“Esta
presidencia abrió los espacios para que la ciudadanía exprese sus inquietudes”.
Así comienza la carta en que el presidente de la Corte Suprema realiza una
serie de exhortaciones y proposiciones sobre la atención a niños, a jueces de
garantía, orales y de familia (¿el resto de los tribunales –las Cortes
incluidas- no ven acaso juicios donde hay niños involucrados?).
A
primera vista, no habría sino que aplaudir una iniciativa tan sensible a los
derechos de los niños en el sistema de justicia. En especial si se considera
que las palabras del ministro Muñoz surgen luego de una reunión sostenida con
un grupo de siete niños que conforman un consejo asesor del Sename.
Pese
al aparente avance que representa esta carta considero impropia la reacción del
ministro Muñoz y un debilitamiento de los derechos del niño, por al menos tres
razones de distinta índole.
La
primera es que en el estado actual de la infancia en el sistema de justicia
-una de cuyas dimensiones, la infancia internada, ha ameritado una comisión judicial
interna y luego una comisión investigadora parlamentaria-, las materias objeto
de las reflexiones personales del ministro Muñoz no necesitan sensibilidades,
dibujitos, climas, etc. que ameriten la exhortación benevolente del presidente
de la Corte Suprema. De lo que se trata,
en cambio, en el estado actual, es de tomarse en serio los derechos de los
niños y esta carta no lo hace. Tomarse en serio los derechos significa hablar
en un lenguaje que un jurisdicente de tan larga trayectoria en el sistema de
justicia como el sr. Muñoz conoce con largueza: el lenguaje de los derechos exigibles por sujetos de
derechos.
Lo
que “esta presidencia” –el inicio acentúa peligrosamente el protagonismo del
autor- hace es una cosa muy distinta. Exhorta a los jueces para que concedan
graciosamente algunas cuestiones. Los invita. Les hace recomendaciones. Les da
ejemplos. Nada de eso pertenece al lenguaje de los derechos. Los derechos de
los niños no avanzan un centímetro con exhortaciones como las contenidas en la
carta del ministro Muñoz
Los
derechos fundamentales, en una tradición de hace más de doscientos años,
constituyen una técnica de limitación de los poderes, no en concesiones
graciosas que éstos realizan. Cuando hablamos de derechos de los niños no
estamos queriendo usar una metáfora. Estamos indicando que hay obligaciones que
recaen sobre todos los agente estatales, muy principalmente sobre los
tribunales. Muchas de esas obligaciones son ciertamente aludidas en los cinco
puntos de la carta del ministro Muñoz pero no en su carácter de derechos sino
de inquietudes personales que “esta presidencia” quiere compartir.
En
segundo lugar, el mecanismo elegido -una carta abierta- es impropio del rol del
que él está investido. Un camino regular, respetuoso del carácter de derechos
de las cuestiones involucradas y del rol que posee el presidente de la Corte
Suprema en nuestro ordenamiento, es llevar este asunto al pleno y proponer un
instructivo o un auto acordado. Ese fue el camino seguido por la Suprema Corte
de Justicia de México que junto a la oficina local de Unicef trabajaron un
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a
niñas, niños y adolescentes que fue hecho público en febrero de 2012.[1] Una
carta abierta no existe en el repertorio del derecho judicial.
En
tercer lugar, es curioso –aunque no inexplicable- que el ministro presidente
del máximo tribunal del país no elija para iniciar una nueva política de
atención a la infancia el espacio más cercano a él, el de su propia corte. En
lo que va de este año no creo que sean más de 3 o 4 las causas de derecho de
familia (recursos de casación generalmente) acogidas por la Corte Suprema. ¿En
los diversos fallos de la Corte hay una especial consideración al derecho a ser
oído contemplado tanto en el artículo 12 de la Convención de derechos del niño
como en el art. 16 de la Ley de Tribunales de Familia?¿Hay un espacio idóneo
para la espera de niños en la Corte Suprema del que no nos hemos enterado?
Finalmente,
reaccionar a una reunión con siete niños es un gesto encomiable. Pero hace
cuatro años que un equipo investigador de la Universidad Diego Portales
exhaustivamente documentó las serias vulneraciones al derecho de los niños y
niñas a ser oídos en los tribunales de familia. La reacción del máximo órgano
jurisdiccional si es que la hubo no se conoció.
Tomarse
en serio los derechos de los niños exige más que cartas abiertas que compartan
reflexiones personales aunque éstas provengan del presidente de la Corte Suprema.
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