Mauricio Duce, hoy en El Mercurio, sobre las cifras de delincuencia entregadas esta semana por el gobierno.

Cifras de delincuencia

"Señor Director:

El miércoles, las autoridades dieron a conocer la disminución de denuncias experimentadas en ciertos delitos de alta connotación social en el tercer trimestre de 2012.

Si bien este hecho constituye una buena noticia, hay que tener cuidado con las conclusiones que se están sacando (que la delincuencia habría bajado y que ello se debería a ciertas políticas públicas específicas). Para entender esta cautela es necesario esclarecer algo sobre el método que se utiliza para conocer las tasas de delito en un país.

Hoy día existe consenso entre los especialistas en que el indicador más confiable para medir las tasas de delitos está constituido por las denominadas "encuestas de victimización". Se trata de estudios que indagan en los ciudadanos el hecho de haber sido víctimas de un delito en el período previo. Estas encuestas permiten arrojar resultados acerca de la victimización real, independiente de que la persona haya denunciado o no el delito.

En cambio, el índice de denuncias (que es el dato que se ha dado a conocer), es decir, la cantidad de delitos que las víctimas ponen en conocimiento de las autoridades -si bien es una fuente de información útil a revisar-, suele no ser considerado como un indicador muy confiable, ya que sólo un porcentaje menor de los delitos cometidos es denunciado y, consiguientemente, conocido por el sistema penal.

Por lo mismo, un aumento o baja en el índice de denuncias puede encontrar explicaciones muy diversas al aumento o disminución de la delincuencia como, por ejemplo, cambios en la metodología de registro de las mismas, aumentos o disminución en la cobertura de las instituciones estatales encargadas de registrarlas, variaciones en los niveles de confianza de la ciudadanía en las autoridades, entre muchas otras. En este contexto, sacar conclusiones a partir del comportamiento de las denuncias es muy problemático.

Los primeros trimestres de este año también se conocieron datos similares y conclusiones en la misma línea. Luego se ha conocido que la única encuesta de victimización disponible (el Índice Paz Ciudadana-Adimark) mostró que no hubo aumentos ni disminuciones relevantes de la tasa de victimización en el período.

La delincuencia es una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía. Por lo mismo, es importante que los diagnósticos y conclusiones que las autoridades realicen en la materia tengan el mejor respaldo técnico. Desafortunadamente no pareciera ser éste el caso.

Mauricio Duce J.
Profesor Facultad de Derecho Universidad
Diego Portales"

Blog de Mauricio Duce en La Tercera

La Tercera Digital, lanzada hace cosa de un par de meses, levantó una serie de blogs, algunos ad hoc, otros -como el de Roberto- históricos; hoy veo que el destacado profesor e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce cuenta también con uno.

Mauricio fue miembro de la comisión de expertos en responsabilidad penal adolescente convocada por el Ministerio de Justicia el 2006 y fue uno de los redactores del primer anteproyecto sobre responsabilidad penal juvenil allá por 1995. Aunque su labor más conocida es ser miembro del grupo que preparó y redactó la leyes que conforman el nuevo sistema procesal penal.


Mauricio escogió un polémico tema para debutar como bloguero. La puerta giratoria, ¿mito o realidad? No la tituló así, pero ésa es la idea.

"Para no marearse con la "Puerta Giratoria"

Un tema que ha generado debate público intenso en los últimos años ha sido el de la supuesta “mano blanda” de los jueces y del sistema de justicia criminal, en general, respecto de la delincuencia. Detrás de estos debates y polémicas se entrecruzan cuestiones muy diversas y complejas, las que al ser presentadas en un solo paquete, con una fuerte carga valorativa, tienden a generar confusión en la opinión pública y dificultan un debate racional e informado sobre ellas. No pretendo sostener que no existen algunos problemas en el funcionamiento de nuestro sistema de justicia criminal. Sólo me gustaría entregar algunas ideas sobre un aspecto específico de este debate como es la privación de libertad de una persona que es objeto de una investigación durante el tiempo que dura su proceso -la llamada prisión preventiva-, las que pueden ayudar a entender de mejor manera los alcances del problema.

