Debate sobre Política criminal y Sistema Penitenciario entre prof. Jean Pierre Matus y prof. Héctor Hernández

Dos de los más destacados penalistas nacionales, a quienes conozco y aprecio en lo humano y en sus capacidades profesionales, han debatido estos días en El mercurio sobre la política criminal y el sistema penitenciario me parece un debate digno de seguir con detalle.
Jean Pierre Matus es quizá el penalista más citado hoy en la jrisprudencia nacional de primera instancia.
Héctor Hernández es, a su turno, un destacadísimo docente y he sido testigo en numerosos cursos de la academia judicial y otros, cómo su opinión es considerada por jueces, fiscales y defensores.

Actualizado:
Viernes 17 de Diciembre de 2010
Cárceles
Señor Director:
Si el profesor Matus hubiese tenido el cuidado de decir que una aproximación seria al hacinamiento carcelario debía hacerse cargo "también" (incluso, si le parecía, "especialmente") del aumento de la tasa de delitos no tendríamos esta discusión, pues en esos términos no tendría nada fuerte que objetarle. Una leve rectificación hubiera despejado el asunto. Sin embargo, insiste en demostrar con datos lo que nadie le ha objetado y en negar que el problema carcelario está fuertemente condicionado ("también", como ya decía mi primera carta) por decisiones políticas que no es posible ignorar en un debate serio. El uso cuidadoso del lenguaje que le llama la atención ("incierto", "improbable") no expresa más que la diferencia entre creer que se trata de un problema sencillo con soluciones igualmente sencillas y creer, en cambio, que se trata de un asunto más complejo.
Los pacientes lectores podrán pensar a estas alturas que se trata de matices bizantinos, pero no lo son en absoluto. La cuestión es si quienes toman o presionan por las decisiones políticas que inciden en la materia merecen la tranquilidad de creer que nada de esto tiene que ver con ellos, que sus discursos político-criminales son inocuos, que está bien (porque es lo único serio) que sólo se preocupen de construir más cárceles o de importar cárceles modulares. Yo al menos opino que no.

Héctor Hernández Basualto
Profesor de Derecho Penal UDP

Miércoles 15 de Diciembre de 2010
Criminalidad y penas

Señor Director:

Héctor Hernández reconoce en su última carta (día de ayer), que es "incierto" que pueda intervenirse en la legislación penal para evitar más condenas a prisión; y que si ello se hiciera, sería "improbable" que "se pueda impedir del todo el aumento de la población carcelaria" en "un contexto de aumento de las tasas de delito".
Y es esto exactamente lo que he afirmado: que el aumento del hacinamiento carcelario proviene del aumento de la actividad criminal y una insuficiente dotación de establecimientos penitenciarios en condiciones de recibir digna y humanamente a los condenados. Y que, por tanto, soluciones legislativas que no apunten a esos factores no son medidas serias para enfrentar ese problema.

Además, según Hernández, al respaldar mis dichos con información contrastable que, en todo caso, no refuta, yo estaría tratando de "ocultar bajo la estadística las decisiones políticas que inciden en el tema". Entre ellas, que "las penas y agravantes específicas aplicables a los delitos contra la propiedad obstaculizan el accesos a beneficios a los primerizos e inciden en penas efectivas desproporcionadas en el resto". Pero la estadística no oculta nada al respecto, sino al contrario, muestra que esas supuestas "decisiones ocultas" no impiden favorecer a los primerizos con suspensiones condicionales del procedimiento y beneficios de la Ley Nº 18.216: ¡casi dos tercios del total de los imputados detenidos en flagrancia por delitos contra la propiedad los reciben! Y cuando se trata de reincidentes condenados por delitos de hurto, la gran mayoría de sus condenas apenas exceden el año de prisión, en promedio.

Sin embargo, es cierto que la regulación de los delitos contra la propiedad en Chile está necesitada de una profunda revisión, como casi todo el Código Penal, y así lo propusimos en el Proyecto de Nuevo Código Penal que presentamos al entonces Gobierno en 2005. Pero ese proyecto no se hizo ni otro nuevo podría hacerse para ajustar el número de condenados presos a una cifra "ideal" abstracta, sino para determinar las conductas -entre las cuales, por cierto, se incluyen los hurtos y los robos- cuya prohibición mediante penas (en general, privativas de libertad), se entiende como necesaria para el mayor bienestar de nuestra sociedad actual.

Jean Pierre Matus
Profesor Titular de Derecho Penal Universidad de Chile

Debate Matus Hernández

Ex Ministro Bitrán y problemas en las concesiones carcelarias

Sábado 11 de Diciembre de 2010
Tragedia en cárceles concesionadas

Señor Director:
El presidente de Copsa, Herman Chadwick, a propósito de la catástrofe del penal de San Miguel, solicitó públicamente acelerar la concesión de cárceles, y además me responsabilizó por haber paralizado la construcción de cárceles concesionadas: "Fueron suspendidas por el ex ministro Eduardo Bitran", y "si hubiese existido el penal Santiago II no hubiese ocurrido el hacinamiento en San Miguel". El señor Chadwick o tiene muy mala memoria o simplemente lleva agua a su molino.

El programa de cárceles concesionadas se inicia en el año 2000. En marzo de 2006 se había terminado el grupo 1 de cárceles, con tres de ellas concesionadas, pero se enfrentaba una demanda del concesionario que llevaría a aumentar la inversión de los US$ 75 millones programados a US$ 180 millones (140% de aumento). El grupo 2 de cárceles del mismo concesionario se encontraba paralizado por 14 meses por éste con la anuencia del tribunal arbitral. El grupo 3 enfrentaba retrasos y solicitudes de compensación desmesuradas apoyadas por amenazas de paralización por el concesionario. En vista de lo dramático de los conflictos en el desarrollo de las cárceles concesionadas y del grave problema con la concesión de los tribunales de justicia, el gobierno del Presidente Lagos correctamente había suspendido la licitación del grupo 4 de cárceles.

En el mes de julio de 2006 se recuperaron las cárceles paralizadas por 18 meses por el concesionario Bas 2, y se inició el proceso de licitaciones de arquitectura y luego de obras para concluirlas como obra pública y concesionar la operación. Con el Grupo 3 se negoció un ajuste del contrato de menos del 30%, y se pudieron inaugurar en 2007 tres cárceles concesionadas, incluyendo un penal modelo en Santiago. Antes de dejar el ministerio en enero de 2008 se logró un respaldo de la Corte Suprema que dejaba sin efecto un fallo adverso por unanimidad del tribunal arbitral, en que se obligaba a compensar al MOP por más de US$ 120 millones, incluso con el voto en contra de Manuel Díaz de Valdés, miembro del Consejo de Concesiones y árbitro nombrado por el MOP. La negociación posterior la llevó adelante el ministro que me sucedió en el cargo, con el resultado de un aumento de 140% del costo.

Antes de dejar el ministerio propuse reiniciar el programa de cárceles concesionadas, en un esquema de financiamiento público y concesión de la operación. Luego de estudiar la experiencia internacional y chilena, este es, sin duda, el mecanismo más expedito, más barato, y el que entregaba más flexibilidad a Gendarmería para ajustar los niveles de servicios. Al parecer, se insistirá en un mecanismo ya fracasado, en que hay grandes intereses económicos. Chadwick se aprovecha del drama para favorecer intereses corporativos estrechos al insistir en un modelo que la experiencia nacional e internacional demostró que va en detrimento del interés público.

Eduardo Bitran
Ex ministro de Obras Públicas