Uruguay: ‎75% de adolescentes privados de libertad denunció violencia policial

El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó ayer la publicación “Hacia una política de Estado en privación de libertad”, dirigida por la coordinadora latinoamericana de Serpaj, Ana Juanche, y el coordinador general del Observatorio del Sistema Judicial (OSJ), Javier Palummo.

La publicación incluye un estudio sobre los adolescentes privados de libertad, a partir de encuestas a 327 adolescentes, las dos terceras partes del total de personas menores de 18 años privadas de libertad. La investigación reveló que el 75.8% de los adolescentes manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de funcionarios policiales al momento de la detención o en motines, algo considerado como “grave” por Serpaj. En tanto, el 11% dijo haber sido víctima de violencia por parte de funcionarios estatales durante la privación de libertad. Respecto a los delitos por los que están privados de libertad, el 63.5% manifestó haber ingresado por rapiña.

Palummo dijo que la imposibilidad de “endurecer” el sistema penal adulto, está dando resultado con el sistema penal juvenil, al que el abogado consideró influenciado “por las discusiones de la opinión pública y orientado hacia su endurecimiento”. Durante la presentación, el comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Álvaro Garcé, se refirió al futuro plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad, y advirtió respecto a que hay que “prever muy bien el impacto que esto va a tener en el sistema de privación de libertad para asignar los recursos y no repetir con los menores lo que en su momento se cometió con los mayores”.

Al respecto, el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Robert Alonso, señaló que su organismo viene “corriendo de atrás” al Ministerio del Interior, que “ha comenzado antes” a abordar los problemas de la privación de libertad. Reconoció que a nivel edilicio se ha “demorado más de lo esperado”, pero destacó el logro de que “por primera vez todos los centros del Sirpa van a tener clases de secundaria”. Dijo que las soluciones van a demorar, ya que “estamos en medio de un cambio de paradigma”, luego de “un siglo entero de enfoque criminalista”. “Los cambios son lentos y la gente es ansiosa, pero deben ser firmes y hay que darles tiempo”, sostuvo

En este contexto, la asesora del MI en temas penitenciarios, Gabriela Fulco, señaló los avances del sistema, aunque reconoció la existencia de “reductos de violación a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas, que “aún registramos y que seguramente llevará más de una administración erradicar”. Fulco destacó los cambios en las pautas de funcionamiento en los centros de reclusión, con la creación de subdirecciones técnicas y el ingreso de personal civil, la extensión de los sistemas abiertos y semi-abiertos (basados en un criterio de “seguridad dinámica”), y el inicio de un proceso de clasificación de internos para mejorar “cualitativamente” su distribución en las “unidades de internación”. Asimismo, manifestó la necesidad de profundizar las medidas alternativas de privación de libertad, lo cual requiere “un proceso de cambio cultural en la sociedad para aceptar y admitir su posibilidad”. “Estamos convencidos y empecinados en modificar la tradición de un modelo centrado en la seguridad”, afirmó Fulco.

En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, realizó una breve historia del sistema carcelario desde 1878 hasta la actualidad y concluyó que Uruguay nunca tuvo una política pública en materia carcelaria. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la cuestión penitenciaria “quedó relegada”, lo cual derivó las falencias del actual sistema. En este sentido, Garcé consideró prioritario “rectificar la política criminal”, por cuanto la fuerte inversión en materia edilicia, que permitiría sanear el tema del hacinamiento, puede sucumbir de no modificarse el actual sistema penal. “Hay que repensar el papel de la prisión preventiva”, expresó.

Comunicado de Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 143er Período ordinario de Sesiones del 19 de octubre al 4 de noviembre de 2011. La CIDH está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro.

El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton. Emitió un comunicado y un anexo, en los que, en lo más interesante para nosotros, señala: "La Comisión recibió información relacionada con el uso desproporcionado de la fuerza y presuntas detenciones arbitrarias en contra de estudiantes, muchos menores de edad, por parte de las fuerzas públicas chilenas dentro del contexto de las manifestaciones estudiantiles a lo largo del 2011. La Comisión reitera el deber que tienen los Estados de investigar, procesar y sancionar diligentemente, conforme a la justicia penal ordinaria, a los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, así como el deber de garantizar legalmente los derechos de libertad de expresión y de reunión de niños, niñas y adolescentes conforme a los estándares internacionales."

