Esta semana en Cartas al Director en el New York Times:
"La prohibición de la Corte Suprema de imponer cadena perpetua sin libertad condicional a adolescentes, en su reciente decisión Miller v. Alabama, es un paso legal importante y apropiado.
La decisión refuerza lo que la corte previamente reconoció al abolir la pena de muerte para adolescentes y al prohibir la cadena perpetua por delitos que no sean homicidio: que los niños son propensos a un comportamiento inmaduro e imprudente, y que son posibles de rehabilitar con la edad. Sus condenas deben tener en cuenta estas características "distintivas" de la juventud, como establecía la sentencia.
Ahora es importante asegurar que el espíritu de la sentencia se cumpla. Las personas que tengan derecho deben ser sentenciados de nuevo en una forma que ofrezca una significativa oportunidad de demostrar madurez y obtener la libertad anticipada. Muchos no tienen abogados y necesitarán una efectiva representación legal. Las sentencias deben también estar libres de consideraciones de raza. La mayoría de los adolescentes originalmente sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional eran niños de color.
La decisión del tribunal para prohibir estos castigos excesivamente duros fortalece la equidad de nuestro sistema de justicia penal.
RANDY HERTZ
Nueva York, 27 de junio 2012
Randy Hertz es profesor y abogado supervisor de la Clínica de Defensa de Adolescentes en la New York University School of Law."
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martes, 10 de julio de 2012
martes, 26 de junio de 2012
Corte Suprema de EE.UU. en MILLER v. ALABAMA prohíbe cadena perpetua sin posibilidad de libertad a adolescente condenado por homicidio
Apenas ayer, en MILLER v. ALABAMA, la Corte Suprema de EE.UU. en una reñida votación de 5-4, emitió un fallo histórico en justicia juvenil y derechos del niño en EE.UU. al limitar la sanción de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En Argentina, es bueno recordar, que hay 11 menores de edad condenados a cadena perpetua por delitos cometido siendo adolescentes, según documentaron hace algunos años Emilio García Méndez y Gimol Pinto de UNICEF Argentina en un estudio.
Es posible acceder al audio de los alegatos y a una transcripción de ellos, en el sitio del proyecto OYEZ.
La pregunta que la Corte respondió afirmativamente es si esa sanción constituía un castigo cruel e inusual el cual está prohibido en la Constitución Norteamericana (Enmienda VIII).
El fallo fue entregado por la jueza Elena Kagan.
Los alegatos fueron efectuados por el abogado Bryan Stevenson (de quien hemos posteado acá su charla en TED TALK), Director Ejecutivo de Equal Justice Initiative.
Según informa hoy el New York Times, en EE.UU. son cerca de 2000 los jóvenes que están condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad que se verán beneficiados con este fallo.
Todo el expediente judicial, incluidos los muy interesantes 'briefs' como amicus curiae de un conjunto de 40 de los más prestigiosos criminólogos norteamericanos y la Asociación Americana de Psicólogos, en el sitio de Scotus Blog.
En ese mismo sitio, Lyle Denniston ofrece una primera panorámica del impacto de este caso.
Es posible acceder al audio de los alegatos y a una transcripción de ellos, en el sitio del proyecto OYEZ.
La pregunta que la Corte respondió afirmativamente es si esa sanción constituía un castigo cruel e inusual el cual está prohibido en la Constitución Norteamericana (Enmienda VIII).
El fallo fue entregado por la jueza Elena Kagan.
Los alegatos fueron efectuados por el abogado Bryan Stevenson (de quien hemos posteado acá su charla en TED TALK), Director Ejecutivo de Equal Justice Initiative.
Según informa hoy el New York Times, en EE.UU. son cerca de 2000 los jóvenes que están condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad que se verán beneficiados con este fallo.
Todo el expediente judicial, incluidos los muy interesantes 'briefs' como amicus curiae de un conjunto de 40 de los más prestigiosos criminólogos norteamericanos y la Asociación Americana de Psicólogos, en el sitio de Scotus Blog.
En ese mismo sitio, Lyle Denniston ofrece una primera panorámica del impacto de este caso.
viernes, 26 de noviembre de 2010
Fallo de Corte Suprema de los EEUU prohibió cadena perpetua sin libertad condicional para menores de edad
Dentro de las grandes noticias que no "cubrí" en su minuto debido a las tareas en que estaba, quizá la más relevante fue el fallo (los fallos, en estricto rigor) de la Corte Suprema de los EEUU prohibiendo la cadena perpetua sin libertad condicional para menores de edad, por delitos que no sea homicidio.
La Corte Suprema de los EE.UU. resolvió el 17 de mayo de 2010, que los menores de edad no pueden ser condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito que no sea homicidio, prosiguiendo así, una misma línea argumentativa que la expresada en Ropper v. Simmons el 2005.
Bryan Stevenson (arriba en el video), fundador y director ejecutivo de la Iniciativa Equal Justice y galardoneado por la Fundación MacArthur, fue quien presentó uno de los casos ante la Corte.
Stevenson sostuvó, en Sullivan v. Florida, que la pena de perpetua sin libertad condicional para delincuentes juveniles es castigo cruel e inusual castigo y, por tanto, inconstitucional. La decisión de la Corte se repitió en el caso de Graham v. Florida.
Según algunos analistas, la Corte estaba esperando la oportunidad de ofrecer un precedente que diese claridad en este punto.
Joe Sullivan es uno de los dos chicos de trece años de edad en EE.UU. condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por un delito en que no hubo un asesinato. En 1989, Joe era un niño con discapacidad mental de trece años que vivía en una casa donde fue sometido periódicamente a abusos físicos y sexuales.El día del crimen, dos niños mayores de esa edad convencieron a Joe para que participara en un robo. Los tres muchachos entraron en una casa vacía y un niño mayor tomó un poco de dinero y joyas antes de salir.
Esa tarde, la anciana dueña de casa fue asaltada sexualmente en su casa. Ella nunca vio a su atacante.
Uno de los chicos mayores, que pudo haber sido el verdadero agresor, acusó a Joe de la agresión sexual. Los otros jóvenes mayores que Joe fueron condenados a penas de cortas prisión en centros para menores. Joe Sullivan, de 13 años, fue acusado y juzgado en un tribunal de adultos.
