Luego de escuchar denuncias de maltratos físicos y sicológicos de parte de 26 jóvenes sancionados en régimen cerrado en la sección juvenil del Centro Penitenciario de Temuco, la abogada María del Rosario Salamanca interpuso un recurso de amparo a favor de este grupo de jóvenes ante el Tribunal de Garantía de Temuco.La acción legal fue presentada un día después de que la abogada realizara una visita al recinto penal, en compañía de la jueza presidenta del Tribunal de Garantía de Temuco, magistrada María Teresa Villagrán, junto a quien escuchó los testimonios de estos adolescentes internos en esta sección, dependiente de Gendarmería de Chile. El grupo dijo haber recibido malos tratos físicos y sicológicos de parte de tres gendarmes que cumplen funciones en el referido recinto, hecho que habría acontecido el viernes 5 de febrero.
A lo anterior, se añaden las precarias condiciones de habitabilidad en que se encuentran 7 de los 26 jóvenes, quienes –por motivos de seguridad- permanecen separados del resto de la población penal juvenil y en cuyo dormitorio común la defensora pudo constatar directamente la carencia de servicios de agua potable y de mobiliario adecuado, hecho que contraviene las garantías judiciales consagradas tanto en la Ley 20.084, como en la Constitución Política de la República y en la Convención de Derechos del Niño, entre otras normas de resguardo de derechos.
Consultada por los contenidos que incorpora este recurso de amparo, la abogada Salamanca explicó que “lo que se solicita es que fundamentalmente se constituya en forma urgente el tribunal de garantía en la sección de Gendarmería de Chile en Temuco, haciéndose acompañar de un ministro de fe, con el objetivo de que tome acta de la diligencia realizada y se entreviste privadamente a los adolescentes, constatando su estado actual, derivándolos en forma urgente al Servicio Médico Legal para constatar lesiones”.
Otra de las solicitudes prioritarias incorporadas en este recurso de amparo es que se pida un informe a Gendarmería acerca de la situación descrita y se tomen las medidas necesarias que resguarden los derechos de los jóvenes que se encuentran en etapa de ejecución de la sanción, acorde a las dispuesto en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Nota y foto de Defensoría Penal Pública
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