La preocupación de Poder Judicial por las deficiencias y dificultades que enfrenta la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente expresó el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, al participar de en una sesión especial de la Comisión de Constitución de Senado, convocada para realizar una evaluación de la ley N° 20.084, tras cinco años de vigencia.
Entre otras materias, el presidente Ballesteros –a quién le correspondió abrir la sesión de esta comisión del Senado- abogó por la pronta creación de una judicatura especial para la justicia de menores infractores de la ley penal, hizo ver la potencial superposición existente entre la ley penal adolescente e indicaciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y llamo la atención de los legisladores sobre la necesidad de establecer un sistema de medidas de protección para niños menores de 14 años, descartando que esto signifique una rebaja en la edad de la inimputabilidad.
También intervinieron en la sesión las magistradas Carla Capello, del 7° Juzgado Garantía de Santiago; y Karen Hoyuelos, del 1° Juzgado de Familia de la capital, quienes aportaron valiosos detalles de las falencias que presenta la aplicación de esta ley desde su experiencia práctica en tribunales. “Fue una instancia de reunión muy importante, porque siempre es tremendamente relevante estudiar las leyes después de determinados años de vigencia. Las leyes no deben pasar demasiado tiempo sin ser adecuadas a la realidad, es lo más positivo del trabajo que realiza esta comisión. Como Poder Judicial nos correspondió explicar las dificultades y los problemas que tenemos en la aplicación de la ley, tema que era el motivo de la reunión”, comentó el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, al finalizar la reunión.
En esta sesión de la Comisión de Constitución del Senado participaron los máximos representantes de las instituciones relacionadas en la aplicación de este cuerpo legal, entre ellos el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; el Defensor Nacional, Georgy Schubert; la Subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez y el General Director de Carabineros, Gustavo González.
"El enfoque rehabilitador y de reinserción de los menores infractores de la ley no está funcionando", ese fue el convencimiento al que llegó la Comisión de Constitución tras realizar una evaluación de la aplicación de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, en sus cinco primeros años de vigencia.
Así lo manifestaron los senadores Hernán Larraín y Patricio Walker, presidente e integrante de la instancia, quienes coincidieron en que el sistema requiere correcciones urgentes para dar cumplimiento a los objetivos esenciales de la ley.
La instancia escuchó a los representantes del Ministerio de Justicia, al Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán, al General Director de Carabineros de Chile, al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y a representantes de la UNICEF para Chile.
El senador Larraín recordó que esta reunión de análisis de la Comisión responde a una iniciativa del senador Jaime Orpis y que fue avalada por todos los integrantes de la instancia. "Estamos ante un hecho grave. Esta Ley está hecha para recuperar a los jóvenes infractores de la Ley para reinsertarlos y ponerlos a resguardo en un momento de plena formación de su vida". Sin embargo, "en 5 años de aplicación no se han cumplido los objetivos de la normativa. Solo un 3,5% infringen la ley penal, pero son más de 50 mil los jóvenes que al año están en riesgo de entrar en una carrera delictiva y queremos rescatarlos". Aseveró que "los centros no cumplen finalidad, los procedimientos no son los adecuados y la falta de especialización son negativos. Los procesos de rehabilitación y reinserción no funcionan y esperamos preparar las correcciones a este sistema a la brevedad porque los menores lo demandan".
En tanto, el senador Patricio Walker se mostró "estoy preocupado, porque cuando se inició la implementación de la reforma, Chile no tenía los programas y la infraestructura para que los niños se rehabiliten, situación que se sigue dando. El objetivo de esta ley es precisamente la rehabilitación y en los centros cerrados y semi cerrados no se dan las condiciones para que se reintegren a la sociedad. Por ejemplo, la infraestructura es muy mala e incluso en algunos casos insalubre". Agregó que "son más de 52 mil niños que infringen la ley penal. Debiéramos decretar una especie de estado de emergencia, para poner los recursos necesarios y terminar con esto. La mayoría de estos niños cometen delitos porque son adictos a la cocaína o pasta base, y lo hacen para poder financiar su adicción a las drogas. Hoy en día no tenemos programas de rehabilitación efectivos para los jóvenes drogadictos".
El legislador aseguró que "por eso, yo le pido formalmente al Gobierno que se dé patrocinio y urgencia al proyecto que presenté y que crea un Defensor de los Niños y Adolescentes, que denuncie cuando no se cumplan las obligaciones de Chile ante la Convención de los Derechos del Niño. Esto es fundamental". Finalmente, Walker afirmó que "también necesitamos una ley de Protección Integral de Derechos de los niños, además del Defensor, para poder velar por los menores de edad de nuestro país, sean o no sean delincuentes".
Fuente: www.poderjudicial.cl - senado.cl
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