viernes, 27 de junio de 2008

Hoy: Carta de los diputados Burgos y Saffirio sobre RPA


Cartas al Director
Viernes 27 de Junio de 2008
Responsabilidad Penal Adolescente

Señor Director:

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, dio a conocer su evaluación del primer año de aplicación de la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente, que se cumplió el 8 de junio.

Han enfatizado que la nueva justicia juvenil ha permitido investigar y perseguir más de 18 mil causas penales que antes quedaban impunes. También nos ha dicho que Carabineros detuvo a 54 mil adolescentes de entre 14 y 17 años, lo que representaría un incremento cercano al 80% en relación con lo que existía antes de la vigencia de esta ley.

Las afirmaciones del ministro y este año de aplicación de la ley nos obligan a opinar en varios sentidos.

En primer lugar, recordar que cuando se discutió esta ley, y sobre todo su modificación en el año 2007, buena parte del debate tenía que ver con su propósito rehabilitador y con la integración social de los jóvenes a quienes se les aplicaría.

El tema de la privación de libertad fue ampliamente debatido y se nos aseguró que esta nueva legislación no traería aparejado un incremento de la privación de libertad arbitraria.

Sin embargo, las autoridades de justicia parecen haber puesto este objetivo esencial y matriz de la nueva legislación en una posición secundaria, pues en un balance público prácticamente no han estimado necesario detenerse en su análisis.

Se nos presenta la cifra de detenciones de Carabineros como un indicador de que habría menos impunidad, pero las detenciones nunca han sido equivalentes a sanciones ni menos a justicia.

¿Qué ha pasado con la rehabilitación de los jóvenes privados de libertad? El ministro ha aludido a beneficiarios de programas que no alcanzan los mil adolescentes, cifra que palidece ante los más de 54 mil detenidos, 25 mil formalizados y 4 mil privados de libertad, según el mismo ministerio.

En el balance entregado por el ministro no hubo ninguna referencia ni explicación sobre la trágica muerte de diez jóvenes privados de libertad en Puerto Montt, ni sobre el informe de Unicef que da cuenta de las precarias condiciones de privación de libertad a las que están sometidos los más de 4 mil menores de edad respecto de quienes se ha decretado la internación. No hubo una palabra sobre la falta de especialización de jueces, fiscales y defensores y, lo que es más grave, de los propios operadores del sistema.

El panorama no es nada alentador, tal como dijimos que sería cuando discutimos esta ley. La presentación del ministerio es casi un déjÀ-vu. Más complejo aún resulta que la cuenta pública no se cotejara rigurosamente, teniendo que reconocerse, por cierto con honestidad, que la cifra indicada como el gran mérito era errónea. Todo demuestra que fue una cuenta discutible en el fondo y apresurada en la forma.

En suma, nuestro país está invirtiendo varios miles de millones de pesos en un nuevo sistema de justicia juvenil. A la hora de la evaluación esperamos algo más que la cifra de detenidos, que, en todo caso, no es ninguna razón para alegrarnos.

Jorge Burgos Varela y Eduardo Saffirio S.
Diputados DC

No hay comentarios.: