Exposición del Ministro de la Corte Suprema, Roberto Contreras: Apuntes para un enfoque integral. Funcionamiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile, Salas Especializadas en Menores Infractores e Imputados de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

En la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), la Presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, y el Ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, encabezaron el foro “Reflexionando en torno a los Tribunales de tratamiento de Drogas en Chile y el mundo’’, iniciativa creada para debatir y dar a conocer las distintas realidades que viven los tribunales en torno al tema.

La presidenta de la Cámara enfatizó que “en este contexto el Poder Judicial juega un rol trascendente, ya que Chile ha sido testigo de la implementación de un plan piloto denominado Tribunales de Tratamiento de Drogas, que ha tenido resultados bastante alentadores”.

El Ministro Contreras, quien junto al juez del 2° juzgado de Garantía de Santiago Alberto Amiot representaron al Presidente de la Corte Suprema en el foro, relató el cambio de paradigma que se está generando en la actualidad con el rol que cumplen los jueces: “En esta clase de Tribunales o Programa los jueces no sólo deben conocer, resolver, y ejecutar lo juzgado en el marco de los mecanismos procesales penales contenidos en la ley (…). Sino que se pide a los magistrados hacer realidad algo que va más allá de su misión central: esto es concretar la llamada “Justicia Terapéutica o Restaurativa. El rol del juez es aquí más intenso. Es quién decreta el sometimiento al programa, establece las condiciones, su duración y vigila su cumplimiento. Impone o modifica las condiciones de ejecución en función del comportamiento y los resultados obtenidos por el participante en el proceso de rehabilitación. Interviene en el curso de los objetivos terapéuticos que posibiliten la posterior reinserción sociolaboral del participante. En suma, acompaña y orienta al “imputado”, una de las partes del eventual proceso penal, para que obtenga un cumplido egreso del programa de rehabilitación’’.

Roberto Contreras resaltó que los desafíos “si de verdad se quiere abordar terapéuticamente el consumo problemático de drogas y alcohol, asociado a la criminalidad en adultos y adolescentes’’ están asociados a los siguientes puntos:

1.- El enfoque de la problemática asociada a la infracción de ley y comisión de delitos, en niños y adolescentes, debe ser integral
2.- Se hace necesario crear un adecuado sistema de tratamiento de la información:
3.- El levantamiento de toda la información
4.- El sometimiento de la información recogida a un compendio común, en un solo lenguaje operativo informático.
5.- Una evaluación etarea progresiva.
6.- Generar una plataforma informática con plena conectividad futura.

El foro cuenta además con la presencia de diputados de distintas bancadas, con la participación de Patricia Pérez, subsecretaria de Justicia; Francisca Florenzano, secretaria ejecutiva de CONACE; Lorena Rebolledo, coordinadora nacional de Tribunales de Tratamiento de Drogas del Ministerio Público; Nicolás Arrieta Rocha, director de la Unidad Especializada en Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional. }

Destaco de la exposición del Ministro:
"La Sala Especializada del Juzgado de Garantía de San Bernardo continua operando desde julio de 2008, y los resultados pueden resumirse en que:
A. Fue aumentando el porcentaje de imputados adolescentes y las audiencias realizadas respecto de ellos, hasta un 19% aproximadamente del total de audiencias del Tribunal.
B. Los períodos en que los jóvenes permanecieron en Internación Provisoria, presentaron una ostensible disminución, habida cuenta de la agilidad del sistema en otorgar la información necesaria para resolver las medidas cautelares.
C. Se asignaron profesionales en la recopilación de información, y un abogado coordinador de Sename exclusivamente para operar en el Juzgado. De tal modo que se creó un equipo de trabajo homogéneo y con experticia común."

Fuente: www.poderjudicial.cl

Roberto Contreras Funcionamiento de Los Tri Bun Ales de Tratamiento de Drogas en Chile, Salas Especializada...

Instructivo del Fiscal Nacional del Ministerio Público sobre Responsabilidad Penal Adolescente

Hace un par de meses el Fiscal Nacional del Ministerio Público entregó un nuevo Instructivo sobre Responsabilidad Penal Adolescente (Oficio 489/2009), que derogó todos los anteriores en la materia y estableció nuevos criterios político criminales.

Es un instructivo que, más allá de 2 o 3 diferencias sustantivas, me parece encomiable. Por lo pronto, la pura práctica de, trabnscurridos dos años de puesta en marcha de la ley, revisar la experiencia, y reformular los criterios entregados es una actividad que, al menos públicamente, ninguna otra de las instituciones involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil ha hecho (Sé que Conace está revisando sus lineamiento técnicos pero no conocemos cronograma ni plan de trabajo).

