Jueves 14 de Enero de 2010
Nuevamente el Servicio Nacional de Menores (Sename) aparece involucrado en un episodio que reconfirma la necesidad de reformar a fondo su concepción, su funcionamiento y la normativa que lo rige. Esta vez, la Contraloría ha formulado una serie de observaciones respecto de los fondos destinados a la Fundación Mi Casa, constando deficiencias en el control y gestión de recursos por más de 300 millones de pesos.
Dicha fundación, cuyo directorio preside actualmente la ex ministra de Sernam Josefina Bilbao (1994-2000) y cuya gerenta general es la ex directora del Sename Delia Del Gatto (2000-2006), se dedica a la protección de la infancia y tiene una larga trayectoria: creada por el padre Alfredo Ruiz-Tagle en 1947, fue reconocida 20 años más tarde como organismo colaborador del entonces Consejo Nacional de Menores, luego reorganizado como actual Sename (1979). Según la Contraloría, sus dificultades actuales se originaron por una mezcla de sus actividades con las del Instituto de Capacitación y Desarrollo (Incades), que tiene oficinas en dependencias de la misma fundación (la capacitación no está vinculada con proyectos financiados por el Sename), y también operan en recintos de dicha fundación oficinas de proyectos de adopción (que tampoco financia el Sename).
Al parecer, esta confusión habría dado lugar a que respecto de ciertos egresos no se haya podido comprobar que correspondieran a proyectos subvencionados por el Sename. Además, habría atrasos en el pago de cotizaciones, traspasos de fondos sin respaldo y otorgamiento de recursos adicionales que sobrepasan el porcentaje legal. Asimismo, la Contraloría ha hecho reparos a los fondos transferidos a tres residencias de la fundación, en las que se detectaron graves problemas de higiene. La gerenta ha replicado que tales residencias fueron cerradas en 2009 y que todas las observaciones de la Contraloría “están subsanadas”.
Es indispensable esclarecer inequívocamente estas acusaciones, pero todo este caso ratifica que el Sename requiere urgentes correcciones mayores. Su función es indispensable, pues ningún país siquiera medianamente desarrollado puede omitir una debida atención a los menores con problemas de tuición, prevención, reinserción y rehabilitación, la que es entregada por organismos especializados, en general, en manos privadas, dejando al Estado sólo la labor de supervisión. Sin embargo, lo que deberían ser sus funciones propias —el establecimiento del marco normativo, el financiamiento congruo de las entidades colaboradoras y la fiscalización correcta del funcionamiento de las mismas— han sido larga y crecientemente reemplazadas por un control más o menos directo por el ente estatal. La gestión estatal se ha traducido en desórdenes administrativos, falta de profesionales competentes, nombramientos por cuoteo político, fallas operativas que incluso han originado víctimas fatales (como ocurrió en el centro “Crecer” de Puerto Montt) y deficientes condiciones de sus establecimientos.
Este estado de cosas no puede continuar.
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