viernes, 15 de junio de 2018

La ejecución de la pena juvenil y el plan de intervención,


Dado el momento de discusión legislativa sobre reforma a la Ley N° 20.084, de responsabilidad penal adolescente en el proyecto que crea el Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Boletín 11.174-07, dejo aquí link a mi tesis de magíster sobre "La ejecución de la pena juvenil y el plan de intervención", pues aborda temas que son objeto del debate legislativo.



“Una rápida revisión de la escasa bibliografía sobre la justicia juvenil[1] en nuestro país evidencia lo poco que hay escrito acerca de la fase de ejecución penal juvenil que supere la anécdota y ofrezca una sistemática capaz de enmarcar los distintos problemas que suscita esta crucial etapa. Más aún, las pocas páginas que procuran hacerse cargo de esta fase, ignoran sus peculiaridades y trasladan, sin más, categorías propias de las fases de investigación y juzgamiento con lo que el panorama de la etapa de ejecución penal juvenil se enreda todavía más.
José Manuel Arroyo (1999) acierta al señalar que "la ejecución penal como fase del procedimiento no ha recibido nunca la suficiente atención de la doctrina ni de los operadores del sistema jurídico- penal. Ha sido, más bien, desde la criminología o el derecho penitenciario que se han señalado sus deficiencias, excesos y vicios, lógicamente desde una perspectiva crítica más que teórico-normativa".[2]
Mayra Campos y Omar Vargas (2003), en el más interesante de los artículos examinados para este trabajo, lúcidamente anotan, a propósito del caso costarricense, pero absolutamente extrapolable al caso chileno, “los extremos del sistema, tanto la fase policial como la de ejecución, son los puntos con menos controles jurisdiccionales y, por lo tanto, se violan o se incumplen los principios y garantías de los ciudadanos.”

Con ocasión de la preparación de las dos últimas cuentas públicas del presidente de la Corte Suprema y con motivo de la exposición de las dificultades en la interpretación de la ley, en respuesta a la consulta del máximo tribunal, las Cortes de Apelaciones del país le han transmitido temas relacionados con la ejecución de las sanciones penales juveniles de la Ley Nº 20.084.[3] Esto evidencia la preocupación desde tribunales con estas nuevas obligaciones que el nuevo sistema demanda de los órganos jurisdiccionales.
Similares preocupaciones quedan patentes en el Informe del Ministerio de Justicia “Diagnóstico del sistema de control de ejecución de sanciones bajo la Ley Nº 20.084”[4] que da cuenta de la Jornada de análisis interagencias realizada en octubre del 2008.

Como expresión de los fines que se le asignan a la justicia juvenil, las normas internacionales de derechos humanos son enfáticas en la relevancia de la fase de ejecución. Así ya la Convención de Derechos del Niño (en adelante, la Convención o CND) establece algunos estándares que debe cumplir la ejecución de la pena: prohibición absoluta de determinadas penas –pena de muerte, presidio perpetuo- o modalidades de agravamiento de la sanción –tortura, malos tratos, etc. (art. 37 a); brevedad, legalidad y excepcionalidad de la privación de libertad (art. 37 b);  humanidad, respeto a la dignidad humana, separación de los adultos, contacto con familia (art. 37 c); asistencia jurídica, derecho al recurso (art. 37 d); trato que debe dar el estado a quien ha sido declarado culpable debe cumplir determinadas condiciones (art. 40 Nº 1); respeto a su vida privada (art. 40 Nº 2, letra b, vii); amplitud de sanciones y medidas (art. 40 Nº 4).
A su turno, las Reglas de Beijing contienen disposiciones explícitas con motivo de la ejecución efectiva de la pena entre las que destacan el control de la ejecución y la flexibilidad de las órdenes judiciales.[5] 
En suma, la fase de ejecución es el momento en que se han de materializar aquellos altos propósitos a que la justicia juvenil se ha comprometido desde la creación del primer tribunal en Chicago hasta la reciente Observación general Nº 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Hay, así, una doble importancia, teórica y también práctica, en esta etapa del sistema.”

