Justicia juvenil: ¿cuál es el plan?
Estudios de gran envergadura en países como EE.UU. indican que la participación temprana en actos violentos o antisociales tiene fuerte correlación con una posterior trayectoria de vida marcada por la delincuencia, conflictos con la justicia, problemas de inserción laboral y social, e incluso probabilidad de una muerte violenta temprana.
Por otra parte, en las últimas décadas se ha revertido la desesperanzadora conclusión a que se había arribado en los años 60 y 70 en cuanto a que la rehabilitación no funciona. Se ha confirmado que, por el contrario, algunas acciones, bien ejecutadas, pueden efectivamente reducir la reincidencia delictiva. Lo anterior ha llevado a los países avanzados a desarrollar sistemas de justicia juvenil distintos del de adultos, con procedimientos y penas especiales, que, en general, ponen énfasis particular en educación y formación.
Después de décadas con un sistema que incluso violaba los tratados internacionales suscritos por Chile sobre los derechos de los menores de edad, nuestro país cuenta desde junio de 2006 con una justicia juvenil propiamente tal. Sin embargo, la muerte de 10 menores en un centro del Sename en Puerto Montt, en octubre, ha evidenciado los graves defectos del sistema. En este caso, dos informes remitidos en agosto habían advertido al director de ese servicio sobre las condiciones de inseguridad del recinto y conductas inapropiadas de Gendarmería, pero al parecer fueron ignorados, y ahora se pide al Ministerio de Justicia informar si se adoptaron o no medidas al respecto.
Ya antes de su puesta en marcha -que había sido postergada un año-, una comisión de expertos que complementó el análisis técnico con visitas a distintos centros concluyó que no existían las condiciones para iniciarlo con éxito. Se detectaron problemas relativos a inexistencia de la infraestructura requerida y a insuficiencia de la cantidad y calidad de los programas a los que los jóvenes serían sometidos, además de defectos en la nueva legislación. Sin embargo, como una nueva postergación era costosa para la imagen del Gobierno, éste insistió en que se aprobara su puesta en marcha, asegurando que las condiciones existentes en ese momento, si bien mínimas, eran suficientes, y serían mejoradas sustancialmente en el mediano plazo. Pero a casi un año y medio de ello, la ciudadanía aún carece de información pública sistematizada respecto del estado actual de la red de centros que deben atender o albergar a los jóvenes infractores de ley. Declaraciones del juez del tribunal de garantía de Puerto Montt competente en este caso, de funcionarios del mismo Sename y antecedentes dados a conocer por los medios indican que el flujo de jóvenes supera ampliamente las estimaciones; que existen problemas estructurales respecto del funcionamiento y, en algunos casos, sobrepoblación de centros; de coordinación entre los actores que intervienen en el proceso de imposición de las sanciones, y de calidad y cobertura de los programas de rehabilitación a los cuales los jóvenes están siendo derivados.
Ante este panorama, la respuesta del ministerio se ha limitado a una propuesta legal que permitiría a Gendarmería ingresar a los centros, sin necesidad de petición por las autoridades civiles de los mismos. Eso no basta ni sirve. Los problemas ya conocidos exigen una respuesta enérgica e integral de las autoridades, y el diseño y aplicación de una estrategia concreta respecto de cómo, cuándo y con qué recursos ellos se van a remediar. Esto es impostergable. La tragedia de Puerto Montt puede repetirse en cualquier momento en otro lugar. Los propios funcionarios del Sename han advertido públicamente que sus centros actuales son "una bomba de tiempo". El país no puede aceptar que esa bomba estalle.
Hace 1 semana la editorial centró el tema y me parece que su lectura resulta un aporte al sistema:
RESPONSABILIDAD Y REMORDIMIENTO
"La madrugada de ayer 8 jóvenes de entre 16 y 17 años murieron y siete sufrieron lesiones y quemaduras de diversa gravedad, en un incendio provocado por los mismos internos dentro del Centro de Rehabilitación Conductual “Tiempo de Crecer” ubicado en la ciudad de Puerto Montt, dependiente de Sename cuando los jóvenes, internados provisoriamente – terminología que designa a la prisión preventiva en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente- encendieron una fogata al interior de una de las salas.