Joe fue juzgado por un jurado de seis personas en un juicio de 1 día; la declaración de apertura comenzó poco después de las 9 am, y el jurado emitió su veredicto a las 4:55 pm Durante el juicio, el fiscal y los testigos realizaron repetidas e innecesarias referencias al hecho que Joe es afroamericano y la víctima es blanca. Un testigo repitió en varias ocasiones, que el autor del asalto era un "chico de color" o "un niño de color oscuro."
Joe fue juzgado por un jurado de seis personas en un juicio de 1 día; la declaración de apertura comenzó poco después de las 9 am, y el jurado emitió su veredicto a las 4:55 pm Durante el juicio, el fiscal y los testigos realizaron repetidas e innecesarias referencias al hecho que Joe es afroamericano y la víctima es blanca. Un testigo repitió en varias ocasiones, que el autor del asalto era un "chico de color" o "un niño de color oscuro."
La evidencia biológica recogida de la víctima no se presentó en el juicio y fue destruido antes de que pudiera ser sometido a pruebas de ADN. El abogado designado a Joe - quien fue inhabilitado después - no se opusó a una "identificación de voz" de Joe de la víctima (que tenía los ojos vendados durante el asalto) que había ensayado primero con el fiscal antes de repetir para el jurado. Joe fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de que Joe era la persona más joven en el país condenado a morir en la cárcel por un delito que no era homicidio, su abogado presentó un escrito de apelación diciendo que no hubo problemas para impugnar en su caso.
Joe fue enviado a una prisión para adultos cuando sólo tenía catorce años, y fue repetida y brutalmente víctima de reclusos de más edad. Se le ha diagnosticado una esclerosis múltiple y utiliza una silla de ruedas.
La investigación empírica actual encuentra que los jóvenes son menos culpables - y más susceptibles a la rehabilitación - debido a su inmadurez.
De los argumentos en debate, me parecen muy interesantes dos minutas o informes aportados al tribunal como amicus curiae, por la American Medical Association y la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry y el de la American Psychological Association, American Psychiatric Association, National Association of Social Workers, And Mental Health America en poyo del demandante.
Ambos informes ofrecen evidencia científica, de primer nivel, de incuestionable rigor y excelencia académica y que, creo, pueden ser aportados a tribunales nacionales en pro de argumentar la conformación del cerebro, la posibilidad de efectuar reproches a menores de 18 años y otros aspectos que revisan estos reportes.
Sullivan v. Florida
Graham v. Florida.-
Caso Sullivan en el programa de Tv de PBS
PBS Need to Know: Second Chances | Equal Justice Initiative
Dossier Sullivan v. Florida en ScotusBlog.-:
lunes, 15 de noviembre de 2010
Martin Guggenheim "Ratify the U.N. Convention on the Rights of the Child, But Don't Expect Any Miracles"
La prestigiosa revista Emory International Law Review, dedicó su volumen 20 al tema de la ratificación de EEUU a la Convención de Derechos del Niño. En este especial, destaca el trabajo del profesor de la NYU Law Martin Guggenheim, uno de los principales expertos estadounidenses en derechos del niño, que dejo aquí. Entre sus logros profesionales está haber alegado ante la Corte Suprema de EEUU el caso Santosky v. Kramer en el cual la Corte estableció un estándar más alto de prueba requerida para terminar los derechos de los padres.¿Cuál es el punto del profesor Guggenheim? Lo expresa mu bien el título. Ok, ratifiquemos la Convención pero no esperemos milagros. En las áreas donde la Convención puede marcar la diferencia, la jurisprudencia de la corte suprema ha avanzado mucho. Tal es el caso de la derogación de la pena capital para menores de edad en Ropper v. Simmons. Pero en otros aspectos, hay normas que pueden resultar problemáticas. P. ej., dice él, el artículo 3°. Estamos dictado leyes para remarcar el derecho de los niños en "reservas indias" a permanecer en ellas, e impedir que sean entregados en adopción fuera de su comunidad étnica porque consideramos valioso preservar esa comunidad indígena. En virtud del art. 3, un tribunal podría saltarse esa ley y , en pro de los mejores intereses del niño, entregarlo en adopción a una pareja en Manhattan.
Puedo imaginar que comentaría el prof. Guggenheim del Caso Atala si lo conociera.
Martin Guggenheim Ratify the U.N. Convention on the Rights of the Child, But Don't Expect Any Miracles
miércoles, 10 de noviembre de 2010
Thompson v. Oklahoma
En Thompson v. Oklahoma, la Corte Suprema de los EEUU, rompió un largo silencio en pronunciarse sobre la pena de muerte al establecer que su imposición a un menor de 16 años de edad, violaba la Octava Enmienda al ser un castigo cruel e inusual.
En Proyect Oyez puede escucharse el audio de los alegatos
Thompson v. Oklahoma
En Proyect Oyez puede escucharse el audio de los alegatos
Thompson v. Oklahoma
miércoles, 13 de enero de 2010
Abbot v. Abbot: Ayer Corte Suprema de EEUU escuchó alegatos en caso de niño que madre se lo llevó de Chile sin consentimiento del padre
Nunca se ha hablado tanto de la ley chilena en la Corte Suprema de los EE.UU. como ayer. Ayer, la Corte Suprema de EEUU escuchó alegatos en el caso Timothy Mark Cameron Abbott v. Jacquelyn Vaye Abbott, un curioso conflicto de derecho internacional privado que trata de niño cuya madre se lo trajo desde Texas a Chile sin el consentimiento del padre y obtuvo acá una orden de no devolverlo, todo ello con el marco de fondo de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños.-
La Corte debe resolver si el padre the father, Timothy Abbott, tenía un "derecho a la custodia" bajo el tratado antes citado.
El caso es el epílogo de una larga disputa legal por la custodia de su único hijo entre Timothy Mark Cameron Abbott, un astrónomo británico de AURA Cerro Tololo y su esposa norteamericana, Jacquelyn Vaye Abbott, quienes a mediados de 2003 decidieron separarse de hecho luego que esta última lo acusara de violencia intrafamiliar y luego se divorciaron. Al divorciarse en Chile, el juzgado nacional ordenó que el niño no podía ser sacado del país sin el acuerdo de ambos padres. La madre, sin el consentimiento del padre, se trajo al niño desde EE.UU. a Chile.
