Lunes 09 de Junio de 2008
Primer año de la nueva justicia juvenil
Hace un año que rige en nuestro país un nuevo sistema de justicia para jóvenes de entre 14 y 18 años que delinquen, y el Ministerio de Justicia ha dado a conocer un primer balance de su funcionamiento. En ausencia de un sistema unificado de estadísticas delictivas, esa información proviene de diversas fuentes y abarca distintos períodos: Carabineros entregó datos sobre las detenciones realizadas entre junio de 2007 y marzo de 2008; la Defensoría Penal Pública lo hizo sobre los casos en proceso entre el 8 de junio de 2007 y el 7 de mayo de 2008, y el Sename, sobre la aplicación de sanciones, vigentes al 7 de mayo de 2008.
A este confuso cuadro se agrega el hecho de que las mismas cifras son interpretadas a veces como cantidad de jóvenes y a veces como causas, reconociéndose, sin embargo, que ambos conceptos no son lo mismo (un joven puede estar involucrado en más de una causa, y una causa puede tener relación con más de un joven).
Con esos datos, dicho ministerio ha calificado la gestión como exitosa: las detenciones de menores habrían aumentado 80 por ciento (comparando los 10 meses antes y los 10 después de la reforma, no los mismos meses del año); equipos especializados habrían podido investigar y perseguir más de 18 mil delitos que habrían quedado impunes en el antiguo sistema; el 70 por ciento de las causas ingresadas ya estaría terminado; la cantidad de menores cumpliendo sanciones privativas y no privativas de libertad no habría superado las estimaciones; la oferta programática para medidas y sanciones que se cumplen en libertad sería adecuada, y la inversión en infraestructura sería cuantiosa.
Más allá de las obvias deficiencias en la información estadística, esta mirada superficial contradice fuertemente lo planteado por las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros, órganos independientes acertadamente establecidos en el reglamento respectivo. Por ejemplo, si bien el informe refleja el sistema a diciembre de 2007, es poco plausible que en sólo seis meses se hayan revertido las condiciones de hacinamiento y las insuficiencias de infraestructura, al igual que la mala calidad y escasa cobertura de la oferta programática. Y aun si se hubiera logrado, en la práctica no existe la necesaria especialización por parte de fiscales, defensores y jueces —un aspecto central de la reforma—, entre otros problemas.
En todo caso, las cuentas públicas en estas materias deberían profundizar más allá de datos sobre número de detenciones y sanciones aplicadas o recursos invertidos, y avanzar hacia la evaluación de cómo lo que se está haciendo efectivamente contribuye (o no) a reducir la delincuencia que aqueja a nuestro país, calificando la calidad de las mayores detenciones y la efectividad de las sanciones aplicadas, entre otros aspectos.
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