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viernes, 23 de agosto de 2013

España: Madrid pide reformar la Ley del Menor para que los antecedentes de los menores cuenten para futuras medidas cautelares

El consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Ejecutivo madrileño, Salvador Victoria, ha pedido al Gobierno central que impulse la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para los antecedentes graves o muy graves cometidos por menores se tengan en cuenta para que los jueces puedan tomar medias cautelares, como prisión provisional, si dichos jóvenes vuelven a delinquir.
Tras una visita al centro de menores infractores 'El Lavadero', donde comprobó cómo los menores se reinsertan trabajando en una huerta, Victoria ha anunciado este jueves que tanto el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid como el Ejecutivo autonómico han solicitado al Gobierno central una reforma "urgente" de dicha ley. 
Consideran que la actual normativa "puede servir de cobertura para tener una facilitar una actividad delictiva futura", puesto que en la actualidad se borran los antecedentes penales de los menores una vez cumplan sus condenas.
El consejero se ha referido al reciente caso de 'El Rafita', uno de los asesinos, cuando tenía 14 años, de Sandra Palo. Fue condenado a varios años de internamiento en un centro de menores de la Comunidad, pero cuando salió comenzó a cometer delitos, la mayoría contra el patrimonio. El último, la semana pasada, cuando intentó atropellar a un Policía mientras conducía una motocicleta sin tener permiso para ello.
"No es posible como un delincuente que ha cometido un delito tan grave como Rafita posteriormente pueda seguir cometiendo delitos y esté en la calle. Sigue reincidiendo en delitos y actitudes de delincuencia", ha dicho en consejero, en referencia a las múltiples veces que este joven fue detenido y a las pocas horas quedó en libertad con cargos por el juez. Sin embargo, en esta última ocasión el magistrado tuvo en cuenta sus antecedentes y le envió a prisión.
Victoria ha explicado que la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad consigue "la tasa de reinserción más alta de España", ya que más de un 90 por ciento de los que pasan por sus centros no reinciden cuando salen. "Estamos muy orgullosos. Creemos que estos jóvenes aprovechan las oportunidades que la sociedad pone a su disposición, lo aprovechan a través del trabajo", ha dicho.
Además, ha agradecido el trabajo que hacen los profesionales de la Agencia, ya que gracias a su vocación y sus enseñanzas "consiguen buenos resultados, porque la gran mayoría no reincide, sigue sus estudios y no delinque".
Sin embargo, el titular regional de Justicia considera que para el resto, menos del 10 por ciento, que vuelven a cometer delitos, "es necesario al reforma de la Ley del Menor" para que estos jóvenes "no tengan una ventaja" y utilicen la ley "de amparo para cometer delitos futuros".


lunes, 6 de diciembre de 2010

Fiscalía General de España: Circular 1/2009,sobre sustitución en medidas no privativas de libertad por la de internamiento en centro semiabierto, en supuestos de quebrantamiento.

El Ministerio Fiscal de España cuenta con Fiscales especialistas en menores -no muchos por cierto- para efectos del adecuado cumplimiento de la ley de responsabilidad penal de los menores.
ha dictado varios instructivos y circulares para ofrecer criterios de aplicación de la ley 5/2000, y aquí dejo la Circular 1/2009 sobre la sustitución de medidas.

Como bien comienza diciendo la circular, "La posibilidad de modificación de las medidas impuestas en resolución firme como manifestación del principio de flexibilidad en la ejecución supone dar márgenes de maniobra al Juez y al Fiscal y trae causa en la necesidad de adecuar la respuesta jurídica a las concretas demandas que el interés del menor plantee en cada caso concreto." El principio de flexibilidad al que nos hemos referido en algún trabajo y que Carlos Tiffer ha desarrollado con elocuencia, ha recibido reciente consagración positiva - a nivel de Recomendación es cierto, pero ya se integra a los criterios interpretativos- en el derecho internacional europeo en en el punto III.E.1. 49.2 de la Recomendación Rec (2008)11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 5 de noviembre de 2008, sobre Reglas Europeas para Menores sujetos a Sanciones o Medidas.-