El niño nación en EE.UU. wn 1995.
La prensa norteamericana habla de juzgado de familia chileno (chilean family court) pero en verdad, como el divorcio es del 2003-2004, el tribunal es realmente un juzgado civil ordinario, que era quienes resolvían este tipo de cuestiones.
De hecho, por las fechas tampoco cuadra lo de divorcio ya que nuestra ley de divorcio entró en vigencia el 18 de noviembre del 2004. (para aclararlo tendría que ller con más detalle el expediente y no tengo tanto tiempo).Por acá más detalles del asunto.
En enero del 2004,a petición de la madre, el tribunal resolvió prohibir sacar al niño del país sin mutuo consentimiento de los padres (lo que los norteamericanos denominan “ne exeat order”).
En agosto del 2005, la madre sacó al niño del país sin el consentimiento del padre.
Éste localizó -vía investigador privado- a su hijo en Texas y allí abrió una causa pidiendo que, en conformidad la Convención de La Haya, el niño sea devuelto a Chile.
El 2007 el tribunal de Texas denegó el regreso a Chile y luego de una apelación denegada ante el Tribunal del Quinto Circuito, el caso acaba de ser visto en el tribunal supremo de los EE.UU.
La discusión jurídica es si la orden "ne exeat" (no sacar al niño sin acuerdo de ambos padres) constituye o genera un derecho de custodia, que es lo que exigiría la Convención de La Haya para calificar de injusta la salida y hacer procedente la devolución.
Hay una división entre varios tribunales de apelación. El Tribunal del Segundo Circuito estableció recientemente que no constituye ese derecho, y lo llamativo es que fue con voto en contra de la magistrado Sonia Sotomayor, que hoy integra la Suprema. De hecho la jueza Sotomayor sugirió que la sra. Abbot pudo volver a Chile a pedir una modificación de la orden famosa.
Muy muy interesante las preguntas de los supremos gringos (con excepción del casi mudo juez Clarence Thomas, "un saludo para ud. juez Thomas" como dijo James Spader en el último capitulo de Boston Legal)
Dejo la transcripción de los alegatos:
Abbot v Abbot
Más info del caso por acá en el Legal Information Institute, de la Universidad de Cornell.
Y el dossier de minutas en el sitio de la ABA:
El caso es el epílogo de una larga disputa legal por la custodia de su único hijo entre Timothy Mark Cameron Abbott, un astrónomo británico de AURA Cerro Tololo y su esposa norteamericana, Jacquelyn Vaye Abbott, quienes a mediados de 2003 decidieron separarse de hecho luego que esta última lo acusara de violencia intrafamiliar y luego se divorciaron. Al divorciarse en Chile, el juzgado nacional ordenó que el niño no podía ser sacado del país sin el acuerdo de ambos padres. La madre, sin el consentimiento del padre, se trajo al niño desde EE.UU. a Chile.
El niño nación en EE.UU. wn 1995.
La prensa norteamericana habla de juzgado de familia chileno (chilean family court) pero en verdad, como el divorcio es del 2003-2004, el tribunal es realmente un juzgado civil ordinario, que era quienes resolvían este tipo de cuestiones.
De hecho, por las fechas tampoco cuadra lo de divorcio ya que nuestra ley de divorcio entró en vigencia el 18 de noviembre del 2004. (para aclararlo tendría que ller con más detalle el expediente y no tengo tanto tiempo).Por acá más detalles del asunto.
En enero del 2004,a petición de la madre, el tribunal resolvió prohibir sacar al niño del país sin mutuo consentimiento de los padres (lo que los norteamericanos denominan “ne exeat order”).
En agosto del 2005, la madre sacó al niño del país sin el consentimiento del padre.
Éste localizó -vía investigador privado- a su hijo en Texas y allí abrió una causa pidiendo que, en conformidad la Convención de La Haya, el niño sea devuelto a Chile.
El 2007 el tribunal de Texas denegó el regreso a Chile y luego de una apelación denegada ante el Tribunal del Quinto Circuito, el caso acaba de ser visto en el tribunal supremo de los EE.UU.
La discusión jurídica es si la orden "ne exeat" (no sacar al niño sin acuerdo de ambos padres) constituye o genera un derecho de custodia, que es lo que exigiría la Convención de La Haya para calificar de injusta la salida y hacer procedente la devolución.
Hay una división entre varios tribunales de apelación. El Tribunal del Segundo Circuito estableció recientemente que no constituye ese derecho, y lo llamativo es que fue con voto en contra de la magistrado Sonia Sotomayor, que hoy integra la Suprema. De hecho la jueza Sotomayor sugirió que la sra. Abbot pudo volver a Chile a pedir una modificación de la orden famosa.
Muy muy interesante las preguntas de los supremos gringos (con excepción del casi mudo juez Clarence Thomas, "un saludo para ud. juez Thomas" como dijo James Spader en el último capitulo de Boston Legal)
Dejo la transcripción de los alegatos:
Abbot v Abbot
Más info del caso por acá en el Legal Information Institute, de la Universidad de Cornell.
Y el dossier de minutas en el sitio de la ABA:
sábado, 28 de noviembre de 2009
martes, 10 de noviembre de 2009
Corte Suprema de EE.UU. dividida ante caso de menores de edad condenados a cadena perpetua
Ayer la Corte Suprema estadounidense escucho los alegatos de dos casos separados pero con un factor común: menores de edad condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra(parole). Ambos son del estado de Florida.Los abogados de los jóvenes alegaron que la pena constituye un castigo cruel e inusual bajo la Octava enmienda. Terrance Graham, cometió el delito a los 17 años, y Joe Sullivan, tenia 13 años al cometerlo.
Más detalles desde Law.com:
"The sentence is unequivocal and cruel because it rejects any hope that the adolescent can change," said Graham's counsel, Bryan Gowdy of Mills Creed & Gowdy in Jacksonville, Fla., in Graham v. Florida.
