El 22 de octubre, 10 menores fallecieron en un incendio en un centro de reclusión del Sename, en Puerto Montt. Según la información preliminar —que deberá completar la investigación por la fiscalía de la zona—, la reacción de los funcionarios del mismo ante tal emergencia fue deficiente, y no se desplegó un operativo de rescate coordinado con bomberos que hubiese permitido evitar, al menos, algunas de las muertes. De ser así, el Estado falló en su deber de velar por la integridad física de personas que estaban bajo su custodia. Quedó de manifiesto, además, que el sistema de cumplimiento de sanciones de la nueva justicia juvenil presenta graves problemas de seguridad y calidad.
Las respuestas oficiales se resumen en que el Sename está realizando un sumario interno con una duración de 20 días, a cargo de la ex diputada Fanny Pollarolo —cuya imparcialidad ha sido cuestionada, pues desde marzo de 2007 es funcionaria a contrata de esa entidad y en los últimos seis meses de 2006 recibió más de ocho millones de pesos en honorarios por colaborar en el diseño de modelos educativos de intervención para los centros—. Ese servicio ha anunciado también la construcción de un nuevo centro que duplica la capacidad del actual en Chol Chol, hoy sobrepoblado y cuya dotación de Gendarmería se ha acordado incrementar. El ministro de Justicia ha propuesto legislar para permitir el ingreso de gendarmes a los recintos sin necesidad de que las autoridades civiles de éstos lo requieran. En fin, el director del Sename ha recordado que su cargo es de exclusiva confianza presidencial.En el ámbito legislativo, el presidente del PS presentó una querella por cuasidelito de homicidio contra quienes resulten responsables; la UDI ha anunciado que pedirá a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara investigar la tragedia, y diputados socialistas anunciaron que pedirán a la comisión de DD.HH. citar al ministro de Justicia y a autoridades del Sename para que expliquen lo ocurrido y establecer las responsabilidades políticas.
En realidad, hay debilidades estructurales en las políticas y los procedimientos del Ministerio de Justicia. Lo ocurrido en justicia juvenil y de familia, y los problemas que enfrenta la nueva justicia laboral ratifican que aquél está superado por demandas que no puede atender eficientemente con los equipos ni los métodos operativos con que hoy cuenta. Esto se traduce en políticas de mala calidad, que impiden una buena gestión y ejecución. A lo anterior se suman el cuoteo político en los cargos de responsabilidad y las presiones por hacer políticas públicas indiferentes a lo técnicamente recomendable.Todo ello hace que Chile se encuentre hoy con un sistema que menoscaba los derechos fundamentales de los jóvenes más vulnerables de la sociedad —lo confirma el caso de abusos sexuales por un funcionario del Sename recién denunciado— y con una administración del vital sector justicia que no está en condiciones de desarrollar políticas de Estado de largo plazo y de alta calidad. Esto no puede mantenerse indefinidamente.
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