Declaración Pública del Defensor Nacional

1.- Con fecha 24 de Diciembre de 2007, el Sr. Ministro de Justicia, Carlos Maldonado, me solicitó que lo dejara en libertad de acción aduciendo la necesidad de iniciar una nueva etapa en el sector justicia. Ante esta solicitud del Sr. Ministro, señalé que haría efectiva mi renuncia al regreso de mi feriado legal, de acuerdo a los derechos funcionarios del personal del Estado.

2.- En los días 26 y 27 de Diciembre y mientras usaba mis últimos días de vacaciones correspondientes al año 2006, algunos medios de comunicación informaron que una fuente no identificada habría señalado que una auditoria realizada a nuestra institución, producto de una denuncia hecha por dos empresas de abogados que prestan servicios de defensa penal pública en la Región Metropolitana Norte, habría encontrado debilidades administrativas en el proceso de licitación. Esta versión intentó relacionar la solicitud de renuncia señalada con los resultados de la auditoria.

3.- Esta auditoria en ningún caso concluyó situaciones irregulares, anómalas o ilegales. Nuestra institución ha realizado desde el año 2003 ocho llamados a licitaciones públicas para contratar servicios profesionales de defensa penal pública por plazos de 3 años. Desde que asumí la Dirección Nacional de la DPP en abril del año 2006, se han efectuado dos procesos de licitación a nivel nacional por aproximadamente 140.000 causas en tres años, sin que haya existido objeción alguna. Actualmente en el país existen más de 380 abogados defensores penales licitados que asumen más de 140.000 causas anuales, quienes realizan un trabajo de alto profesionalismo.

4.- La auditoria señalada realizó algunas recomendaciones de carácter administrativo en orden a optimizar los procesos de licitación y de asignación de causas, lo que implica ciertas modificaciones a las Bases Generales de Licitación, que son susceptibles de implementar sin mayores inconvenientes.

5.- Recientemente el Ministerio de Justicia ha aclarado a través de un comunicado público las razones por las cuales el Ministro de Justicia me ha solicitado la renuncia, que en nada tienen que ver con los resultados de la auditoria.

6.- Lamento profundamente que se haya intentado manchar mi prestigio profesional y el prestigio de la Defensoría Penal Pública, institución que ha sido ejemplar en la implementación de la nueva reforma procesal penal. La Defensoría Penal Publica ha sido reconocida por la excelencia de su gestión al interior del Gobierno. En el año 2007 nos fue entregado el reconocimiento a la excelencia en la gestión por el logro del 100% de los programas de mejoramiento de la gestión en el año 2006 y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia nos reconoció por la transparencia en nuestro actuar en el sistema de reclamos y sugerencias.

7.- No obstante lo dicho anteriormente, el día 28 de Diciembre de 2007 presenté la renuncia al Señor Ministro de Justicia a dicho cargo de exclusiva confianza.

8.- Agradezco la confianza depositada por la Presidenta de la República al nombrarme como Defensor Nacional. Para mi ha sido un gran orgullo trabajar en su gobierno para garantizar el ejercicio de garantías constitucionales tan importantes como el derecho de defensa, al debido proceso en la persecución criminal y el principio constitucional de presunción de inocencia.

9.- Debo señalar, que durante todo el tiempo desempeñado en la DPP, he desarrollado todas mis actuaciones inspirado en preciados valores éticos que han presidido mi dilatada vida profesional, tanto en el campo académico como en la defensa de los derechos humanos en tiempos especialmente difíciles para nuestro país.

10.- También quiero agradecer al personal administrativo, profesionales, directivos y abogados defensores de nuestra institución por la confianza depositada en el ejercicio de mis funciones. Todos ellos merecen un alto reconocimiento por el compromiso y abnegado trabajo que realizan.

11.- Por último, quiero agradecer las diversas muestras de apoyo que he recibido de abogados, juristas, parlamentarios, dirigentes políticos y profesionales del sector justicia.




Eduardo Sepúlveda
Abogado
Defensor Penal Público