Editorial de El Mercurio: Inicios de la Justicia Juvenil

El sábado 30 de junio El Mercurio editorializó sobre la partida del nuevo sistema:

"Desde el 8 de junio funciona en Chile un nuevo sistema de justicia juvenil. Según fuentes periodísticas, la cantidad de casos ingresados y la forma en que han sido tramitados hasta ahora permiten estimar que, en general, no se ha dado una situación de colapso o sobredemanda, como algunos temían, lo que podría dar lugar a una sensación de conformidad con la marcha del nuevo sistema. Sin embargo, lo que se ha observado no es el funcionamiento del nuevo sistema de justicia juvenil propiamente tal, sino la tramitación de casos de infracciones penales cometidas por personas menores de 18 años en el sistema judicial modernizado mediante la reforma procesal penal.

De hecho, las deficiencias que existen actualmente son numerosas y serias. Además de los problemas de infraestructura (y, por lo tanto, de disponibilidad de cupos para el cumplimiento de sanciones, ya que el despliegue territorial de centros es insuficiente), la preparación ha sido insuficiente en términos de estimación de las cargas de trabajo y en el diseño de los procedimientos y contenidos de las penas contempladas en la nueva legislación, entre otros factores. Si bien ésta pretende ofrecer a los jóvenes infractores una respuesta institucional que combine adecuadamente los aspectos punitivos y de reinserción del sistema de penas, las actuales condiciones materiales y de gestión no permiten predecir un cabal cumplimiento de sus objetivos. Las fallas en el proceso de formulación de la nueva justicia juvenil, en su tramitación legislativa y en la preparación para su puesta en marcha, condujeron a un funcionamiento con estándares mínimos, bastante inferiores a los requeridos para que, efectivamente, logre mayores niveles de reinserción de los jóvenes infractores y, por ende, un efecto en las tasas delictivas.

Es fundamental que el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Menores emprendan un riguroso programa de evaluación y control de gestión, que permita alimentar con la información necesaria el mejoramiento continuo que este sistema requiere. Además, éste debería entregar también información pública sobre el uso dado a los mayores recursos que se destinaron al Sename para poner en marcha la reforma, y sobre los resultados cualitativos y cuantitativos de los nuevos procedimientos y penas. De lo contrario, los problemas operativos en la imposición de sanciones podrían deslegitimar esta reforma ante la opinión pública, y dar pie a un endurecimiento de las sanciones, lo que significa más costos que beneficios sociales."