Gowdy urged the justices to announce a per se rule that juveniles under the age of 18 cannot be sentenced to life in prison without parole. In the second argument, Sullivan v. Florida, Bryan Stevenson of the Equal Justice Initiative in Montgomery, Ala., sought to draw the line at age 14, but said he fully supported Gowdy's line as well.
Both lawyers relied heavily on the analysis in the Supreme Court's 2005 Roper v. Simmons decision striking down the death penalty for juvenile murderers. The majority in that case found that juveniles younger than 18 lacked the maturity and moral culpability of adults.
But Florida Solicitor General Scott Makar told the justices that "death is different." He warned that a "categorical rule" eliminating life in prison without parole would undermine Florida law. The state, he said, had enacted strong punishments for juvenile crimes in response to a serious problem. He also noted that many states have eliminated parole in their criminal justice systems.
"A categorical rule goes against the national trend and consensus," said Makar.
Several justices clearly had trouble with attempting to pinpoint at what age the punishment would violate the Constitution and at what point a juvenile sentenced to life in prison would become eligible for parole review.
"What makes us more culpable after our 18th birthday?" Justice Sonia Sotomayor asked Gowdy.
"A line has to be drawn somewhere," responded Gowdy, adding that 18 is the age supported by social science studies of juvenile behavior and maturity.
Justice Samuel Alito Jr. told Gowdy, "You're making a per se argument that no matter how horrific the crimes, no matter if no remorse is shown, that person must be made eligible for parole?"
Gowdy said yes. "Life with parole gives some hope that later in time he may be released." Alito asked when parole must be considered if the high court were to ban the life without parole sentence. Gowdy said that should be left to the states.
Chief Justice John Roberts Jr. repeatedly pressed lawyers for the juveniles and the state on whether a better solution would be to declare that the Eighth Amendment required judges to consider the youth's age in sentencing and then whether the sentence was "proportional" for an offender of that age and for the particular crime.
"Why doesn't that seem more sensible?" asked Roberts. "It avoids all of the line-drawing."
But neither the lawyers for Graham and Sullivan nor for the state agreed with Roberts.
Stevenson said proportionality review has not worked well in cases involving children. Gowdy said a judgment cannot be made at sentencing whether a juvenile can be rehabilitated. That judgment must be made later, he said.
Florida's Makar argued that judges now consider the offender's youth in imposing life without parole. "Age does matter," he said.
The justices spent considerable time on a procedural problem in the Sullivan case that could result in them not reaching the merits.
Stevenson urged them to reach the merits. "If you accept that Florida has adopted life in prison without parole for a child of 13, then you also have to accept that they have adopted it for a child of six," he said.
There are 111 inmates serving sentences of life without parole who committed their nonhomicide crimes when they were younger than 18, of which 77 are in Florida prisons. There are 73 13- or 14-year-old inmates serving such sentences, according to Stevenson.
Mayor cobertura acá
miércoles, 1 de octubre de 2008
Corte Suprema de EE.UU. rechazó reabrir caso Kennedy v. Louisiana
En una decisión que se esperaba, la Corte Suprema de los EE.UU. rechazó reabrir y volver a escuchar escuchar alegatos en el controvertido asunto, resuelto en junio pasado, Kennedy v. Louisiana. Como recordarán, en este fallo se estableció el precedente que invalida la pena de muerte para violadores de niño, cuando la víctima sobrevive.Louisiana solicitó a la Corte la reapertura, después de que en un blog de derecho militar se diese a conocer que el Congreso de ese estado había aprobado una ley que permitía la pena capital para violadores de niños, bajo la ley militar, en el 2006. La omisiòn de este hecho, en todos los resúmenes, minutas y documentos tenidos a la vista en el caso por el máximo tribunal, sesgaba su análisis sobre el consenso nacional en este punto, argumentó Louisiana. La votación fue 7-2.
lunes, 1 de septiembre de 2008
David Utter y el Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana
David Utter es un abogado que apenas egresó y ante de titularse de abogado comenzó a trabajar en la defensa de jóvenes infractores de ley penal.
El año pasado fue entrevistado por CNN en el marco de los serios problemas que enfrentan los establecimientos penitenciarios juveniles de ese estado y las denuncias de maltrato y abuso respecto de los y las jóvenes infractores.
David es Director del Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana, que tiene un estupendo sitio web donde pude accederse a material muy ilustrativo de la real condición del sistema de justicia juvenil.
Destaco en esta oportunidad un paper llamado “Tratados como basura: Detenciones en Nueva Orleáns, antes, durante y después del Huracán Katrina.”
CNN: Entrevista a Dana Kaplan y David Utter, del Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana.
El año pasado fue entrevistado por CNN en el marco de los serios problemas que enfrentan los establecimientos penitenciarios juveniles de ese estado y las denuncias de maltrato y abuso respecto de los y las jóvenes infractores.
David es Director del Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana, que tiene un estupendo sitio web donde pude accederse a material muy ilustrativo de la real condición del sistema de justicia juvenil.
Destaco en esta oportunidad un paper llamado “Tratados como basura: Detenciones en Nueva Orleáns, antes, durante y después del Huracán Katrina.”
CNN: Entrevista a Dana Kaplan y David Utter, del Proyecto de Justicia Juvenil de Louisiana.
jueves, 26 de junio de 2008
Supremazos made in USA: D.C. et al v. Heller, y Kennedy v. Lousiana

Ayer y hoy, dos decisiones de la Corte Suprema de los EE.UU. han remecido ámbitos polémicos del derecho norteamericano: el derecho a tener armas para la defensa propia , D.C. et al v. Heller, y el derecho estatal a imponer la pena de muerte en determinados casos (violaciones de niños) en Kennedy v. Lousiana.
Es curioso que ambas decisiones se contrapesen entre los llamados bloques conservadores y liberales. Por un lado, una decisión limita la pena de muerte, por el otro, el segundo fallo permite el porte de armas, y prohíbe una legilación que restrinja su tenencia. A quienes seguimos la jurisprudencia del máximo tribunal estadounidense, nos llama poderosamente la atención el momento elegido para hacerse cargo tan radicalemente en estos temas.
