Mario Muñoz, Fundación DEM
Hace pocos días nos tocó presenciar un diálogo entre un magistrado y un abogado defensor, muy elocuente respecto del problema que deseamos exponer en este documento. El diálogo en cuestión se desarrolló entre dos audiencias de RPA , sin registro de audio. El magistrado solicita la presencia del joven P. B., ante lo cual se informa que éste no ha concurrido a audiencia. El comentario del juez fue: “… aquí es donde nos falta la opinión de los profesionales del área psico-social, sabemos que esta medida no es para este joven, que ya conocemos, pero no tenemos los elementos para fundamentar nuestra opinión”. La réplica del abogado defensor fue: “magistrado, estamos en un sistema penal juvenil, las opiniones de psicólogos o trabajadores sociales no son necesarias para decidir la sanción”.
El diálogo se prolonga, con la participación de un psicólogo de nuestra institución. Se alude a la situación previa donde efectivamente se contaba con informes técnicos que permitían personalizar las medidas. Se deja entrever en el debate que hubo conversaciones anteriores entre ambos interlocutores, que aludieron al mismo problema, y que no hay acuerdo respecto de los entendimientos de fondo.
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