"En el marco de la audiencia sobre los sistemas de Justicia Penal Juvenil en las Américas, la Comisión recibió información según la cual las condiciones de reclusión en las que se mantiene a los niños y adolescentes privados de libertad sigue siendo muy precaria en varios países de la región. Las organizaciones señalaron como principales deficiencias la falta de servicios sanitarios adecuados, las pocas posibilidades de privacidad durante las visitas, la violencia ejercida por el personal contra los internos, la falta de conocimiento y difusión de los reglamentos que rigen la vida en los establecimientos y la falta de programas de estudio y capacitación."

 "Finalmente, la Comisión recibió información sobre derechos humanos y manifestaciones públicas en Chile, incluyendo el Decreto 1086 de 1983, que regula las manifestaciones en el país, e incidentes de violencia que habrían ocurrido en el marco de las protestas estudiantiles del presente año. El Estado informó de los procesos administrativos llevados a cabo con relación a miembros de la fuerza pública acusados de cometer abusos, y reconoció la obligación pendiente de reformar su marco jurídico en materia de la jurisdicción penal militar. La CIDH reitera supreocupación por los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones estudiantiles en Chile, y nuevamente llama al Estado chileno a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y a la manifestación, imponiendo solamente aquellas restricciones que resulten estrictamente necesarias y proporcionales y que tomen en cuenta la obligación especial del Estado de garantizar los derechos de los estudiantes secundarios y universitarios."

Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  ha publicado hoy el Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, el cual identifica los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados por los sistemas de justicia juvenil en las Américas.
La Comisión señala en el informe su preocupación por las debilidades de los sistemas de justicia juvenil, debido a la distancia entre el discurso y la realidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes acusados de haber infringido la ley penal en la región.
En este informe, la Comisión analiza cómo, con excepción de algunos pocos ejemplos de buenas prácticas, los sistemas de justicia juvenil del continente se caracterizan por la discriminación, la violencia, la falta de especialización y el abuso de las medidas de privación de libertad. En el informe, la Comisión exhorta a que los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes y hace recomendaciones orientadas a fortalecer las instituciones, leyes, políticas, programas y prácticas relativas a la justicia juvenil en la región.
Para la realización de este informe se llevaron a cabo visitas a diversos países de la región, se consultaron fuentes gubernamentales, no gubernamentales y académicas, se organizaron consultas regionales y se elaboró un cuestionario que fue respondido por Gobiernos, representantes de la sociedad civil y expertos. La CIDH agradece a los Estados miembros y a los miembros de la sociedad civil su colaboración para la realización de este informe, cuya elaboración fue posible a través de la firma de un memorándum de entendimiento entre la CIDH, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, se recibió el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organización Save the Children-Suecia y Luxemburgo. La Comisión también desea reconocer la cooperación de la oficina de la Representante Especial de la ONU sobre la Violencia contra los Niños.

Agradezco a uno de los colaboradores del informe, el gran Javier Palummo, del Uruguay, el aviso y envío del documento, que será, con toda seguridad, referente para todos quienes trabajamos en América en justicia juvenil.

La tragedia y la comedia de nuestra policía. Mi columna de hoy en El Post

Mi columna de hoy en El Post:

Este 4 de agosto, Carabineros de Chile, en un inmenso esfuerzo por contradecir a Marx en su idea de que la historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como comedia, nos ofreció en un mismo día (¡toma Carlitos!) el espectáculo en toda su extensión.

A las 11:00 de la mañana el despliegue de fuerzas especiales, bastante ordinarias por cierto, era abrumador, desproporcionado y evidentemente afectó el funcionamiento de la ciudad más que lo que la peor de las protestas pudo lograr.

Mientras tanto, en otra esquina de la ciudad -específicamente en El Bosque-, un ex uniformado de apellido Ripetti, se refugiaba semidesnudo en su camioneta ante la exasperante delicadeza de sus ex compañeros de oficio que lo rodeaban para gritarle. El propio jefe de la Prefectura Sur de Carabineros, coronel Marcelo Valdebenito, tuvo que presentarse para poner "paños fríos", dijo la prensa. “El oficial dialogó con Ripetti, aceptó que se vistiera (su esposa le llevó ropa), y que siguiera su viaje. Al final, sólo fue multado por no respetar la luz roja.” No es The Clinic sino El Mercurio el que relata el episodio.

