viernes, 10 de abril de 2020

Va mi traducción de la reciente Declaración del Comité de Derechos del Niño sobre pandemia y niñez

El Comité de Derechos del Niño advierte sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID-19 en los niños y hace un llamado a los Estados para proteger los derechos de los niños.[1]

  

El Comité de Derechos del Niño expresa su preocupación por la situación de los niños en todo el mundo, particularmente en situaciones de vulnerabilidad, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Muchos niños se ven gravemente afectados física, emocional y psicológicamente, especialmente en países que han declarado estados de emergencia y bloqueos obligatorios.

Además de la declaración de los diez órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, el Comité insta a los Estados a respetar los derechos de los niños al tomar medidas para hacer frente a la amenaza a la salud pública que representa la pandemia COVID-19. En particular, el Comité pide a los Estados:

1. Considerar los impactos sanitarios, sociales, educativos, económicos y recreativos de la pandemia en los derechos del niño. Aunque inicialmente se declaró a corto plazo, queda claro que las declaraciones de los Estados de emergencia y/o desastre pueden mantenerse por períodos más largos, lo que lleva a períodos más duraderos de restricciones al disfrute de los derechos humanos. El Comité reconoce que, en situaciones de crisis, el derecho internacional de los derechos humanos permite excepcionalmente medidas que pueden restringir el disfrute de ciertos derechos humanos para proteger la salud pública. Sin embargo, tales restricciones deben imponerse solo cuando sea necesario, ser proporcionadas y mantenerse al mínimo absoluto. Además, aunque reconoce que la pandemia de COVID19 puede tener un impacto significativo y adverso en la disponibilidad de recursos financieros, estas dificultades no deben considerarse como un impedimento para la implementación de la Convención. No obstante, los Estados deben garantizar que las respuestas a la pandemia, incluidas las restricciones y las decisiones sobre la asignación de recursos, reflejen el principio del interés superior del niño.

2. Explorar soluciones alternativas y creativas para que los niños disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación y actividades culturales y artísticas. Dichas soluciones deben incluir actividades supervisadas al aire libre al menos una vez al día que respeten los protocolos de distancia física y otras normas de higiene, y actividades culturales y artísticas para niños en la televisión, la radio y en línea.

3. Asegurarse de que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno-maestro. El aprendizaje en línea es una alternativa creativa al aprendizaje en el aula, pero plantea desafíos para los niños que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o Internet o que no cuentan con el apoyo adecuado de los padres. Deben estar disponibles soluciones alternativas para que estos niños se beneficien de la orientación y el apoyo brindado por los maestros.

4. Activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos nutritivos durante el período de emergencia, desastre o encierro, ya que muchos niños reciben su única comida nutritiva a través de esquemas de alimentación escolar.

5. Mantener la provisión de servicios básicos para niños, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos. A pesar de la creciente presión sobre los sistemas de salud y la escasez de recursos, no se debe negar a los niños el acceso a la atención médica, incluidas los test y una posible vacuna futura, a tratamientos médicos relacionados con COVID-19 y no relacionados con COVID-19, servicios de salud mental y tratamiento para afecciones preexistentes. Los niños también deben tener acceso a instalaciones de agua potable y saneamiento durante el período de emergencia, desastre o encierro. Los servicios de registro de nacimientos no deben suspenderse.

6. Definir los servicios básicos de protección infantil como esenciales y asegúrese de que sigan funcionando y disponibles, incluidas las visitas a domicilio cuando sea necesario, y proporcionar servicios profesionales de salud mental para niños que viven en confinamiento. El confinamiento puede exponer a los niños a una mayor violencia física y psicológica en el hogar, o forzar a los niños a quedarse en hogares que están superpoblados y carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Los niños con discapacidades y problemas de comportamiento, así como sus familias, pueden enfrentar dificultades adicionales a puerta cerrada. Los Estados deberían fortalecer los sistemas de información y referencia telefónica y en línea, así como las actividades de sensibilización a través de la televisión, la radio y los medios en línea. Las estrategias para mitigar el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19 también deberían incluir medidas específicas para proteger a los niños, particularmente a aquellos que viven en pobreza y que carecen de acceso a una vivienda adecuada.

