Las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad han desaparecido prácticamente en el resto del mundo. Gobiernos de todas las regiones han ratificado tratados internacionales que prohíben tales ejecuciones y han introducido reformas en sus respectivas legislaciones nacionales para hacer efectiva dicha prohibición.
1994: Yemen introdujo una modificación en el Código Penal por la que aumentaba la edad mínima para la imposición de la pena de muerte a 18 años en el momento de la comisión del delito; Zimbabue modificó de igual modo la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal.
1997: China modificó su legislación penal con el fin de abolir la pena de muerte para personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de edad.
2005: Estados Unidos declaró ilegales las ejecuciones de personas menores de edad en el momento de la comisión del delito después de que la Corte Suprema de Justicia determinara en la causa Roper v. Simmons que tales ejecuciones violaban la Constitución estadounidense.
Asimismo, Pakistán promulgó en 2000 la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, que abolía la pena de muerte para personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito. El Tribunal Superior de Lahore declaró ilegal la Ordenanza en 2004, pero el Tribunal Supremo la reinstauró en 2005 en un fallo que ha sido recurrido. Entretanto, la Ordenanza sigue en vigor.
Aunque las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad son escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán, ponen de manifiesto la indiferencia del gobierno hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional, que prohíbe en todas las circunstancias el uso de la pena de muerte contra personas menores en el momento del delito. Las ejecuciones también vulneran gravemente la obligación concreta que tienen todos los Estados en relación con la protección de la infancia, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El consenso internacional en contra de las ejecuciones de menores refleja la convicción generalizada de que, dada la inmadurez, impulsividad, vulnerabilidad y capacidad de rehabilitación que caracteriza a los menores, nunca deben darse sus vidas por perdidas, por atroces que puedan ser los delitos por los que hayan sido condenados. El principio rector debe ser el de aprovechar al máximo el potencial que tiene el menor para acabar integrándose en la sociedad. La ejecución es la negación extrema de ese principio.
Amnistía Internacional insta a las autoridades judiciales y políticas de Irán a ordenar una suspensión inmediata de las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito y a modificar la legislación pertinente de modo que se prohíba imponer la pena capital a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. La organización ha publicado un nuevo informe en el que afirma que al menos 71 menores en el momento del delito están en espera de ejecución en Irán, donde desde 1990 se ha ejecutado a más personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad que en ningún otro país.
En el informe titulado Irán: El último verdugo de menores, Amnistía Internacional ha recopilado los nombres de 71 menores en el momento del delito que se enfrentan a la pena de muerte, pero observa que el número total podría ser mucho más elevado, ya que se cree que en Irán tienen lugar muchas causas en las que se impone la pena capital sin que se tenga noticia de ello. De los 24 menores en el momento del delito de quienes se sabe que fueron ejecutados desde 1990, 11 tenían menos de 18 años en el momento de la ejecución, mientras que los demás permanecieron recluidos en espera de ejecución hasta que cumplieron los 18 años, o fueron declarados culpables y condenados tras alcanzar esa edad.
"Las autoridades iraníes niegan que ejecuten a menores, pero este año, hasta el momento, hemos documentado dos ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito –ha declarado Malcolm Smart–. Mohammad Mousavi, de 19 años, fue ejecutado en abril por un crimen perpetrado cuando tenía 16 años, y Sa'id Qanbar Zahi, ahorcado el 27 de mayo de 2007 en la prisión de Zahedán, sólo tenía 17 años cuando fue condenado a muerte dos meses antes junto con otros seis miembros de la minoría baluchi de Irán."
La ejecución de Atefeh Rajabi Sahaaleh, condenada por "delitos contra la castidad" y ahorcada en agosto de 2004 a la edad de 16 años, es uno de los siete casos que se destacan en el informe. Al día siguiente de la ejecución, un funcionario judicial refirió a un periódico que Atefeh Rajabi Sahaaleh tenía 22 años. El caso de Rajabi pone de relieve que el sistema judicial iraní no protege a los menores y demuestra que en Irán se ejecuta a personas que eran menores en el momento del delito incluso antes de que cumplan los 18 años. El informe también enumera los casos de otras 17 personas ejecutadas por crímenes perpetrados cuando tenían menos de 18 años.
Aunque las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad son escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán, ponen de manifiesto la indiferencia del gobierno hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional, que prohíbe en todas las circunstancias el uso de la pena de muerte contra personas menores en el momento del delito. Aparte de Irán, los únicos países en los que se han registrado ejecuciones de personas menores en el momento del delito desde 2003 son China, Sudán y Pakistán, si bien las autoridades chinas y paquistaníes han insistido en que las personas ejecutadas tenían 18 años o más cuando se perpetró el delito. Todos los años desde esa fecha, el número de personas ejecutadas en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de edad ha excedido la cifra total de este tipo de ejecuciones llevadas a cabo en el resto del mundo."
