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jueves, 26 de julio de 2012

El enfoque único de Missouri para la rehabilitación de adolescentes en su sistema de justicia juvenil

Missouri ha cambiado la forma en que se aborda la rehabilitación de los adolescentes en su sistema de justicia juvenil, y ha demostrado que funciona.
Con un enfoque en la terapia y la educación en lugar de castigo, el estado cerró centros de capacitación y grandes centros de privación de libertad con oferta escolar mínima ya en la década de 1980. También se ha prescindido de los uniformes de prisión y de las celdas de aislamiento.
Hoy, en Missouri, los jóvenes que cometen delitos suelen pasar hasta 12 meses en los centros residenciales con varios niveles de seguridad, dependiendo de la gravedad del delito. Delitos menos graves llevan a los adolescentes a vivir en hogares de grupo o visitar centros de tratamiento diurno. Cada instalación ofrece la misma oportunidad y de trato, independientemente de los delitos cometidos.

En este video sobre el Enfoque de Missouri, los jóvenes hablan sobre el éxito que el sistema juvenil de justicia de Missouri ha tenido en sus vidas y comparten sus planes positivos para su futuro.

 
Spare The Rod from Missouri Approach on Vimeo.

En un resumen publicado en la edición de verano 2012 de Educadores de América titulado Metamorfosis: ¿Cómo Missouri rehabilita la delincuencia juvenil? el autor explica cómo Jennifer Dubin modernizó por completo el sistema penal juvenil de modo que sea la la rehabilitación la mejor forma en que el Estado se acerca a los jóvenes. Por ejemplo, la División de Missouri de Servicio a la Juventud (DYS) desarrolla los centros de menores en el estado, que son totalmente independientes de la jurisdicción del tribunal, una vez un joven es condenado a una instalación de DYS.

Más por acá.

Vía  Tamar Birckhead, aka @juvjusticeblog

martes, 10 de julio de 2012

Carta al Director en el NY Times sobre la reciente decisión Miller v. Alabama del profesor Randy Hertz

Esta semana en Cartas al Director en el New York Times:

"La prohibición de la Corte Suprema de imponer cadena perpetua sin libertad condicional a adolescentes, en su reciente decisión Miller v. Alabama, es un paso legal importante y apropiado.

La decisión refuerza lo que la corte previamente reconoció al abolir la pena de muerte para adolescentes y al prohibir la cadena perpetua por delitos que no sean homicidio: que los niños son propensos a un comportamiento inmaduro e imprudente, y que son posibles de rehabilitar con la edad. Sus condenas deben tener en cuenta estas características "distintivas" de la juventud, como establecía la sentencia.

Ahora es importante asegurar que el espíritu de la sentencia se cumpla. Las personas que tengan derecho deben ser sentenciados de nuevo en una forma que ofrezca una significativa oportunidad de demostrar madurez y obtener la libertad anticipada. Muchos no tienen abogados y necesitarán una efectiva representación legal. Las sentencias deben también estar libres de consideraciones de raza. La mayoría de los adolescentes originalmente sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional eran niños de color.

La decisión del tribunal para prohibir estos castigos excesivamente duros fortalece la equidad de nuestro sistema de justicia penal.

RANDY HERTZ
Nueva York, 27 de junio 2012

Randy Hertz es profesor y abogado supervisor de la Clínica de Defensa de Adolescentes en la New York University School of Law."

martes, 26 de junio de 2012

Corte Suprema de EE.UU. en MILLER v. ALABAMA prohíbe cadena perpetua sin posibilidad de libertad a adolescente condenado por homicidio

Apenas ayer, en MILLER v. ALABAMA, la Corte Suprema de EE.UU. en una reñida votación de 5-4, emitió un fallo histórico en justicia juvenil y derechos del niño en EE.UU. al limitar la sanción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En Argentina, es bueno recordar, que hay 11 menores de edad condenados a cadena perpetua por delitos cometido siendo adolescentes, según documentaron hace algunos años Emilio García Méndez y Gimol Pinto de UNICEF Argentina en un estudio.

Es posible acceder al audio de los alegatos y a una transcripción de ellos,  en el sitio del proyecto OYEZ.

La pregunta que la Corte respondió afirmativamente es si esa sanción constituía un castigo cruel e inusual el cual está prohibido en la Constitución Norteamericana (Enmienda VIII).
El fallo fue entregado por la jueza Elena Kagan.



Los alegatos fueron efectuados por el abogado Bryan Stevenson (de quien hemos posteado acá su charla en TED TALK), Director Ejecutivo de Equal Justice Initiative.

Según informa hoy el New York Times, en EE.UU. son cerca de 2000 los jóvenes que están condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad que se verán beneficiados con este fallo.

Todo el expediente judicial, incluidos los muy interesantes 'briefs' como amicus curiae de un conjunto de 40 de los más prestigiosos criminólogos norteamericanos y la Asociación Americana de Psicólogos, en el sitio de Scotus Blog.
En ese mismo sitio, Lyle Denniston ofrece una primera panorámica del impacto de este caso.


martes, 2 de agosto de 2011

Gonzalo Berríos: “La Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”, en Revista Política Criminal

Gonzalo Berríos ha publicado en el último número de la prestigiosa revista electrónica Política Criminal, un interesantísimo artículo en que a partir de la experiencia de estos cuatro años, el autor analiza la aplicación de la Ley de responsabilidad penal del adolescente en relación con los objetivos que ésta debe alcanzar en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. El paper identifica y define dichos objetivos, p. ej., la diferenciación de la justicia juvenil frente a la de adultos, el privilegio de la desjudicialización y el carácter excepcional de la privación de libertad, los que posteriormente son contrastados con la información producida a su respecto.
Para ello, el trabajo realiza una amplia revisión y sistematización de diversos informes, estudios y estadísticas, entregando una mirada global acerca del funcionamiento real del sistema de justicia penal para adolescentes.