LINK al texto completo en Academia.edu






[1] A lo largo de este trabajo usaré indistintamente las expresiones joven o adolescente para referirme al sujeto del derecho penal adolescente.
[2] Arroyo, José Manuel, "La ejecución penal" en Reflexiones al nuevo Código Procesal Penal, San José, Colegio de Abogados de Costa Rica, Asociación de Ciencias Penales, Editorial Colegio de Abogados, 2° edición, 1999, p. 742.
[5] 23.1                  Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las órdenes que dicte la autoridad competente, y que se mencionan en la regla 14.1, por esa misma autoridad o por otra distinta si las circunstancias así lo exigen.
23.2                       Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la autoridad competente para modificar dichas órdenes periódicamente según estime pertinente, a condición de que la modificación se efectúe en consonancia con los principios enunciados en las presentes Reglas.”

lunes, 30 de octubre de 2017

Estudio de Paz Ciudadana y Fund. San Carlos de Maipo sobre programas de intervención con inimputables

Este estudio busca analizar la oferta existente, tanto en Chile como en la experiencia comparada, en materia de intervenciones destinadas a la prevención de conductas delictivas de niños, niñas y adolescentes inimputables, así como la regulación legal que permite la adecuada prestación de ella, con miras a efectuar propuestas de mejora de la política pública nacional en ambas materias.

En consecuencia, la investigación indagó en intervenciones que tienen como objeto a niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) menores de 14 años que realizan conductas delictivas, respecto de los cuales no es posible exigir responsabilidad penal (y por ende imponer como sanción una pena) en razón de que son considerados por el sistema de justicia como "inimputables".

lunes, 24 de octubre de 2016

Presentación ante Contraloría por parte de abogados Alberto Precht R. y Francisco Estrada V,

Solicita pronunciamiento sobre legalidad de actuaciones y del uso de establecimientos penitenciarios y de recursos públicos, por parte de Gendarmería de Chile, en programas de televisión tales como “Nadie está libre” y “Alerta máxima”, entre otros.

La Segunda en su editorial del jueves pasado se refirió a esta presentación y al actual ilegal de Gendarmería. Dejo abajo dicha editorial.




miércoles, 5 de octubre de 2016

Buenas intenciones, poca precisión, medidas insuficientes. Mis comentarios a los anuncios presidenciales

1. El incremento presupuestario es valioso especialmente porque en el contexto de austeridad fiscal logra hacer una excepción. El ministro Valdés muestra ahí un criterio que ninguno de sus antecesores exhibió.

Lamentablemente es insuficiente respecto de las residencias donde la subvención estatal hoy está cerca de los 198.000 al mes por niño. Instituciones privadas con hogares que funcionan bien en el nivel de protección simple gastan cerca de 680.000 al es por niño. Esa es la brecha.
Cuando Senda paga un internamiento en un modalidad residencial (en una comunidad terapéutica) eso es lo que  paga.
Esa brecha no se disminuye significativamente con el presupuesto anunciado.

2. Hay un conjunto de anuncios en general bien intencionados pero bastante vagos para poder ser apreciados. "Favorecer la reunificación familiar": Por cierto que es un objetivo valioso pero llevamos años como país sin avances significativos en esa línea ¿qué de nuevo tiene el anuncio presidencial? Nada. ¿Se va a usar alguna de las experiencias valiosas desarrolladas por sociedad civil (Casa del Cerro o el proyecto Odiseo de la Fundación Ideas para la Infancia) no se dice nada nuevo. El Consejo Nac. de Infancia está desarrollando un piloto en la V región pero distintos actores reportan problemas en su operatoria y bajo impacto.

3. Los anuncios institucionales y legales no tienen nada de valioso. Incluso más, se dice que la prioridad será, una vez más, para el área penal juvenil. Y que el proyecto del Servicio Nacional de Protección se enviará al Congreso el próximo año lo que hace casi imposible que sea ley en este gobierno.
Ninguno de los proyectos de ley en actual discusión impactan la condición de vida de niños y niñas internadas.
Hoy estos niños carecen de derechos incluso respecto de los adolescentes del sistema penal juvenil o en comparación con los presos adultos.

Un sentido de urgencia pudo llevar a anunciar un Reglamento (que depende solo de la Presidencia) con derechos para niños internados, o un proyecto de ley sobre este sensible tema.

lunes, 3 de octubre de 2016

ANUARIO INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE JÓVENES INFRACTORES DE LEY AÑO 2006

Vuelvo a subir este anuario -que subí por primera vez hace casi 10 años- acá para efectos de análisis de información que ha surgido en estos días