Me parece que el hecho de que el próximo presidente de los EE.UU. pueda designar 4 o 5 jueces de esta Corte, inquietó a los actuales miembros y los forzó a resolver ellos y no postergar estos temas para una siguiente magistratura.
Acá, en el sitio web de la Corte Suprema de los EE.UU. pueden descargar el texto completo del Fallo del caso District of Columbia et al. v. Heller. Los candidatos ya han fijado posición frente a este asunto y en el NY Times pueden examinarse sus declaraciones.
Acá, en el sitio web de la Corte Suprema de los EE.UU. pueden descargar el texto completo del Fallo del caso District of Columbia et al. v. Heller. Los candidatos ya han fijado posición frente a este asunto y en el NY Times pueden examinarse sus declaraciones.

Voy a dejar un breve comentario sobre la decisión más reciente, la de hoy, y dejo para un siguiente post el tema de la prohibición de pena de muerte:
En el caso District of Columbia et al. v. Heller, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó hoy que el derecho de cada persona a poseer un arma está garantizado por la Constitución y que no puede ser limitado en nombre de la seguridad pública.
Por cinco votos contra cuatro (en la imagen hecha por el NYTimes pueden ver la distribución de los votos), la mayor instancia judicial de los EE.UU. confirmó la invalidez de una ley de la ciudad de Washington, capital del país, que prohíbe a sus habitantes poseer pistolas.
Es la primera vez, en casi 70 años, que la Corte Suprema se pronuncia sobre este tema ultra sensible en Estados Unidos, considerado por una gran parte de la población esencial para la identidad estadounidense.
Esta decisión podría permitir a los defensores de las armas cuestionar las leyes locales que regulan la posesión y licencia de armas, fundamentalmente las instauradas para luchar contra la criminalidad en grandes ciudades como Chicago o Nueva York.
La decisión fue celebrada de inmediato por el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner: "Los estadounidenses, incluidos los residentes de la capital del país, deben tener la capacidad de defenderse y en términos de la Constitución ese derecho está claramente reconocido".
La cuestión tiene que ver con la Segunda Enmienda de la Constitución, que establece que "siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a tener y llevar armas no será transgredido".
Para el Distrio de Columbia (recurrente), la Carta Fundamental garantiza un derecho colectivo a tener armas en propiedad, en el marco de un servicio de Policía o de guardia.
Pero la Corte estimó que garantiza de hecho el derecho de cada ciudadano a poseer y portar armas, una interpretación defendida sobre todo por los millones de miembros de la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA).
"La opinión de la Corte no debe ser percibida como un cuestionamiento a las prohibiciones antiguas sobre la posesión de armas por personas con antecedentes penales o enfermos mentales, o las leyes que prohíben la portación de armas cerca de instalaciones sensibles como escuelas o edificios administrativos", destacó el juez Antonin Scalia.
Pero, subrayó, la ley de la ciudad de Washington era inconstitucional en la medida en que prohíbe la portación de una categoría entera de armas "que los estadounidenses eligen masivamente con el objetivo legal de la autodefensa".
La ley de Washington, promulgada en 1976, prohíbe a sus habitantes poseer pistolas y sólo permite tener rifles o escopetas en casa con la condición de que estén descargadas o trabadas.
En 2003, Dick Heller, habitante de un barrio sensible, demandó a la ciudad por violación de su derecho constitucional a portar armas. Aunque la denuncia fue rechazada en primera instancia, Heller ganó en marzo de 2007 la causa ante una corte de apelaciones federal.
La ciudad presentó entonces una demanda ante la Corte Suprema, insistiendo en la necesidad de reglamentar el acceso a las armas de fuego cortas, usadas en casi dos tercios de los robos y agresiones, y en más de la mitad de los 15.000 asesinatos anuales en el país, según estadísticas del FBI (policía federal).
La mayor instancia judicial del país no había analizado jamás este tema. En el siglo XIX determinó que la enmienda se refería a las leyes federales y dejaba a los estados la libertad de reglamentar el porte de armas y en 1939 validó una ley que exige registrar las armas llevadas de un estado a otro.
Según varios estudios, hay al menos 200 millones de armas de fuego en circulación en Estados Unidos, para 300 millones de habitantes. Y aproximadamente 45% de los hogares estadounidenses posee al menos una.
Una rápida lectura del fallo estima posible que leyes menos rigurosas que la de Washington puedan restingir la tenencia de armas.
Tony Mauro, del Blog of Legal Times (BLT), relata detalles de la escena de esta mañana cuando Scalia leyó la opinión mayoritaria y luego Stevens (de 88 años) leyó el voto disidente. "No aceptó el resumen (syllabus) que le acabo de oír", le espetó el magistrado Stevens al conservador Scalia, además de mover enfáticamente la cabeza en negación varias veces durante la lectura del fallo.
Otros analistas notan que en el último año, 13 de 41 decisiones han sido resueltas por la misma votación: 5-4.
Linda Singer, que fuera fiscal general del distrito de Columbia escribe su análisis en law.com y pronostica una ola de litigantes por todo el país.
domingo, 26 de agosto de 2007
Roper v. Simmons: La derogación de la pena de muerte en EE.UU.
La semana pasada me comprometí con el grupo de Jueces de Tribunal Oral en lo Penal del curso sobre Drogas, del Conace, a poner algo sobre la derogación de la pena de muerte en EE.UU.Me refiero, ciertamente, a la decisión de la Corte Suprema en el caso Roper, Superintendent, Potosi Correctional Center v. Simmons. El caso lleva el rol No. 03–633, fue alegado el 13 de octubre del 2004 y la decisión es del 1° de marzo del 2005.
Abajo pueden ver y pueden descargar el fallo.
Y aquí pueden revisar la transcripción de los argumentos orales expuestos. Llama mucho la atención el constante diálogo que existe entre jueces y abogados. No se parece en nada a un alegato de nuestro sistema sino más bien a un examen de grado.