Gonzalo Berríos Díaz es abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Diego Portales. Es profesor de derecho penal juvenil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, colaborador permanente del Centro de Estudios de la Justicia de dicha Facultad y, además, profesor del Magíster en Derecho Penal de la Universidad Central. Fue Jefe del Departamento de Menores del Ministerio de Justicia y participó activamente en la tramitación legislativa de la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente e integró la Comisión de Expertos para el seguimiento y evaluación de la puesta en marcha de la misma. Actualmente es director de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la DPP.

Ha publicado otros trabajos y columnas y sus artículos son parte de la bibliografía latinoamericana indispensable sobre justicia juvenil. Entre estas publicaciones destacan:
- “El nuevo sistema de justicia penal para adolescentes”
- "Derechos de los adolescentes y actividad persecutoria previa al control judicial de la detención"


BERRIOS Gonzalo La Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente como sistema de justicia: análisis y propue...

miércoles, 27 de julio de 2011

Joan Petersilia. entrevistada en "Atreverse a fracasar"

"Joan Petersilia es profesora de Derecho en Stanford (uno de sus cursos es Justicia juvenil y justicia penal), ex presidenta de la Sociedad Americana de Criminología,  codirectora del Centro de Justicia Criminal de Stanford y autora de numerosas publicaciones en el ámbito de la justicia criminal. Sus intereses de investigación incluyen incluyen el diseño y reproducción de experimentos aleatorios, principalmente en establecimientos penitenciarios, y fomentar el uso del conocimiento científico en ambientes políticos.


Ud. ha estado involucrada en esfuerzos de reforma de la justicia criminal en los últimos treinta años, ¿Estos esfuerzos han sido un éxito o un fracaso?
He visto de ambos en distintos momentos. Creo que la pregunta que nos hemos estado haciendo en los últimos treinta años permanece siendo la misma: ¿es posible crear sanciones y programas en medio libre (“community-based sanctions”) que compitan filosófica y operativamente con las instituciones carcelarias.
Estuve involucrada con el movimiento de sanciones intermedias de los años 70’s y 80’s, donde estábamos muy entusiasmados con el potencial de las sanciones en medio libre como alternativas a la prisión. Pero en cierto modo, hemos perdido ese argumento en la medida que la población carcelaria se ha disparado. Ahora, como nación, nos hemos movido a mirar lo que pasa cuando alguien sale de la cárcel, el movimiento de reingreso, de reinserción de presos. Para mí, siguen siendo básicamente los mismos problemas prácticos y filosóficos, involucrando los mismos argumentos y casi exactamente las mismas personas. Vistos estos 30 años a la distancia, no creo que hayamos fallado, porque la energía y el impulso de todo el movimiento de reinserción de presos, procede en parte de nuestro moderado éxito en cambiar la conversación acerca de las cárceles en la década de 1980. Por otro lado, creo que es razonable preguntarse qué tanto hemos tenido éxito en reducir la dependencia de Estados Unidos del encarcelamiento, a pesar de nuestras buenas intenciones.

¿Por qué los esfuerzos de reforma de la justicia penal tienden a seguir un círculo donde el optimismo inicial es seguido por la desilusión y, luego, el abandono de los esfuerzos de cambio?
Hay una larga historia de promesas de más y de entregar menos de lo esperado que ha contribuido a que el péndulo oscile constantemente en las prácticas de castigo.
No hay nada en nuestra historia de más de 100 años de la reforma que diga que sabemos cómo reducir la reincidencia en más de un 15 o un 20 por ciento. Y para lograr esos resultados más bien modestos, usted tiene que hacer todo bien: tener el personal idóneo, cumplir con el programa diseñado, en el momento adecuado en la vida del infractor, y en un ambiente comunitario de apoyo. Debemos ser más honestos acerca de eso, y mi sensación es que no se ha sido más abierto acerca de eso, porque hemos asumido que no podríamos ganar el apoyo del público con resultados más bien modestos.
Yo fui algo ingenua acerca del impacto que las sanciones intermedias podrían tener sobre la confianza en la cárcel, y he llegado a ser mucho más realista acerca del éxito que podemos tener, y de cuál será el costo financiero. No es que no podamos ofrecer programas efectivos, sino que, por lo general, no hacen las bases de ejecución ni de fondos suficientemente. El campo está ensuciado de promesas incumplidas en este sentido, y estoy tratando de no cometer el mismo error en torno a programas de reinserción. En California, me he hecho el hábito de decirles a los funcionarios electos y los equipos profesionales de las cárceles que, en el corto plazo, no es posible ofrecer buenos programas y ahorrar dinero al mismo tiempo. Siento que he sido capaz de vender expectativas más modestas en California, pero no estoy seguro si funciona en otros estados. Se necesita mucha educación y de un trabajo en estrecha colaboración con los tomadores de decisiones, pero vale la pena.

¿Cuál estima Ud. el legado de la famosa declaración de Martinson del ’74 de que “nada funciona” para rehabilitar delincuentes?
Desde una perspectiva política, fue negativa, porque le quitó piso a todos los que querían ofrecer programas de rehabilitación a infractores. Pero desde una perspectiva científica, fue increíblemente positiva, porque hizo que la gente se enfocará en la evaluación y la medida del desempeño, en recopilar y analizar más rigurosamente información y en implementar experimentos aleatorios.
No creo que la ciencia de la criminología y la evaluación de la justicia criminal estarían dónde hoy están sin la negativa evaluación de Martinson sobre los programas de rehabilitación. La información ahora apoya el mantra de que “algunas cosas funcionan, para algunas personas, durante un tiempo y en algunos lugares”. No es tan pegajoso como el “nada funciona” o “todo funciona” pero es un entendimiento más cierto y más matizado de la rehabilitación y quizá se lo debemos a Martinson.
Martinson también era muy bueno en promover su trabajo. ¿Hay también allí una lección para los investigadores?
Si. Martinson era un tipo interesante. Era sólo un asistente de investigación en el proyecto original de Nueva York, pero él era un actor frustrado, tenía una personalidad muy atractiva, y eventualmente se convirtió en el rostro público del estudio, apareció en el programa “60 minutos” y realizó presentaciones en todo el país. Creo que él es la razón de que la "historia tuviera piernas" (se difundiera). Soy una firme creyente de que ninguna buena investigación puede quedarse pegada en los estantes, y que tenemos que pasar mucho tiempo traduciendo los resultados de la investigación y presentando sus implicaciones políticas ante los tomadores de decisiones. Paso mucho de mi tiempo haciendo eso y es probablemente la parte más gratificante de mi carrera.