Todos vimos en televisión la elegante gentileza y el tiempo que le dedicó un coronel -en un día de no poco trabajo- a un asunto muy, pero muy menor, pero que afectaba a un ex uniformado. Me impresionó el trato diplomático con que dialogaban, sin atreverse siquiera a forzar el vehículo de un sujeto que los forzó a un operativo en que se involucró a numerosos efectivos. Por momento pensé que era una perfomance en homenaje al fallecido Hightower (Buba Smith) de “Locademia de Policía”.

En cambio, no todos vimos en televisión los manoseos humillantes, la prepotencia y la violencia con que tomaban las mochilas de cualquier escolar para revisarlo, gritonearlo y empujarlo. No hablo del fragor del combate -uno para el que deberían estar preparados y actuar con la frialdad de un profesional- sino del que observé en Providencia, con escolares que miraban, y -quizá, quién sabe- esperaban para entrar a la acción, pero que en ese momento no hacían nada que la ley contemple como supuesto para el control policial. No todos vimos el disparo de lacrimógenas por doquier, el uso de caballos como armas, el sinsentido de la fuerza absolutamente disociada de cualquier análisis estratégico. Algunos canales transmitieron, desde una cómoda distancia, las borrosas sombras de una tragedia.

Estos paréntesis de legalidad los hemos vivido en el pasado y, como tantos, imaginaba que sólo los volveríamos a ver en las series de televisión que los recuerdan y no en los noticiarios o en las calles. La policía no se manda sola –por lo menos, no debiera- y hay un indudable error de manejo político detrás de lo que pasó ayer. Y ese error se agrava cuando la policía actúa de forma abusiva... después de tantos años presenciando esto, nunca me queda claro si hay un propósito o es simplemente infinita torpeza.

Lo de Rippeti rodeado por el diplomático coronel, me hace temer que, tras la tragedia del inmenso abuso policial con los estudiantes, hay una comedia de errores, de formación, selección y dirección en nuestra policía uniformada.

La Vicaría de la Solidaridad: los que no salen en la foto

Como pide Andrea Palet, hija del gran Enrique Palet (secretario ejecutivo por muchos años de la Vicaría), cuando hoy nos emocionemos con la serie "Los archivos del Cardenal", pensemos, recordemos no a los abogados sino a los juniors, las secretarias, los gallos de la puerta, que arriesgaron su vida por años y nunca salen en la foto.
Una vez saque la cuenta la de abogados que aseguran haber sido de la Vicaría y era como los que estuvieron en el Maracanazo. No hay abogado hoy en día, salvas las excepciones imaginables, que no asegure haber tenido alguna causa de derechos humanos.
Esos años son, sin ninguna duda, el punto alto en la historia de la Iglesia chilena.
El sitio memoricachilena.cl, de la DIBAM, digitalizó documentos y abrió un archivo con mucha documentación dela Vicaría en www.archivovicaria.cl

Todos quienes trabajamos hoy en algún ámbito de los derecho humanos miramos con orgullo a quienes nos antecedieron en el momento más difícil de nuestra historia y tratamos en la medida de nuestras posibilidades, de estar a la altura, de esos hombre y mujeres que en distintos puestos y ciudades, con distintos credos y militancias, acogieron el llamado de l Iglesia a hacer carne, realidad la parábola del buen samaritano..

VS0000091

Gonzalez Vicaria Solid Arid Ad El Depart Amen To Juridico

Lovera y Contesse: Protestas y derecho

"Los profesores Corral y Silva, preocupados por los excesos cometidos durante las últimas protestas, señalaron en este espacio que es hora de respaldar con firmeza el reguardo del orden público, haciendo recaer parcialmente en los convocantes de las marchas la responsabilidad por los daños y que éstos tomen medidas para que sus actos no devengan en barbarie.

Ellos están en lo correcto cuando citan el derecho a expresarse como fundamento jurídico de las manifestaciones que por estos días se ven en las calles, pero sus conclusiones parecen olvidar la premisa. Protestar es una forma constitucionalmente protegida de expresión. Y como tal, los estándares para su regulación son muy elevados. Desde luego no es un derecho absoluto -ni el derecho a la vida lo es-, aunque es probable que ni Corral ni Silva objetarían lo "costoso" que resulta muchas veces el ejercicio del derecho a la vida como un argumento para limitarlo.

