"La gravedad del delito cometido por el menor de iniciales J.T.N. en el caso del joven Sergio Aguayo y las circunstancias que rodearon el hecho provocan que la sociedad reclame indignada por la situación de la delincuencia juvenil en nuestro país. Los homicidios siempre son gravísimos, pero mayor impresión causan cuando quienes los cometen son personas que recién están comenzando sus vidas.No resulta raro que resurjan voces que reclaman por la situación del sistema de justicia juvenil. Un grupo de parlamentarios enviará al Congreso una propuesta que modificaría las normas del Código Civil respecto de la responsabilidad civil que les cabe a los padres cuando los hijos que están a su cuidado cometen un delito.
De acuerdo con la legislación penal vigente en Chile, toda sentencia condenatoria en materia criminal conlleva la obligación de pagar costas, daños y perjuicios por parte de los autores, cómplices y encubridores, o por quienes son responsables legalmente de ellos. Es decir, además de la acción penal, existe la acción civil, que les permite a las víctimas o sus familiares demandar una indemnización pecuniaria por los daños causados. En el caso de los menores de entre 14 y 17 años, son los padres quienes deben responder por las indemnizaciones.
La propuesta de reforma establecería un sistema distinto al vigente. Básicamente, fijaría cuantías determinadas según diferentes tipos de delitos, evitando así la discrecionalidad del juez civil de fijar el monto de la indemnización. El proyecto ha sido criticado fuertemente por distintos juristas nacionales, quienes argumentan que una indemnización debe considerar múltiples factores, como la gravedad del hecho, la culpabilidad y las circunstancias modificatorias de la responsabilidad.
La intención de lograr una mayor responsabilización de los padres sería acertada si implicara, en alguna medida, que por el hecho de pagar un monto de dinero los padres van a participar con mayor ahínco y compromiso en el proceso de reinserción y rehabilitación de sus hijos. La experiencia comparada muestra que, aunque en la mayoría de los casos también se incluye el pago de indemnizaciones y multas, se potencia además el rol de los padres y las familias dentro del proceso judicial y por medio de un trabajo directo, que implique que los padres se hagan parte del proceso que viven sus hijos.
En Canadá, por ejemplo, los padres son parte activa del proceso penal, debiendo ser notificados de los motivos de la detención y de cada resolución que se tome en relación a su hijo. Pueden opinar respecto del plan de trabajo que se acuerde, así como recibir orientación respecto de las decisiones judiciales que se tomen. La participación de la familia y su fortalecimiento como factor protector es otra más de las muchas falencias que existen en nuestro sistema de justicia juvenil.
Para lograr un verdadero cambio de parte de un joven y una participación de la familia, hay que hacer mucho más que cobrar una multa a sus padres. El sistema de responsabilidad penal adolescente chileno tiene carencias más importantes que el sistema vigente para cobrar indemnizaciones por perjuicios. Los problemas más agudos se presentan en áreas como la insuficiente especialización de los defensores, jueces y fiscales, precaria infraestructura, calidad y cobertura de la oferta programática, además de los obstáculos normativos que el texto legal presenta.
Comenzar a discutir una modificación del sistema respecto de las indemnizaciones que deberían pagar los padres parece no sólo inoficioso, sino también inadecuado."
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