Hablando de Martinson, ¿cual fue su reacción al estudio del 2005 del Urban Institute titulado “¿Funciona la libertad condicional?” que se respondía la pregunta de modo general negativamente?
La reacción en el terreno al estudio fue defensiva, pero comprensiblemente ya que para todos los operadores que, estado tras estado, hacen un buen trabajo, tuvieron que parar para defender los que estaba haciendo después que el estudio saliera. Sin embargo, creo que los investigadores del Urban Institute hicieron lo mejor que pudieron con la información que tuvieron para trabajar. Ellos utilizaron información nacional de la Oficina de Estadísticas de Justicia, lo que hacía realmente difícil de contestar la pregunta de si la libertad condicional funciona en un estado, en particular. Pero es la información que existe actualmente y es absolutamente la pregunta correcta a hacerse. Al igual que con Martinson, el estudio del Urban Institute y la publicidad que lo ha rodeado, ha obligado al campo a producir mejor información para contrarrestar los resultados negativos. Por ejemplo, acabo de recibir un artículo que revisa más específicamente los resultados de la libertad condicional en Nueva Jersey. Yo apoyé el estudio del Urban Institute, ya que hizo lo mejor con los datos que estaban ahí y terminó llevando la conversación en una dirección positiva.

¿Cómo ve el movimiento por la reinserción en la siguiente década más o menos?
Las condiciones sobre el terreno están cambiando. El movimiento por la reinserción se afianzó en un período con tasas de criminalidad declinando y una economía en alza. Ahora encaramos una situación distinta. Puedo imaginar que el público será menos generoso con el financiamiento, lo que trae malos presagios para la expansión de servicios de reinserción.
Por otro lado, los problemas presupuestarios que los estados están pasando pueden proporcionar un importante impulso para el cambio. Si California no hubiera enfrentado un déficit presupuestario de $ 15 mil millones, no habría modo de que hubiera sido capaz de introducir algunas de las reformas recientemente hemos considerado. Por último, me siento optimista sobre cómo el movimiento de reinserción se ha enmarcado. La atención se centra no sólo en la rehabilitación, lo cual es importante. Sino que el movimiento por la reinserción no sólo prioriza las necesidades del infractor por los servicios, sino que también da prioridad a la seguridad pública. Como tal, tiene un componente mucho más amplio política y comunitariamente. En última instancia, sin embargo, no tengo una bola de cristal. Podríamos tener otra década de mejora de los programas y políticas carcelarias, o podríamos ver el movimiento pendular de regreso a políticas más restrictivas de prisión y de libertad condicional"

Esta entrevista es parte del estupendo libro Atreverse a fracasar (Daring to fail), del Center for Court Innovation. La traducción es de mi responsabilidad y los derechos le pertenecen.al CCI

jueves, 16 de junio de 2011

Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism




Latessa, E.J. & Lowenkamp C.T. (2006) What Works in Reducing Recidivism

miércoles, 15 de junio de 2011

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

SOLER Public Opinion on Youth, Crime, And Race a Guide for Advocates

viernes, 10 de junio de 2011

Ronald P. Corbett sobre el fracaso en la justicia criminal

"¿Es la admisión de fracaso  un problema particular en materia de justicia penal?

Sí, y mucho. Hasta hace poco, no existía ni un vocabulario para discutir el éxito o el fracaso. Recuerdo cuando, hace más de una década, pedí, en una habitación llena de administradores de programas de libertad condicional, que levantaran la mano los que supieran  sus tasas de reincidencia . No muchas manos se levantaron. Entonces pregunté si sabían el número de horas de servicio comunitario realizado efectivamente  el año anterior. Muchos administradores podría decir el número de horas que se le habían asignado, pero no el número que se había completado en realidad. El éxito en ese momento se definía como no salir en las noticias y no ser una vergüenza para sus jefes"

¿Qué lecciones ha aprendido del fracaso?
Creo que la lección más importante que he aprendido es que subestimamos la dificultad de cambiar el statu quo. Estuve involucrado en un programa de supervisión intensiva de libertad condicional en  1980 donde subestimamos completamente  el problema de  fidelidad al programa. Uno de los colaboradores en la  investigación  más tarde escribió un artículo que tituló "Doblando el granito."
Se necesita mucho más que planificación para crear las condiciones adecuadas en el terreno para un nuevo programa."


"Daring to fail", Center for Court Innovation

Ronald P. Corbett es Director Ejecutivo de la Corte Suprema de Massachusetts, donde
coordina la administración del día a día de los Tribunales de Justicia. El Dr. Corbett Anteriormente se desempeñó como Segundo Comisionado Adjunto del Departamento de Libertad Condicional del estado de Massachusetts. Es graduado por la Universidad de Harvard (B.A.) y por  la Universidad de Northeastern.

viernes, 12 de noviembre de 2010

Boletín Centroamericano de Justicia Penal Juvenil

El Boletín Conexión # 2 - Boletín centroamericano de Justicia Penal Juvenil de 2010, titulado "Contexto Centroamericano y su Incidencia en los Sistemas de Justicia Penal Juvenil" ofrece una mirada sobre el contexto, realidades y particularidades de los países de la región centroamericana con el fin de poner sobre la mesa las medidas llevadas a cabo por los distintos Estados y las repercusiones que han tenido en las políticas, sociales, económicas, y en particular en los sistemas de justicia penal juvenil. El documento ofrece ejemplos específicos de Panamá, Honduras y Costa Rica.
Es editado por DNI Costa Rica.