Pero lo que me parece un tremendo avance es la nueva política en materia de suspensión condicional del procedimiento, en especial, relacionada con el tratamiento del consumo problemático de drogas.
Creo que hay en este punto un avance que recoge las mejores experiencias (la de la Fiscalía Centro Norte, en especial) y proporciona un marco normativo que refleja el principio de especialidad.

Lo dejo aquí en pdf para sus comentarios.

Instructivo Fiscal Nacional sobre Responsabilidad Penal Adolescente 2009

Dos adolescentes son los primeros egresados de Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas

Con la presencia del Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, ministro Jorge Dahm; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, entre otras autoridades, se llevó a cabo la audiencia de egreso de los dos primeros casos del Tribunal de Tratamientos de Drogas (TTD) de adolescentes que se lleva a cabo en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

Los primeros egresados fueron Iván y Gerardo, quienes tras un año de terapia y continuas audiencias de seguimiento cumplieron con las exigencias del programa, por lo que la jueza de Garantía Carla Cappello determinó el sobreseimiento definitivo de sus causas.

Gerardo se mostró feliz por su titulación: “Me ha servido harto para aprender a valorizar la vida de otra manera. Aprendí que la droga no me lleva a nada bueno y gracias a todas las personas que me han ayudado”. Su madre, Sandra, lo acompañó en la audiencia y mostró su felicidad por el logro de su hijo: “Fue duro, doloroso, pero con el tiempo ha sido una experiencia buena. Le agradezco a todos los profesionales que lo apoyaron y este es un ejemplo que él puede dárselos a sus amigos y decirles que hay oportunidades en la vida para aprovechar”.

En tanto, Iván contó que “he conocido mucha gente buena que me ha apoyado y aconsejado y todo el tiempo que he llevado me he sentido agradecido de todos ellos. Y ahora a tirar para adelante. Mis amistades eran pura mala junta, pero ahora me siento bien, evito los riesgos, pienso antes de hacer las cosas”. También estaba su mamá Cristina: “Fue triste para toda nuestra familia, era difícil pensar que saliera del problema, pero tuvo mucha ayuda y ahora considera al equipo como la familia de él’’.

La jueza Carla Cappello se mostró orgullosa de los dos jóvenes egresados. “Hoy es la audiencia final, hoy se sobresee la causa, eso significa que las causas se terminan, que van a mantener los papeles limpios. A nombre de todo el equipo, felicitarlos por el trabajo, el esfuerzo. El logro es de ustedes, de nadie más, mucha gente les ayudó y apoyó, pero el logro es de ustedes”, sostuvo.

El TTD es una iniciativa conjunta de la Fiscalía Centro Norte, la Defensoría Penal Norte y el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y cuyo objetivo principal apunta a evitar la reincidencia en adolescentes que cometieron algún tipo de delito en razón de una adicción a las drogas. En la actualidad hay 35 jóvenes en el programa.
Fuente: poderjudicial.cl

2 primeros egresos de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en RPA

2 jóvenes de 17 y 18 años se convertirán hoy en los primeros egresados del proyecto piloto de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) en menores sujetos a la ley de Responsabilidad Penal Adolescente, aplicado por la Fiscalía Centro norte. El modelo para adultos, adaptado por la Fundación Paz Ciudadana, se aplica exitosamente en 10 tribunales.

El lunes El Mercurio editorializó sobre este relevante tema (creo reconocer la pluma de una de las principales expertas nacionales en el tema) y ayer Francisca Zapata, destacadísima jueza, escribió ayer en El Mercurio. Abajo ambas notas.
Más info sobre Tribunales de Tratamiento en el sitio de paz ciudadana y en Drug Courts.
Mientras escribo este post, el candidato Eduardo Frei en el debate radial, señala que va a profundizar el uso de los TTD.



