El Hogar de Tránsito, el Centro de Rehabilitación para Adolescentes Infractores, además de la Casa de la Juventud, situados en el predio de las calles Gómez Rendón, Calicuchima, Abel Castillo y Lizardo García, oeste de Guayaquil, se ampliarán dentro de los próximos dos meses, mediante un proyecto impulsado por la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Parte del millón seiscientos mil dólares que la entidad cuenta para la reestructuración de los centros de internamiento para menores será utilizado en esta readecuación.
Así lo informó Mónica Vargas, subcretaria de esta cartera de Estado en el Litoral.
El edificio que comprende cuatro manzanas y en el que funcionan actualmente las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapén) y un mercado de víveres con 720 locales, será sometido a una remodelación en su interior para un mejor aprovechamiento de los recursos y del personal.
“En Guayaquil tenemos tres centros de internamiento para varones y mujeres. La sección masculina está dividida en dos fases que son el Hogar de Tránsito y el Instituto Profesional de Varones. Hay varios centros en el país donde las dos fases se cumplen en un solo lugar que sería lo correcto por cuestiones de presupuesto y logística”, dijo Vargas, quien agregó que por el reducido número de menores infractores, se puede cómodamente habilitar dos compartimientos para cada uno de los grupos aislados, como efectivamente se tiene planificado.
“Se derribarán las paredes divisorias y se tendrá una sola administración porque no es justo que haya 17 empleados trabajando tan solo para 4 menores aislados. Mientras que en el otro centro hay 12 personas dirigiendo a 90 adolescentes, por lo que vamos hacer un solo centro para equiparar personal e internos”, dijo.
Indicó, además, que la entidad ha recibido centros con una cantidad de empleados, cuya mayoría están desactualizados en los procedimientos y no encajan en los nuevos requerimientos que el Ministerio tiene proyectado emplear, por lo que se tiene planificado reubicar a este personal en otras áreas para que desempeñen otras funciones.
“Recibimos a 32 funcionarios del MIES en los diferentes centros de adolescentes infractores de Guayaquil. De este grupo se los va a seleccionar y reubicar”, indicó.
El Ministerio de Justicia y DD.HH. tiene la responsabilidad sobre los centros de rehabilitación social y de los internos, mas no de la justicia que la administra tanto el juez como los fiscales, ilustró la funcionaria de Gobierno.
Una vez que el funcionario judicial dicta una medida, ya sea cautelar o socioeducativa para los adolescentes infractores, el Ministerio se hace cargo de ellos precautelando su integridad y procurando que la estadía del menor no sea tan fuerte. Para esto, establecen diferentes medidas para socializar al infractor, a través de equipos de profesionales técnicos (psicólogos, psiquiatras, sociólogos, pedagogos, neurólogos, trabajadores sociales, etc).
En la actualidad, estos centros de reclusión tienen un solo equipo para 70 u 80 personas y es muy difícil que puedan trabajar de manera eficaz. El dinero anteriormente señalado también será empleado en la contratación de especialistas que coadyuven en la reinserción del menor infractor en la sociedad.
Esta contratación se la empezará a realizar a partir de esta semana.
Según explicó Vargas, la plantilla de profesionales está dirigida para 30 menores, por lo que si en el centro existen 90 internos será menester triplicar el número de personal técnico para un óptimo trabajo.
Según Kléber Loor, subsecretario del MIES, el presupuesto con el que contaban para este y otro tipo de proyectos fue transferido a la Subsecretaría de Justicia y DD.HH.
Este último organismo de Estado contará para la continuación de los planes de rehabilitación con una partida propia correspondiente al 2009.
El proyecto de reestructuración de los centros de adolescentes infractores comenzó en Guayaquil y se prolongará hasta Machala, Loja y Portoviejo, donde se registra un problema especial y es que allí, por alguna causa, están deshabilitados. Es por ello que los adolescentes infractores aislados en la provincia de Manabí y también de Los Ríos son conducidos a Guayaquil, ocasionando una congestión en uno de los centros.
Asimismo, en esta ampliación de los centros se contempla la instalación de al menos una sala de audiencias de formulación de cargos, anunció Rocío Córdova, procuradora de Adolescentes Infractores.
Desde el 5 de mayo anterior la sala de audiencias para menores infractores funciona en la planta baja del edificio de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil.
En esta sala, el juez de la Niñez y Adolescencia, tras la solicitud del fiscal, dictará las medidas socioeducativas a tiempo y agilizará los procesos contra los adolescentes en conflicto con la ley penal.
La meta es, según Vargas, que en el menor tiempo haya la infraestructura adecuada y el equipo de profesionales técnicos idóneo para que jueces y fiscales comiencen a hacer su trabajo a cabalidad.
Por otro lado, los internos contarán con becas estudiantiles para que alcancen el bachillerato, a través de un convenio entre los ministerios de Justicia y Educación.
Organizaciones de contribución mixta como el Secap también prestarán su contingente para la consecución de oficios y talleres.
El trabajo en el edificio en cuestión ya comenzó la semana anterior con el embellecimiento de la fachada con una capa de pintura.
Se incrementará número de juzgados
Cinco juzgados más de la Niñez y Adolescencia trabajarán en Guayaquil, sumando en total diez judicaturas. En Milagro funcionan dos.
Rocío Córdova, procuradora de Adolescentes Infractores, informó que producto de conversaciones entre la Fiscalía del Guayas y la Corte Suprema de Justica y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se ha llegado a un acuerdo para que dos juzgados de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil tramiten exclusivamente casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Los demás continuarán con las causas por juicios de alimentos, custodia, contravenciones, etc.
Según indicó la agente fiscal, los jueces de esta área tienen, en muchas ocasiones, fijadas a la misma hora y fecha, audiencias tanto en el ámbito civil como penal, lo que retrasa los procesos. La Función Judicial se ha comprometido para que de los cinco nuevos juzgados, dos de ellos se dediquen solo a tramitar casos de adolescentes infractores, lo que sumado a la celebración de las audiencias de formulación de cargos, agilizarían notablemente las causas
Fuente: El Telègrafo.
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