Boletín Centroamericano de Justicia Penal Juvenil

martes, 17 de noviembre de 2009

National Standards for Youth Justice Services (2004)

Los National Standards for Youth Justice Services (Estándares Nacionales para los Servicios de Justicia Juvenil) fueron establecidos el 2004 por el Secretario de Estado (Home Secretary) por recomendación del Youth Justice Board (Consejo de Justicia Juvenil). Este documento describe los niveles mínimos de servicios requeridos a ser entregados a adolescentes en el sistema de justicia del Reino Unido.
En 90 páginas cubren todos los centros y programas donde puede estar un joven el sistema de justicia juvenil, desde programas de prevención, o restaurativos pasando por los tribunales a los centros privativos de alta seguridad.

lunes, 1 de septiembre de 2008

David Utter y el Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana

David Utter es un abogado que apenas egresó y ante de titularse de abogado comenzó a trabajar en la defensa de jóvenes infractores de ley penal.
El año pasado fue entrevistado por CNN en el marco de los serios problemas que enfrentan los establecimientos penitenciarios juveniles de ese estado y las denuncias de maltrato y abuso respecto de los y las jóvenes infractores.


David es Director del Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana, que tiene un estupendo sitio web donde pude accederse a material muy ilustrativo de la real condición del sistema de justicia juvenil.
Destaco en esta oportunidad un paper llamado “Tratados como basura: Detenciones en Nueva Orleáns, antes, durante y después del Huracán Katrina.”


CNN: Entrevista a Dana Kaplan y David Utter, del Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana.

lunes, 15 de octubre de 2007

Sentencia de Juzgado de Garantía de Concepción, en procedimiento simplificado, de 22 de agosto del 2007

Sentencia de Juzgado de Garantía de Concepción, en procedimiento simplificado, de 22 de agosto del 2007.-

Waldemar Koch Salazar, Juez de Garantía de Concepción, dictó esta sentencia en simplificado que tiene el mérito de fijar posición en uno de los debatidos temas de la aplicación de la ley N° 20.084.

"III. Atendido que el plan de intervención de libertad asistida especial que deberá ser aprobado por el Tribunal en la audiencia ya fijada, es un antecedente que forma parte de la sentencia definitiva dictada en esta audiencia; aprobado que sea dicho plan se dispondrá que el mismo forme parte integrante de la presente resolución, y a contar de esa fecha correrán todos los plazos que correspondan para que los intervinientes puedan recurrir respecto de dichas resoluciones."

viernes, 5 de octubre de 2007

Seminario sobre Responsabilidad Penal Adolescente en Antofagasta

La Red de Infancia de Antofagasta organizó un muy interesante Seminario sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Se realizó ayer en el Salón de la Municipalidad -un muy bien equipado auditorio- y contó con alta convocatoria. Las preguntas de los asistentes fueron todas muy pertinentes y ayudaron a formar una completa imagen acerca del funcionamiento de la ley en la región.
Tuvieron la gentileza de invitarme con antelación y pude así pagar una deuda que tenía con Esmildo Campos, director del Centro Pacífico, el programa a cargo de la libertad asistida en la ciudad, y a quien le había prometido hace mucho tiempo asistir a la región.
Por la mañana, luego de mi presentación, Karina Zuchel, Subjefa del DEDEREJ, del Sename, ofreció una panorámica muy documentada (con datos al 2 de octubre) del mundo Sename, y Cristián Quezada, abogado de Achnu, levantó una mirada de la ley desde la convención. En la tarde, expusieron dos magistrados, Ingrid Castillo, jueza de garantía y Wilfred Ziehlmann, juez oral en lo penal, que ayudaron a completar las miradas sobr el funcionamiento del nuevo sistema.
Todos los datas quedan acá disponibles. Y mi agradecimiento con el equipo organizador es total por la calidez de su recepción y el profesionalismo de su trabajo.







miércoles, 26 de septiembre de 2007

Jornadas sobre Derechos Humanos, Visión de Futuro

José Bengoa, Francisco Estrada, el dr. Ennio Vivaldi, Vicedecano de Medicina, Juan Pablo Cárdenas y el Dr. Luis Montt


La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha organizado para el 2 y 3 de octubre las jornadas “Derechos Humanos en lo cívico, social y ambiental. Visión de futuro”.

Me han invitado a exponer el miércoles 3 en un panel sobre DDHH de segunda generación. El progrma de las Jornadas es:
Martes 2: DDHH de Primera Generación: civiles y políticos
17:00: Introducción General: Dr. Alberto Estévez
17:10: Introducción de la sesión: Profesora Inés Pepper
17:20: Vídeo
17:35: Panel
17:35: Dr. José Quiroga: Torturado y torturador
17: 50: Sra. Victoria Gallardo: Evolución de las Comisiones de DDHH en Chile
18:05: Sra. Rosemarie Bornand: Análisis jurídico de la violación del DDHH en Chile
18:20: Sr. Manuel Guerrero: Visión personal
18:40: Preguntas y respuestas
19:30: Cierre: Profesora Inés Pepper
19:45: Inauguración: Decana, Dra. Cecilia Sepúlveda

Miércoles 3: DDHH de Segunda Generación: económicos, sociales y culturales
17:00: Introducción de la sesión: Doctor Sergio Valenzuela
17:20: Vídeo
17:35: Panel:
17:35: Sr. José Bengoa: Pueblos originarios (Derechos culturales)
17: 50: Sr. Francisco Estrada: Violencia juvenil (Derechos sociales)
18:05: Sr. Juan Pablo Cárdenas: Medios y Violencia social
18:20: Dr. Julio Montt: Derechos en la salud
18:40: Preguntas y respuestas
19:30: Cierre: Doctor Sergio Valenzuela

Se realizarán en el Salón Lorenzo Sazié (Independencia Nº 1027 2º Piso)

Dejo aquí la presentación que efectue:

