A ello se suma el eliminar la intervención de los seremis de Justicia en la decisión de otorgamiento de libertades condicionales y regular un indulto conmutativo tratándose de personas que actualmente se encuentren cumpliendo beneficios intrapenitenciarios, en reclusión nocturna, o en el caso de mujeres que hayan cumplido 2/3 de su pena y que tuvieren conducta sobresaliente.
El Ejecutivo ha tomado una decisión valiente al apostar por un uso racional de la cárcel, evitando el contagio criminal de estos y el incremento en el nivel de peligrosidad de quienes cumplen penas.
Así, los servicios en beneficio de la comunidad se presentan como una respuesta proporcional y resocializadora, tratándose de delitos menores, siendo ampliamente utilizados en otros países como respuestas eficaces frente a la delincuencia menor.
Sin embargo, estas medidas que tendrán un impacto en el corto plazo en el hacinamiento carcelario, deben ir necesariamente acompañadas de modificaciones más estructurales que les den sustento.
De esta forma, es necesario que estas respuestas vayan acompañadas de planes adecuados de implementación que supongan coordinaciones con los municipios, junto con el apoyo de profesionales que les hagan seguimiento y acompañen el proceso de reinserción. Estas condiciones no están aseguradas hoy, considerando que en Gendarmería, tradicionalmente, la función de reinserción social se ha visto mermada frente a la de custodia, allí donde el presupuesto en estas materias es sustancialmente menor a aquel destinado a las labores de seguridad.
A esto se suma falta de dotación y de preparación del personal de trato directo en las labores de reinserción, lo que en la práctica se traduce en pobres resultados en esta materia.
Considerando lo anterior y el escenario actual, el gobierno no debería desaprovechar la oportunidad de introducir reformas estructurales que apunten a centrar el eje en la reinserción social y en la disminución de la reincidencia delictual de las personas sujetas a control penal.
Esto, mediante la creación de un servicio especializado en la materia, separado de Gendarmería de Chile, que se aboque de manera exclusiva y sofisticada a controlar y dotar de una adecuada intervención a aquellas penas y medidas que se cumplen en libertad, junto con la generación y ejecución de los planes de intervención de aquellas personas privadas de su libertad.
Una reforma de este tipo tendrá un apoyo transversal, tanto de los expertos como de los legisladores de todos los sectores políticos, pues existe conciencia del desafío pendiente en materia de reinserción. Sin esta gran reforma, se corre el riesgo que medidas como las propuestas se traduzcan en un mero perdón, sin generar una contribución de más largo plazo en materia de seguridad ciudadana"
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