Soledad Neira Farías
PUERTO MONTT.- Con sorpresa e indignación recibieron familiares de diez menores muertos a raíz de un incendio ocurrido el 21 de octubre de 2007 en un Centro de Internación Provisoria (CIP) del Servicio Nacional de Menores (Sename), la decisión del Ministerio Público de aplicar la suspensión condicional del procedimiento penal para seis personas formalizadas en la causa por homicidio culposo.
La decisión había sido adelantada en octubre a "El Mercurio" por el fiscal regional de Los Lagos, Alberto Ayala, cuando -advirtiendo de la complejidad del caso- planteó que no tenían necesariamente la decisión de ir a juicio.
Los seis imputados en la causa eran los funcionarios del Sename responsables del centro la noche del incendio. Estos son Iván Agüero, Julio Mayorga, Rubén Franco, Filomena Rebolledo, Marcos Iglesias y Lorena Navarro, directora del centro.
Entre otros argumentos para formalizarlos, el fiscal José Veizaga había aseverado ante el tribunal que los imputados tuvieron más de 3 horas para controlar el motín y no aplicaron plan de emergencia.
Gladys Veloso, madre de una de las víctimas, acusó al fiscal de no haber notificado a sus abogados. A su juicio, la audiencia celebrada el miércoles en el Tribunal de Garantías de Puerto Montt, "fue a puertas cerradas, sin nadie que se pudiera oponer a una decisión del fiscal, que nosotros rechazamos", enfatizó.
"Tratamos de entender por qué hacen esto en los tribunales, y por qué el Sename ni siquiera ha entregado el sumario. Estamos luchando contra una montaña gigantesca. No tenemos dinero, somos de escasos recursos", señala Veloso.
La mujer agrega que "lo peor es que se supone que estaban en rehabilitación. Y cuál rehabilitación, si murieron asfixiados. Nunca existieron para la sociedad. Hablan de igualdad, justicia, y no es así. Si realmente hubieran intentado rehabilitarlos pudieron mejorar. Pero los dejaron morir".
A la decisión del fiscal, acogida por el tribunal y que en la práctica implica que los imputados quedarán sin condena pero sujetos al control judicial por el plazo de un año, se suma la tardanza de más de dos años del propio Sename en instruir el sumario administrativo en el que son investigados diez funcionarios Algunos incluso habrían abandonado ya el servicio sin sanciones.
Fanny Pollarolo lamenta demora en la indagación
La jefa de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente del Sename, Fanny Pollarolo, lamentó que tanto el proceso judicial como el sumario que realiza la institución para aclarar estos hechos hayan demorado tanto tiempo. "Pero, me alegra que se haya puesto fin a una situación que, al arrastrarse, significaba más dolor tanto para las familias de los chicos fallecidos como para nuestro personal", sostuvo.
Respecto de las lecciones que dejó la tragedia, Fanny Pollarolo apuntó a una "exigencia extraordinaria en todos los niveles del Sename en lo relativo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), en torno a lo que es el control de riesgo y los planes de contingencia".
Y reconoció que la misma entrada en vigencia de la RPA, que trajo un cambio profundo en la vinculación Sename-Gendarmería, un reordenamiento de la seguridad con nuevas medidas en los centros y, sobre todo, el cambio del perfil de los adolescentes que ingresaron al sistema, "son factores que a veces hacen imposible tener un control completo", pero que finalmente fueron subsanados."
Por su parte, El Llanquihue informó ayer que la audeincia no duró más de 5 minutos, que no asistieron, pese a estar debidamente notificados los querellantes, representantes de las familias de las víctimas.
La condición impuesta consiste en la firma cada dos meses en al fiscalía local de Puerto Montt.
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