Don Carlos Tiffer,
experto en justicia juvenil, nos ha compartido ayer esta entrevista en
La Diaria, de su viaje a Montevideo esta semana, a propósito de
campaña de recolección de firmas para plebiscitar, vìa reforma constitucional,
la rebaja de edad penal que está efectuando el partido Colorado.
"Bajar la edad de imputabilidad penal “sería contraproducente” si
la intención es mejorar la seguridad ciudadana, afirma el director del programa
de Justicia Penal Juvenil del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(Ilanud),
Carlos Tiffer. Llegó a Uruguay para abrir ayer, en el Paraninfo de la
Universidad de la República, el “Ciclo de conferencias internacionales sobre
Justicia Penal adolescente; aportes al debate nacional”, organizado por Unicef.
Su exposición se enfocó en la responsabilidad penal juvenil y la vinculación
entre la violencia y la inseguridad ciudadana.
Ha trabajado como consultor de Unicef y como perito consultor de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Defiende los “programas
de reincorporación y reinserción de carácter social” como “las mejores
respuestas” frente al problema de la delincuencia en la adolescencia. Dice que
sobre ésta “hay muchos mitos”. Subraya además que la población percibe de
manera más grave los delitos cometidos por adolescentes porque los ve como “los
delitos del futuro”, aunque, apuntó, no pasan de 10% de la totalidad.
-¿La baja de la edad de imputabilidad es un tema que suele estar
en agendas legislativas?
-En general en todos los países de América Latina hay una
preocupación seria por el tema de la inseguridad ciudadana. Esa inseguridad no
es del todo injustificada, porque en la mayoría de los países, y pasa también
aquí en Uruguay, ha habido un aumento importante del delito. Las respuestas que
tradicionalmente se están dando en los países de América Latina, entre las que
se encuentra rebajar la edad de imputabilidad o la edad para adquirir una
responsabilidad de carácter penal, no van a solucionar el problema de la
inseguridad. Sostengo que son sólo reacciones ante el problema. Otro tipo de
respuestas que también se dan es el de las garantías y el aumento de las conductas
delictivas y la aplicación automática de la prisión preventiva. Todas ellas,
lamentablemente, no van a producir lo que muchas veces se cree que es el
mejoramiento de la seguridad
ciudadana.
-También ha estado en la agenda en su país, Costa Rica, con el
cual, en diversos frentes, suele compararse a Uruguay.
-Sí, es cierto. A pesar de que son países alejados
geográficamente, se suele comparar a Costa Rica y Uruguay en varios aspectos.
Existe mucho en el imaginario, porque se comparan por población, por estándares
de carácter económico, social, etcétera. Con respecto al tema de la edad de
imputabilidad penal, Costa Rica y Uruguay suscribieron la Convención sobre los
Derechos del Niño. Al rubricarla ambos estados adquieren obligaciones que este
instrumento establece. En Costa Rica se estableció un sistema de
responsabilidad que se denomina Penal Juvenil, que va de los 12 a los 18 años.
-¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas de la baja de la edad
de imputabilidad?
-Traería un aumento de población penitenciaria. Eso debería
calcularlo cualquier país, porque va a tener un impacto fuerte en el sistema
penitenciario, pero también en la Justicia. Además, hay que tener en cuenta que
va a tener impacto en la misma seguridad y en el mismo delito, porque va a
generar más violencia y más delito. Termina siendo totalmente contraproducente.
Desde el punto de vista normativo sería un incumplimiento de las obligaciones
internacionales, en el que los países signatarios de la Convención estarían
incurriendo.
-¿Se ha aplicado?
-No conozco ningún país de la región donde se juzgue a los
menores de edad como adultos. Existe sí el caso de Argentina, que aplica desde
los 16 años un sistema similar al de los mayores de edad, e incluso establece
penas perpetuas. Es un tema que ahora está debatiendo la Corte Intera-
mericana
de Derechos Humanos y sobre lo que próximamente va a dictar la sentencia.
