Esta semana en Cartas al Director en el New York Times:
"La prohibición de la Corte Suprema de imponer cadena perpetua sin libertad condicional a adolescentes, en su reciente decisión Miller v. Alabama, es un paso legal importante y apropiado.
La decisión refuerza lo que la corte previamente reconoció al abolir la pena de muerte para adolescentes y al prohibir la cadena perpetua por delitos que no sean homicidio: que los niños son propensos a un comportamiento inmaduro e imprudente, y que son posibles de rehabilitar con la edad. Sus condenas deben tener en cuenta estas características "distintivas" de la juventud, como establecía la sentencia.
Ahora es importante asegurar que el espíritu de la sentencia se cumpla. Las personas que tengan derecho deben ser sentenciados de nuevo en una forma que ofrezca una significativa oportunidad de demostrar madurez y obtener la libertad anticipada. Muchos no tienen abogados y necesitarán una efectiva representación legal. Las sentencias deben también estar libres de consideraciones de raza. La mayoría de los adolescentes originalmente sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional eran niños de color.
La decisión del tribunal para prohibir estos castigos excesivamente duros fortalece la equidad de nuestro sistema de justicia penal.
RANDY HERTZ
Nueva York, 27 de junio 2012
Randy Hertz es profesor y abogado supervisor de la Clínica de Defensa de Adolescentes en la New York University School of Law."
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martes, 10 de julio de 2012
lunes, 20 de julio de 2009
Crisis de los defensores juveniles
Los defensores juveniles dicen estar en crisis y piden ser contratados ante plan de Justicia para licitar sus causas"El martes pasado, uno de los edificios del Centro de Justicia, donde funciona la Defensoría Penal Pública, tenía sendos carteles en su frontis. Leyendas como "Se vende defensa juvenil" y "No a la privatización de la defensa juvenil" llamaron la atención de la gente. Se trata de un nuevo conflicto que afronta el Ministerio de Justicia en el marco de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA): los abogados a cargo de la defensoría penal juvenil están molestos con su situación contractual.
Los defensores Daniel Aimone y Cristián Sleman explican que su actividad está en crisis tras casi cuatro años prestando servicios al Estado a honorarios.
Acusan a Justicia de querer licitar en 2010 cerca de 33 mil causas de menores infractores en lugar de contratar a los defensores actuales, que desde 2006 fueron capacitados por el propio Estado para actuar en el sistema.
Y advierten que la RPA enfrentará un conflicto de proporciones, porque hoy no existen abogados capacitados en RPA disponibles ni ofertas académicas en las universidades. Y además, porque la alta rotación de abogados en el sistema licitado, por las bajas remuneraciones, atentará contra la especialización y el seguimiento de causas.
Daniel Aimone dice que el Estado perderá la alta inversión que significó preparar a profesionales dedicados a la delincuencia juvenil, que en 2008 representó el 10,3% de los 296.146 casos que atendió la Defensoría.
Según el jefe de la unidad de Defensoría Penal Juvenil, Gonzalo Berríos, la defensora nacional Paula Vial pidió al Ministerio que institucionalice a los 50 defensores, 11 asistentes sociales y 22 administrativos que trabajan a honorarios, para rescatar su experiencia. Agrega que aún están en conversaciones con Justicia, en el contexto de las discusiones previas al presupuesto de 2010, pero que son partidarios de que esa gente pase a la planta, porque, según sus estimaciones, "sale más económico contratarlos que licitarlos".
Otras fuentes aseguraron que Justicia ya habría decidido licitar estas causas para el año 2010. Consultada la cartera sobre este tema, no hubo respuesta a este diario."
Fuente: El Mercurio, 20 de julio
viernes, 17 de julio de 2009
Cuenta Pública 2009: Defensora Nacional insta a la consolidación de una defensa especializada para jóvenes infractores de ley
"La autoridad insistió en la necesidad de la autonomía plena de la Defensoría. “Sólo como órgano autónomo estará en condiciones de contrarrestar o equilibrar la persecución penal”, dijo.La consolidación de una defensa especializada para jóvenes infractores; disminuir el número de personas que están en prisión preventiva mientras dura su investigación, para ser finalmente absueltas; e insistir en la autonomía plena de la institución, son algunos de los desafíos planteados por la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, en la rendición de su primera Cuenta Pública desde que asumiera el cargo, el 4 de julio de 2008.
La Defensora Nacional, quien es la primera autoridad institucional en ser elegida por el sistema de alta dirección pública, señaló que al asumir se fijó una carta de navegación cuyo principal eje de gestión es asegurar la cobertura y calidad de la prestación de defensa.