7. Proteger a los niños cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Estos incluyen niños con discapacidades; niños que viven en la pobreza; niños en situaciones de la calle; niños migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos; niños de minorías e indígenas; niños con afecciones de salud subyacentes, incluido el VIH/SIDA; niños privados de libertad o internados en centros de detención policial, cárceles, centros de atención segura, centros o campos de detención de migrantes; y niños que viven en instituciones. Los Estados deben respetar el derecho de todos los niños a la no discriminación en sus medidas para abordar la pandemia de COVID-19, así como tomar medidas específicas para proteger a los niños en situaciones vulnerables.

8. Liberar a los niños de todas las formas de detención o encierro, siempre que sea posible, y proporcionar a los niños que no pueden ser liberados los medios para mantener un contacto regular con sus familias. Muchos Estados han adoptado medidas para restringir las visitas y las oportunidades de contacto para los niños que viven en instituciones o que están privados de su libertad, incluidos los niños internados en instituciones policiales, cárceles, centros seguros, centros de detención migratoria o campamentos. Si bien estas medidas restrictivas pueden considerarse necesarias a corto plazo, durante largos períodos tendrán un marcado efecto negativo en los niños. Se debe permitir a los niños en todo momento mantener contacto regular con sus familias, y si no en persona, a través de comunicación electrónica o telefónica. Si se prolonga el período de emergencia, desastre o confinamiento ordenado por el Estado, se debe considerar reevaluar las medidas que prohíben dichas visitas. Los niños en situaciones de migración no deben ser detenidos ni separados de sus padres si van acompañados.

9. Prevenir el arresto o la detención de niños por violar las directrices y directivas del Estado relacionadas con COVID-19, y garantizar que cualquier niño que fue arrestado o detenido sea devuelto inmediatamente a su familia.

10. Difundir información precisa sobre COVID-19 y cómo prevenir la infección en idiomas y formatos que sean amigables y accesibles para todos los niños, incluidos los niños con discapacidades, los niños migrantes y los niños con acceso limitado a Internet.

11. Brindar oportunidades para que las opiniones de los niños sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia. Los niños deben comprender lo que está sucediendo y sentir que participan en las decisiones que se toman en respuesta a la pandemia.

 

 8 de abril de 2020



[1] Declaración original en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.pdf- Traducción de Francisco Estrada V.


jueves, 12 de marzo de 2020

Estado actual de la Reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

El presente documento procura aportar al debate sobre un aspecto especifico de una de las reformas en infancia en curso, la que crea un nuevo Nacional de Reinserción Social Juvenil (Boletín N° 11.174-07) y que incluye en una de sus partes, el artículo 56 -quizá la más relevante en cantidad de artículos y en sustancia normativa- una serie de modificaciones significativas a la Ley N° 20.084.

Se trabaja sobre el texto del proyecto aprobado en el Senado a fines de enero de 2020.

La edición, por supuesto, es de mi entera responsabilidad y no compromete a ninguna autoridad ni institución pública.


jueves, 16 de enero de 2020

Comentario acerca del Estudio Global de NU sobre niños privados de libertad

En septiembre del 2011 Miguel Cillero reunió en una sala de la Escuela de derecho de la UDP a un grupo de actores latinoamericanos del campo de la niñez junto al entonces presidente del Comité de Derechos del Niño, Jean Zermatten.


Luego de una exposición -muy general - del profesor Zermatten se produjo un diálogo en el que tomó la palabra Emilio García Méndez. Emilio nos planteó que el principal desafío en derechos del niño en nuestra región era que desconocíamos cuántos niños estaban privados de libertad tanto en el área de infractores como en el mundo de la protección.