-¿Hay una lectura social que tiende a atar a la inseguridad
directamente a los delitos cometidos por
adolescentes?
-Hay algunos mitos sobre la delincuencia juvenil, como por
ejemplo que los adolescentes son los responsables de una mayor inseguridad
ciudadana. Ocurre que el efecto de esa inseguridad no se produce exclusivamente
por las conductas delictivas de los adolescentes. Es un fenómeno más complejo,
en el que, no desconozco, hay una participación de adolescentes, pero no son
los principales responsables. Lo que se produce es una percepción. Muchas veces
se percibe socialmente que el responsable de la inseguridad ciudadana es el delito
juvenil, pero en la mayoría de los países el delito cometido por menores de
edad no pasa de 10% de la totalidad del delito.
-A comienzos de la pasada década en Uruguay no sólo aumentaron los
delitos, también lo hicieron los espacios dedicados a la información policial
en los medios. Se nota una especial focalización en los casos protagonizados
por menores de edad. ¿Es de suponer que esto aporta a la criminalización de la
adolescencia?
-Sí, porque no es lo mismo el crimen que la criminalización. El
crimen es el delito real, es el que sucede, y para hablar de ello se requieren
estudios estadísticos sobre la realidad del delito. El fenómeno de la
criminalización tiene que ver con la percepción de los ciudadanos que podrían
ser víctimas del delito. Efectivamente, ocurre en todas partes por igual que la
percepción es mayor que el delito real. Cuando se percibe la inseguridad es más
que nada una sensación a la afectación que uno podría tener de su integridad
física, de sus bienes y de su propia seguridad. Hay que ver la participación de
los menores de edad, porque se percibe que son los principales responsables de
esa inseguridad, pero se percibe eso más por una percepción que por una
realidad propiamente dicha.
-¿Hay entonces una percepción diferente cuando el delito es
cometido por un adolescente?
-Efectivamente, ocurre que la población percibe de una manera
más grave un delito que comete un adolescente que el que comete un adulto. Por
eso mismo, además, la percepción de inseguridad aumenta. Cuando un adolescente
comete un homicidio produce un efecto mayor de percepción que si lo cometiera
un adulto. Como dice el criminólogo Günter Kaiser, que fue mi profesor en
Alemania, la ciudadanía ve el delito de los jóvenes no sólo como el del
presente sino como el delito futuro.
-Entonces, ¿eso genera miedo respecto a ese posible futuro?
-Es muy peligroso este fenómeno. El Estado y la sociedad tienen
que dar una respuesta, porque el fenómeno delictivo puede generar un efecto de
paralización de carácter social. Si sólo medimos el costo del delito o el tema
del efecto que tiene el delito en general, en una sociedad o una comunidad que
se percibe como violenta e insegura se produce un efecto de paralización
social. Hay que dar respuestas de carácter integral y no sólo pensar en la
responsabilidad penal. Ésa no es, reitero, una respuesta acorde a las
obligaciones asumidas al haber firmado la Convención. Además, y por sobre todo,
no es acorde a lo que estamos tratando de buscar, que es mayor seguridad
ciudadana; un derecho que debemos tener en cualquier sociedad.
-¿Qué opina de la conservación de antecedentes cuando cumplen los
18 años?
-Mi posición sobre esto es que no tendrían que registrarse como
antecedentes las sentencias condenatorias de los adolescentes. El delito
juvenil debe entenderse como un delito episódico en el desarrollo de las
personas. El hecho de registrarlos y además utilizarlos en la edad adulta
significa iniciar las carreras delictivas. Es totalmente contraproducente para
la orientación que tendría que tener un sistema de justicia, que es la
reincorporación y reinserción social. Esos antecedentes son utilizados para
estigmatizar negativamente a una persona.
Emilio Martínez Muracciole
