La experiencia en
el ámbito comparado muestra que todos los sistemas de justicia penal están
expuestos a cometer errores y que éstos son más frecuentes de lo que se espera.
El caso paradigmático se da cuando se condena a un inocente. Estos errores
suelen consumarse a través de una decisión judicial, pero normalmente
involucran una cadena de actos desarrollados por los distintos actores del
sistema, incluyendo el trabajo policial, de los fiscales y de las defensas.
La literatura comparada se ha preocupado de estudiar este fenómeno. Así, se han identificado seis factores que incidirían en la producción de errores: (1) problemas con la identificación ocular de imputados, que es mucho menos confiable de lo que se cree; (2) uso de prueba pericial de baja calidad o confiabilidad que lleva a formarse convicción errada de la culpabilidad de un inocente; (3) uso de confesiones falsas obtenidas por medio de malos procedimientos policiales; (4) uso de testigos mentirosos o poco confiables que el sistema no es capaz de detectar; (5) mal trabajo de las agencias de persecución penal que lleva a enfocarse en un sospechoso y descartar evidencia que incriminaría a otros, o que mostraría la inocencia del imputado; (6) inadecuada representación legal de los imputados que, por desconocimiento de la ley o incumplimiento de deberes profesionales básicos, impide defenderse ante los tribunales en forma seria. Si bien se trata de factores que pueden ser analizados separadamente, es bastante común que varios de ellos concurran al mismo tiempo.
No obstante la gravedad e importancia del tema, éste ha sido objeto de preocupación marginal en nuestro país. En Chile no existen investigaciones que de manera sistemática nos arrojen información acerca de condenas erróneas y sus causas. Con todo, no significa que no estemos expuestos al problema. Es así como existe diversa evidencia referida a casos particulares en los que se han producido condenas erróneas, que muestran que estamos ante un problema que requeriría algo más de preocupación. También existe evidencia empírica que indica que varias de las prácticas descritas en el ámbito comparado se darían con bastante habitualidad en el funcionamiento cotidiano de nuestra justicia penal. Por ejemplo, hay serios problemas en los procedimientos de reconocimientos de los imputados y graves defectos en el uso de la prueba pericial, entre otras. Se suma a ello el valioso trabajo emprendido por la Defensoría Penal Pública de identificar casos de personas que han estado privadas de libertad por tiempos relevantes en los procesos -en muchos casos más de un año- y luego han sido absueltas. Ese número ha crecido un 103% entre los años 2008 y 2012. Más recientemente, la Defensoría ha dado a conocer el Proyecto Inocentes, destinado a identificar casos de errores del sistema. En él se han identificado 29 casos en los que se documenta la presencia de los problemas descritos previamente y que acreditan que estamos frente a un tema relevante.
Todo apunta a que en Chile el problema existe. Afortunadamente estamos a tiempo para adoptar medidas destinadas a prevenir y evitar una situación más grave. Ello supone tomar conciencia del mismo y tener disposición a cambiar prácticas que generan casos problemáticos.
La literatura comparada se ha preocupado de estudiar este fenómeno. Así, se han identificado seis factores que incidirían en la producción de errores: (1) problemas con la identificación ocular de imputados, que es mucho menos confiable de lo que se cree; (2) uso de prueba pericial de baja calidad o confiabilidad que lleva a formarse convicción errada de la culpabilidad de un inocente; (3) uso de confesiones falsas obtenidas por medio de malos procedimientos policiales; (4) uso de testigos mentirosos o poco confiables que el sistema no es capaz de detectar; (5) mal trabajo de las agencias de persecución penal que lleva a enfocarse en un sospechoso y descartar evidencia que incriminaría a otros, o que mostraría la inocencia del imputado; (6) inadecuada representación legal de los imputados que, por desconocimiento de la ley o incumplimiento de deberes profesionales básicos, impide defenderse ante los tribunales en forma seria. Si bien se trata de factores que pueden ser analizados separadamente, es bastante común que varios de ellos concurran al mismo tiempo.
No obstante la gravedad e importancia del tema, éste ha sido objeto de preocupación marginal en nuestro país. En Chile no existen investigaciones que de manera sistemática nos arrojen información acerca de condenas erróneas y sus causas. Con todo, no significa que no estemos expuestos al problema. Es así como existe diversa evidencia referida a casos particulares en los que se han producido condenas erróneas, que muestran que estamos ante un problema que requeriría algo más de preocupación. También existe evidencia empírica que indica que varias de las prácticas descritas en el ámbito comparado se darían con bastante habitualidad en el funcionamiento cotidiano de nuestra justicia penal. Por ejemplo, hay serios problemas en los procedimientos de reconocimientos de los imputados y graves defectos en el uso de la prueba pericial, entre otras. Se suma a ello el valioso trabajo emprendido por la Defensoría Penal Pública de identificar casos de personas que han estado privadas de libertad por tiempos relevantes en los procesos -en muchos casos más de un año- y luego han sido absueltas. Ese número ha crecido un 103% entre los años 2008 y 2012. Más recientemente, la Defensoría ha dado a conocer el Proyecto Inocentes, destinado a identificar casos de errores del sistema. En él se han identificado 29 casos en los que se documenta la presencia de los problemas descritos previamente y que acreditan que estamos frente a un tema relevante.
Todo apunta a que en Chile el problema existe. Afortunadamente estamos a tiempo para adoptar medidas destinadas a prevenir y evitar una situación más grave. Ello supone tomar conciencia del mismo y tener disposición a cambiar prácticas que generan casos problemáticos.
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