Hoy en La Nación, viene esta columna de opinión de Egidio Crotti, representante en Chile de UNICEF.
"En los próximos días se cumplirán seis meses desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, un hito que hace oportuno realizar una evaluación sobre la aplicación de esta iniciativa y los desafíos y las oportunidades que implica para los diferentes actores involucrados en el tema. Desde 1990, fecha en la que el Congreso Nacional ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Unicef promovió la necesidad de una reforma legislativa que adecuara la legislación nacional a las exigencias del texto global.
Entonces sostuvimos que la enmienda legislativa debía ir acompañada de reformas institucionales y de una política pública que permitieran hacer realidad, en lo cotidiano, aquello que las leyes consagran. Conviene recordar que, en América Latina, muchas veces es más fácil aprobar una ley que ponerla en funcionamiento, razón por la que promovimos la adopción de medidas destinadas a aplicar los derechos y las garantías consagrados en la Convención, muy en especial aquellos que buscan reintegrar a los jóvenes infractores a la sociedad y que privilegian la libertad por sobre la cárcel.
La aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005 y su entrada en vigencia el 8 de junio pasado, han sido motivo de nuestra preocupación por al menos dos razones. En primer lugar, porque estimamos que en el texto y en sus modificaciones posteriores no se ha establecido la privación de libertad como medida de último recurso, tal como lo señala la Convención.
En segundo término, porque desde el principio fue posible advertir que la implementación de esta ley enfrentaría serias dificultades no sólo en materia de los centros de privación de libertad, sino de medidas alternativas a ésta. En lo relativo a los centros, en nuestra opinión no sólo han existido problemas de infraestructura -como se ha enfatizado de manera suficiente- sino en cuanto a los programas de educación y capacitación, ampliamente garantizados en la normativa legal, los que no obstante recién se han comenzado a concretar.
Es evidente que esta nueva ley constituye un avance desde la perspectiva del debido proceso y la responsabilización social de los jóvenes. También es palpable el esfuerzo que tribunales, fiscales y jueces por una parte, y del Ministerio de Justicia y del Sename, por la otra, han puesto en la implementación de este nuevo sistema y en la correcta aplicación de la ley.
Sin embargo, nos parece que en estos pocos meses de su aplicación ha quedado de manifiesto de un modo dramático uno de sus principales defectos: la privación de libertad no favorece la rehabilitación; por ello resulta necesario privilegiar los sistemas abiertos si es que queremos emprender con éxito esta tarea. De lo contrario, la infraestructura para la privación de libertad siempre se encontrará saturada y sobrepoblada. La sola construcción de nuevos centros así como la incorporación de Gendarmería a los centros de menores tampoco parecen ser las soluciones para un problema tan complejo.
Estos son los temas que es necesario discutir en concreto, con las cifras en una mano, con el propósito de rectificar los defectos del sistema. Las vidas de los miles de jóvenes que tendrán contacto con las medidas de la ley nos exigen urgentemente un debate serio sobre la materia."
"En los próximos días se cumplirán seis meses desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, un hito que hace oportuno realizar una evaluación sobre la aplicación de esta iniciativa y los desafíos y las oportunidades que implica para los diferentes actores involucrados en el tema. Desde 1990, fecha en la que el Congreso Nacional ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Unicef promovió la necesidad de una reforma legislativa que adecuara la legislación nacional a las exigencias del texto global.Entonces sostuvimos que la enmienda legislativa debía ir acompañada de reformas institucionales y de una política pública que permitieran hacer realidad, en lo cotidiano, aquello que las leyes consagran. Conviene recordar que, en América Latina, muchas veces es más fácil aprobar una ley que ponerla en funcionamiento, razón por la que promovimos la adopción de medidas destinadas a aplicar los derechos y las garantías consagrados en la Convención, muy en especial aquellos que buscan reintegrar a los jóvenes infractores a la sociedad y que privilegian la libertad por sobre la cárcel.
La aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005 y su entrada en vigencia el 8 de junio pasado, han sido motivo de nuestra preocupación por al menos dos razones. En primer lugar, porque estimamos que en el texto y en sus modificaciones posteriores no se ha establecido la privación de libertad como medida de último recurso, tal como lo señala la Convención.
En segundo término, porque desde el principio fue posible advertir que la implementación de esta ley enfrentaría serias dificultades no sólo en materia de los centros de privación de libertad, sino de medidas alternativas a ésta. En lo relativo a los centros, en nuestra opinión no sólo han existido problemas de infraestructura -como se ha enfatizado de manera suficiente- sino en cuanto a los programas de educación y capacitación, ampliamente garantizados en la normativa legal, los que no obstante recién se han comenzado a concretar.
Es evidente que esta nueva ley constituye un avance desde la perspectiva del debido proceso y la responsabilización social de los jóvenes. También es palpable el esfuerzo que tribunales, fiscales y jueces por una parte, y del Ministerio de Justicia y del Sename, por la otra, han puesto en la implementación de este nuevo sistema y en la correcta aplicación de la ley.
Sin embargo, nos parece que en estos pocos meses de su aplicación ha quedado de manifiesto de un modo dramático uno de sus principales defectos: la privación de libertad no favorece la rehabilitación; por ello resulta necesario privilegiar los sistemas abiertos si es que queremos emprender con éxito esta tarea. De lo contrario, la infraestructura para la privación de libertad siempre se encontrará saturada y sobrepoblada. La sola construcción de nuevos centros así como la incorporación de Gendarmería a los centros de menores tampoco parecen ser las soluciones para un problema tan complejo.
Estos son los temas que es necesario discutir en concreto, con las cifras en una mano, con el propósito de rectificar los defectos del sistema. Las vidas de los miles de jóvenes que tendrán contacto con las medidas de la ley nos exigen urgentemente un debate serio sobre la materia."
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