La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) muestra su preocupación por la iniciativa de reforma de la Constitución Federal de Brasil
con el objetivo de reducir la edad de responsabilidad penal de los
adolescentes, que pasaría de 18 a 16 años. La Constitución Federal de Brasil
establece que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no pueden ser
responsabilizados del mismo modo que los adultos por sus actuaciones
constitutivas de infracciones a las leyes penales y establece un sistema de justicia
juvenil, ello en atención a su condición de desarrollo y proceso crecimiento.
La Constitución Federal de Brasil y el Estatuto da Criança e
do Adolescente (normativa
específica en materia de niñez) son concordantes con los abundantes
instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen la edad de 18
años para fijar la responsabilidad penal de las personas como adultos, así como
con las decisiones de la Corte Interamericana y de la CIDH.
La CIDH expresa su preocupación ante la posibilidad que se
adopten reformas constitucionales que sean contrarias a las obligaciones
internacionales libremente asumidas por los Estados al ratificar los tratados
internacionales y estén en contravención con el derecho internacional de los
derechos humanos. La CIDH considera que la actual propuesta de reforma
constitucional que está siendo analizada por la Cámara de Diputados de Brasil
constituiría un grave retroceso y una violación de los derechos fundamentales
de los adolescentes dado que infringe la garantía del adolescente de ser
tratado bajo una justicia juvenil especializada.
El Estatuto da Criança e
do Adolescente prevé
en la actualidad un sistema de justicia juvenil para las personas menores de 18
años que los responsabiliza por sus actuaciones contrarias a la ley penal. Este
sistema establece que las medidas deben estar destinadas a la resocialización y
formación de los adolescentes que han cometido algún acto delictivo, con el
objetivo de apoyar su re-vinculación de forma positiva y constructiva en la
sociedad.
La CIDH comparte la preocupación por el clima de violencia que
se vive en algunas zonas de Brasil y reconoce el derecho y el deber del Estado
por garantizar la seguridad de todas las personas. La CIDH además está alarmada
por el nivel de victimización que en este contexto sufre la niñez.
Contrariamente a lo que muchas veces aparece en el discurso político y social,
los niños, niñas y adolescentes son uno de los grupos más afectados por la
violencia. Según datos oficiales, la violencia y las agresiones fueron la
principal causa de muerte en la adolescencia en los últimos 12 años. En 2012 el
36,5% de todos los adolescentes fallecidos entre 10 y 18 años de edad habían
perdido la vida como consecuencia de la violencia interpersonal, en
contraposición al 4,8% para el conjunto de la población.
Por otro lado, las estadísticas ponen de manifiesto que,
contrariamente a lo que se argumenta como justificación de las propuestas de
rebaja de edad de responsabilidad penal, los adolescentes no son los
principales causantes del clima de inseguridad y criminalidad. Los actos
delictivos cometidos por adolescentes representan un 4% del total de los
crímenes cometidos por los adultos. Del total de los actos delictivos cometidos
por los adolescentes, 2,9% corresponden a crímenes considerados graves. En
estos casos la CIDH considera que, de acuerdo con el derecho internacional de
los derechos humanos, es el modelo de justicia restaurativa el que debería ser
aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal en Brasil, además de
entender que existe la necesidad de avanzar con urgencia en su completa
adecuación a los estándares de protección de los derechos de la niñez.
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