En el derecho comparado e internacional, las restricciones al derecho a protestar deben estar establecidas por ley -en Chile lo están por un decreto emanado de la dictadura militar la cual tenía severa aversión a las manifestaciones públicas-. Además deben ser razonables, encaminadas a lograr el objetivo y, en caso de afectar derechos constitucionales, como ocurre con el derecho a manifestarse, deben ser necesarias. Es decir, de todas las medidas que el Estado implemente, deben evaluarse como constitucionales aquellas que, limitando el derecho en cuestión, lo hagan en la menor medida posible.

Si bien es evidente que la agresión física a policías o particulares no está amparada por este derecho, no es claro, como lo piensan Corral y Silva, que la libre circulación sea un derecho que derrote a todo evento el derecho a protestar. No debe olvidarse que quienes se manifiestan buscan llamar la atención de la autoridad y los demás ciudadanos precisamente porque han sido relegados. Es molesto que a uno le interrumpan el tránsito, pero también lo es que una demanda social sea persistentemente desatendida.

¿Puede atribuirse el resguardo del orden público a los organizadores? No. Si el Estado reclama la seguridad pública como un interés legítimo de ser satisfecho, ¿por qué habría de endosar dicha responsabilidad a los convocantes? Y si así fuera, ¿qué herramientas tendrían estos a su favor? Cuando Carabineros hostiga a manifestantes gatillando los desórdenes -esto no es una hipótesis-, ¿podrían los organizadores actuar para impedir que las mismas fuerzas policiales quebranten la seguridad?

Los autores reclaman razones y, sin embargo, parecen escribir desde las emociones. La prohibición de la protesta requiere de un examen delicado de constitucionalidad para permitir la intervención del Estado y no, como afirman, porque "podrían generarse actos más violentos".
Más que mirar la forma en que sancionan los desmanes lo que ellos llaman "países civilizados", cabría preguntarse qué hace que entre nosotros exista tal nivel de desafección social."

por Jorge Contesse y Domingo Lovera, investigadores del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, de la Universidad Diego Portales

Corte Suprema acoge parcialmente recursos de nulidad de comuneros mapuches

La información de este post tiene como fuente el sitio del poder judicial que en esta oportunidad, mejorando su servicio, incluye video de la lectura de la sentencia, lo que es poco usual en nuestro sistema pero ciertamente un avance en transparencia y publicidad.

"La Corte Suprema dictó sentencia en el recurso de nulidad en el juicio en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez, acusados de los delitos robo con intimidación, homicidio frustrado (en contra fiscal del Ministerio Público Mario Elgueta), y lesiones graves contra funcionarios de la PDI.

En fallo unánime (en causa rol 2921-2011), los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Benito Mauriz, acogieron parcialmente los recursos de nulidad planteados por las defensas y los querellantes de la causa en contra del fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete del 22 de marzo pasado.

Respecto del denominado “Hecho A 1” -delito de robo con intimidación cometido, el 15 de octubre de 2008, en Tirúa- se rechazaron los recursos y se mantuvieron las condenas que se detallan:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 10 años y un día de presidio;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 5 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 5 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 5 años y un día.

En tanto, en el denominado “Hecho A.2” -el delito de homicidio frustrado del fiscal adjunto del Ministerio Público Mario Elgueta, y de lesiones graves a personal de la PDI, ocurrido el 16 de octubre de 2008- se determinó acoger los recursos de nulidad y dictar sentencia de reemplazo en los siguientes términos:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 4 años y un día;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 3 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 3 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 3 años y un día."

Fallo CS en Causa Rit 35-2010

Uruguay 2011 (Latas) - Chile 1995 (Containres)