Añadase a esta perspectiva el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español que declaró recientemente (27 de enero del 2009) rechazar que el art. 50.2 de la ley 5/2000 sea contrario al principio de de seguridad jurídica ya que “…ningún desdoro merece el precepto legal cuestionado desde la vertiente objetiva, referida a la certeza de la norma…tampoco ignora la vertiente subjetiva, que remite a la previsibilidad de los efectos de su aplicación por los poderes públicos, toda vez que la modificación de la medida que contempla el art. 50.2 LORPM es consecuencia del previo quebrantamiento de la medida inicialmente impuesta por los órganos judiciales”.
Añade el TC que “…la excepcionalidad que legalmente se predica del ejercicio de esta potestad remite a la necesaria realización del oportuno juicio de proporcionalidad en el momento aplicativo esa misma referencia a la excepcionalidad permite ahora concluir que la regulación legal de la modificación de las medidas, con la finalidad de asegurar su mayor eficacia de cara a la reinserción del menor en la sociedad no incurre en desproporcionalidad…”.
Circular 1/2009, 27 de abril de 2009, sobre la sustitución en el sistema de justicia juvenil en medidas no ...

martes, 20 de octubre de 2009

Predicción de la conducta delictiva, bajo la Ley 5/2000, España

Un amigo español de la blogosfera, que mantiene un estupendo sitio (Intervención Educativa en Problemas Fundamentales de Desadaptación Social) ha subido una presentación muy clara sobre el modelo del equipo de Vicente Garrido de predicción de la conducta delictiva en el marco de la ley español de responsabilidad penal del menor, 5/2000. Corresponde a clases que realiza en la asignatura de Educación Social, en la Universidad de Vigo.

sábado, 17 de febrero de 2007

La difícil entrada en vigencia de la Ley 8/2006


Hay un muy completo blog jurídico español, Bitácoras Jurídicas, que aporta esta nota sobre la difícil entrada en vigencia de la Ley 8/2006, que modificó la ley reguladora de responsabilidad penal de los menores, cuyo texto es posible hallarlo en la sección Legislación. La nota se podría llamar "en todas partes se cuecen habas":

"El próximo 5 de febrero entra en vigor la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, derogando el artículo 4 de esta última, norma que establecía en determinados casos la aplicación de la Ley de Menores a los comprendidos entre los 18 y los 21 años.

La entrada en vigor de dicha norma, no obstante, fue suspendida en dos ocasiones, tanto por la
Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre Medidas Urgentes para la agilización de la Administración de Justicia como por la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, de Modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores, retrasando su aplicación hasta el 1 de enero de 2007.

Como pueden ver, hay un desfase de poco más de un mes, en el que se plantea qué hacer.

La
Instrucción 5/2006, de 20 de diciembre (doc), de la Fiscalía General del Estado resuelve esta cuestión, entendiendo que existe un conflicto de leyes (en realidad un error del legislador).

Pues bien, la situación y las razones que justificaron esos dos aplazamientos, en 2000 y 2002, no han variado sustancialmente, desde el momento en que no consta que se haya llevado a cabo ninguna actuación legislativa, ni de ninguna otra clase, que se haya presentado o pueda interpretarse como dirigida a remover los obstáculos que, en aquellas dos ocasiones, impidieron la vigencia de la norma.

Resultaría en verdad paradójico que la aplicación de la Ley que por dos veces se evitó se produzca ahora, cuando, precisamente por subsistir la misma situación y las mismas razones, se ha decidido derogar el precepto con carácter definitivo.

La conclusión de la Fiscalía es que la derogación del artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores excluye su aplicación, en todo caso, tanto a hechos anteriores como posteriores al 1 de enero de 2007, fecha en que concluye la suspensión de su entrada en vigor que dispuso la Ley Orgánica 9/2002. A tal efecto, dicha suspensión ha de entenderse tácitamente prorrogada hasta que gane vigencia formal la nueva norma.

La aplicación aún ocasional, del derogado artículo 4 LORPM, además de resultar contraria a la interpretación lógica, sistemática, histórica y teleológica de las normas jurídicas concernidas, produciría efectos no previstos ni deseados por el Legislador, que, tras evitarlos en sucesivas ocasiones, ha dispuesto la definitiva exclusión de la norma de nuestro ordenamiento jurídico. En la medida en que tales efectos puedan afectar al correcto funcionamiento de la Justicia de menores, dificultando o demorando la atención a sus genuinos destinatarios, la citada aplicación de la norma resultaría contraria al principio del interés superior del menor.


Actualización (16 -01-2007): Me entero por
Bosch-online que el Consejo General de la Abogacía no comparte la opinión de la Fiscalía, considerando dicha interpretación contra legem en una fundada opinión.