La redacción de la opinión fue del Juez Anthony Kennedy.Según el razonamiento mayoritario, la pena capital contra menores de 18 años es inconstitucional. No simplemente eso, sino que también añade: “Existe un consenso nacional” para su efecto. El veredicto de la Suprema Corte sugiere que, como en los viejos tiempos, el sistema jurídico debe estar supeditado al mandato de las mayorías nacionales y no a la opinión personal de sus magistrados. Es decir, el “derecho común” es todavía parte inmanente del sistema jurídico del ssitema jurídico estadounidense.
La pena de muerte para menores (Roper Vs. Simmons) mantuvo a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia divididos desde el principio hasta el final. Por una parte, el flanco conservador de los jueces federales, William H. Rehnquist, Clarence Thomas, y Antonin Scalía, desde que el caso entró en el tribunal superior, decidió a favor de la pena capital. Los liberales, Ruth Bader Ginsburg, David H. Souter, Stephen G. Breyer y John P. Stevens, por la otra, decidieron el camino contrario. Y los dos moderados, Anthony Kennedy y Sandra Day O´Connor, como en otros casos, optaron por lo suyo: poner en suspenso a los conservadores y liberales.
Para justificar la inconstitucionalidad del caso, Kennedy citó argumentos internacionales y nacionales.
Inicialmente sostuvo que la mayoría en la comunidad internacional está en contra de la pena capital contra menores. Por lo que aparentemente nuestra corte también “debería” aceptar ese legado internacional. En esta sentencia ha tenido mucho peso la admisión de cuarenta y ocho informes de amicus curiae incluso algunos provenientes de otros países, un claro ejemplo de la relación cruzada entre el derecho interno y el internacional.
Uno de los informes más interesantes es el de American Psychological Association, y la Missouri Psychological Sssociation.-
El argumento internacional es un razonamiento creativo pero que para lógica del sistema norteamericano resulta débil. Todos sabemos que eso está más allá de la realidad norteamericana. Pese a ello, se cita incluso la Convención para argumentar en contra de la pena capital:
"Como el apelante y numerosos amici enfatizan el artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que todos los países del mundo han ratificado salvo por EE.UU. y Somalía, contiene una pohibición expresa de pena capital para los delitos cometidos por jóvenes menres de 18 años."
Antonin Scalia fue el que mejor contradijo el argumento internacional de Kennedy, indicando que “la opinión internacional no debería jugar un papel preponderante en la interpretación de las leyes constitucionales”.
Sin embargo, Kennedy arguyó que existe un “consenso nacional” en torno a los castigos capitales contra los menores. Es decir, que la mayoría de la sociedad norteamericana no quiere que a un criminal de 18 años se le ponga en la silla eléctrica, o se le conduzca a la cámara de gases, o se le suministre sustancias letales intravenosas.
En otras palabras, debemos respetar a la democracia en todo su aspecto, incluyendo en las leyes. Kennedy entiende, más que sus colegas conservadores, que el “consenso nacional” está por encima de la opinión personal de un magistrado o juez nacional.
Haciendo un recuento de algunos casos importante podemos hallar que Kennedy ha sabido poner opinión personal a un lado y obra con prudencia profesional, dictaminando a favor de las mayorías nacionales; y especialmente, de la lógica de la sociedad.
Por ejemplo, Kennedy no ha estado de acuerdo con el aborto prematuro de los bebés. Sin embargo, en 1992 votó apoyando su alargue por “cuestiones de privacidad y derecho individual de la mujer”. Asimismo, dos años atrás también se unió a los magistrados que hallaron improcedente las leyes de sodomía de Texas. Esto, a pesar de no estar personalmente de acuerdo. De ésta manera él y la mayoría en la Suprema Corte ampararon la relación sexual entre hombres en la vida privada.
Así, en el caso de Roper Vs. Simmons, Kennedy nuevamente demuestra que el razonamiento imparcial y el “consenso” de las mayorías de la nación cuentan mucho más que las creencias personales. Incluso se encuentran más allá de un razonamiento coherente y calculado.
Nótese este párrafo (las traducciones de este post son de mi responsabilidad), que da cuenta a cabalidad de la especificidad de lo juvenil en sede de determinación de pena:
“El rechazo de la imposición de la pena de muerte a infractores de ley menores de 18 años es exigido por la Octava Enmienda. El castigo capital debe estar limitado a aquellos delincuentes que cometan “una reducida categoría de los más graves crímenes” cuya extrema culpabilidad los haga “los más merecedores de ejecución.” Atkins, 536 U. S. at 319. Tres diferencias generales entre menores de 18 años y adultos demuestran que los delincuentes juveniles no pueden, fidedignamente, ser clasificados entre los peores delincuentes. La susceptibilidad de los jóvenes a un comportamiento inmaduro e irresponsable significa que “su conducta irresponsable no es tan moralmente reprensible como la de un adulto.” Thompson v. Oklahoma, 487 U. S. 815, 835. Su propia vulnerabilidad y falta comparativa de control respecto de su entorno inmediato implican que los jóvenes tienen un derecho mayor que el de los adultos a ser perdonado por fallar en escapar a ls influencias negativas de su entorno total. Ver Stanford, supra, at 395. La realidad de que los jóvenes todavía luchan por definir su identidad significa que es menos sustentable concluir que incluso un crimen atroz cometido por un joven es evidencia de un carácter depravado e irredimible."
Sin embargo, Kennedy arguyó que existe un “consenso nacional” en torno a los castigos capitales contra los menores. Es decir, que la mayoría de la sociedad norteamericana no quiere que a un criminal de 18 años se le ponga en la silla eléctrica, o se le conduzca a la cámara de gases, o se le suministre sustancias letales intravenosas.
En otras palabras, debemos respetar a la democracia en todo su aspecto, incluyendo en las leyes. Kennedy entiende, más que sus colegas conservadores, que el “consenso nacional” está por encima de la opinión personal de un magistrado o juez nacional.
Haciendo un recuento de algunos casos importante podemos hallar que Kennedy ha sabido poner opinión personal a un lado y obra con prudencia profesional, dictaminando a favor de las mayorías nacionales; y especialmente, de la lógica de la sociedad.
Por ejemplo, Kennedy no ha estado de acuerdo con el aborto prematuro de los bebés. Sin embargo, en 1992 votó apoyando su alargue por “cuestiones de privacidad y derecho individual de la mujer”. Asimismo, dos años atrás también se unió a los magistrados que hallaron improcedente las leyes de sodomía de Texas. Esto, a pesar de no estar personalmente de acuerdo. De ésta manera él y la mayoría en la Suprema Corte ampararon la relación sexual entre hombres en la vida privada.
Así, en el caso de Roper Vs. Simmons, Kennedy nuevamente demuestra que el razonamiento imparcial y el “consenso” de las mayorías de la nación cuentan mucho más que las creencias personales. Incluso se encuentran más allá de un razonamiento coherente y calculado.
Nótese este párrafo (las traducciones de este post son de mi responsabilidad), que da cuenta a cabalidad de la especificidad de lo juvenil en sede de determinación de pena:
“El rechazo de la imposición de la pena de muerte a infractores de ley menores de 18 años es exigido por la Octava Enmienda. El castigo capital debe estar limitado a aquellos delincuentes que cometan “una reducida categoría de los más graves crímenes” cuya extrema culpabilidad los haga “los más merecedores de ejecución.” Atkins, 536 U. S. at 319. Tres diferencias generales entre menores de 18 años y adultos demuestran que los delincuentes juveniles no pueden, fidedignamente, ser clasificados entre los peores delincuentes. La susceptibilidad de los jóvenes a un comportamiento inmaduro e irresponsable significa que “su conducta irresponsable no es tan moralmente reprensible como la de un adulto.” Thompson v. Oklahoma, 487 U. S. 815, 835. Su propia vulnerabilidad y falta comparativa de control respecto de su entorno inmediato implican que los jóvenes tienen un derecho mayor que el de los adultos a ser perdonado por fallar en escapar a ls influencias negativas de su entorno total. Ver Stanford, supra, at 395. La realidad de que los jóvenes todavía luchan por definir su identidad significa que es menos sustentable concluir que incluso un crimen atroz cometido por un joven es evidencia de un carácter depravado e irredimible."
Para el anecdotario regional, el fallo ha sido recientemente citado por la actual Corte Suprema argentina en un caso sobre menores de edad.
Roper v. Simmons
Comentarios sobre este caso:
- Massey, Hillary J. (2006), "Disposing of Children: The Eighth Amendment and Juvenile Life without Parole after Roper", Boston College Law Review 47: 1083.
- Universal Rights and Wrongs: Roper v. Simmons, Torture and Judge Posner por Michael E. Tigar.-
- “A Political Court” por Judge Richard A. Posner en Harvard Law Review 119, (2005), pp.31-102
- A flap over foreign matter at the Supreme Court, Cobertura de NBC.-
- Lane, Charles (March 2, 2005), 5-4 Supreme Court Abolishes Juvenile Executions, The Washington Post, p. A01.
- The Scientific Shortcomings of Roper v. Simmons, por Deborah W. Denn. en el Ohio State Journal of Criminal Law.
- Roper v. Simmons and Our Constitution in International Equipoise, por Roger Paul Alford
, en UCLA Law Review, Vol. 53, No. 1, 2005
- Roper v. Simmons: Can Juvenile Offenders be Executed?, por Charles L. Scott, MD, J Am Acad Psychiatry Law 33:4:547-552 (2005)
- Examining Roper v. Simmons, por Brandy Beardsley.-
- Roper v. Simmons: the collision of national consensus and proportionality review, en Journal of Criminal Law and Criminology, Spring, 2006 by Wayne Myers.-
- “A Political Court” por Judge Richard A. Posner en Harvard Law Review 119, (2005), pp.31-102
- A flap over foreign matter at the Supreme Court, Cobertura de NBC.-
- Lane, Charles (March 2, 2005), 5-4 Supreme Court Abolishes Juvenile Executions, The Washington Post, p. A01.
- The Scientific Shortcomings of Roper v. Simmons, por Deborah W. Denn. en el Ohio State Journal of Criminal Law.
- Roper v. Simmons and Our Constitution in International Equipoise, por Roger Paul Alford
- Roper v. Simmons: Can Juvenile Offenders be Executed?, por Charles L. Scott, MD, J Am Acad Psychiatry Law 33:4:547-552 (2005)
- Examining Roper v. Simmons, por Brandy Beardsley.-
- Roper v. Simmons: the collision of national consensus and proportionality review, en Journal of Criminal Law and Criminology, Spring, 2006 by Wayne Myers.-
martes, 29 de mayo de 2007
Gault at 40: Los 40 años del Caso Gault
Hace 40 años, un 15 de mayo, el hombre de la foto, el Juez Abe Fortas, anunció la opinión mayoritaria (8-1), redactada por él, en el caso In Re Gault.
Un chico de 15 años, Gerry Gault, de Arizona, fue acusado en el verano de 1964, de hacer unas llamadas indecentes a una vecina y producto de una investigación en la que no se le informó de ningún derecho, sus padres no fueron avisados por la policía (el sheriff del Gila County) de su detencion y otras prácticas similares, propias del derecho tutelar, se ordenó su internación en un establecimiento correccional (la Escuela Industrial del Estado) hasta los 21 años). Un adulto condenado por el mismo hecho, podría haber sido condenado a una multa de U$50 o a dos meses de prisión.
Fortas escribió: "Under our Constitution, the condition of being a boy does not justify a kangaroo court." Se dijo: “El derecho del Estado, como parens patriae, a negar al niño derechos procesales disponibles para sus mayores fue elaborado desde la afirmación de que un niño, a diferencia de un adulto, tiene el derecho “no a la libertad sino a la custodia”. Él puede ser obligado a retornar con sus padres, a ir a la escuela, etc. Si sus padres fallan en realizar de forma efectiva sus funciones custodiales –esto es, si el niño es ‘delincuente’– el Estado puede intervenir. Al hacerlo, no priva al niño de ninguno de sus derechos porque él no tiene ninguno. Simplemente, le proporciona la ‘custodia’ de la que el niño es titular.
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no ‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca privar a una persona de su libertad.
Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier otro contexto comparable. La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la práctica … los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuan benevolentemente motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. ” (traducción propia).
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no ‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca privar a una persona de su libertad.
Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier otro contexto comparable. La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la práctica … los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuan benevolentemente motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. ” (traducción propia).