Hace un par de años el Secretario General de Naciones Unidas compartió el planteamiento de Emilio y encargó un estudio global sobre niños privados de libertad al experto Manfred Nowak, el que a fines del año pasado entregó su informe. Además, durante la primera semana de enero subió los datos de soporte del estudio, el informe completo y un formato interactivo (Omnibook).

Los resultados son muy preocupantes. En amplias zonas del mundo no fue posible obtener datos fidedignos.
Aun así, más de 7 millones de niños están privados de libertad cada año.
En el campo de la internación en instituciones de protección se estima que hay 5,4 millones de niños y niñas.
Al menos 410.000 privados de libertad en espera de un juicio.




El estudio construye una tasa cada 100 mil niños para efectos de comparar y construir un ranking donde Chile queda en el rango 201-300.

En nuestro país pese a las crisis generadas por serios problemas y delitos ocurridos al interior de centros de internación, no se ha implementado un sistema que entregue información oportuna (Sename publicó su Anuario estadístico 2018 en septiembre de 2019) y confiable periódicamente. Y el análisis jurídico de la internación proteccional ha carecido de la preocupación que genera, p.ej., la privación de libertad penal. De ahí que estemos trabajando en un paper que analiza este campo y que enviaremos a aprobación de un journal la próxima semana.

Sobre Chile dice el Estudio (p. 530):
"En Chile, las condiciones de vida que los niños bajo el cuidado del Estado soportan en la red del Servicio Nacional para Menores (SENAME) necesitan una mejora urgente. Entre enero y junio de 2016, 34 niños murieron bajo el cuidado de SENAME. Al momento de escribir este estudio, un fiscal investigaba la muerte de 259 niños en la última década. Las víctimas vivían en los centros SENAME cuando murieron.


En 2018, el Comité de Derechos del Niño concluyó su primera investigación bajo el 3er Protocolo Facultativo sobre un procedimiento de comunicación. Tras una visita a Chile de dos miembros del Comité, se llegó a la conclusión de que hubo "violaciones graves y sistemáticas de los derechos de los niños en centros residenciales bajo el control directo o indirecto de SENAME". El Comité encontró que el sistema violó varios artículos. de la Convención. Se incluyó una cuenta desgarradora en el informe de un testimonio proporcionado por un niño que anteriormente había sido detenido en un centro. Dijo, para evitar el abuso sexual, "durante la noche me mancho de mierda para que no vengan por mí".

El análisis de este estudio de UN demandará años. Recomiendo su acuciosa revisión.



lunes, 6 de enero de 2020

Una propuesta para la defensa jurídica de niños internados: el modelo INFAJUS

Les comparto este estudio que presenta una propuesta sobre representación jurídica de niños internados a partir del piloto que desarrollamos con apoyo de la Fundación San Carlos de Maipo.
Queríamos presentarlo en un seminario y abrirlo a la discusión de colegas y actores del sistema de justicia pero las condiciones de este final de año lo impidieron, aunque esperamos abrir espacios donde conversar sobre este tema el próximo año.


Les agradezco su difusión.




Fragmento:


El derecho de un niño, niña o adolescente internado en el sistema proteccional chileno a un abogado que lo represente adecuadamente, ante los tribunales de familia, penales, civiles, tribunales superiores, y autoridades administrativas, es una expresión del derecho fundamental de acceso a la justicia, pero es también un derecho que hace posible el ejercicio de otros derechos.
Un exhaustivo estudio mundial sobre el acceso a la justicia de niños encuadra este derecho:
“El acceso a la justicia para los niños significa que los niños, o sus respectivos abogados, cuando corresponda, deben poder usar y confiar en el sistema legal para proteger sus derechos humanos. El sistema legal debe proporcionar a los niños los medios para obtener una respuesta rápida, efectiva y justa para proteger sus derechos; los medios para prevenir y resolver disputas; mecanismos para controlar el abuso de poder; y todo esto debe estar disponible a través de un proceso transparente, eficiente, responsable y asequible.
La importancia del acceso a la justicia se aplica igualmente a los niños y adultos, sin embargo, los derechos de los niños en esta área han sido descuidados e ignorados.” (CRIN 2016: 5)
Es de notar que en este estudio Chile aparece en el lugar 96 del ranking mundial en acceso a la justicia para niños, muy por detrás de Argentina (11), Brasil (14), Bolivia (24) o Perú (54), por nombrar sólo algunos países de la región.

