Señor Director:
El lenguaje jurídico claro y comprensible para todos -es decir, ciudadano- es un desafío político relacionado con las necesidades de las personas y, finalmente, con la calidad de la democracia. Comprende múltiples aspectos, como el lenguaje con que se escriben las leyes, las sentencias judiciales, las comunicaciones de los órganos públicos con los usuarios de sus servicios y el que se usa en ciertos contratos en el ámbito privado, incomprensible en todos ellos para gran parte de la ciudadanía. Tiene alcances en el bienestar material de las personas y en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, como sujetos y no objetos de derecho.
Casos como el de La Polar en Chile y el de Enron en EE.UU. revistenn entre sus múltiples causas, un componente poco percibido: la falta de claridad y transparencia del lenguaje con que se expresa la documentación que respalda los productos financieros y crediticios que se ofrecen al mercado bajo el cual se desarrollan abusos, corruptelas, ocultamiento de verdades y manipulación de ganancias.
El lenguaje con que se escriben las leyes, por ejemplo, es ajeno a quienes deben obedecerlas, en circunstancias de que la ley prohíbe alegar su ignorancia y lo ordenado por ella debe cumplirse incluso forzadamente. Desde otro punto de vista, el proverbial lenguaje técnico legal de los procedimientos y las sentencias judiciales, especialmente aquellas asociadas a los derechos fundamentales de la persona humana, pueden afectar el principio de seguridad jurídica, infringir normas constitucionales como el debido proceso y hacer perder para la ciudadanía sus contenidos educativos y, con ello, la posibilidad de vivir y compartir los valores que sustentan la Constitución y las leyes. Otro tanto ocurre con el lenguaje que se usa en las comunicaciones de los funcionarios de la Administración del Estado para con los usuarios de sus servicios a quienes por mandato constitucional deben servir en el contexto de legalidad a que están sometidos los ciudadanos y los poderes públicos particularmente a partir de la ley de acceso a la información pública.
En el ámbito privado, el lenguaje con que se escriben, por ejemplo, los contratos de salud, seguros, fondos de inversión, consumos y otros de la industria financiera y bancaria son igualmente de difícil comprensión para el ciudadano común.
La necesidad de humanizar el lenguaje técnico-jurídico para que se acerque "traducido" a las necesidades de la vida cotidiana de las personas exige integración de conocimientos de diversas disciplinas y la contribución de órganos públicos y privados. Se trata de un tema de indudable dimensión política, porque tiene que ver con la manera como funcionarios, jueces y gobernantes conciben su misión de representar a los ciudadanos y la función que en sus vidas y en el interés general del país desempeña el derecho.
Luis Bates
Director Centro de Educación Ciudadana Universidad San Sebastián"
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