"Si no se tratara de un tema tan serio se podría tomar con sorna. Lo que queda claro es que en este gobierno cada quién hace lo que quiere y, por lo menos en materia de seguridad, no existe una política coherente y, mucho menos, coordinada. El Inau habilitará contenedores como centros de reclusión transitoria. El mismo día que el penal de Libertad clausuró sus "latas", la institución decidió habilitar las propias como medida urgente ante el desborde de los hogares. El sindicato pidió más funcionarios. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) habilitará los contenedores como centros provisorios para disminuir el hacinamiento en los hogares para menores infractores. La situación de desborde de la Colonia Berro dilucidó la situación de emergencia que viven otros centros debido a la baja de fugas que se registraron en el último mes. El presidente de Inau, Javier Salsamendi, declaró a Ultimas Noticias que las principales opciones manejadas desde el directorio son la habilitación de las "latas" y la "relocalización interna de menores en centros de la institución para utilizar mejor los espacios que tenemos". En cuanto a la utilización de los contenedores, dijo que "se están previendo las instalaciones necesarias para acondicionarlos" y advirtió que serán utilizados como "centros de reclusión de corto plazo en el que los menores no permanecerán más de 24 horas". La intención es que allí permanezcan quienes esperan recibir una sentencia del juez. El jerarca señaló que con esa medida se liberarán plazas en centros de reclusión a largo plazo y se avanzará en impedir su saturación.
La aplicación de esta nueva medida permitiría habilitar cuarenta nuevas plazas. Se estudia ubicar los contenedores en el predio que el Inau posee en el cruce de General Flores y Luis Alberto de Herrera, donde funcionan tres centros más. A su vez, también se planea colocar otras en el predio de la Colonia Berro.

Estas medidas se tomarán como solución inmediata, ya que los tiempos burocráticos impiden otras soluciones de urgencia. En tanto, Salsamendi dijo que esto "evitará la saturación".
Como informó este medio el lunes, en la Colonia Berro hay jóvenes que duermen en el piso y la situación resulta difícil para los funcionarios pues son demasiados menores. Por este motivo se deben reducir las actividades al aire libre ya que los jóvenes pueden aprovechar la oportunidad para fugarse. La resolución fue adoptada el mismo día que el Ministerio del Interior vació los contenedores que funcionaban como celdas en el Penal de Libertad, celdario que le costó al gobierno una observación por parte del relator de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Manfred Nowak.
Salsamendi reconoció que sobre la habilitación de las nuevas latas "nos pesa un recurso de amparo". En abril pasado, el fiscal Enrique Viana denunció que la utilización de esos contenedores atenta contra los derechos humanos de los menores por no tener las condiciones necesarias para alojarlos. Argumentó que debido a que son de chapa, se exponen a temperaturas extremas de frío o calor según la estación del año, no tienen ventilación y la iluminación no es la adecuada.

Por este hecho ya prestaron declaraciones los gerentes del Sistema de Medidas para Jóvenes en Infracción (Semeji) actual y anterior, Rolando Arbesún y Jorge Jouroff.
Por otra parte, desde el Sindicato de Funcionarios de Inau (Suinau) se consideró que el desborde debido a la baja de las fugas era previsible. Joselo López, presidente del sindicato, dijo que se trata de "un problema que afecta a todos los servicios".
"Se están viniendo situaciones complicadas. Es una gotita de agua que cada vez viene desbordando más el vaso", agregó. A su entender, la situación más grave se registra en el Hogar Puertas. Este centro utiliza un contenedor hace un año, el cual "está habilitado para tener diez jóvenes. Se ha llegado a tener veinte y ese número generalmente se mantiene".
Esta situación preocupa al sindicato pues hay pocos funcionarios y se considera necesaria la incorporación de más personal. Salsamendi comentó al respecto que el Inau abrió un llamado para sesenta educadores sociales que cubrirán la apertura de las nuevas plazas y las relocalizaciones.
En tanto, el secretario general de Suinau, Carlos Salaberry, dijo a este medio que la situación "empeora las condiciones de trabajo, si uno tiene que mantener convivencia y manejo de grupos se complica mucho más. También complica la escasa proporción entre funcionarios y menores". Aseguró que los funcionarios "somos conscientes que aumenta la tensión en el sistema, y empeora las condiciones de trabajo".
Para aclarar estos temas, las autoridades del Inau concurrirán hoy a la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados. La convocatoria fue realizada por el diputado Gustavo Borsari (UNA), por la "grave situación que atraviesa el país y sobre todo Montevideo en materia de delincuencia juvenil".

Acuerdo para crear Instituto de Rehabilitación

Oposición y oficialismo acordaron presentar tres proyectos sobre minoridad infractora, tras las diferencias en el mantenimiento de los antecedentes de los menores infractores una vez cumplida la mayoría de edad. Hubo unanimidad en la urgente creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y se decidió presentar por separado el proyecto que hace referencia a los antecedentes.

En los últimos días se realizaron intensas gestiones entre el Partido Nacional y el Frente Amplio (FA) para acelerar la aprobación de las leyes sobre minoridad acordadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Ayer los diputados Jorge Gandini (AN) y Julio Bango (PS) se reunieron para intentar conciliar posiciones. En ese sentido, Gandini explicó al matutino que se presentarán tres proyectos, "el primero sobre la creación del Instituto de Rehabilitación, el segundo sobre la extensión de los plazos de 60 a 90 días que tienen los jueces de menores para dictar sentencia y la penalización de la tentativa y la complicidad de hurto, y el tercer proyecto sobre los antecedentes".
Manifestó que para este último tema se presentarán dos informes. "El FA quiere que los antecedentes se mantengan por dos años para algunos delitos gravísimos y que el juez de Menores decida si los anexa. Nosotros planteamos mantenerlos por cinco años en todos los casos gravísimos y, si existe una reincidencia, que no se tenga acceso a una pena alternativa", explicó. Abogó para que el Senado actúe con rapidez.

Funcionaria al Juzgado

La funcionaria de Inau que difundió fotos sobre "las latas", Mariela Alvariza, concurrirá hoy a declarar ante el Juzgado de Familia de 23º Turno. En el marco de una investigación por el recurso de amparo presentado por el fiscal Enrique Viana, Alvariza fue citada por ser quien tomó las fotografías de los contenedores y las difundió por internet.

Las fotografías despertaron la atención tanto de los medios como de varios parlamentarios por lo que tomó estado público. Por este caso también comparecerá ante el Juzgado el presidente de Inau, Javier Salsamendi. En tanto ya prestaron declaraciones funcionarios del instituto, del Ministerio de Desarrollo Social y del Comité por los Derechos del Niño.

Cuestionan a los jueces

El diputado Gustavo Borsari (UNA) señaló que los jueces disponen la no internación de menores en el Inau porque"ya no cabe un adolescente".
Fuentes consultadas por Ultimas Noticias aseguraron que es "un disparate" que se trabaje para evitar las fugas y "no se tenga dónde alojar a los menores". Agregaron que "el gobierno sigue sin entender el daño que hizo con el tema Caducidad, que dejó en suspenso leyes tan importantes como las relacionadas a la minoridad infractora". En tanto, el senador Francisco Gallinal (Correntada Wilsonista) aseguró que el Poder Ejecutivo tiene todo para solucionar este tema. "Al gobierno le falta imaginación y le sobran los recursos; si quiere, puede", dijo.

http://causaabierta.com.uy/index.php/2011052524444/Seguridad/un-uruguay-desnaturalizado-cierran-qlatasq-para-reclusos-y-abren-qlatasq-para-menores-infractores.html

Comparen la imagen de arriba con esta, San Bernardo 1995, foto de revista Qué Pasa.

¿Por qué arrancó el dr. Hopp?

Tres sentencias dictó la Corte de Apelaciones de Talca en enero de este año, contra la cúpula de dirigentes de la ex Colonia Dignidad. cúpula que mantiene plenamente activos sus poderes, como la reciente huída del dr. Hopp deja entrever.

Hay recursos pendientes ante la Corte Suprema y una lectura calmada de ellos y de estos fallos que dejo aquí, permite ver con claridad la razón de la huída del dr. Hopp.
Por primera vez, la cárcel aparecía como la más probable condena contra el grupo de secuaces que colaboró estrechamente con los crímenes de Schaeffer.
El voto disidente de la ministra de Talca, Olga Morales, que en todos los casos favorece gruesamente a Hopp y demás condenados, es muy débil y resulta bastante probable que el fallo de la Suprema sea muy contundente y más duro incluso.

Creo que ese antecedente llevo a Hopp a darse a la fuga ante un horizonte que se veía gris y enrejado.

Mérito para los querellantes, Sename, el Consejo de Defensa del estado y el infatigable Hernán Fernández.

Fallos 2011 de Corte de Talca Contra Jerarcas de Colonia Dignidad



Una entrevista mía en CNN sobre lo que los querellantes esperábamos de este fallo.