El panorama mundial es desalentador
“La justicia puede ser costosa, pero también es un derecho humano: no se debe impedir que nadie busque justicia debido a la incapacidad de financiar su caso de su bolsillo. A pesar del papel central de la asistencia legal y la asistencia legal para la realización de este derecho, los sistemas de asistencia legal que funcionan con fondos estatales están completamente ausentes en 42 países en todo el mundo, lo que significa que 220 millones de niños no tienen acceso a asistencia legal gratuita para ningún tipo de acción legal. Los demás países tienen algún tipo de asistencia legal disponible, a menudo en circunstancias muy limitadas, mientras que solo 28 ofrecen asistencia legal en todo tipo de casos. Es muy común limitar la asistencia legal a procedimientos penales o incluso sólo para los más graves delitos.” (CRIN 2016: 29)

Este diagnóstico -que se profundizará en el capítulo 1- es enteramente aplicable a nuestro país en el campo proteccional donde el derecho a contar con defensa técnica y especializada sólo es posible en el sistema penal juvenil, donde incluso la Ley N° 20.084 -en una formulación no exenta de problemas- procura explicitar el contenido de la especialización en el artículo 29.

viernes, 11 de octubre de 2019

Mathena v. Malvo. Corte Suprema de EE.UU. verá caso de justicia juvenil el próximo miércoles


Avance del argumento: los jueces considerarán sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores en el caso de francotiradores de DC.


En el otoño de 2002, John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo aterrorizaron el área metropolitana de Washington D.C. Apodados “los francotiradores de D.C.", Muhammad y Malvo dispararon al azar y mataron a 12 personas e hirieron gravemente a seis más. Muhammad fue condenado a muerte y ejecutado en 2009, mientras que Malvo, que sólo tenía 17 años en el momento de los disparos, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La próxima semana, la Corte Suprema escuchará alegatos sobre si un par de decisiones de 2012 y 2016, que involucran cadena perpetua para menores, requieren que el caso sea revisado.

En efecto, en 2012, en un caso llamado Miller v. Alabama, la Corte Suprema anunció que las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para los acusados ​​que eran menores de 18 años cuando cometieron sus delitos, violaban la prohibición de la Octava Enmienda de castigos crueles e inusuales. Cuatro años más tarde, en Montgomery v. Louisiana, el tribunal dictaminó que la prohibición de Miller de condenas de cadena perpetua sin libertad condicional se aplicaba retroactivamente a las condenas que se habían convertido en definitivas antes de que Miller se decidiera. La pregunta clave en el argumento oral del miércoles es cuán ampliamente se aplican esas decisiones.

A raíz de la decisión del tribunal en Miller, Malvo, quien admitió que había sido el "gatillo" en varios de los tiroteos, acudió a un tribunal de distrito federal en Virginia, en busca de un fallo que declare que sus sentencias eran inconstitucionales. El tribunal de distrito estuvo de acuerdo, y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4º Circuito confirmó esa decisión. Razonó que aunque Miller y Montgomery habían involucrado sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional, la Corte Suprema en Montgomery había dejado en claro que la Constitución en términos generales "prohíbe las penas de cadena perpetua sin libertad condicional para todos menos aquellos delincuentes juveniles raros cuyos crímenes reflejan permanente incorrigibilidad". Por lo tanto, el tribunal de apelaciones concluyó, aunque los" crímenes cometidos por Malvo y John Muhammad fueron los actos más atroces y aleatorios de violencia premeditada concebibles ", Malvo debería ser resentenciado, porque el jurado y el juez no habían considerado si para un menor la sentencia severa podría ser la más apropiada a la luz de la juventud de Malvo. Virginia solicitó a la Corte Suprema que revise ese fallo, que acordó hacer la primavera pasada.


