. Tenemos como desafíos, avanzar más en la generación de respuestas eficaces y este proyecto constituye una alternativa innovadora en nuestro país", comentó al respecto el profesor Mettifogo.


Dejo acá la presentación que expuse hoy en la mañana en el Auditorium de la FACSO, Universidad de Chile.

 
Referencias de la exposición:
BOURGON, GUY , LETICIA GUTIERREZ & JENNIFER ASHTON (2012). From Case Management to Change Agent: The Evolution Of ‘What Works’ Community Supervision 2012-01. Public Safety Canada.

BONTA, JAMES, TANYA RUGGE, TERRI-LYNNE SCOTT, GUY BOURGON & ANNIE K. YESSINE (2008). “Exploring the Black Box of Community Supervision”. Journal of Offender Rehabilitation, Vol. 47(3), 2008. Pp. 248–270.

martes, 11 de diciembre de 2012

Tesis sobre jóvenes infractores en programas de tratamiento del consumo de drogas

Estudio descriptivo del historial de conducta delictiva de los adolescentes sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que se encuentran integrados a programas de tratamiento Ágora Tierra de Esperanza de la Región Metropolitana de Santiago.
Tesis de Magíster de Juan Francisco Rojas Infante.

Conozco profesionalmente desde hace algunos años  a Juan Francisco Rojas y me alegra que haya elegido como tema de su tesis de magíster en intervenciones psicojurídicas y forenses, un asunto que él domina ampliamente y que ha sido escasamente tratado desde la academia.

En las palabras de presentación del propio tesista:
"El presente proyecto pretende describir la conducta delictiva de un grupo de adolescentes sancionados en el contexto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), esto a la luz de los resultados de estudios enfocados en la conducta delictiva por autores como Frechette y Leblanc (1987) y Moffit (1993) en esta poblaciones similares.
Si bien existen estudios preliminares en población chilena adolescente infractora de ley penal en general, no existen investigaciones específicas en la que se encuentra en tratamiento, lo que resulta de relevancia por cuanto la normativa técnica generada por el SENDA (ex CONACE), en el contexto del convenio SENDA-MINSAL- SENAME-GENCHI, señala la importancia de considerar el tema delictivo al momento de intervenir en drogas.
Asimismo, no existe un análisis profundo ni mayor claridad acerca de las características y formas que toma la conducta delictual en estos sujetos, asumiendo una visión causal y univoca de la relación consumo de drogas y el delito. Esto implica que al momento de la intervención no se considera lo complejo e imbricado de la citada relación en el acontecer concreto de los adolescentes que podría estar afectando el objetivo final de estos programas que, al fin y al cabo, es intentar disminuir la reincidencia delictiva. El estudio se realizará a través de la recolección de información proveniente del propio reporte de los adolescentes estudiados, además de la comparación de estos datos con los registros sobre ellos conservados por el Ministerio Público y contenidos en soporte informático (SAF)."

"A 5 años de ejecución de este modelo de tratamiento especializado para esta compleja población encontramos que, al parecer, los usuarios preferentes de los programas que lo componen presentan patrones de consumo de mayor complejidad en su manejo y resolución. Desde allí valdría la pena plantear la pregunta relativa a la adecuación específica del modelo propuesto a esta “nueva” población. De esta manera, al constatarse la complejidad que implicaría el desafío de intervenir a los usuarios de programas como los Ágora, con historiales de consumo de sustancias como de conducta delictiva de alto riesgo, se hace necesario enfrentar el problema de manera distinta.
En tal sentido, al constituir fenómenos que se dan de manera continua e imbricada en las historias de estos niños/adolescentes, sin posibilidad práctica de seccionar y compartimentalizar áreas de trabajo para distintos equipos, la necesaria integración del trabajo que realizan tanto la red SENDA como la red SENAME resulta fundamental si es que se pretende incidir de alguna manera en la transformación de estos historiales en trayectorias delictivas." ROJAS Estudio Descriptivo Del Historial de Adolescentes Infractores