Para el cumplimiento de esta prioridad, Paula Vial detalló las líneas de acción en las que se está trabajando y que guardan relación con el perfeccionamiento del actual sistema de licitaciones; la capacitación continua de defensores, tanto institucionales como licitados; la especialización de la defensa de adolescentes, mujeres e indígenas; la recuperación de la mística entre los defensores y el reposicionamiento de la Defensoría como un actor relevante en el actual sistema de justicia.
En este marco se constituyeron distintas comisiones de trabajo, entre ellas la de Calidad encargada del diseño de un ciclo transversal de calidad en la prestación de defensa; otra a cargo de la elaboración de un código deontológico para abogados, que aspira a transformarse en una herramienta que incentive las buenas prácticas que se generan en el trabajo cotidiano; y una tercera encargada de perfeccionar el actual sistema de licitaciones, que –entre otras modificaciones- propone la introducción de un sistema de incentivos que se orienten a mejorar la calidad y el desempeño de los prestadores.
Estadísticas
Durante el año 2008, la Defensoría Penal Pública atendió a 296.146 imputados, lo que representa un crecimiento del 18% respecto a las personas atendidas en 2007. De este total, un 14,9% corresponde a mujeres y un 10,3% a jóvenes de entre 14 y 18 años.
Del total de delitos atendidos el año pasado, un 18,3% correspondió al de lesiones. Le siguieron el hurto con un 12,5% y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con un 11,5%.
De las sentencias, es en el juicio oral donde se observó el mayor porcentaje de absoluciones las que alcanzan al 20,7% del total. Dentro del procedimiento ordinario, en más del 62,2% de las condenas se impusieron penas menores a las solicitadas por el Ministerio Público.
Respecto de las medidas cautelares, la prisión preventiva se aplicó en un 16,6% del total de causas atendidas por la institución.
En este sentido, cabe destacar que durante 2008 ascendió de 19 a 23,4% el porcentaje de personas que debieron estar en prisión preventiva mientras duró su investigación y que finalmente fueron absueltas.
Cabe recordar que desde 2001 a la fecha, un total de 1.690 personas han estado en esta situación, y que sólo en 2008 se dictaron cerca de 600 sentencias absolutorias en las que los imputados debieron estar privados de libertad.
“En la mayoría de los casos, los factores de error pueden ser identificables. Errores en la identificación de testigos oculares, limitaciones de la ciencia que impiden una investigación adecuada, confesiones falsas, malas prácticas de funcionarios, presiones ilegítimas, informantes, testigos anónimos y por qué no, inadecuada prestación de la defensa o debilidad en la proactividad de la misma”, dijo Paula Vial.
Especialización
Otra de las preocupaciones de la Defensora Nacional guarda relación con asegurar la prestación de defensa especializada a los jóvenes infractores de ley.
Durante 2008 se proporcionó defensa penal juvenil a 30.800 imputados de entre 14 y 18 años, de los cuáles 8.070 eran menores de 14 y 15 años y 22.730 eran imputados de 16 y 17 años.
Actualmente la Defensoría Penal Pública cuenta con 50 defensores juveniles especializados y durante 2008, éstos atendieron al 62% de los adolescentes que ingresaron al sistema.
La Defensora Nacional recordó que en el último Consejo de la Fundación Paz Ciudadana, la especialización fue definida como un imprescindible en la actual Ley Adolescente. “Nuestra contribución a esa agenda de futuro es una propuesta de consolidación de lo que hoy tenemos, constituyendo al actual equipo de defensa juvenil en la columna vertebral nuestros servicios para adolescentes”, agregó.
En este mismo ámbito, y a la luz de las conclusiones del Informe de la Defensoría relativo al primer año de funcionamiento de la Ley Penal Adolescente, Paula Vial señaló que durante este período 2.495 jóvenes fueron sometidos a internación provisoria, lo que representa un alza respecto a años anteriores. Agregó que el promedio de días en que estuvieron privados de libertad alcanzó a 74, mientras que en el sistema anterior era de sólo 60.
“Más grave aún es que el 89% de quienes estuvieron presos, durante el primer año de funcionamiento de la ley, no fueron finalmente condenados a una pena de internación en régimen cerrado”, puntualizó.
Autonomía
Junto con destacar que la Defensoría Penal Pública es una institución que defiende los derechos y garantías de todas las personas, “y no de delincuentes”, la máxima autoridad institucional abogó por la autonomía plena para garantizar el debido equilibrio en el proceso penal.
“Sólo como órgano autónomo (la Defensoría) estará en condiciones de contrarrestar o equilibrar la persecución penal”, dijo y precisó que la necesidad de autonomía se enlaza con la efectiva protección de los derechos fundamentales y con el cumplimiento de la obligación estatal, cuyo correlativo es un derecho de carácter fundamental como lo es el derecho a defensa."
Fuente: www.dpp.cl
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