En su escrito en la Corte Suprema, Virginia (en nombre de Randall Mathena, el director de la prisión donde está encarcelado Malvo) sostiene que Miller solo trató de sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional. De hecho, afirma el Estado, que la "opinión de 25 páginas de la Corte Suprema en Miller utiliza alguna variación de la palabra "obligatorio" 48 veces, y que cada oración que puede ser un considerando, se limita específicamente a sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional. Traducción propia de columna de Amy Howe, para Scotus Blog

viernes, 4 de octubre de 2019

Listado actualizado de las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño


[LISTADO ACTUALIZADO A OCTUBRE 2019]

El Comité de Derechos del Niño ha ido publicando Observaciones Generales destinadas a que los Estados tengan mayor claridad en la aplicación de las normas de la Convención y en los informes que al respecto deben presentar.

Los últimos años el Comité ha adoptado dos valiosas prácticas:
(a)  La elaboración en conjunto con otros Comités de derechos humanos de OG, lo que robustece y profundiza la interpretación sistemática del derecho internacional de los derechos humanos y contribuye a aumentar su difusión;

(b) La participación abierta global en la revisión de OG (caso de la N° 10, donde tuve oportunidad de colaborar), o en la construcción de nuevas OG (derechos del niño en ambiente digital).


Las OG N°10, 12 y 14 han sido varias veces citadas en la jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores y de primera instancia.

En mi opinión 4 las principales OG son la Nº 10 (justicia juvenil), Nº 12 (derecho a ser escuchado), Nº 14 (sobre interés superior del niño), y la Nº 21 (niños de la calle).

Para facilitar su revisión dejo aquí el listado actualizado (a agosto de 2019) de todas las observaciones, con link a su versión en español:


miércoles, 18 de septiembre de 2019

Nueva Observación general sobre justicia juvenil

El Comité de derechos del niño acaba de publicar la Obs. General No. 24 DDHH y justicia juvenil aprobada en mayo de 2019. Es la revisión de la Obs Gral No 10 del año 2007 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/CRC_C_GC_24_8968_E.docx

martes, 13 de agosto de 2019

Presidente (s) de la CORTE SUPREMA participa en Mesa interinstitucional para crear sistema de información sobre justicia juvenil en América Latina

El presidente (s) de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, participó al mediodía de hoy -lunes 5 de agosto- en la primera reunión de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para Sistema de Información sobre Justicia Juvenil en América Latina y el Caribe, en el Ministerio de Justicia.

La sesión fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y en él participaron, además, Paolo Mefalopulos, representante de UNICEF en Chile; Andrés Mahnke, defensor nacional público; Patricia Muñoz, defensora de la Niñez; los subsecretarios de Justicia y de Derechos Humanos, la subsecretaria de Prevención del delito y representantes de las policías y del Ministerio Público.

El objetivo del encuentro fue iniciar un trabajo en conjunto interinstitucional con el propósito de generar un sistema de información que UNICEF está desarrollando en siete países de América Latina, cuya finalidad es fortalecer el trabajo que se realiza en el ámbito de los jóvenes infractores de ley. "Toda política pública requiere de buena información y en Chile la tenemos, pero quizás no sistematizada de una manera que sea comparable con lo que realizan en este ámbito otros países. Chile va  coordinar este proceso, que además de obtener la información,  producirá encuentros  a partir de los cuales se espera fortalecer las políticas públicas en relación a los infractores juveniles dentro del marco de la Convención de la Niñez", explicó el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

El presidente (s) de la Corte Suprema señaló que el "Poder Judicial siempre va a estar  dispuesto a trabajar en las materias que  preocupan al país, y una de ellas es la Responsabilidad Penal Adolescente, en la cual el Poder Judicial proporciona  todos los antecedentes que le han sido requeridos".