Ante esta gravísima e inaceptable situación, ni el Gobierno ni Sename pueden mostrarse sorprendidos: antes que se pusiera en marcha el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente, el 8 de junio pasado, múltiples advertencias hicieron ver su extrema precariedad. La Comisión de Expertos convocada para evaluar la implementación de la ley 20.084 tras su postergación en junio de 2006, consignó en sus dos informes que el sistema carecía de las condiciones mínimas necesarias para iniciar su funcionamiento, y que los estándares de atención, cobertura e infraestructura no eran suficientes.
Pocas semanas antes del 8 de junio, los funcionarios de Sename iniciaron una huelga en demanda de mejores condiciones laborales y en protesta por el riesgo evidente con que se desempeñaban en el interior de los centros: falta de personal especializado, insuficientes programas educacionales, extraprogramáticos y de formación laboral, y por sobre todo, una fuerte presencia de violencia y cultura carcelaria entre los adolescentes atendidos.
No obstante, el Gobierno decidió comenzar la implementación de la ley en la fecha prevista, asegurando que pese a que el sistema sólo contaba con las condiciones básicas, existían las garantías suficientes para asegurar su continuo perfeccionamiento. Los hechos prueban que estas condiciones básicas del sistema no alcanzaron para garantizar la seguridad de los jóvenes privados de libertad en la X Región.
Peor aún, después de su puesta en marcha continuaron las alertas que habrían exigido una inmediata corrección: en julio un grave motín en el centro de reclusión de Chol Chol, sin víctimas fatales, pero sí importantes pérdidas materiales –más de 70 millones de pesos- y hace algunos días hubo dos intentos de amotinamientos en el centro de menores Lihuén, V Región. En el último caso, Gendarmería señaló que existía escasez de funcionarios y una ausencia total de medidas de segmentación entre los jóvenes condenados y aquellos internados provisoriamente, hecho que además, se agravaba por la presencia de condenados mayores de 18 años y con un mayor compromiso delictual. No se conocieron correcciones
En contraste con estas realidades, la semana pasada el SENAME entregó su primer balance sobre el funcionamiento de la ley, señalando que nueve de cada diez jóvenes cumple satisfactoriamente las medidas cautelares en libertad a las que son derivados por la justicia, tras haber sido aprehendidos por la comisión de un delito. Pese a que lo importante de este sistema no es cuantos jóvenes cumplen las medidas cautelares que les son impuestas, sino cuántos no comenten nuevos delitos y logran reinsertarse tras su paso por el sistema, la información entregada por Sename parecía alentadora.
Pero lo ocurrido en Puerto Montt pone a SENAME al desnudo y no puede sino causar indignación y alarma. Es evidente que la promesa de reinserción y rehabilitación que el nuevo sistema ofrecía, es ahora imposible para quienes murieron en la ciudad de Puerto Montt. Es en aquellos jóvenes que fallecieron en donde se hace patente que las condiciones básicas del sistema estaban lejos de ser las necesarias para garantizar la seguridad de los menores privados de libertad.
El cambio de la legislación penal juvenil era necesario, y en ello existía amplio consenso: no se podía continuar con el anacrónico sistema basado en la declaración de discernimiento ni en la aplicación de la ley penal adulta a menores de edad. Pero la oportunidad de haber legislado sin imposiciones de consideraciones políticas, sobre consensos técnicos en cuanto a las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema, fue desechada por la premura y la improvisación. Tras el aparente funcionamiento del sistema durante los primeros meses, estas ocho muertes evidencian los errores cometidos durante el diseño e implementación de este nuevo sistema. Si las advertencias, informes de expertos y evaluaciones previas no fueron suficientes para mover a profundas rectificaciones, ahora ya no hay excusas para emprenderlas no sólo con seriedad técnica, sino con el debido remordimiento."
Ni sumario interno ni investigación penal han determinado a culpables. Familiares de víctimas se sienten "decepcionados".
