Carta al Director, en El Mercurio
Miércoles 27 de Agosto de 2008
Señor Director:
Concluidos los sumarios administrativos iniciados por el Ministerio Público en contra de algunos de sus fiscales, recientemente volvió a sus funciones el fiscal Juan Pablo Buono-Core. Durante la investigación, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Marcelo Leiva, representó públicamente la imperiosa necesidad de que a estos profesionales se les asegure "un proceso imparcial, justo y con respeto a la presunción de inocencia". En esta misma línea, esa entidad gremial decidió presentar una querella contra quienes resulten responsables de la filtración a la prensa de parte de la carpeta de investigación en la que el abogado Ariel Marín, imputado en una bullada causa de narcotráfico, mencionó al fiscal Buono-Core atribuyéndole una conducta supuestamente reprochable. "La declaración del imputado Marín es una pieza de investigación secreta. Por lo tanto, haberla hecho pública implica necesariamente la comisión de un ilícito", enfatizó el fiscal Leiva.
La Defensoría Penal Pública coincide plenamente con estos planteamientos. Estas mismas garantías básicas que hoy los fiscales están reclamando para los suyos son las que a diario los defensores penales públicos exigen para sus imputados, cualquiera sea su investidura o condición. Con una frecuencia que no desearíamos, nos hemos visto en la obligación de representar al tribunal cómo antecedentes reservados de la investigación de la fiscalía van a dar a la prensa. Muchas veces la información es filtrada con un claro sesgo contrario a la posición del imputado, con lo que la publicación se transforma habitualmente en una herramienta de condena pública anticipada.
LEONARDO MORENO HOLMAN
Defensor Regional Metropolitano Norte
No hay comentarios.:
Publicar un comentario