Nuevos apoyos a José Miguel Vivanco

Hoy en El Mercurio:

Señor Director:

Como amigos y colegas de José Miguel Vivanco, quisiéramos dar testimonio de su compromiso y trayectoria con la causa de los derechos humanos y solidarizar con la situación que hoy lo afecta.
José Miguel comenzó su trabajo en la temática de los derechos humanos durante la dictadura militar, siendo estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Se vinculó al trabajo del Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, organismo amparado por la Iglesia Católica en el que tenían cabida profesores e investigadores que en ese momento no podían acceder a las universidades.
Luego de ese trabajo en Chile, José Miguel, gracias a sus méritos y, naturalmente, sin apoyo del gobierno de ese entonces en Chile, trabajó varios años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participó en la investigación y litigación de los primeros casos sobre desapariciones de personas que fueron resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de su exitosa experiencia en la Comisión, y luego de haber obtenido un posgrado en la Universidad de Harvard, fundó y dirigió la organización CEJIL, especializada en la litigación de casos ante el sistema interamericano, los cuales se han dirigido contra prácticamente todos los Estados de la región.
Con posterioridad, José Miguel fue seleccionado en un proceso competitivo para ocupar su actual función como director ejecutivo de la organización Americas Watch, cargo en el que durante ya muchos años ha alcanzado un gran prestigio abogando por causas tan importantes como el juzgamiento de los responsables de las desapariciones en Chile, el cierre de la prisión de Guantánamo y la liberación de los prisioneros de conciencia en Cuba, entre muchas otras.
En su trabajo, José Miguel se ha caracterizado por una visión despolitizada de los derechos humanos, promoviéndolos y defendiéndolos con notable eficacia y con prescindencia de la orientación ideológica o política de los gobiernos afectados. Producto de este trabajo, José Miguel ha irritado a gobernantes de izquierda, de derecha y de centro, a los que suele no gustarles que una organización y sus profesionales, con alta credibilidad, cuestionen prácticas, políticas u omisiones que afectan los derechos de sus ciudadanos.

MAURICIO DUCE JULIO
FRANCISCO COX VIAL
ROBERTO GARRETÓN MERINO
JORGE MERA FIGUEROA
FELIPE PORTALES CIFUENTES
CRISTIÁN RIEGO RAMÍREZ
JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS
JOSÉ ZALAQUETT DAHER

Nelson Caucoto, Héctor Salazar y Pamela Pereira condenan expulsiòn de Josè Miguel Vivanco, de HRW

Héctor Salazar (PPD): "Reprochable y repudiable"

"Lamentable, reprochable y repudiable. Es la típica reacción de una mentalidad totalitaria. Vivanco es un colega y un connacional que merece el más alto respeto por el trabajo que está realizando en Human Right Watch".

Nelson Caucoto: "Tremendo error"

"Me parece un tremendo error porque en DD.HH. hay que decir lo que pasa en cada país, y Vivanco como directivo de una institución internacional sobre DD. HH hizo su trabajo. Si no le gusta al presidente de turno, no por ello va a tener que vulnerar las garantías de cualquier persona".

Pamela Pereira (PS): "Expulsión es inaceptable"

"Es lamentable que haya sido objeto de expulsión una persona que está realizando un trabajo de investigar la realidad de derechos humanos en el país. Creo que el modo en que se realizó la expulsión es inaceptable como un acto político".

Hugo Gutiérrez (PC): "Alteración del orden público"

"No tengo conocimiento de las palabras de Vivanco en Venezuela o del informe. Sin embargo, todo Estado hace uso de las atribuciones que tiene y con quienes están provocando una alteración del orden público. Chile lo ha hecho en reiteradas ocasiones con ciudadanos extranjeros, sobre todo con documentalistas que han venido desde Europa a filmar los conflictos mapuches. Chile los ha expulsado".

Eduardo Contreras (PC): "Si se violó normativa venezolana, medida sería correcta"

"En la medida que haya violado la normativa legal venezolana, la medida sería correcta, pero no la conozco de manera que prefiero no opinar".

Julia Urquieta (PC): "Prefiero no opinar"

"No quiero opinar de eso porque la verdad no estoy metida en el tema. No tengo todos los antecedentes y prefiero no opinar".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2008/09/25/nacional/politica/noticias/40357E94-FE6E-4C28-878C-774D304D2AE8.htm

Vergonzosa actitud de Chávez: Expulsa a Director de Human Rights Watch, chileno José Miguel Vivanco.