Sentencia de Tribunal Oral de Temuco de 15 de septiembre del 2007

Sentencia de Tribunal Oral de Temuco de 15 de septiembre del 2007.-

En este caso, se trata de un mayor de 18 años que pide aplicación retroactiva de la Ley N° 20.084 y cuya defensa intenta la no aplicación del art. 450.
El Tribunal acoge la aplicación favorable pero rechaza el desestimar el art. 450. Dice el Considerando 12:
12) Que, de acuerdo a lo establecido en el fundamento precedente, tratándose en la especie de un delito de robo con intimidación, sancionado con presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, para establecer la pena que corresponde al enjuiciado, se estará en primer termino a lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº20.084 que establece que la pena asignada al delito para un adolescente es la inferior en un grado al mínimo señalado por la ley, es decir, la de presidio menor en su grado máximo. Que, por otro lado en el caso sub-lite nos encontramos en presencia de un delito que se encuentra en grado de desarrollo imperfecto esto es, en grado de frustrado por lo cual debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 450 inciso 1 del Código Penal, debiendo estimarse como consumado para los efectos de determinar la pena que le corresponde. Por su parte el artículo 22 de la Ley de Responsabilidad Juvenil, expone que las “reglas de determinación de la extensión de las penas. Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la inferior en un grado al mínimo de los señalados por ley para el ilícito correspondiente, las reglas establecidas en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69 de dicho Código”
Que, del texto legal expuesto precedentemente se deduce que tiene plena vigencia para los adolescentes la regla de fijación de pena establecida en el artículo 55 del Código Punitivo el que dispone que las disposiciones regulatorias de la determinación de las penas de los delitos cometidos en grado de tentativa o frustración, la complicidad o el encubrimiento no tienen aplicación cuando se hallen especialmente penados por la por la ley y el artículo 450 inciso 1, del precitado cuerpo legal, el que establece una especial penalidad para los delitos de robo con intimidación frustrados o tentados, que no es otra que castigarlo como consumado. Lo que es aplicable plenamente a los adolescentes infractores de ley.
Que, con ello se da respuesta a la defensa que solicitó que no aplicara a su representado lo dispuesto en el artículo 450 inciso 1 del Código Penal.
Que, a mayor abundamiento debe desestimarse las alegaciones de la defensa en cuanto a que la Ley de Responsabilidad Juvenil es una normativa superior y de carácter autónomo, ya que, el artículo 1° de dicho cuerpo normativo, señala que le “serán aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código Penal y en las leyes especiales”

martes, 25 de septiembre de 2007

Carlos Tiffer en Chile


Con motivo del Curso anual de UNICEF sobre Protección de los Derechos del Niño, estuvo en Chile la semana del 10 al 15 de septiembre, el jurista costarricense Carlos Tiffer Sotomayor.
Visitó Sename y se reunió con autoridades y profesionales del servicio. Alejandra Riveros, coordinadora del encuentro tuvo la gentileza de invitarnos y pudimos participar de este grato encuentro.

Carlos es un destacado abogado penalista y profesor universitario en su país, y fue uno de los principales promotores del sistema penal juvenil que rige en su país desde 1996. Estuvo detrás tanto de la Ley N° 7576 Penal Juvenil, como de la Ley N° 8460 de Ejecución de Sanciones Juveniles. Nos comentó que los principales problemas de implementar un nuevo modelo de justicia para adolescentes se relacionan con la interpretación de la Ley, ya sea por imprecisiones de técnica legislativa o ciertos artículos un poco "novelescos"; el tema presupuestario, en el que reconoció que Chile ha sido más previsor que su país; y los problemas de aplicación de un modelo desconocido.

Tiffer sostuvo que un nuevo sistema penal juvenil es muy complejo y costoso por el principio de la especialización de los diferentes actores involucrados que exige. Aunque, asegura, su problema principal radica en el tipo y variedad de sanciones que establece.
"Una gama amplia de las cuales no se tiene conocimiento ni tradición", dice.
"La complejidad viene cuando se trata de concretar sanciones con fines socioeducativos", agrega. "¿Cómo aplicar una Libertad Asistida, Servicios a la Comunidad, o de orientación y supervisión, por ejemplo, si muchas veces los mismos funcionarios no saben hacerlo?".
La finalidad educativa de la Ley Penal Adolescente, concluye, "desborda y trasciende las competencias de los órganos encargados de hacer cumplir la sanción".

Otro aspecto que para el experto complica aun más la aplicación de la nueva justicia juvenil es la naturaleza de los sujetos a quienes está destinada. Personas que están en un trance entre la edad adulta y la niñez. Y que además, en su mayoría, provienen de los estratos sociales bajos. "Tienen carencia de casi todo para cumplir con los fines de las sanciones: alto retraso escolar, analfabetismo, consumo de drogas", afirma.

Carlos nos recomendó entusiastamente la formación en Chile de lo que en Costa Rica se llamó el "Foro para la Implementación de la Justicia Juvenil", una mesa de conversación convocado por el Ilanud, (Instituto Latinoamericano para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, con sede en Costa Rica), donde se discutan las dificultades que tienen los jueces, fiscales, policías y los encargados de la ejecución de las sanciones, entre otros. Allí cada sector puede exponer con transparencia los problemas comunes, pudiendo incluso establecerse acuerdos de orden práctico. Recalcó que en esta instancia la participación de los jueces es fundamental. "Ellos son los que toman las decisiones, porque pueden haber malos defensores, fiscales, trabajadores sociales, pero los que tienen que ser buenos son los jueces, su responsabilidad trasciende socialmente". Los definió como personajes con "un perfil de independencia, resistentes a la presión interna y externa, particularmente, a la presión de los medios de comunicación".

En relación a los regimenes de privación de libertad sugirió no recargarlos, ya que la privación de libertad tiene un "efecto estigmatizador muy negativo". Al contrario, sentenció, el éxito de la reinserción social de los jóvenes acusados de cometer delitos, que en su mayor parte "son de bagatela", se da en los sistemas de sanciones en medio libre. "La privación de libertad debe ser una excepción", afirmó. Como también la detención preventiva. "No debe usarse normalmente, sólo en casos extremos", concluyó

Para quienes deseen conocer algo del pensamiento de Tiffer dejo aquí los links a algunos de sus artículos.

