Junto con la reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename), el Gobierno trabaja en un cambio profundo al sistema de intervención y rehabilitación de menores delincuentes.
La idea es recoger experiencias aplicadas por España, Inglaterra y Australia, respecto de niños y adolescentes infractores para fortalecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y bajar la tasa delictual, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, reconoció el impacto que tiene para la sociedad la imagen de niños cometiendo delitos violentos, "por eso es tan importante la reformulación completa del Sename como institución".
Las innovaciones apuntarían a cambiar el trabajo de este organismo con jóvenes. Este consistiría en instaurar una evaluación de riesgo y necesidad para definir un plan de intervención personalizado de acuerdo a las características de cada menor infractor.
Lo segundo apuntaría a reformar los programas cognitivo-conductuales, para establecer rutinas diarias relacionadas con temas educativos, laboral, formación valórica, entre otros, que no les permita tener muchas horas libres a quienes son sometidos a esta rehabilitación conductual.
Hace algunos días, el director del servicio, Eugenio San Martín, informó que uno de los ejes de la reestructuración del Sename es crear dos servicios diferenciados: uno, encargado del área de protección de derechos de la infancia, y otro que asuma la responsabilidad sobre los infractores.
Ayer se confirmó que ya trabaja un equipo de cuatro profesionales encabezados por el abogado Mauricio Decap, quien también estuvo tras la reforma procesal penal.
Respecto de la ley, entre julio de 2007, fecha en que se puso en marcha la ley, y marzo de 2009, ingresaron un total de 33.221 casos al sistema del Sename. Actualmente, hay 1.268 adolescentes en centros privativos de libertad, 382 en recintos semicerrados y 7.620 en programas de medio libre.
El experto en esta legislación de la Universidad Diego Portales (UDP), Jaime Couso, cree que la ley va en la dirección correcta. "Siempre es complejo implementar una ley, porque el problema es complejo, pero es necesario aplicarla en su totalidad para evaluar su efecto", según explicó.
La experiencia sancionadora que aplica Europa
La experiencia europea para afrontar la delincuencia juvenil converge en un régimen sancionador, donde prevalecen varios elementos comunes, según el profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid (Uned), Carlos Vásquez González.
Entre ellas destacan la instauración de un catálogo amplio de alternativas a las penas privativas de libertad. "La prisión como una pena aplicable a los menores de edad, aunque por razones de prevención general no se puede suprimir, se pretende que se imponga principalmente por delitos graves, especialmente violentos y como medida sustitutiva cuando hayan fracasado otras medidas alternativas", según explica en su trabajo "La responsabilidad penal de los menores en Europa".
También destaca la amplia utilización de sanciones educativas, como la reparación o conciliación con la víctima y la prestación de tareas en beneficio de la comunidad. Lo que prima en este régimen, dice, es el interés superior del menor.
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