"Concepción, 10 de noviembre del 2008
Señores (as)
Actores Relevantes en la implementación y desarrollo
de la Ley de Responsabilidad Adolescente
Presente
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, es responsabilidad del Estado de Chile, a través del Servicio Nacional de Menores, contar con la oferta necesaria para la aplicación de las medidas y sanciones contenidas en dicho cuerpo legal, mediante el desarrollo de programas de atención orientados a la reinserción social, con estándares de calidad, para adolescentes que ha infringido la ley penal.
En este contexto, el Servicio ha licitado una serie de programas como lo establece la Ley N° 20.032, que establece un Sistema de Atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su Régimen de Subvención.
De esta forma se licitó la oferta ambulatoria de Sanciones y Medidas Cautelares a nivel nacional. Sin embargo, el tiempo ha mostrado que para el sistema era necesaria también la existencia de programas que permitan hacer extensivo el uso de Salidas Alternativas, específicamente Suspensiones Condicionales y Acuerdos Reparatorios, en aquellos casos en que no se considera aconsejable la aplicación de una pena. La aplicación de estas salidas alternativas surge del artículo 27 de la Ley Nº 20.084, que hace aplicable en forma supletoria las normas del Código Procesal Penal que las contiene en los artículos 237 y siguientes.
Desde que comenzó el nuevo sistema procesal penal, Sename acogió el requerimiento que le planteó el sistema de justicia de recibir en sus programas, entonces denominados PIA (Programas de Intervención Ambulatoria), a adolescentes infractores bajo la figura legal de la suspensión condicional del procedimiento.
Desde una perspectiva psicosocial, la utilización de salidas alternativas permite evitar un proceso penal que claramente profundiza el efecto criminalizador en jóvenes que por primera vez enfrentan el aparato punitivo del Estado. Además permite implementar un proceso interventivo que atenúe los factores de riesgo y potencie las competencias individuales que faciliten su reinserción social. Lo anterior ayuda a disminuir las posibilidades de reincidencia, siendo este el momento indicado para realizar una intervención acotada y efectiva.
Sename mantuvo la atención de los casos adolescentes infractores ingresados bajo la figura legal de la suspensión condicional del procedimiento, en los denominados PIA (Programas de Intervención Ambulatoria) hasta que la ley se lo permitió, septiembre de este año. Luego, licitó esta atención y adjudicó nuevos programas para ello planeo una metodología acorde a la situación particular de estos adolescentes, con un fuerte acento en una evaluación e intervención diferenciada, intencionando un trabajo estratégico que active sus redes sociales, promoviendo el desarrollo de competencias y habilidades desde una visión positiva, elementos fundamentales para su integración social.
A la fecha, los jóvenes ingresados por Salidas Alternativas han iniciado un vínculo con los profesionales de los distintos programas a nivel nacional, vínculo en el que está en juego el desarrollo de confianza, precisamente en personas que en su gran mayoría han presentado problemáticas en la generación de lazos afectivos con quienes los rodean.
En este escenario resulta incomprensible que la reciente licitación de la oferta para salidas alternativas se proyecte sólo por tres meses, finalizando esta en Diciembre del presente año. Hoy se tiene la fundada preocupación de que esta oferta para jóvenes que han iniciado un proceso de responsabilización y reparación a través de medidas alternativas a la privación de libertad, no tenga continuidad ante una eventual limitación de recursos el año 2009.
El término de estos programas no solo afecta las posibilidades de acceso a Salidas Alternativas a más jóvenes, sino que resultaría extremadamente perjudicial para aquellos que ya están siendo intervenidos y se enfrentan a una posible desvinculación con los profesionales asignados. Esto último se constituye no solo en una falta de seriedad por parte de todos quienes estamos involucrados en la temática infanto/adolescente, sino que es una abierta vulneración de los derechos de aquellos jóvenes a quienes se les intenta hacer responsables de sus actos.
Esta problemática impacta también negativamente a las instituciones colaboradoras del Sename que hemos debido contratar personal para atender por tres meses a estos jóvenes sin poder ofrecer ninguna estabilidad.
Desde un punto de vista jurídico, esta situación provocaría además el eventual incumplimiento de medidas decretadas por tribunales de Justicia, que derivaron a jóvenes por Suspensiones Condicionales específicamente a los programas financiados por SENAME. Esto obligaría al sistema penal a realizar nuevamente audiencias para modificar las condiciones especificadas en miles de causas con el consecuente gasto que esto genera o, más complejo aún, revocar miles de suspensiones condicionales para continuar los juicios de jóvenes que a la fecha han cumplido sus compromisos.
Lo anteriormente expuesto, impactará negativamente en la expectativa de la opinión pública, que confía que a través de la Ley Nº 20.084 se ha generado un marco serio que ayudará a disminuir la delincuencia y ofrecerá oportunidades reales de reinserción a los jóvenes que han cometido un delito.
Esperamos de quienes tienen la responsabilidad de crear, orientar y financiar las políticas públicas, en favor de la infancia y adolescencia consideren lo planteado y contribuyan con sus buenos oficios a revertir esta situación que podría tener efectos impredecibles para el sistema de implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Sin otro particular, les saluda atentamente.
Hipólito Cáceres Barly
Director Ejecutivo
Fundación Tierra de Esperanza"
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