Reportaje en Revista Qué Pasa: Ley en Deuda

En el actual número de la Revista Qué Pasa viene un muy lúcido reportaje diagnóstico sobre el funcionamiento de la ley a 5 años (¡5 años!¡cuánta agua bajo el puente!) de su entrada en vigencia.

La periodista Ana María Sanhueza hace un esfuerzo por ofrecer un panorama menos maniqueo del que ha solido presentarse en los medios.Colaboré con ella y recomiendo su lectura.

Aquí un fragmento:
"Falta de especialización.

Las cifras de reincidencia preliminares no son la única señal de que la Ley 20.084 (RPA) no ha funcionado como se esperaba. “El problema es que nos dimos una legislación de Primer Mundo sin contar con los recursos necesarios para su implementación. Somos un país pobre que trata de aplicar una ley de ricos”, dice el fiscal de la Fiscalía Centro Norte Esteban Silva.

Según el Sename, entre junio de 2007 y diciembre de 2011 ha habido 89.629 ingresos (se trata de número de causas, no de imputados) a las distintas medidas de la RPA. De ellos, 17.473 corresponden a sanciones en centros cerrados; 5.019 en centros semicerrados y 67.137 a salidas alternativas y medidas en el medio libre. Las cifras muestran que, tal como era el espíritu de la ley, la cárcel es la última opción. Sin embargo, las principales falencias que se han detectado en la aplicación de la ley están en las precarias condiciones de los recintos privativos de libertad o cerrados, donde llegan los adolescentes que necesitan mayor intervención, como fue el caso de Antonella.
Un ejemplo que grafica esta situación es lo básico de las 11 medidas que acaba de lanzar el Ministerio de Justicia (ver entrevista al ministro Teodoro Ribera en página 28) en busca de mejoras que debieron operar hace cinco años: alimentación de cuatro comidas diarias; atención de salud, luego que se detectara que en los centros cerrados no se hacían evaluaciones al momento del ingreso; mejora en los baños y agua potable; mejoramiento en sistemas de seguridad ante incendios; colchones secos; calidad en la oferta en educación; capacitación laboral, actividades extraprogramáticas nuevas, intervención en la secciones juveniles de Gendarmería y capacitación del personal.

Desde antes de 2007 que sucesivos informes de expertos advirtieron las malas condiciones de muchos centros de reclusión, tanto del Sename como de las secciones juveniles de Gendarmería, donde se destina a los mayores de 18 años: suman alrededor de 200 jóvenes en todo el país. A ellos se agrega la falta de programas y talleres que interesen a los adolescentes dentro de los centros. “Lo que está fallando en general es lo que se ofrece al joven privado de libertad para que cuando salga tenga de verdad una alternativa”, dice Gonzalo Berríos, jefe de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la Defensoría Penal.

No es la única deuda. También se ha detectado incumplimiento de varios puntos que eran obligatorios, como la poca especialización de fiscales, jueces, policías y defensores (sólo estos últimos cumplieron el requisito formal de defensores exclusivos en RPA).
Al respecto, el ex director del Sename, el abogado Francisco Estrada, dice que éste es uno de los temas pendientes de la Ley 20.084. “Salvo contadas excepciones, no hay una respuesta especializada del sistema de justicia”, dice."