Francisco Estrada Vásquez
Como ya se ha hecho costumbre, a mediados del verano la Fiscalía de Chile ha publicado el anuario con las estadísticas de su trabajo del año anterior. Constituye el principal insumo para apreciar el funcionamiento del sistema de justicia penal. La última edición ha traído amargas novedades en materia de justicia juvenil al dar cuenta de un incremento significativo del total de ingresos por LRPA[2] que ascienden a 40.069, donde el 2019, antes de la pandemia, había sólo 34.378.
El alza
concitó algo de atención mediática. ¿Cuál es la historia que cuentan estas
cifras? “¿Qué explica este incremento?” me planteó el periodista de El Mercurio
y la respuesta no era sencilla. En las líneas que siguen espero ofrecer algunas
notas que ayuden a la comunidad de justicia juvenil, de criminología y de
opinión pública en el trabajo de elucidar el sentido de estos números. Para
ello vamos a revisar brevemente el sistema de justicia juvenil, luego
revisaremos los gráficos que permiten observar tendencias y formularemos
algunos comentarios de tono preliminar.
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