"El interesante editorial sobre tribunales de drogas, del lunes 5 de octubre, omite un aspecto que nos parece importante destacar: los tribunales de garantía que participan de esta iniciativa lo han hecho voluntariamente, sin ningún tipo de incentivo u orientación institucional. En un Poder Judicial estructural y culturalmente regido por lógicas jerárquicas esta tarea ha sido, sin embargo, abordada con prescindencia total y absoluta de aquéllas, lo que ha significado, obviamente, que el sistema de calificaciones ha sido ciego a la valoración de esta iniciativa. No es una queja. Es una descripción fáctica. El sentido de esta nota apunta a destacar a los operadores judiciales que han dedicado su valioso tiempo a este esfuerzo, en un esquema en el que sin su participación la decisión del resto de los operadores (fiscales y defensores) en caso alguno hubiera podido prosperar.
Esto deja en evidencia dos cosas: la primera: la vocación de servicio de los jueces de garantía y, la segunda, la justificación de las propuestas de modernización del Poder Judicial a través de una reestructuración global que rediseñe —entre otros— los sistemas de controles, instalando modelos de evaluación del desempeño que impliquen incentivos y reconocimiento para quienes participen de este tipo de iniciativas.
Hemos sostenido invariablemente que Chile necesita repensar globalmente el esquema judicial vigente a través de un debate nacional serio y transversal, y así la Convención de Magistrados de Valdivia (2007) postuló la separación de las funciones jurisdiccionales de las de gobierno judicial, a fin de fortalecer la independencia interna y externa de los jueces en un esquema que presupone a la Excma. Corte Suprema abocada sólo a funciones jurisdiccionales, y los temas de gobierno judicial a cargo de un órgano autónomo. La convención que se avecina (Antofagasta, 9 de octubre) se volcará a estudiar las propuestas más detalladas que ha avanzado la comisión de modernización de la Asociación Nacional de Magistrados, entre las cuales se cuenta un proyecto de la reformulación de la carrera judicial orientada al mejoramiento continuo y reforzamiento de los deberes éticos de la función de juzgar.

María Francisca Zapata García
Presidenta Asociación de Magistrados
Regional Santiago"

El Editorial de El Mercurio del lunes:
"Lunes 05 de Octubre de 2009
¿Más tribunales de drogas?

La evidencia internacional prueba que los programas del sector justicia más eficaces para evitar reincidencia en el caso de delincuentes con consumo de drogas son aquellos que abordan el real problema subyacente a la comisión del delito, cual es el abuso de drogas por parte del infractor. Sea que el delito haya sido cometido para financiar el hábito o bajo los efectos de drogas, si la persona se somete a tratamiento bajo supervisión judicial, en vez de ser condenado, se logra disminuir la reincidencia, a menor costo para la sociedad. Las cortes de drogas o tribunales de tratamiento se han extendido en el mundo precisamente por estas razones.
Este programa se aplica en Chile desde 2004, cuando se implementó por primera vez en Valparaíso, por iniciativa de la Fundación Paz Ciudadana. Hoy se ha extendido ya a Santiago, Iquique y Antofagasta. Su funcionamiento se basa en un trabajo interinstitucional, que requiere la participación de fiscales, defensores y jueces, además del equipo a cargo de la rehabilitación. Todos ellos deben ajustar sus roles tradicionales en el sistema de justicia para coordinar sus esfuerzos en pro de la rehabilitación de los infractores.

Para lograr asentar el programa en Chile y probar su metodología, se ha funcionado bajo la figura legal de la suspensión condicional del procedimiento, una salida alternativa del proceso criminal. El fiscal puede pedir la suspensión de una causa cuando el imputado no tenga condenas previas y la pena probable que arriesga por el delito cometido sea menor a tres años.
La forma como este programa se ha aplicado en Chile responde a una óptima construcción de una política pública. En vez de masificarlo sin evaluación -como se hizo con el fracasado programa Comuna Segura-, esta iniciativa se ha expandido progresivamente en la medida en que se ha contado con las condiciones para ello. Sin embargo, para alcanzar mayores efectos necesita crecer a gran escala (en EE.UU. se denomina going- toscale ), expandiéndose a más tribunales del país. Pero, antes de eso, se requiere avanzar en ciertos aspectos fundamentales.

El primero es contar, antes de expandirlo, con todos los componentes necesarios del modelo de intervención: fiscales, jueces y defensores capacitados y especializados y comprometidos con esta concepción. Luego se necesita una amplia oferta de tratamiento de rehabilitación en las comunas que comprende la jurisdicción de cada tribunal. En fin, la madurez que han alcanzado los pilotos mueve a evaluar si, antes de su expansión, el programa no debería contar con una figura legal propia, abandonando el uso de la suspensión condicional del procedimiento.

En otros países, este método se ha extendido a reincidentes y también respecto de delitos graves. Las evaluaciones que se realizan antes de admitir a un participante y durante el proceso que vive el infractor son controles efectivos, que resguardan la seguridad de la sociedad. Al arriesgar consecuencias penales mayores, el programa se convierte en una mejor opción e incentivo para los participantes. Bien gestionado, podría explorarse su conversión en una política pública que aporte a la disminución del delito y a la reinserción de los infractores."