La crítica frente a la blandura en el uso de la prisión preventiva no es nueva y ha estado en el centro de la polémica. A propósito de ella, líderes de opinión y políticos de diversos sectores -en un curioso consenso transversal- manifiestan su indignación y describen el sistema de justicia penal como una “puerta giratoria”, o sea, a través de la cual los delincuentes salen libres apenas entran por ella. Detrás de esto existe una noción fuertemente instalada en la opinión pública, según la cual el estado natural de una persona investigada por la comisión de un delito debiera ser el de la privación de su libertad. Esta idea tiende a ser intuitivamente correcta, particularmente cuando se la presenta a propósito de casos graves y paradigmáticos, pero sin que se expliquen sus alcances e implicancias. Con todo, cuando ella es puesta en un contexto más amplio, choca con uno de los valores centrales sobre los cuales se configura el sistema legal chileno: la presunción de inocencia. Sostener que la privación de libertad durante el proceso deba ser una regla general o intentar aplicarla en forma automática, sin analizar las circunstancias particulares del caso concreto, cuestiona la vigencia real de la presunción de inocencia."

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Editorial de El Mercurio

Mala política pública en justicia juvenil

"El gravísimo problema de delincuencia en Chile es el resultado de que, en su conjunto, las políticas de prevención y control no son eficaces. Revertir este cuadro requiere profundas modernizaciones en un conjunto de instituciones, para lo cual no sólo se precisa el conocimiento técnico más avanzado en cada una de estas políticas, sino que él se plasme en proyectos que sean efectivamente implementados.

En días recientes, el Ministerio de Justicia dio a conocer un balance del primer año de funcionamiento del nuevo sistema de justicia juvenil, una de las piezas con mayor impacto potencial en las tasas delictivas. Este informe -en realidad, sólo una presentación, sin un texto explicativo- ejemplifica las deficiencias existentes en este ámbito. En primer lugar, se trata de una lectura superficial de un conjunto incoherente de datos, construido sin tomar en cuenta requisitos metodológicos mínimos ya generalmente aceptados, tales como el considerar los mismos meses de años sucesivos para hacer comparaciones. El error cometido en cuanto al incremento de las aprehensiones juveniles -el 80 por ciento inicial debió ser rectificado a nueve por ciento, lo que causó la salida del jefe del Departamento de Menores del ministerio y de miembros de su equipo- denota la excesiva e incomprensible premura con que se entregó este balance y la falta de colaboración entre dicho ministerio y las instituciones fuentes de los datos. En cuanto al fondo, los datos cuantitativos debieron ser analizados en mayor profundidad en relación con los efectos que las aprehensiones y sanciones tendrían sobre la delincuencia. Por ejemplo, se calificó como eficaz el sistema porque en 10 meses el 70 por ciento de las causas está terminado -hecho que, por lo demás, sería indicativo del sistema procesal penal, pero no de la justicia juvenil-, sin analizar la calidad de dichos términos.

Desde sus inicios, la colaboración técnica de los especialistas no fue suficientemente considerada en esta reforma. Ha primado la idea de que lo factible de realizar, por poco que fuese, era preferible al sistema antiguo, y la premura ha derivado, por ejemplo, en que el director del Sename declare que las mejoras en los programas de rehabilitación se lograrán mediante la futura construcción de nuevos centros. Así, un pilar esencial del nuevo sistema estaría plenamente operativo sólo cinco años después de su inicio.

La preeminencia de los tiempos políticos por sobre los contenidos técnicos ha redundado en una política pública de mala calidad, y en que la promesa de una segunda oportunidad para estos jóvenes -uno de los segmentos más marginales de nuestra sociedad- no se cumpla."