La Convención de los Derechos del Niño y su influencia en los sistemas de justicia.
Justicia Penal Juvenil. Instrumentos Internacionales de Naciones Unidas y la Experiencia de Costa Rica.
Peritaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
Demanda Interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras. Caso No 12-331. Servellon Garcia y Otros, contra Honduras
.

En la Revista Electrónica de Ciencias Penales, de Costa Rica:

De un derecho tutelar a un derecho penal mínimo/garantista: Nueva Ley de Justicia Penal Juvenil. Revista N° 13
Derecho Penal de menores y Derechos Humanos en América Latina. Revista N° 10
La posición jurídica del ofendido en el Derecho Procesal Penal latinoamericano. Un estudio de derecho comparado. Revista N° 1
La validez constitucional. Revista N° 3

jueves, 6 de septiembre de 2007

Corte de Apelaciones de Santiago dictamina nulidad del juicio oral en contra de Aarón Vásquez

La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público, y desestimó el presentado por el querellante, en la investigación por el homicidio de Alejandro Inostroza Alarcón, ocurrido el 28 de octubre de 2006 en el sector de Plaza Pedro de Valdivia, comuna de Providencia.

Las ministros Sonia Araneda, Rosa María Maggi y el abogado integrante Ángel Cruchaga estimaron que el fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, del 27 de julio de 2007, incurrió en la causal de nulidad de la Letra B del artículo 373 del Código Procesal Penal, que determina la nulidad de una sentencia. “cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiese hecho una errónea aplicación del derecho, que hubiese influido sustancialmente en los dispositivos del fallo”.

Los magistrados -con excepción de la jueza Rosa María Maggi que comparte la nulidad del juicio oral, pero por considerar errónea la minorante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, de parte de Aarón Vásquez- estimaron que en el caso concurre la posibilidad de que el homicidio de Inostroza Alarcón pase de homicidio simple a calificado, al aplicar la agravante de la alevosía al imputado Vásquez Muñoz.

En su considerando número 16, la resolución indica: “Que las circunstancias en que se cometió el ilícito –que los jueces del tribunal tuvieron por acreditadas en su sentencia- revelan, entonces, la concurrencia del elemento alevosía que tipifica el delito de homicidio calificado (…). No se comparte la opinión de la defensa en cuanto descarta la existencia de alevosía al situar la agresión en el contexto de una riña, toda vez que en el establecimiento de los hechos los jueces definieron claramente cuatro episodios, existiendo una interrupción significativa entre la discusión que se produjo en las avenidas Bilbao y Suecia –donde no hubo golpes, sino sólo agresiones verbales y en la cual los participantes dieron por solucionado el conflicto-, y el evento posterior, constituido por la agresión a los ciclistas, entre los que medió el llamado telefónico con el cual Aarón Vásquez inició su acción alevosa”.

En los próximos días, el Tercer Tribunal Oral deberá fijar una nueva fecha para el juicio en contra de Aarón Vásquez Muñoz
Fuente: www.poderjudicial.cl


Aquí está disponible el fallo de la
Sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago
Párrafos destacados:


"20º) Que la minorante prevista en el número 9 del artículo 11 del Código Penal no queda sujeta al simple arbitrio del juez, puesto que la norma exige haber colaborado “sustancialmente” al esclarecimiento de los hechos, esto es, en forma importante, significativa, lo que supone que se proporcione antecedentes que constituyan un aporte efectivo que contribuya al éxito de las averiguaciones, situación que no concurre en este caso. En efecto, en el aludido fundamento décimo, referido a las modificatorias de responsabilidad, los jueces aluden a circunstancias meramente accidentales no constitutivas de la atenuante, lo que configura error de derecho, puesto que los hechos que se presentan como determinantes de la misma no dan cuenta de ninguna colaboración ni aporte de relevancia para los fines del procedimiento.
Por el contrario, en ese mismo fundamento se expresa que las omisiones y afirmaciones inexactas apreciadas en la declaración del acusado Aarón Vásquez resultaron irrelevantes para establecer la verdad formal, lo que quiere decir que su declaración no fue significativa para ese esclarecimiento, el que se logró con el mérito de los demás elementos de convicción a que se refiere el fallo.

21º) Que la circunstancia de no haber considerado los jueces la concurrencia del elemento alevosía hace que hayan quebrantado la ley sustantiva que sirve de base al recurso, pues al dar por configurada la figura del artículo 391 Nº 2 del Código Penal, en lugar de la descrita y sancionada en el Nº 1 del mismo artículo, han hecho una errada calificación del delito con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.
De igual manera, al tener por configurada, la minorante del numero 9 del artículo 11 del citado cuerpo legal, sobre la base de hechos que claramente no le sirven de sustento, han infringido la norma con influencia en lo dispositivo de la sentencia, pues de no haberse incurrido en este error de derecho no habría sido posible rebajar la sanción que la ley asigna al ilícito conforme al artículo 68 inciso tercero, que regula la situación de las penas compuestas, si se tiene en cuenta que se desestimó la concurrencia de toda otra circunstancia modificatoria, salvo la de irreprochable conducta anterior."

lunes, 3 de septiembre de 2007

Recientes Fallos de la Corte Suprema sobre RPA

La Corte Suprema ha dictado dos recientes fallos sobre casos en que aplica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y que resultan muy interesantes, pues de alguna manera, van marcando una cierta lectura de este nuevo cuerpo normativo.