Todos quienes conozcan el trabajo serio y riguroso de Human Rights Watch y en particular de José Miguel Vivanco, apreciarán la verguenza para el gobierno venezolano que significa la dictatorial actitud de su presidente al ordenar y televisar la expulsión del destacado abogado. 

En materia de dd.hh. este es un punto de no retorno, y uno esperaría que todos los chilenos defensores de los derechos de las personas condenarán, sin ambages esta decisión.

Hago mías las palabras de Pato Navia quien señala:

"Considerando el trabajo absolutamente comprometido con los derechos humanos de Human Rights Watch-cuestión que los chilenos debemos recordar con agradecimiento y solidaridad-resulta inaceptable no reaccionar a favor de Human Rights Watch después de la decisión de Chávez de expulsar a José Miguel Vivanco por haber hecho público el Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela (http://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908/) en la ciudad de Caracas.

El respeto por los derechos humanos debiera preceder cualquier preocupación política de corto plazo o consideraciones de alianzas estratégicas y tácticas. Hay que defender los derechos humanos hasta que duela.
Estoy seguro que el gobierno de Chile y cada uno de los partidos de la Concertación reaccionarán con firmeza y claridad a esta injustificada decisión del gobierno venezolano. La presidenta Bachelet, víctima de violaciones a los derechos humanos, debe asumir un papel de liderazgo para trabajar a favor de que las preocupantes violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela y que han sido debidamente documentadas en el Informe de Human Rights Watch dejen de ocurrir.

Acá el Informe de Human Rights Watch:

Maduro anuncia expulsión de Vivanco
Cargado por noticias24

Radio Cooperativa: Ultimas entrevistas de Juan Bustos: Habla sobre Instituto de Derechos Humanos

Radio Cooperativa, una de la buenas cosas de Chile, ha rearmado su página web, y dentro de los cambios, hay una sección de archivo de audios, donde han colgado las últimas entrevistas de Juan Bustos. Además, han tenido la gentileza -que no la tienen los otros cyber medios criollos- de permitir que uno las ubique en su propios sitios, siempre, por cierto, respetando la fuente.

Acá Juan habla sobre el Instituto de Derecho Humanos y el debate en sectores de la concertación.

Jornadas sobre Derechos Humanos, Visión de Futuro

José Bengoa, Francisco Estrada, el dr. Ennio Vivaldi, Vicedecano de Medicina, Juan Pablo Cárdenas y el Dr. Luis Montt

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha organizado para el 2 y 3 de octubre las jornadas “Derechos Humanos en lo cívico, social y ambiental. Visión de futuro”.

Me han invitado a exponer el miércoles 3 en un panel sobre DDHH de segunda generación. El progrma de las Jornadas es:
Martes 2: DDHH de Primera Generación: civiles y políticos
17:00: Introducción General: Dr. Alberto Estévez
17:10: Introducción de la sesión: Profesora Inés Pepper
17:20: Vídeo
17:35: Panel
17:35: Dr. José Quiroga: Torturado y torturador
17: 50: Sra. Victoria Gallardo: Evolución de las Comisiones de DDHH en Chile
18:05: Sra. Rosemarie Bornand: Análisis jurídico de la violación del DDHH en Chile
18:20: Sr. Manuel Guerrero: Visión personal
18:40: Preguntas y respuestas
19:30: Cierre: Profesora Inés Pepper
19:45: Inauguración: Decana, Dra. Cecilia Sepúlveda

Miércoles 3: DDHH de Segunda Generación: económicos, sociales y culturales
17:00: Introducción de la sesión: Doctor Sergio Valenzuela
17:20: Vídeo
17:35: Panel:
17:35: Sr. José Bengoa: Pueblos originarios (Derechos culturales)
17: 50: Sr. Francisco Estrada: Violencia juvenil (Derechos sociales)
18:05: Sr. Juan Pablo Cárdenas: Medios y Violencia social
18:20: Dr. Julio Montt: Derechos en la salud
18:40: Preguntas y respuestas
19:30: Cierre: Doctor Sergio Valenzuela

Se realizarán en el Salón Lorenzo Sazié (Independencia Nº 1027 2º Piso)

Dejo aquí la presentación que efectue: