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viernes, 17 de julio de 2009

Cuenta Pública 2009: Defensora Nacional insta a la consolidación de una defensa especializada para jóvenes infractores de ley

"La autoridad insistió en la necesidad de la autonomía plena de la Defensoría. “Sólo como órgano autónomo estará en condiciones de contrarrestar o equilibrar la persecución penal”, dijo.

La consolidación de una defensa especializada para jóvenes infractores; disminuir el número de personas que están en prisión preventiva mientras dura su investigación, para ser finalmente absueltas; e insistir en la autonomía plena de la institución, son algunos de los desafíos planteados por la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, en la rendición de su primera Cuenta Pública desde que asumiera el cargo, el 4 de julio de 2008.

La Defensora Nacional, quien es la primera autoridad institucional en ser elegida por el sistema de alta dirección pública, señaló que al asumir se fijó una carta de navegación cuyo principal eje de gestión es asegurar la cobertura y calidad de la prestación de defensa.

Para el cumplimiento de esta prioridad, Paula Vial detalló las líneas de acción en las que se está trabajando y que guardan relación con el perfeccionamiento del actual sistema de licitaciones; la capacitación continua de defensores, tanto institucionales como licitados; la especialización de la defensa de adolescentes, mujeres e indígenas; la recuperación de la mística entre los defensores y el reposicionamiento de la Defensoría como un actor relevante en el actual sistema de justicia.

En este marco se constituyeron distintas comisiones de trabajo, entre ellas la de Calidad encargada del diseño de un ciclo transversal de calidad en la prestación de defensa; otra a cargo de la elaboración de un código deontológico para abogados, que aspira a transformarse en una herramienta que incentive las buenas prácticas que se generan en el trabajo cotidiano; y una tercera encargada de perfeccionar el actual sistema de licitaciones, que –entre otras modificaciones- propone la introducción de un sistema de incentivos que se orienten a mejorar la calidad y el desempeño de los prestadores.

Estadísticas

Durante el año 2008, la Defensoría Penal Pública atendió a 296.146 imputados, lo que representa un crecimiento del 18% respecto a las personas atendidas en 2007. De este total, un 14,9% corresponde a mujeres y un 10,3% a jóvenes de entre 14 y 18 años.

Del total de delitos atendidos el año pasado, un 18,3% correspondió al de lesiones. Le siguieron el hurto con un 12,5% y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas con un 11,5%.

De las sentencias, es en el juicio oral donde se observó el mayor porcentaje de absoluciones las que alcanzan al 20,7% del total. Dentro del procedimiento ordinario, en más del 62,2% de las condenas se impusieron penas menores a las solicitadas por el Ministerio Público.

Respecto de las medidas cautelares, la prisión preventiva se aplicó en un 16,6% del total de causas atendidas por la institución.

En este sentido, cabe destacar que durante 2008 ascendió de 19 a 23,4% el porcentaje de personas que debieron estar en prisión preventiva mientras duró su investigación y que finalmente fueron absueltas.

Cabe recordar que desde 2001 a la fecha, un total de 1.690 personas han estado en esta situación, y que sólo en 2008 se dictaron cerca de 600 sentencias absolutorias en las que los imputados debieron estar privados de libertad.

“En la mayoría de los casos, los factores de error pueden ser identificables. Errores en la identificación de testigos oculares, limitaciones de la ciencia que impiden una investigación adecuada, confesiones falsas, malas prácticas de funcionarios, presiones ilegítimas, informantes, testigos anónimos y por qué no, inadecuada prestación de la defensa o debilidad en la proactividad de la misma”, dijo Paula Vial.

Especialización

Otra de las preocupaciones de la Defensora Nacional guarda relación con asegurar la prestación de defensa especializada a los jóvenes infractores de ley.

Durante 2008 se proporcionó defensa penal juvenil a 30.800 imputados de entre 14 y 18 años, de los cuáles 8.070 eran menores de 14 y 15 años y 22.730 eran imputados de 16 y 17 años.

Actualmente la Defensoría Penal Pública cuenta con 50 defensores juveniles especializados y durante 2008, éstos atendieron al 62% de los adolescentes que ingresaron al sistema.

La Defensora Nacional recordó que en el último Consejo de la Fundación Paz Ciudadana, la especialización fue definida como un imprescindible en la actual Ley Adolescente. “Nuestra contribución a esa agenda de futuro es una propuesta de consolidación de lo que hoy tenemos, constituyendo al actual equipo de defensa juvenil en la columna vertebral nuestros servicios para adolescentes”, agregó.

En este mismo ámbito, y a la luz de las conclusiones del Informe de la Defensoría relativo al primer año de funcionamiento de la Ley Penal Adolescente, Paula Vial señaló que durante este período 2.495 jóvenes fueron sometidos a internación provisoria, lo que representa un alza respecto a años anteriores. Agregó que el promedio de días en que estuvieron privados de libertad alcanzó a 74, mientras que en el sistema anterior era de sólo 60.