Espero en unos dias ofrecer un comentario, pero me parece útil que todos conozcan estos fallos, de los cuales destacaría los siguientes párrafos:

1. Sentencia de la Corte Suprema, de 21 de agosto del 2007.-
Refiriéndose al problema con la forma de promulgación de la Ley N° 20.191, la Corte zanja el asunto señalando en el considerano 15°:
"... en lo que dice relación con el principal aspecto del reclamo, el numeral 1º, del artículo 23 de la ley 20.084, debe considerarse de acuerdo a su redacción original, que si bien no fue citado en el texto de la Ley Nº 20.191, de 2 de Junio del presente año, es la única forma de darle contenido y coherencia a las diversas normas citadas, y a todo el nuevo régimen que establece la Ley de Responsabilidad Juvenil. Entenderlo de otra forma, significaría ir contra los elementos de la hermenéutica legal, porque al interpretar la ley, los sentenciadores deben considerar, lo prevenido en los artículos 19 inciso 2º, y 22 inciso 1º, del Código Civil, el primero dispone que para interpretar una expresión oscura de la ley, debe recurrirse a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento; en tanto, que la segunda dispone que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que exista entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, debiendo preferirse la que otorga sentido a cada una de sus normas, a aquella interpretación que deje alguna sin aplicación, desde que se trata de un todo orgánico como sistema de establecimiento de sanciones según ya se explicó, en el que las más graves siempre han estado presentes;

DECIMO SEXTO: Que, de esta forma no puede sino concluirse que el texto vigente es el que corresponde a la primitiva redacción del artículo 23 de la Ley Nº 20.084, por lo que no puede sostenerse que exista una suerte de despenalización, ni tampoco que se haya dado al justiciable un trato más favorable o desfavorable, sino que se mantuvo sin interferencias el anterior sistema, que para el caso implicó limitacionesque no deben entenderse como más gravosas, puesto que llegó a su fin la opción entre el régimen cerrado o semicerrado, haciendo obligatorio el primero, al menos por el plazo de dos años.
Esto significa, que tampoco estamos en presencia de alguno de los casos contemplados en el artículo 18 del Código Penal, puesto que de acuerdo con lo expresado, la nueva ley no eximió al hecho de toda pena, porque por una parte, no introdujo ninguna modificación al artículo 433 Nº 2º del Código Penal; y por la otra, dejó subsistente todo el esquema de determinación y correspondencia de sanciones de la ley del ramo; sin que pueda sostenerse que los jueces del fondo aplicaron una pena menos rigurosa; la nueva y última redacción no agravó la situación del menor que es responsable de un ilícito que merece pena de crimen, lo que hizo, según fluye del texto fallo en análisis, fue elegir precisamente la sanción mas beneficiosa, por sobre lo establecido en el Código Penal, que es el que en definitiva gobierna como marco mayor la conducta incriminada, prevaleciendo la vigencia del numeral 1º del artículo 23 en su redacción original, hecho que vino a confirmarse con la dictación del texto complementario de la ley modificatoria, Nº 20.191 el 16 de junio de 2007, respecto del numeral citado, que se mantuvo con la modificación a que ya se ha hecho referencia, y que no ha debido entenderse como derogado;"

"TRIGÉSIMO CUARTO: Que, si bien no es feliz la redacción del considerando décimo quinto del fallo que se revisa, en cuanto cita los artículos 50, 68 y 69 del Código Penal, y el 24 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente No. 20.084, a partir de las cuales el tribunal determinó la extensión y naturaleza de las penas definitivas a imponer a los dos menores enjuiciados, lo que en el fondo es correcto, debió precisarse que los aspectos contenidos en el artículo 69 del texto punitivo lo son sólo para el segundo aspecto: naturaleza de la sanción; lo que además resulta excesivo, pues ya se encuentra contenido en las letra c) y e) del artículo 24, y en todo caso dicha inadvertencia es del todo intrascendente desde que no produce perjuicio, ya que se fijó la pena comenzando por aplicar el sistema del artículo 351 del Código Procesal Penal por ser más favorable, y siendo la pena del robo con intimidación la de presidio mayor en sus grados mínimo a máximo, conforme al artículo 21 de la ley, se procedió a rebajarla en un grado, quedando en presido menor en su grado máximo, para luego ser aumentada en un grado, producto de la reiteración (presidio mayor en su grado mínimo), conforme la compensación racional de dos atenuantes y una agravante, subsistiendo una de las primeras; para finalmente, conforme los seis criterios descritos en la parte final del razonamiento décimo quinto, fijar en nueve y diez años de régimen cerrado con programa de reinserción social, las sanciones respecto de los menores infractores M.A.M.G. y J.L.B.C., respetando en cada caso los tramos legales correspondientes, siguiendo paso a paso las etapas que contempla la ley respectiva, y dejando constancia de los parámetros que tuvo en consideración para fijar la pena definitiva, estando legalmente facultado para imponerla dentro del grado en que la determinó. Consiguientemente, la sola referencia de la norma objetada, no ha influido en modo alguno en la decisión adoptada, por lo que no procede el acogimiento de esta causa de nulidad."

domingo, 26 de agosto de 2007

Roper v. Simmons: La derogación de la pena de muerte en EE.UU.

La semana pasada me comprometí con el grupo de Jueces de Tribunal Oral en lo Penal del curso sobre Drogas, del Conace, a poner algo sobre la derogación de la pena de muerte en EE.UU.
Me refiero, ciertamente, a la decisión de la Corte Suprema en el caso Roper, Superintendent, Potosi Correctional Center v. Simmons. El caso lleva el rol No. 03–633, fue alegado el 13 de octubre del 2004 y la decisión es del 1° de marzo del 2005.

Abajo pueden ver y pueden descargar el fallo
.

Y aquí pueden revisar la
transcripción de los argumentos orales expuestos. Llama mucho la atención el constante diálogo que existe entre jueces y abogados. No se parece en nada a un alegato de nuestro sistema sino más bien a un examen de grado.

La redacción de la opinión fue del Juez Anthony Kennedy.
Según el razonamiento mayoritario, la pena capital contra menores de 18 años es inconstitucional. No simplemente eso, sino que también añade: “Existe un consenso nacional” para su efecto. El veredicto de la Suprema Corte sugiere que, como en los viejos tiempos, el sistema jurídico debe estar supeditado al mandato de las mayorías nacionales y no a la opinión personal de sus magistrados. Es decir, el “derecho común” es todavía parte inmanente del sistema jurídico del ssitema jurídico estadounidense.