El ministro Muñoz agregó que se colaborará "especialmente en   esta planificación de un trabajo coordinado  con UNICEF y el Ministerio de Justicia. Es una causa  que corresponde atender  y el Poder Judicial va a estar dispuesto a entregar toda la información y a coordinarse como corresponde con las  distintas  instituciones. Es algo que le enorgullece al país, estar satisfaciendo los compromisos internacionales asumidos por el Estado".

Consultado por los medios de prensa sobre la relación con el ejecutivo, el presidente (s) del máximo tribunal comentó que "el Poder Judicial no tiene temas pendientes con el Ministerio de Justicia. En realidad nos hemos coordinado siempre, en todas las actividades y creemos que hay que trabajar por el bienestar de Chile. Sin perjuicio que no compartimos ni la forma ni el tono en que se han referido algunas autoridades respecto del quehacer de los jueces, y también creemos que ya no es posible descender en un intercambio de opiniones que a nada llegan y no favorecen el trabajo coordinado entre las distintas autoridades".

En este sentido, el ministro Muñoz recordó que "también creemos –y por eso estoy acá- que las autoridades no se enojan, porque ellas tienen como obligación principal que la institucionalidad funcione. Y en este caso que el sistema funcione, y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a concurrir a dialogar con todas la autoridades, por cuanto no es la voluntad del Poder Judicial perpetuar diferencias de opinión", concluyó

jueves, 4 de abril de 2019

ESTRADA 2019 Bibliografía reciente sobre justicia juvenil en Chile (2015-2018)



Al acercarse los 11 años de funcionamiento de nuestro sistema de justicia juvenil diversas publicaciones recientes abordan aspectos de su funcionamiento.
Más allá de la persistencia de algunos temas viejos, es interesante la emergencia de temas más novedosos, acordes con la literatura comparada. Es el caso del trabajo de Dröppelman et al (2018) sobre factores que influyen en las decisiones judiciales que abre en Chile, en justicia juvenil, el campo del examen del funcionamiento de los operadores de justicia.

Del conjunto de estos trabajos emerge una panorámica fundada en evidencia sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto, pero también del perfilamiento de la operación de distintos actores.
Es llamativo para quienes investigamos también en el sistema proteccional, la asimetría de información producida y de recursos invertidos por el Estado y las universidades.

Sólo se echa de menos una mayor apertura de la base de datos de Sename sobre reincidencia que debería estar siendo escrutada desde estudios imparciales y no sólo por los reportes institucionales que cada cierto años, al arbitrio de las autoridades, entregan cifras.

Este listado deberá completarse en el corto plazo cuando el Ministerio de Justicia haga públicos los informes finales de una serie de estudios desarrollados en el segundo semestre del 2018 (en uno de los cuales tuve la oportunidad de participar) referidos al proceso de reforma de la ley N° 20.084 y la creación del Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Link a a bibliografía aquí




martes, 15 de enero de 2019

Síntesis de la Reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente


El presente documento busca aportar al debate sobre un aspecto especifico de una de las reformas en curso, la que crea un nuevo Nacional de Reinserción Social Juvenil, Boletín N° 11.174-07, y que incluye en una de sus partes -quizá la más relevante en cantidad de artículos y en sustancia normativa- una serie de modificaciones significativas a la Ley N° 20.084.

La edición, por supuesto, es de mi entera responsabilidad y no compromete a ninguna autoridad ni institución pública.

En algunos casos de supresión o derogación de un artículo se ha dejado entre paréntesis (y en letra reducida) lo suprimido para facilitar la comprensión.

Se ha incorporado en la última versión de este documento (enero 2019) algunas disposiciones que impactan significativamente en el sistema penal juvenil y que se encuentran en los artículos finales y disposiciones transitorias del proyecto de ley.

A la fecha de preparación de este material el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en la Comisión de Constitución del Senado, en su discusión en particular.

Link al documento aquí.