He seguido con atención el debate
generalizado en torno a los recientes episodios de violencia en los que una
ciudadanía impotente y desprotegida frente a la creciente ola de criminalidad
ha optado por el peor de los caminos posibles: las diversas formas de
linchamiento; que solo una perspectiva inadvertida o mal intencionada se anima
a denominar “justicia por mano propia”.
El nudo gordiano en que se ha
convertido la cuestión del control democrático del delito en nuestro país,
remite en lo inmediato a dos variables de naturaleza totalmente diversa pero
absolutamente complementarias. La abismal desigualdad social y los altos niveles
de corrupción e ineficiencia que caracterizan a las fuerzas de seguridad en
términos generales. Sin embargo, lo que convierte en realmente crucial este
debate para nuestro futuro como sociedad, es el hecho que ambas variables
remiten a un problema mayor vinculado con la legitimidad del ejercicio del
poder político. Dicho de otra forma, la falta de legitimidad del Estado. Un
problema que, a mi juicio, nadie ha sintetizado mejor que el gran historiador
argentino Tulio Halperin Donghi, cuando en una excelente entrevista de hace
algunos años afirmo que “en la Argentina el estado tiene el monopolio del uso
legitimo de la violencia a condición de que no la use”.
Es partir de
esta incapacidad primaria que pueden entenderse, más que el movimiento
pendular, los bandazos que ha caracterizado a una explícita o implícita
“política criminal” en estos últimos años. Nadie me parece encarna mejor y en
primera persona estos zigzags que una figura que comenzó siendo un personaje
jurídico para terminar transformado en un personaje político, adicto a la lucha
en el barro en sus peores versiones. De redactor de un código penal militar a
padre difuso de un vago y oscilante abolicionismo. Raúl Zaffaroni es un
personaje que disfruta desempeñando el papel de provocador verbal para mostrar
con sus palabras que la impunidad intelectual en las actuales condiciones
carece de límites. Su última osadía consistió en afirmar, terciando en el
debate actual sobre la inseguridad, “que los adolescentes están siendo
estigmatizados”. Una afirmación como esta en boca de Zaffaroni es realmente
grave. Una de dos, o se trata de un gravísimo caso de amnesia o peor aún de un
cinismo que no reconoce ningún límite.
El día 2 de
diciembre de 2008 Zaffaroni redacto, impulso y consiguió imponer un fallo de la
CSJN (331:2691, “García Méndez Emilio y Musa Laura sobre habeas corpus
colectivo a favor de menores de 16 años privados de libertad en el Instituto
General San Martin de la ciudad de Buenos Aires). En dicho fallo se declaró
constitucional el decreto de la dictadura militar 22.278 de 1980 –Régimen Penal
de la Minoridad- y se legitimó el uso de la privación de libertad en cárceles
de menores como mecanismo legitimo de protección de dichos menores. Todo ello
en abierta y flagrante contradicción con la Constitución Nacional, la
Convención de los Derechos del Niño y la ley de Protección de Infancia 26.061.
A pesar de
todo ahí esta nuestro personaje, todavía dictando cátedra y “ordenando” el
debate.
Hay peces que
ni por la boca mueren.
Fuente:
http://www.gacetamercantil.com/notas/51254/zaffaroni-adolescentes-hay-peces-que-ni-boca-mueren.html#comments_goto
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