La pena de muerte para menores (Roper Vs. Simmons) mantuvo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia divididos desde el principio hasta el final. Por una parte, el flanco conservador de los jueces federales, William H. Rehnquist, Clarence Thomas, y Antonin Scalía, desde que el caso entró en el tribunal superior, decidió a favor de la pena capital. Los liberales, Ruth Bader Ginsburg, David H. Souter, Stephen G. Breyer y John P. Stevens, por la otra, decidieron el camino contrario. Y los dos moderados, Anthony Kennedy y Sandra Day O´Connor, como en otros casos, optaron por lo suyo: poner en suspenso a los conservadores y liberales.
Para justificar la inconstitucionalidad del caso, Kennedy citó argumentos internacionales y nacionales.

Inicialmente sostuvo que la mayoría en la comunidad internacional está en contra de la pena capital contra menores. Por lo que aparentemente nuestra corte también “debería” aceptar ese legado internacional. En esta sentencia ha tenido mucho peso la admisión de cuarenta y ocho informes de amicus curiae incluso algunos provenientes de otros países, un claro ejemplo de la relación cruzada entre el derecho interno y el internacional.



Uno de los informes más interesantes es el de American Psychological Association, y la Missouri Psychological Sssociation.-


El argumento internacional es un razonamiento creativo pero que para lógica del sistema norteamericano resulta débil. Todos sabemos que eso está más allá de la realidad norteamericana. Pese a ello, se cita incluso la Convención para argumentar en contra de la pena capital:
"Como el apelante y numerosos amici enfatizan el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que todos los países del mundo han ratificado salvo por EE.UU. y Somalía, contiene una pohibición expresa de pena capital para los delitos cometidos por jóvenes menres de 18 años."
Antonin Scalia fue el que mejor contradijo el argumento internacional de Kennedy, indicando que “la opinión internacional no debería jugar un papel preponderante en la interpretación de las leyes constitucionales”.
Sin embargo, Kennedy arguyó que existe un “consenso nacional” en torno a los castigos capitales contra los menores. Es decir, que la mayoría de la sociedad norteamericana no quiere que a un criminal de 18 años se le ponga en la silla eléctrica, o se le conduzca a la cámara de gases, o se le suministre sustancias letales intravenosas.
En otras palabras, debemos respetar a la democracia en todo su aspecto, incluyendo en las leyes. Kennedy entiende, más que sus colegas conservadores, que el “consenso nacional” está por encima de la opinión personal de un magistrado o juez nacional.
Haciendo un recuento de algunos casos importante podemos hallar que Kennedy ha sabido poner opinión personal a un lado y obra con prudencia profesional, dictaminando a favor de las mayorías nacionales; y especialmente, de la lógica de la sociedad.
Por ejemplo, Kennedy no ha estado de acuerdo con el aborto prematuro de los bebés. Sin embargo, en 1992 votó apoyando su alargue por “cuestiones de privacidad y derecho individual de la mujer”. Asimismo, dos años atrás también se unió a los magistrados que hallaron improcedente las leyes de sodomía de Texas. Esto, a pesar de no estar personalmente de acuerdo. De ésta manera él y la mayoría en la Suprema Corte ampararon la relación sexual entre hombres en la vida privada.
Así, en el caso de Roper Vs. Simmons, Kennedy nuevamente demuestra que el razonamiento imparcial y el “consenso” de las mayorías de la nación cuentan mucho más que las creencias personales. Incluso se encuentran más allá de un razonamiento coherente y calculado.

Nótese este párrafo (las traducciones de este post son de mi responsabilidad), que da cuenta a cabalidad de la especificidad de lo juvenil en sede de determinación de pena:

“El rechazo de la imposición de la pena de muerte a infractores de ley menores de 18 años es exigido por la Octava Enmienda. El castigo capital debe estar limitado a aquellos delincuentes que cometan “una reducida categoría de los más graves crímenes” cuya extrema culpabilidad los haga “los más merecedores de ejecución.” Atkins, 536 U. S. at 319. Tres diferencias generales entre menores de 18 años y adultos demuestran que los delincuentes juveniles no pueden, fidedignamente, ser clasificados entre los peores delincuentes. La susceptibilidad de los jóvenes a un comportamiento inmaduro e irresponsable significa que “su conducta irresponsable no es tan moralmente reprensible como la de un adulto.” Thompson v. Oklahoma, 487 U. S. 815, 835. Su propia vulnerabilidad y falta comparativa de control respecto de su entorno inmediato implican que los jóvenes tienen un derecho mayor que el de los adultos a ser perdonado por fallar en escapar a ls influencias negativas de su entorno total. Ver Stanford, supra, at 395. La realidad de que los jóvenes todavía luchan por definir su identidad significa que es menos sustentable concluir que incluso un crimen atroz cometido por un joven es evidencia de un carácter depravado e irredimible."


Más info sobre Christopher Simmons en abanet.


Para el anecdotario regional, el fallo ha sido recientemente citado por la actual Corte Suprema argentina en un caso sobre menores de edad.

Roper v. Simmons


Comentarios sobre este caso:

- Massey, Hillary J. (2006), "Disposing of Children: The Eighth Amendment and Juvenile Life without Parole after Roper", Boston College Law Review 47: 1083.
- Universal Rights and Wrongs: Roper v. Simmons, Torture and Judge Posner por Michael E. Tigar.-
- “A Political Court” por Judge Richard A. Posner en  Harvard Law Review 119, (2005), pp.31-102
- A flap over foreign matter at the Supreme Court, Cobertura de NBC.-
- Lane, Charles (March 2, 2005), 5-4 Supreme Court Abolishes Juvenile Executions, The Washington Post, p. A01.
- The Scientific Shortcomings of Roper v. Simmons, por Deborah W. Denn. en el Ohio State Journal of Criminal Law.
- Roper v. Simmons and Our Constitution in International Equipoise, por Roger Paul Alford
, en  UCLA Law Review, Vol. 53, No. 1, 2005 
- Roper v. Simmons: Can Juvenile Offenders be Executed?, por Charles L. Scott, MD, J Am Acad Psychiatry Law 33:4:547-552 (2005)
- Examining Roper v. Simmons, por Brandy Beardsley.-
- Roper v. Simmons: the collision of national consensus and proportionality review, en Journal of Criminal Law and Criminology, Spring, 2006 by Wayne Myers.-