La publicación incluye un estudio sobre los adolescentes privados de libertad, a partir de encuestas a 327 adolescentes, las dos terceras partes del total de personas menores de 18 años privadas de libertad. La investigación reveló que el 75.8% de los adolescentes manifestó haber sido víctima de violencia física por parte de funcionarios policiales al momento de la detención o en motines, algo considerado como “grave” por Serpaj. En tanto, el 11% dijo haber sido víctima de violencia por parte de funcionarios estatales durante la privación de libertad. Respecto a los delitos por los que están privados de libertad, el 63.5% manifestó haber ingresado por rapiña.
Palummo dijo que la imposibilidad de “endurecer” el sistema penal adulto, está dando resultado con el sistema penal juvenil, al que el abogado consideró influenciado “por las discusiones de la opinión pública y orientado hacia su endurecimiento”. Durante la presentación, el comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Álvaro Garcé, se refirió al futuro plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad, y advirtió respecto a que hay que “prever muy bien el impacto que esto va a tener en el sistema de privación de libertad para asignar los recursos y no repetir con los menores lo que en su momento se cometió con los mayores”.
Al respecto, el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Robert Alonso, señaló que su organismo viene “corriendo de atrás” al Ministerio del Interior, que “ha comenzado antes” a abordar los problemas de la privación de libertad. Reconoció que a nivel edilicio se ha “demorado más de lo esperado”, pero destacó el logro de que “por primera vez todos los centros del Sirpa van a tener clases de secundaria”. Dijo que las soluciones van a demorar, ya que “estamos en medio de un cambio de paradigma”, luego de “un siglo entero de enfoque criminalista”. “Los cambios son lentos y la gente es ansiosa, pero deben ser firmes y hay que darles tiempo”, sostuvo
En este contexto, la asesora del MI en temas penitenciarios, Gabriela Fulco, señaló los avances del sistema, aunque reconoció la existencia de “reductos de violación a los derechos humanos” en las cárceles uruguayas, que “aún registramos y que seguramente llevará más de una administración erradicar”. Fulco destacó los cambios en las pautas de funcionamiento en los centros de reclusión, con la creación de subdirecciones técnicas y el ingreso de personal civil, la extensión de los sistemas abiertos y semi-abiertos (basados en un criterio de “seguridad dinámica”), y el inicio de un proceso de clasificación de internos para mejorar “cualitativamente” su distribución en las “unidades de internación”. Asimismo, manifestó la necesidad de profundizar las medidas alternativas de privación de libertad, lo cual requiere “un proceso de cambio cultural en la sociedad para aceptar y admitir su posibilidad”. “Estamos convencidos y empecinados en modificar la tradición de un modelo centrado en la seguridad”, afirmó Fulco.
En tanto, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, realizó una breve historia del sistema carcelario desde 1878 hasta la actualidad y concluyó que Uruguay nunca tuvo una política pública en materia carcelaria. Sin embargo, desde el retorno de la democracia la cuestión penitenciaria “quedó relegada”, lo cual derivó las falencias del actual sistema. En este sentido, Garcé consideró prioritario “rectificar la política criminal”, por cuanto la fuerte inversión en materia edilicia, que permitiría sanear el tema del hacinamiento, puede sucumbir de no modificarse el actual sistema penal. “Hay que repensar el papel de la prisión preventiva”, expresó.
