"El lunes 30 de agosto, el portal del Ministerio de Justicia incorporó un banner especial sobre infancia y adolescencia, en el que se publica información relevante sobre esta materia. En particular, el Ministerio de Justicia publica, por primera vez desde su implementación en el año 2008, los informes de las Comisiones Interinstitucionales de Supervigilancia de Centros Privativos de Libertad (CISC).
Las CISC fueron establecidas en el Reglamento de la Ley Penal Adolescente 20.084, que entró en vigencia el 7 de junio de 2007 y que constituyen un modelo único en Latinoamérica, de supervisión interinstitucional del Estado de satisfacción de los derechos de los adolescentes infractores y privados de libertad.
Esta publicación de los informes de las CISC constituye un hito histórico en el avance tanto de la transparencia activa del Ministerio de Justicia, como parte del comienzo de un proceso de mejoras al sistema penal adolescente en Chile y que enfrenta enormes desafíos.
Como es bien sabido, a más de tres años de la implementación del nuevo Sistema Penal Adolescente en Chile, resulta claro que existe una serie de graves déficit que deben ser enfrentados a la brevedad. La apresurada implementación de la Ley 20.084 (que crea un sistema penal adolescente) en junio de 2007 dio como resultado un sistema que contiene sólo algunos elementos de especialización, principalmente a nivel de la Defensoría Penal Pública. No existen en Chile jueces penales adolescentes ni fiscales especializados a nivel nacional, siendo también altamente incipiente los niveles de especialización de los administradores de tribunales y equipos técnicos del SENAME.
Los desafíos para mejorar el sistema penal adolescente en Chile son muchos y de diversa complejidad. Por ello es que resulta una buena noticia el que se comiencen a adoptar medidas concretas en el sector justicia por reformular dicho sistema.
El sistema penal adolescente carece de un sistema informático integrado (Poder Judicial, SENAME, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, MINJU) que permita el manejo de información simple y básica sobre aspectos central del funcionamiento del sistema penal adolescente. A marzo de 2010, el sistema penal adolescente carecía de metas y plazos de corto, mediano y largo aliento que orienten el trabajo de los actores del sistema penal adolescente y que orienten la reforma a la nueva institucionalidad de infancia en Chile.
Sin metas ni plazos claros, el sistema penal adolescente en Chile ha sido acompañado de la ausencia de indicadores estructurales, de proceso y resultado en áreas tan vitales como salud, oferta socio-educativa y reintegración social efectiva de adolescentes infractores de ley. Paralelamente, y como ha documentado la Defensoría Penal Pública, el sistema penal adolescente exhibe un alto nivel de uso de internación provisoria de adolescentes que, en su mayoría, luego no son sometidos a una sanción privativa de libertad.
A esta preocupante situación ha de sumarse un aumento progresivo de sanciones definitivas que importan privación de libertad, una medida que, como establece la Convención Sobre los Derechos del Niño, debe constituir una medida de último recurso. Adicionalmente, el sistema penal adolescente vigente en Chile permite que jóvenes que han sido condenados bajo un sistema penal especial, terminan cumpliendo sus sanciones en cárceles de adultos, bajo el sistema de secciones penales juveniles administradas por Gendarmería de Chile.
Finalmente, a pesar de la creación de los Consejos Regionales Interinstitucionales del Sistema Penal Adolescente, el trabajo regional y orientado hacia la consolidación de un sistema de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, de Salud y de Educación ha sido insuficiente, afectando la debida complementación de las funciones de estos servicios del Estado.
Como se puede advertir, los desafíos para mejorar el sistema penal adolescente en Chile son muchos y de diversa complejidad. Por ello es que resulta una buena noticia el que se comiencen a adoptar medidas concretas en el sector justicia por reformular dicho sistema y adecuarlo a las obligaciones mínimas que el Estado de Chile debe seguir en esta materia.
La publicación de los informes de las CISC es un paso audaz y serio de parte del Ministerio de Justicia, orientado a discutir y superar los déficits de nuestro sistema penal adolescente.
Audaz porque sincera las enormes dificultades que enfrenta el Estado para el desarrollo de una política integral de protección en materia penal adolescente.
Serio, porque la decisión del Ministerio de Justicia en orden a hacer públicos los informes de las CISC ha ido acompañada de un intenso trabajo por sistematizar la información disponible sobre el sistema privativo de libertad, crear indicadores técnicos, fijar metas y plazos concretos orientados a mejorar el sistema, profundizar la coordinación institucional regional, desarrollar planes orientados a la prevención del delito y evitar que la privación de libertad se convierta en la panacea de la lucha contra la delincuencia adolescente.
Se trata, sin lugar a dudas, de una buena noticia para Chile, a 20 años de promulgación de la Convención de Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño como Ley de la República.
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