1994: Yemen introdujo una modificación en el Código Penal por la que aumentaba la edad mínima para la imposición de la pena de muerte a 18 años en el momento de la comisión del delito; Zimbabue modificó de igual modo la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal.
1997: China modificó su legislación penal con el fin de abolir la pena de muerte para personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de edad.
2005: Estados Unidos declaró ilegales las ejecuciones de personas menores de edad en el momento de la comisión del delito después de que la Corte Suprema de Justicia determinara en la causa Roper v. Simmons que tales ejecuciones violaban la Constitución estadounidense.
Asimismo, Pakistán promulgó en 2000 la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, que abolía la pena de muerte para personas menores de 18 años en el momento de la comisión del delito. El Tribunal Superior de Lahore declaró ilegal la Ordenanza en 2004, pero el Tribunal Supremo la reinstauró en 2005 en un fallo que ha sido recurrido. Entretanto, la Ordenanza sigue en vigor.
Aunque las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad son escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán, ponen de manifiesto la indiferencia del gobierno hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional, que prohíbe en todas las circunstancias el uso de la pena de muerte contra personas menores en el momento del delito. Las ejecuciones también vulneran gravemente la obligación concreta que tienen todos los Estados en relación con la protección de la infancia, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.El consenso internacional en contra de las ejecuciones de menores refleja la convicción generalizada de que, dada la inmadurez, impulsividad, vulnerabilidad y capacidad de rehabilitación que caracteriza a los menores, nunca deben darse sus vidas por perdidas, por atroces que puedan ser los delitos por los que hayan sido condenados. El principio rector debe ser el de aprovechar al máximo el potencial que tiene el menor para acabar integrándose en la sociedad. La ejecución es la negación extrema de ese principio.
Amnistía Internacional insta a las autoridades judiciales y políticas de Irán a ordenar una suspensión inmediata de las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito y a modificar la legislación pertinente de modo que se prohíba imponer la pena capital a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años. La organización ha publicado un nuevo informe en el que afirma que al menos 71 menores en el momento del delito están en espera de ejecución en Irán, donde desde 1990 se ha ejecutado a más personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad que en ningún otro país.
En el informe titulado Irán: El último verdugo de menores, Amnistía Internacional ha recopilado los nombres de 71 menores en el momento del delito que se enfrentan a la pena de muerte, pero observa que el número total podría ser mucho más elevado, ya que se cree que en Irán tienen lugar muchas causas en las que se impone la pena capital sin que se tenga noticia de ello. De los 24 menores en el momento del delito de quienes se sabe que fueron ejecutados desde 1990, 11 tenían menos de 18 años en el momento de la ejecución, mientras que los demás permanecieron recluidos en espera de ejecución hasta que cumplieron los 18 años, o fueron declarados culpables y condenados tras alcanzar esa edad.
"Las autoridades iraníes niegan que ejecuten a menores, pero este año, hasta el momento, hemos documentado dos ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito –ha declarado Malcolm Smart–. Mohammad Mousavi, de 19 años, fue ejecutado en abril por un crimen perpetrado cuando tenía 16 años, y Sa'id Qanbar Zahi, ahorcado el 27 de mayo de 2007 en la prisión de Zahedán, sólo tenía 17 años cuando fue condenado a muerte dos meses antes junto con otros seis miembros de la minoría baluchi de Irán."
La ejecución de Atefeh Rajabi Sahaaleh, condenada por "delitos contra la castidad" y ahorcada en agosto de 2004 a la edad de 16 años, es uno de los siete casos que se destacan en el informe. Al día siguiente de la ejecución, un funcionario judicial refirió a un periódico que Atefeh Rajabi Sahaaleh tenía 22 años. El caso de Rajabi pone de relieve que el sistema judicial iraní no protege a los menores y demuestra que en Irán se ejecuta a personas que eran menores en el momento del delito incluso antes de que cumplan los 18 años. El informe también enumera los casos de otras 17 personas ejecutadas por crímenes perpetrados cuando tenían menos de 18 años.
Aunque las ejecuciones de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad son escasas en comparación con la cifra total de ejecuciones en Irán, ponen de manifiesto la indiferencia del gobierno hacia los compromisos y obligaciones contraídos en virtud del derecho internacional, que prohíbe en todas las circunstancias el uso de la pena de muerte contra personas menores en el momento del delito. Aparte de Irán, los únicos países en los que se han registrado ejecuciones de personas menores en el momento del delito desde 2003 son China, Sudán y Pakistán, si bien las autoridades chinas y paquistaníes han insistido en que las personas ejecutadas tenían 18 años o más cuando se perpetró el delito. Todos los años desde esa fecha, el número de personas ejecutadas en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de edad ha excedido la cifra total de este tipo de ejecuciones llevadas a cabo en el resto del mundo."
Fuente: Amnistía Internacional
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