“Más grave aún es que el 89% de quienes estuvieron presos, durante el primer año de funcionamiento de la ley, no fueron finalmente condenados a una pena de internación en régimen cerrado”, puntualizó.

Autonomía

Junto con destacar que la Defensoría Penal Pública es una institución que defiende los derechos y garantías de todas las personas, “y no de delincuentes”, la máxima autoridad institucional abogó por la autonomía plena para garantizar el debido equilibrio en el proceso penal.

“Sólo como órgano autónomo (la Defensoría) estará en condiciones de contrarrestar o equilibrar la persecución penal”, dijo y precisó que la necesidad de autonomía se enlaza con la efectiva protección de los derechos fundamentales y con el cumplimiento de la obligación estatal, cuyo correlativo es un derecho de carácter fundamental como lo es el derecho a defensa."

Fuente: www.dpp.cl

lunes, 7 de enero de 2008

Declaración Pública del Defensor Nacional

1.- Con fecha 24 de Diciembre de 2007, el Sr. Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, me solicitó que lo dejara en libertad de acción aduciendo la necesidad de iniciar una nueva etapa en el sector justicia. Ante esta solicitud del Sr. Ministro, señalé que haría efectiva mi renuncia al regreso de mi feriado legal, de acuerdo a los derechos funcionarios del personal del Estado.

2.- En los días 26 y 27 de Diciembre y mientras usaba mis últimos días de vacaciones correspondientes al año 2006, algunos medios de comunicación informaron que una fuente no identificada habría señalado que una auditoria realizada a nuestra institución, producto de una denuncia hecha por dos empresas de abogados que prestan servicios de defensa penal pública en la Región Metropolitana Norte, habría encontrado debilidades administrativas en el proceso de licitación. Esta versión intentó relacionar la solicitud de renuncia señalada con los resultados de la auditoria.

3.- Esta auditoria en ningún caso concluyó situaciones irregulares, anómalas o ilegales. Nuestra institución ha realizado desde el año 2003 ocho llamados a licitaciones públicas para contratar servicios profesionales de defensa penal pública por plazos de 3 años. Desde que asumí la Dirección Nacional de la DPP en abril del año 2006, se han efectuado dos procesos de licitación a nivel nacional por aproximadamente 140.000 causas en tres años, sin que haya existido objeción alguna. Actualmente en el país existen más de 380 abogados defensores penales licitados que asumen más de 140.000 causas anuales, quienes realizan un trabajo de alto profesionalismo.

4.- La auditoria señalada realizó algunas recomendaciones de carácter administrativo en orden a optimizar los procesos de licitación y de asignación de causas, lo que implica ciertas modificaciones a las Bases Generales de Licitación, que son susceptibles de implementar sin mayores inconvenientes.

5.- Recientemente el Ministerio de Justicia ha aclarado a través de un comunicado público las razones por las cuales el Ministro de Justicia me ha solicitado la renuncia, que en nada tienen que ver con los resultados de la auditoria.

6.- Lamento profundamente que se haya intentado manchar mi prestigio profesional y el prestigio de la Defensoría Penal Pública, institución que ha sido ejemplar en la implementación de la nueva reforma procesal penal. La Defensoría Penal Publica ha sido reconocida por la excelencia de su gestión al interior del Gobierno. En el año 2007 nos fue entregado el reconocimiento a la excelencia en la gestión por el logro del 100% de los programas de mejoramiento de la gestión en el año 2006 y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia nos reconoció por la transparencia en nuestro actuar en el sistema de reclamos y sugerencias.

7.- No obstante lo dicho anteriormente, el día 28 de Diciembre de 2007 presenté la renuncia al Señor Ministro de Justicia a dicho cargo de exclusiva confianza.

8.- Agradezco la confianza depositada por la Presidenta de la República al nombrarme como Defensor Nacional. Para mi ha sido un gran orgullo trabajar en su gobierno para garantizar el ejercicio de garantías constitucionales tan importantes como el derecho de defensa, al debido proceso en la persecución criminal y el principio constitucional de presunción de inocencia.

9.- Debo señalar, que durante todo el tiempo desempeñado en la DPP, he desarrollado todas mis actuaciones inspirado en preciados valores éticos que han presidido mi dilatada vida profesional, tanto en el campo académico como en la defensa de los derechos humanos en tiempos especialmente difíciles para nuestro país.

10.- También quiero agradecer al personal administrativo, profesionales, directivos y abogados defensores de nuestra institución por la confianza depositada en el ejercicio de mis funciones. Todos ellos merecen un alto reconocimiento por el compromiso y abnegado trabajo que realizan.

11.- Por último, quiero agradecer las diversas muestras de apoyo que he recibido de abogados, juristas, parlamentarios, dirigentes políticos y profesionales del sector justicia.




Eduardo Sepúlveda
Abogado
Defensor Penal Público