Jueves 26 de Noviembre de 2009"El caso de un menor que mató de un balazo a un dueño de botillería en Cerrillos (el segundo asalto con homicidio a un local comercial en 24 horas) confirma que una grave delincuencia juvenil e infantil continúa agobiando a la población día tras día. Sin embargo, no se ha conocido ninguna reacción oficial al informe que hace ya un mes, a petición del Senado, evacuó la Corte Suprema sobre los problemas que enfrenta la judicatura tras dos años de funcionamiento del sistema de responsabilidad penal adolescente.
Implementado éste por el Gobierno desoyendo las recomendaciones de expertos, tras dos años de operación se confirman profundos problemas estructurales y de gestión, y ha enfrentado casos tales como la muerte de 10 jóvenes en un incendio en un centro del Sename en Puerto Montt.
La Corte Suprema destaca la necesidad de desvincular el sistema de justicia juvenil del sistema penal adulto mediante el establecimiento de un catálogo especial de delitos, derogando la supletoriedad que hoy rige respecto del Código Penal y leyes especiales. Destaca la Corte que para cumplir con los objetivos específicos de un sistema de justicia juvenil, es necesario establecer una judicatura especial, con competencia exclusiva para conocer de las infracciones cometidas por adolescentes.
Aunque el proceso de especialización, sobre todo de defensores y fiscales, era sólido al inicio de la aplicación de esta ley, se ha deteriorado por diversas razones, entre ellas un flujo de casos mayor que el calculado; disminución de los presupuestos asignados a las unidades especializadas de las diversas instituciones, y el éxodo de profesionales ya especializados y con experiencia a otras tareas o destinaciones. Por eso, antes de que se pierdan por completo los procesos de especialización ya iniciados, es prioritario estructurar un sistema exclusivo.
Propone también la Corte que en los casos en que los jóvenes sean aprehendidos por delitos o faltas que la ley no sanciona con penas privativas de libertad, sean sólo citados y no conducidos ante el juez, evitando que reciban del sistema penal un trato más riguroso que el que recibe un adulto, y que tomen un prematuro contacto con el sistema de justicia —sobre todo considerando que, de ser sancionados, sólo deberán prestar un servicio a la comunidad, reparar el daño o pagar una multa.
Aunque no se tocan otros temas de importancia —como el gran número de internaciones provisorias que se decretan respecto de adolescentes—, estas recomendaciones, más otros instructivos y medidas de gestión que podría dictar el máximo tribunal, significarían un mejoramiento de esta área, cuyo impacto en la delincuencia en Chile es crecientemente alarmante. Esto último no puede sorprender, porque están fallando flagrantemente todos los mecanismos del Estado para prevenir la delincuencia juvenil, sancionarla y tratarla de modo técnicamente adecuado, y atender a una real rehabilitación."
