MADRID DIGITAL (WALDO MENDILUZA).- “Estamos ante una crisis nacional, la cual a pesar de llevar años presente es desconocida por la mayor parte de la opinión pública norteamericana”, advirtió el trabajador social Jerome Miller, cofundador de una entidad no gubernamental destinada a reformar las prisiones juveniles.
Según la televisora CNN, los menores de edad con frecuencia resultan víctimas de abuso sexual, daño físico y crueles castigos, que en ocasiones sirven de entretenimiento a los guardianes de los centros de detención.
“Historias espeluznantes llegan desde diversos rincones, muchas veces narradas por sus protagonistas”, señaló la cadena de noticias.
Tal es el caso de Erica, quien con apenas 16 años soportó pesadas cadenas en sus tobillos, durante etapas de confinamiento en el "Columbia Training School", de Mississippi (grabado).
De acuerdo con la chica, en esa condición comía, hacía sus necesidades fisiológicas y hasta la obligaron a jugar fútbol, contra compañeras atadas de la misma forma.
“Ellos nos llamaban la pandilla de las cadenas”, recordó Erica, entonces recluida por delitos de drogas.
“Nunca olvidaré aquellos días, todavía conservo en mi piel marcas de los cortes causados por el hierro”, agregó.
Otra adolescente de la propia penitenciaría aceptó contar sus vivencias.
Acogida al anonimato, la norteamericana describió a un carcelero que constantemente la acosaba.
“El venía a mi celda, me tocaba, trataba de besarme, y sólo se detenía cuando yo rompía en sollozos”, aseguró.
Erica, la referida menor y siete mujeres maltratadas en el "Columbia Training School", demandaron al estado por los vejámenes sufridos, procedimiento en el cual son representadas por abogados del "Southern Poverty Law Center".
Ante la gravedad de la situación, el Departamento de Justicia inició procesos legales contra 11 jurisdicciones.
Bajo la lupa federal están Arkansas, Georgia, Hawai, Indiana, Maryland, Mississippi, Nueva Jersey, Oklahoma, Texas, Puerto Rico e Islas Marianas.
La presencia de Indiana en la lista de territorios cuestionados obedece en buena medida a los sucesos acontecidos en el "Indianapolis Juvenile Correctional Facility".
En esa instalación, expertos entrevistaron a 31 niñas, quienes denunciaron que los guardias dejaban los calabozos abiertos para propiciar el sexo entre las prisioneras.
Una de las encuestadas mencionó la participación de un custodio en tales actividades. “Ese es un lugar bien peligroso, casi calificable de caótico”, manifestó el juez local Peter Nemeth.
Para el letrado, la solución inmediata fue comenzar a enviar sancionadas hacia otros penales, a pesar de lo costoso de la maniobra.
Mientras, Texas reportó en febrero el intento de suicidio de una muchacha, después de ser acosada reiteradamente por un carcelero del centro donde estaba confinada.
“Maltratos de ese tipo son frecuentes aquí”, reconoció el vocero de la Comisión Juvenil de Texas, Jim Hurley.
El funcionario explicó que desde 2000, alrededor de 90 empleados de la entidad resultaron sancionados o despedidos por conductas inapropiadas.
“Los abusos sexuales contra adolescentes ocurren mucho más de lo imaginado”, aseveró el especialista en delincuencia Paul DeMuro, quien estimó en casi tres mil las quejas presentadas en 2004, últimos datos difundidos.
Ohio y la Florida, aunque no aparecen entre las jurisdicciones investigadas debieran estarlo, alertaron grupos defensores de los derechos humanos.
La CNN obtuvo informaciones de golpizas infligidas allí a menores, hechos captados por cámaras de circuito cerrado.
En una de las filmaciones realizadas en un penal de Ohio, se observaba guardias agrediendo a un adolescente.
Además de los puñetazos, un agente tenía la rodilla en el cuello del jovencito, víctima traumatizada desde entonces.
Similar paliza recibió en la Florida Martin Anderson, de 14 años, quien murió poco después.
OTRO PROBLEMA DE LA JUSTICIA
Varios editoriales del diario The New York Times denunciaron en semanas recientes la práctica de recluir a niños en cárceles para adultos.
Según el rotativo, unos 40 estados de la Unión adoptaron semejante medida en la década de los 90, en respuesta -apuntó- a una presunta ola de criminalidad juvenil que nunca llegó a materializarse.
La fuente citó un reporte de la Campaña por la Justicia Juvenil, la cual cuantificó en cerca de 150.000 las personas con menos de 18 años enviadas anualmente hacia prisiones para mayores.
De esas instalaciones los adolescentes salen con daños físicos y traumas, o transformados en verdaderos delincuentes, afirmó el Times.
Para el influyente periódico, continuar con esta proyección haría más mal que bien, y por tanto instó al Congreso a pronunciarse para frenarla.
El 7 de julio, un psicólogo de la Universidad de Vermont remitió una carta al diario neoyorquino, con el fin de apoyar el editorial titulado "No enseñen a nuestros hijos a ser criminales", publicado tres días antes.
La carta del profesor David Fassler aseguró que en una jornada cualquiera, siete mil 500 niños pueden terminar en penitenciarias para adultos, donde las condiciones -lamentó- son inapropiadas para rehabilitarlos.
En sintonía con las críticas del Times, el catedrático advirtió los riesgos de abusos y las posibilidades de suicidio existentes en dichas cárceles.
De acuerdo con Fassler, un 34 por ciento de los menores tratados de esa manera son proclives a convertirse en malhechores, y volver a prisión.
"Los estados y el Capitolio deben acabar con esta situación", concluyó.
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