Y estableció que todo niño imputado de delito tiene los mismo derechos que la Décimocuarta enmienda reconocía a los adultos, derecho a un debido proceso, a guardar silencio, derecho a defensa y derecho a apelar de las resoluciones judiciales.
La comunidad del mundo de la justicia juvenil norteamericana armó una serie de eventos para recordar este caso que sentó un precedente histórico y ha sido citado numerosas veces como se observa en este dossier. Se armó un sitio especial, Gault at 40. Hasta el senado estadounidense aprobó una declaración al respecto.
Acá pueden escuchar los alegatos ante la Corte Suprema (Norman Dorsen, hoy profesor de la Leyes en la NYU, por los apelantes). Un ejercicio de representación de esta audiencia, con la escrituración de estos alegatos, está aquí. El mismísimo Gerry Gault, es entrevistado acá (se requiere Flash Video Player para verla). Wikipedia también informa sobre este caso.
Para la paradoja, EE.UU. sin haber ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha generado sin embargo este fallo, hito jurídico que nuestra comunidad latinoamericana (incluida nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos) aún no iguala. De hecho ni siquiera existe una traducción completa al español.
Para la trivia, ante la Corte Suprema también alegó Merritt W. Green, por la Asociación de Jueces de Menores de Ohio -como amicus curiae-, pidiendo se mantuviese la decisión.
Amelia Lewis, fue la defensora juvenil de Gerry (era voluntaria de la sección Arizona de la UCLA, Unión de Libertades Civiles de América) y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por esta tarea, entre ellos, el Livingston Hall Award.
El Juez Potter Stewart fue el único disidente. Argumentó que el propósito del tribunal de menores no era el castigo, sino la corrección.
Último dato de trivia: las frases que habrían dicho Gerry y su amigo por teléfono pueden revisarse en este artículo.
martes, 15 de mayo de 2007
40 años del Caso Gault
Hace 40 años, un 15 de mayo, el hombre de la foto, el Juez de la Corte Suprema de los EE.UU., Abe Fortas, anunció la opinión mayoritaria (8-1), redactada por él, en el emblemático caso In Re Gault.
Un chico de 15 años, Gerry Gault, de Arizona, fue acusado en el verano de 1964, de hacer unas llamadas indecentes a una vecina y producto de una investigación en la que no se le informó de ningún derecho, sus padres no fueron avisados por la policía (el sheriff del Gila County) de su detencion y otras prácticas similares, propias del derecho tutelar, se ordenó su internación en un establecimiento correccional (la Escuela Industrial del Estado) hasta los 21 años). Un adulto condenado por el mismo hecho, podría haber sido condenado a una multa de U$50 o a dos meses de prisión.
Fortas escribió: "Under our Constitution, the condition of being a boy does not justify a kangaroo court." Se dijo: “El derecho del Estado, como parens patriae, a negar al niño derechos procesales disponibles para sus mayores fue elaborado desde la afirmación de que un niño, a diferencia de un adulto, tiene el derecho “no a la libertad sino a la custodia”. Él puede ser obligado a retornar con sus padres, a ir a la escuela, etc. Si sus padres fallan en realizar de forma efectiva sus funciones custodiales –esto es, si el niño es ‘delincuente’– el Estado puede intervenir. Al hacerlo, no priva al niño de ninguno de sus derechos porque él no tiene ninguno. Simplemente, le proporciona la ‘custodia’ de la que el niño es titular.
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no ‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca privar a una persona de su libertad.
Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier otro contexto comparable. La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la práctica … los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuan benevolentemente motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. ” (traducción propia).
Sobre esta base, los procedimientos que involucran menores de edad fueron descritos como ‘civiles’ y no ‘criminales’, y por lo tanto no sometidos a los requerimientos que restringen al Estado cuando busca privar a una persona de su libertad.
Por consiguiente, los más altos motivos y los más iluminados impulsos, condujeron a un peculiar sistema para jóvenes, desconocido para nuestro derecho en cualquier otro contexto comparable. La base constitucional y teórica para este sistema peculiar es –por decir lo mínimo– discutible. Y en la práctica … los resultados no han sido enteramente satisfactorios. La historia del Tribunal de Menores ha demostrado nuevamente que la discrecionalidad desenfrenada, no importa cuan benevolentemente motivada esté, es frecuentemente un pobre sustituto para los principios y el procedimiento. ” (traducción propia).
Y estableció que todo niño imputado de delito tiene los mismo derechos que la Décimocuarta enmienda reconocía a los adultos, a un debido proceso, a guardar silencio, derecho a defensa y el derecho a apelar de las resoluciones judiciales.
La comunidad del mundo de la justicia juvenil norteamericana armó una serie de eventos para recordar este caso que sentó un precedente histórico y ha sido citado numerosas veces como se observa en este dossier. Se armó un sitio especial, Gault at 40. Hasta el senado estadounidense aprobó una declaración al respecto.
Acá pueden escuchar los alegatos ante la Corte Suprema (Norman Dorsen, profesor de la Leyes en la NYU, por los apelantes). Un ejercicio de representación de esta audiencia, con la escrituración de estos alegatos, está aquí. El mismísimo Gerry Gault, es entrevistado acá (se requiere Flash Video Player para verla). Wikipedia también informa sobre este caso.
Para la paradoja, EE.UU. sin haber ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ha generado sin embargo este fallo, hito jurídico que nuestra comunidad latinoamericana (incluida nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos) aún no iguala. De hecho ni siquiera existe una traducción completa al español.
Para la trivia, ante la Corte Suprema también alegó Merritt W. Green, por la Asociación de Jueces de Menores de Ohio -como amicus curiae-, pidiendo se mantuviese la decisión.
Amelia Lewis, fue la defensora juvenil de Gerry (era voluntaria de la sección Arizona de la UCLA, Unión de Libertades Civiles de América) y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por esta tarea, entre ellos, el Livingston Hall Award.
El Juez Potter Stewart fue el único disidente. Argumentó que el propósito del tribunal de menores no era el castigo, sino la corrección.
Último dato de trivia: las frases que habrían dicho Gerry y su amigo por teléfono pueden revisarse en este artículo.
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